La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se opuso, hoy, a las medidas anti trans —radicadas por Lisie Burgos de Proyecto Dignidad— por ser inconstitucionales, crueles e inhumanas.
«Estas medidas buscan prohibir que las personas trans y no binaries tengan baños públicos sin discrimen, al igual que tratar de negar que las personas trans participen en deportes o que vayan a una institución correccional de acuerdo a su identidad de género. De igual forma, buscan prohibir terapias médicas que salvan vidas. Son medidas crueles e inhumanas», indicó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
Por su parte, Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación, dijo que «la obsesión de Lisie Burgos con intentar despojar de sus derechos civiles a las personas trans es enfermiza, temeraria y peligrosa. Con sus acciones, está incitando a la violencia en contra de las personas trans. Esto tiene que parar ya».
Las medidas anti trans, radicadas por Lisie Burgos, son el PC0162 para prohibir los tratamientos de afirmación de género y las terapias hormonales en menores de 21 años, el PC0164 para evitar que las mujeres trans participen en deportes femeninos en sus respectivas instituciones educativas, el PC0165 para evitar los baños inclusivos y el PC0166 para excluir a las mujeres trans de las instituciones correccionales para mujeres.
«Estas medidas atentan contra la igualdad prometida en la Constitución, al igual que la máxima de la inviolabilidad de la dignidad humana. No vamos a permitir que se nos siga violentando y negando el derecho a existir. Nos opondremos a estas medidas desde todos los frentes posibles», indicó, además, Jennifer Orellana, secretaria de la Federación.
«Ya basta de intentar legalizar el discrimen en contra de las personas trans con medidas que pretenden deshumanizar y atentar contra la dignidad humana. Urgimos a la Legislatura a enviar estas basuras de medidas a donde corresponden: al zafacón», concluyó Güarix Agosto, tesorere alterne de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, compuesta por más de 70 entidades que representan a la comunidad y aliados, busca instrumentar la equidad en nuestra patria. Para conocer más acerca de la federación, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.
A 10 días del inicio del 2025, más de cinco proyectos de ley que atentan contra los derechos de las personas trans, las mujeres y personas gestantes están ante la consideración de las cámaras legislativas. Son medidas que los mismos grupos conservadores que las impulsan esta vez presentaron durante el cuatrienio pasado, sin lograr convertirlas en ley, ante la oposición y el rechazo de colectividades feministas, autoridades en derechos humanos y profesionales de la salud pública.
Entre las propuestas que se reinsertan en el tracto legislativo se incluyen un proyecto para excluir a las mujeres trans de las cárceles de mujeres (PC 0166), para evitar los baños inclusivos (PC 0165), prohibir los tratamientos de afirmación de género y las terapias hormonales en menores de 21 años (PC 0162), y para evitar que las mujeres trans participen en deportes femeninos en sus respectivas escuelas y universidades (PC 0164).
Al igual que en el cuatrienio pasado, la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, es la autora de todas las medidas antitrans.
En una entrevista con la Unidad Investigativa de Género —una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo— en octubre de 2024, el activista LGBTTIAQ+ Pedro Julio Serrano catalogó las medidas propuestas por Burgos Muñiz como inhumanas y crueles.
“Es inhumano y cruel lo que Lisie Burgos y Proyecto Indignidad intentaron hacer con la comunidad trans con esas… medidas que presentaron”, expresó Serrano, refiriéndose al cuatrienio pasado. Durante la entrevista, anticipó que muchas de las medidas volverían a presentarse durante este cuatrienio y eso fue lo que pasó.
Además, entre 2021 y 2024, hubo más de 14 intentos de restringir el derecho al aborto en Puerto Rico. Organizaciones feministas como Taller Salud y Ayuda Legal Puerto Rico catalogaron la lucha por el derecho a decidir, en octubre del 2024, como uno de los mayores retos del cuatrienio pasado.
“Gran parte del trabajo (durante 2021 a 2024) tuvo que ver con defensa de derechos y mantener esa primera línea de resistencia con todo lo que tuvo que ver con los intentos de criminalizar el aborto en Puerto Rico”, había expresado a la Unidad Investigativa de Género la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert.
Este año, la representante Burgos Muñiz también presentó un proyecto para
crear el “Día de la Santidad de la Vida” (PC0170), en el cual busca que se reconozca la vida desde “la fecundación”.
Además, el senador Thomas Rivera Schatz presentó un proyecto que busca crear la Ley “Keishla Madlane” (PS 0003) para que constituya como asesinato en primer grado aquel que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del feto. El entonces representante Luis Raúl Torres Cruz fue quien presentó este proyecto durante el cuatrienio pasado y la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes no recomendó su aprobación.
En su página Mira como votan, Taller Salud tiene un análisis de la medida que consideraron como un intento de limitar el derecho al aborto.
El proyecto Keishla Madlane “no tiene el efecto de traer justicia para las víctimas de violencia de género. En todo caso, busca promover la idea de que el nasciturus (el no nacido) es sujeto jurídico y no responde a las necesidades de las mujeres y personas sobrevivientes de violencia de género. La exposición de motivos demuestra la intención del legislador de que se le reconozca personalidad jurídica al nasciturus, lo que tendría el efecto de limitar el derecho al aborto de las personas gestantes y a los servicios de terminaciones de embarazo en Puerto Rico”, se lee en la página de Taller Salud.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció, hoy, que se opone a la medida, presentada por Thomas Rivera Schatz, que privilegia la libertad religiosa como una licencia para discriminar, además de que es innecesaria pues ya está protegida constitucionalmente.
«La libertad religiosa ya está protegida por nuestra Constitución, por lo que no necesita legislación adicional. El Proyecto del Senado 1 no tiene otro valor que no sea utilizarlo como caballo de Troya para esconder una posible licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa», indicó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
«Esta medida es totalmente innecesaria y está diseñada exclusivamente para las gradas. Nos oponemos a este proyecto que abre la puerta a un posible discrimen en contra de ciudadanos de parte de cualquier servidor público que se niegue a dar un servicio por su creencia religiosa», dijo, por su parte Olga Chapman Rivera, directora de comunicaciones de la Federación.
«De hecho, exigimos que se hagan vistas públicas sobre esta medida ya que es menester que se conozcan los alcances peligrosos de esta medida. Aunque presentaremos nuestra oposición en el debido proceso legislativo, es nuestro deber alertar a la ciudadanía sobre esta medida que es innecesaria, peligrosa y un intento burdo por complacer a un sector fundamentalista», concluyó Serrano.
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Hace menos de 10 años, la comunidad LGBTQ+, sus aliados y, en general, todas las personas creyentes en el amor y en la libertad, celebraron un histórico logro que apenas una década antes era impensable: el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo violaba la Constitución federal, que aplica aquí como consecuencia del dominio colonial de aquel país sobre Puerto Rico.
La decisión, que se dio a conocer en la mañana del 26 de junio de 2015, fue el momento culminante de una serie de años en que parecía que el discrimen, el desprecio, los ataques, los prejuicios y las burlas contra las personas de sexualidad no binaria, que habrían sufrido mares por siglos, serían final y definitivamente enterrados por la historia.
Dejó de ser bien visto, por ejemplo, burlarse de homosexuales en canciones o en pasos de comedia. Marcas y comercios se unieron a la causa. A mujeres y hombres trans, se les abrieron puertas que antes habían estado cerradas (como concursos de belleza, por ejemplo).
Parecía, por eso y por mucho más, que el pasado sería definitivamente pasado. Pero, la historia, como dijo una vez Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, “no siempre va en línea recta, sino que, a veces, zigzaguea”, y lo que ayer se veía como una etapa superada, hoy está otra vez bajo amenaza.
Las señales son alarmantes.
Donald Trump, quien regresa a la presidencia de Estados Unidos en menos de un mes, ha dicho muchas veces como esta, que dijo frente a jóvenes conservadores, el 22 de diciembre en Phoenix, Arizona: “Con un trazo de mi pluma en el primer día, pondré fin a la locura transgénero”. También dijo: “En la administración Trump, será política oficial del gobierno de Estados Unidos que solo hay dos géneros: masculino y femenino”. Y, finalmente: “Firmaré órdenes ejecutivas para acabar con la mutilación sexual infantil, sacar a los transgénero del Ejército y de nuestras escuelas primarias y secundarias”.
En Puerto Rico, mientras tanto, regresan al liderato legislativo dos figuras –Thomas Rivera Schatz, al Senado, y Carlos “Johnny” Méndez, a la Cámara de Representantes– de quienes se conoce que tienen una agenda conservadora y que están pendientes del voto religioso que, en las últimas dos elecciones, ha hecho aguaje de mudarse a Proyecto Dignidad, que tuvo un desempeño bastante modesto en las elecciones, pero mantiene sus dos legisladoras por acumulación.
Para los activistas de la comunidad LGBTQ+, el mensaje es tan claro como tan perturbador: toca, nuevamente, hacer acopio de fuerzas y enfrentar las mismas amenazas que tanto dolor y sufrimiento causaron en antaño.
“Los derechos los pueden quitar”
“Lo vimos con el aborto. Los derechos los pueden quitar en un abrir y cerrar de ojos, con una sola decisión que tomen nueve personas (que componen el Supremo federal). Así que nosotros, al saber que esa historia es real, nos venimos preparando para este momento”, sostuvo al activista Pedro Julio Serrano.
“Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez dijeron que ellos van a cumplir con una agenda conservadora y religiosa desde la Legislatura, ynosotros sabemos que eso es lenguaje bien claro por decir que van tras los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+”, agregó Serrano.
Al igual que en otros sitios, la comunidad LGBTQ+ se prepara para los desafíos. Aquí, nació la Federación LGBTQ+, compuesta por más de 70 organizaciones dispuestas a enfrentar la amenaza, que esperan apunte a las vidas de las personas transgénero, a la derogación de estatutos contra el discrimen por orientación sexual en distintos ámbitos, al derecho a la adopción e, incluso, contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.
“Tan pronto el Tribunal Supremo de Estados Unidos determine (como con el aborto) que eso es una prerrogativa de los estados, el Código Civil que escribió la (exrepresentante) convicta María Milagros Charbonier va a ser la puerta de entrada para ellos derogar el matrimonio igualitario”, agregó Serrano, quien recordó que Clarence Thomas, uno de los miembros del Supremo estadounidense, dijo al escribir sobre el aborto que el matrimonio gay debía “ser reconsiderado” por la corte.
“Queremos ser una representación de lo que es la sociedad y un grupo amplio en el que todos los sectores de la sociedad estén representados y representadas”,indicó la activista Olga Chapman, también miembro de la Federación.
Trans en la mirilla
El consenso entre los activistas es que la comunidad trans es la primera contra la que apuntarán las fuerzas conservadoras en Puerto Rico y en Estados Unidos. En el cuatrienio a punto de concluir, la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad, presentó nueve medidas contra esta población, incluyendo una controversial prohibición del transformismo, una popular forma de entretenimiento que practican hasta hombres heterosexuales, como el comediante Raymond Arrieta con su persona “Plinia”.
Ninguno llegó a buen término por la diversidad representada en la Legislatura saliente. Pero, con una nueva Asamblea Legislativa ampliamente dominada por un Partido Nuevo Progresista (PNP) deseoso de fortalecer sus credenciales conservadoras, los activistas no están tan seguros de que nuevos intentos también fracasen.
Por orden ejecutiva, las personas trans pueden cambiar su nombre en sus documentos oficiales y ser llamados acorde al género con el que se identifican y en el que viven. Igualmente, una decisión de 2018 de la jueza federal Carmen Consuelo Vargas les permite cambiar el género en su certificado de nacimiento. Ambos avances, creen los activistas, están en peligro a partir de enero.
A quienes no han tenido las experiencias de las personas trans, puede parecerles esto un tema sin mucha importancia. Sin embargo, las personas trans consideran que llamarlos por un nombre al que renunciaron por no responder a su naturaleza y obligarlos a identificarse con un género que en no pocos casos les fue traumático es un acto de violencia y de deshumanización.
Ivana Fred, una mujer trans que completó su transición antes que se le permitiera llevar documentación con su nombre actual, contó que su nombre de nacimiento –al que llaman “nombre muerto”– le hace inundarse de las memorias de los sufrimientos que vivió cuando su identidad de género y su apariencia física no guardaban relación con sus documentos oficiales. “Me pesaba mucho llevar el nombre que mi mamá me puso, porque con ese nombre a mí se me cerraron muchas puertas. Fui víctima de mucho acoso”, recordó.
Temen también prohibiciones específicas de usar los baños de los géneros con los que se identifican (algo que ya se implantó en el Congreso de Estados Unidos ante la llegada de una sola congresista trans entre 450 representantes), limitaciones en los servicios de salud y, en general, la creación de un ambiente hostil para las personas homosexuales y para los trans en particular.
“No quieren que podamos vivir en la sociedad ni podamos hacer las cosas que cualquier persona normal haría. A eso es a lo que vienen, a que se nos haga más difícil cambiarnos los nombres, los géneros, el acceso a la salud. A eso es a lo que vienen”, sostuvo Güarix Agosto, una persona transfem/no binarie de 20 años, también integrante de la directiva de la Federación.
Justin Jesús Santiago, un hombre trans de 69 años, que asumió su identidad de género en 1970, a los 15 años, ha vivido, por lo tanto, todas las etapas de esta lucha y está claro en lo que está en juego.
“Desde el saque, ellos no admiten la existencia de nosotros. No quieren que nosotros existamos. Definitivamente, no solo se trata de que nos invalidan los derechos que ya conquistamos. Se trata de que están atentando contra nuestras vidas, porque, si a una persona de identidad trans que recibe tratamiento médico no se le dan los tratamientos adecuados, su salud tanto física como emocional se va a deteriorar. O sea, no es solo que nos invaliden derechos, se trata de que están atentando contra nuestras vidas”, afirmó.
Es con mucho amor, gran sentido de responsabilidad y absoluto compromiso, que presentamos a la Junta Directiva de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico:
Pedro Julio Serrano como presidente, Iván Andrés López como vicepresidente, Jennifer Orellana como secretaria, Eduardo Cintrón como secretario alterno, Justin Jesús Santiago como tesorero, Güarix Agosto como tesorere alterne, Olga Chapman Rivera como directora de comunicaciones, y Carmen Milagros Vélez Vega, Ivana Fred Millán, Irma Lugo Nazario y Luis Segarra como directoras y director, respectivamente.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, compuesta por más de 70 entidades que representan a la comunidad y aliados, buscar instrumentar la equidad en nuestra patria.
Comparto con ustedes algunas entrevistas recientes sobre temas relacionados a la comunidad LGBTQ+, las personas que vivimos con vih y con la creación de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico felicitó, hoy, a Marielle De León Toledo tras ser elegida como la primera mujer trans en ocupar un puesto electivo en la historia de Puerto Rico. De León Toledo fue escogida para ocupar uno de los dos escaños en la Legislatura Municipal de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana.
«En la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico sentimos un gran orgullo por el hecho histórico de que una persona trans ocupe un puesto electivo en nuestro país. Es un hito que celebramos y que demuestra el contínuo avance de nuestra lucha por la equidad», dijo Jennifer Orellana, secretaria de la Federación.
«Hace unos años, celebramos la histórica nominación de Soraya Santiago al ser candidata a la Legislatura Municipal de Carolina como la primera mujer trans en aspirar a un puesto público. Hoy celebramos la histórica elección de la primera mujer trans en ocupar un puesto electivo», dijo, por su parte, Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
«Como joven me siento esperanzade de que los caminos hacia la equidad sigan abriéndose. Le deseamos el mayor de los éxitos a Marielle y ponemos a su disposición a la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico para colaborar en cualquier asunto que adelante la equidad», añadió Güarix Agosto, tesorere alterne de la Federación.
Por último, Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación, indicó que «esta lucha ha estado llena de sacrificios, pero días como éste —que nos impulsan cada vez más cerca a la equidad— nos llenan de esperanza y nos motivan a luchar con más ahínco por nuestra dignidad y humanidad colectivas».
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció, hoy, que llegó a acuerdos con el Comisionado de la Policía y el Jefe del FBI en Puerto Rico para atender asuntos medulares sobre el trato hacia las personas LGBTQ+ y la protección de sus derechos civiles.
«Nos sentimos satisfechos con el anuncio del Comisionado de la Policía, Antonio López, estableciendo enlaces con la comunidad LGBTQ+ en las trece áreas policíacas. Los agentes a cargo de los comités de interacción ciudadana ahora serán las personas encargadas de atender los reclamos de las personas LGBTQ+ en cada área policíaca. También, se velará que no hayan operativos que violen los derechos civiles de las personas LGBTQ+», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la federación.
«De igual forma, se continuará el trabajo colaborativo con el Departamento de Justicia Federal, el FBI, la Oficina del Monitor de la Reforma de la Policía para evaluar los adiestramientos y protocolos que tienen que ver con asuntos relacionados a la comunidad LGBTQ+», dijo, por su parte, Olga Chapman Rivera, directora de Comunicaciones de la federación.
«Vamos a hacer representaciones visuales de los intercambios correctos con las personas LGBTQ+ por parte de los uniformados. También, participaremos activamente en adiestramientos a los policías sobre cómo atender correctamente a nuestra comunidad», añadió Eduardo Cintrón, secretario alterno de la federación.
«Además, el Jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, se comprometió a que su equipo adiestre a los enlaces policíacos con la comunidad LGBTQ+ sobre el trato correcto a las personas de la comunidad y la atención de crímenes en contra de nuestra población. Este esfuerzo en conjunto permitirá que nuestros derechos civiles sean respetados», indicó Carmen Milagros Vélez Vega, directora de la federación.
En una entrevista con Carlos Alexis Lugo, editor en jefe de la revista Medicina y Salud Pública, Pedro Julio Serrano, activista de derechos humanos, compartió su perspectiva sobre los avances y desafíos que enfrentan actualmente los pacientes de VIH en Puerto Rico, especialmente en un contexto donde la atención al tema parece disminuir en los medios y políticas públicas.
La conversación se dio en el marco del Día Mundial del SIDA, un momento importante para reflexionar sobre los avances, pero también sobre las barreras sociales, políticas y de estigma que aún persisten.
¿Posible cura a la pandemia del VIH?
Inicialmente, Pedro Julio se refirió a que es trágico y decepcionante que «la cobertura mediática y la atención del gobierno no sea la que debe tener el VIH«. Añade que, «si nosotros buscamos la manera de tener medidas preventivas y tengamos acceso completo, no tan solo a medicamentos sino a educación», se podría acabar con la epidemia.
En palabras del activista, «nosotros tenemos en nuestras manos el fin de la pandemia». Explica qué, «sí logramos que todas las personas que vivimos con VIH estemos en tratamiento y seamos indetectables, no podemos transmitir el virus».
Pedro Julio sugirió que no es necesario esperar por una cura para erradicar el VIH: «no necesitamos una cura, aunque obviamente sería extraordinario, pero tenemos las herramientas».
Recursos como los medicamentos para las personas que viven con VIH y la profilaxis previa a la exposición (PrEP) para aquellos en riesgo, son fichas claves que nos estarían encaminando al fin de estos contagios.
«Así que por eso es que hacemos esta lucha, por eso es que visibilizamos nuestras vivencias como personas que vivimos con VIH, para destacar de que tenemos las herramientas y lo que tenemos es que tener el compromiso de hacerlo y la voluntad».
Las barreras sociales y políticas que persisten
Uno de los puntos clave en la conversación fue el estigma persistente que enfrentan estas personas. Aunque el tratamiento ha avanzado significativamente desde los años 80, el estigma y la discriminación sigue siendo un obstáculo insidioso y arraigado.
Pedro Julio mencionó que, a pesar de la evidencia científica que demuestra que una persona indetectable no puede transmitir el VIH, la sociedad sigue señalando a estas personas con culpa y prejuicios.
«Todavía hay mucha culpa detrás de todo eso, como si vivir con VIH fuera a tener algo que fuera a amenazar a otras personas, cuando la realidad es que tenemos las herramientas para que una persona que vive con VIH, que está en tratamiento, que es indetectable, no transmita el virus».
La situación crítica de los medicamentos en Puerto Rico
En cuanto a la situación específica en Puerto Rico, el activista mencionó un cambio importante en el sistema de provisión de medicamentos para las personas que viven con VIH, lo cual ha suscitado incertidumbre entre los pacientes.
La transición del sistema ADAP al MDRP ha sido percibida como una gran barrera que pone en riesgo la salud de miles de personas en la isla. Según Pedro Julio, el sistema ADAP había demostrado ser eficiente durante más de 15 años, y su modificación podría resultar en un acceso limitado a los tratamientos imprescindibles.
«La barrera gubernamental más terrible que tenemos en este momento es que para las casi 8.000 personas que vivimos con VIH, que están en el plan vital, ahora mismo se cambió el sistema de provisión de medicamentos y nosotros estamos pidiendo al gobierno que mantenga el que nos ha funcionado bien por más de 15 años, que es el sistema de ADAP», dijo.
De hecho, el activista rememora los inicios de la epidemia, cuando el estigma y el abandono eran tan letales como la enfermedad misma.
«Vi amigos morir por la ineficiencia del gobierno y el odio hacia nuestra comunidad. Nadie debería perder la vida por falta de acceso a tratamientos o por el rechazo de la sociedad», dice.
Educar, sensibilizar y garantizar acceso a los tratamientos
Por eso, recalca que es de vital importancia que el gobierno tome decisiones acertadas y estratégicas para garantizar el acceso a medicamentos y proteger la vida de personas que viven con VIH, además, esto acompañado de una estrategia de sensibilización y educación, nos haría estar más cerca de que todos reciban un tratamiento y se deje de transmitir el virus.
En el mismo contexto, Pedro Julio mencionó el logro histórico del país al erradicar la transmisión del virus de madre a hijo, un esfuerzo liderado por la Dra. Carmen Zorrilla y otros expertos.
«Puerto Rico es un ejemplo mundial; ya no nacen niños con VIH en nuestra isla, y esto lo podemos replicar en cualquier parte del mundo», afirma, mientras hace un llamado a extender estos avances a más lugares del mundo.
Finalmente, compartió con todos los espectadores de la Revista MSP, que el VIH le enseñó a vivir con propósito y a vencer el miedo. «En aquel entonces, cuando me enteré en 1994, pensé que era una sentencia de muerte, pensé que me iba a morir. Así que empecé a vivir como si estuvieran mis días contados», explica.
«Por eso, me dediqué a educar, a empoderar, a luchar y sobre todas las cosas, a vivir. Yo pensé que si me iba a morir».
Su historia de vida, así como las de otras personas, marcada por la resistencia, es un llamado a la acción para gobiernos, comunidades y personas, recordándonos que con amor, educación y políticas justas, es posible cambiar el panorama del VIH no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo.
Ante las amenazas que –anticipan– surgirán durante los próximos cuatro años, tanto a nivel local como en Estados Unidos, más de 50 organizaciones se unieron para conformar la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, cuya prioridad será defender los derechos adquiridos y la equidad.
El presidente de la nueva organización, Pedro Julio Serrano, explicó este martes que el grupo fue creado en asamblea, el 9 de noviembre, tras evaluar la labor del Frente Unido por la Equidad –formado este año a raíz de las elecciones generales– y determinar que era necesario un ente permanente para enfrentar los desafíos del próximo cuatrienio.
“Hemos visto que ha habido ataques en nuestros espacios del archipiélago puertorriqueño y afuera en Estados Unidos, donde la legislación federal también incide en el país. Y, para esos ataques, nos tenemos que preparar. Esos ataques nos informan que vienen por los derechos de las comunidades LGBT en todas sus formas”, sostuvo Olga Chapman Rivera, directora de comunicaciones de la Federación.
Por su parte, Serrano mencionó entre las prioridades a corto plazo solidificar la estructura de la organización –a la que espera se unan más entidades– e incorporarla a nivel federal. Además, vigilarán “amenazas que se quieran imponer en los primeros 100 días de esta administración”.
El reconocido activista recordó que, en el cuatrienio que está por concluir, se presentaron nueve medidas antitrans, que se derrotaron o se engavetaron –enfatizó– por ser “inhumanas”, como buscar que las personas trans que fueran privadas de su libertad ingresaran a una institución correccional de acuerdo al sexo asignado al nacer y no la identidad de género, prohibir baños inclusivos, entre otras.
“A la comunidad trans, no nos pueden volver a llevar al clóset, es imposible. A nosotros, si nos quitan los derechos o se nos trastocan los derechos, nos van a matar, a muchos de nosotros nos va a costar la vida, el porcentaje de suicidio de nuestras juventudes trans va a aumentar”, alertó Justin Jesús Santiago, el primer hombre trans en Puerto Rico en cambiar su nombre y género en su certificado de nacimiento.
“La amenaza está hecha, lanzada, pero nosotros vamos a estar aquí, combativos y activos”, aseguró Santiago, tesorero de la Federación.
Serrano anticipó, en tanto, que esos proyectos de ley se volverán a presentar en la nueva Legislatura, que será dominada por el Partido Nuevo Progresista. Añadió que estarán atentos a ataques contra derechos adquiridos, como el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la prohibición al discrimen en el empleo y las protecciones al amparo de la Ley 54.
“Que lo sepa Thomas Rivera Schatz, que lo sepa (Carlos) ‘Johnny’ Méndez y que lo sepa cualquier persona que venga en contra de nuestros derechos: nuestra comunidad está lista para defenderse, vamos a resistir cualquier intento por acallarnos, por quitarnos derechos, por atentar en contra de nuestra dignidad. Estamos ‘ready’ (listos) para la batalla, que no buscamos nosotres, pero que vamos a tener que defendernos”, aseveró.
Serrano comentó que pidieron una reunión a González y al comisionado residente electo, Pablo José Hernández, y adelantó que harán lo propio con los funcionarios electos a la Asamblea Legislativa. “Va a ser un territorio hostil, pero no tenemos miedo”, sostuvo.
A preguntas de El Nuevo Día sobre qué anticipan desde La Fortaleza, Serrano señaló que le corresponderá a González –republicana y partidaria del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump– “probarse con sus acciones y con sus palabras”. Durante la campaña política, la ahora gobernadora electa fue identificada como “aliada” de las comunidades LGBTQ+, a base de un análisis del Frente Unido por la Equidad.
“La prueba más clara que va a tener la gobernadora electa va a ser cuando aprueben en la Legislatura –porque sabemos que van a aprobar, no tenemos duda de que va a ser así–, tan pronto aprueben un proyecto en contra de los derechos de la comunidad LGBTQ+, va a tener que decidir si va a vetarlo y enfrentar a una Legislatura mayoritariamente de su partido, o si va a ser cómplice de la eliminación de derechos conquistados y alcanzados. Así que le corresponde a ella decidir dónde se va a posicionar en la historia, si va a ser una amiga de la equidad o si va a ser enemiga de la equidad”, planteó.
De paso, enumeró algunas de las medidas que espera se introduzcan nuevamente en la Casa de las Leyes, como la “Carta de Derechos de las personas LGBTTIQ+”, el proyecto para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en toda gestión gubernamental, pública o privada, y el que prohibiría el discrimen contra adultos mayores en la vivienda.
La Junta Directiva inicial de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico está compuesta por Serrano como presidente, Iván Andrés López como vicepresidente, Jennifer Orellana como secretaria, Eduardo Cintrón como secretario alterno, Santiago como tesorero, Güarix Agosto como tesorere alterne, Chapman Rivera como directora de comunicaciones, y Carmen Milagros Vélez Vega, Ivana Fred Millán, Irma Lugo Nazario y Luis Segarra como directoras y director, respectivamente.
Pedro Julio Serrano 