Resulta incomprensible que tras una evaluación de 30 minutos por parte del psiquiatra del Estado, Juan Martínez Matos, el asesino confeso de Jorge Steven López — en lo que es uno de los más horrendos crímenes en la historia del País — es encontrado no procesable por el momento. Pero por amenazar por teléfono al gobernador Luis Fortuño se le encuentra causa para juicio a un individuo que ha sido internado en un hospital psiquiátrico. De hecho, en el colmo de los colmos, las autoridades esperaron a que saliera del hospital psiquiátrico para arrestarlo.
En una nota periodística ayer se informó que la juez Lynette Rivera Rodríguez encontró causa contra Víctor A. Monroig Torres por un cargo de intrusión a la tranquilidad al presuntamente amenazar de muerte al gobernador Luis Fortuño. Monroig Torres, de 40 años, dijo a ese diario nacional que no recordaba los hechos y que recibe tratamiento hace años por una condición de bipolaridad.
Absurdo — por demás — que el sistema falle en contra de un paciente mental porque amenaza al gobernador, pero que al mismo tiempo sea posible que el asesino confeso — de uno de los más brutales crímenes en la historia de Puerto Rico — pueda zafarse de ser enjuiciado debidamente por una alegada — y en mi juicio falsa — insanidad mental.
En este caso podría no hacerse justicia para Jorge Steven, ni para su familia, ni para las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT); pero si para Fortuño, quien es fundamentalista y quien representa a la famila patriarcal y heteronormativa, así como a los grandes intereses del País.
Esta contradicción sería risible si no fuera tan peligrosa. No quiero pensar que la homofobia está mostrando — una vez más — su horrible cara en lo que debería ser un juicio justo y libre de prejuicios. No quiero pensar que hay una doble vara para enjuiciar en Puerto Rico. No quiero pensar que en Puerto Rico prevalece la injusticia de la «justicia»…







