“Siempre dijimos que esa medida nunca prohibiría las terapias de conversión”…

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) destacó, hoy, que el retiro del proyecto cameral 683 nos da la razón cuando expusimos que la medida tal y como fue redactada inicialmente, en efecto, no prohibía las mal llamadas terapias de conversión y que tampoco esa fue la intención de su autor, el representante Luis Raúl Torres.

“Es evidente que Luis Raúl Torres ha decidido retirar la medida porque, en efecto, no prohibía las terapias de conversión sino que las legaliza. Esta acción demuestra que siempre tuvimos la razón. Torres nunca tuvo la intención de prohibirlas. Su medida fue una componenda con el sector fundamentalista que violenta, ataca y vulnera a las personas LGBTTIQ+”, expresó la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de CABE.

Durante las vistas públicas, las y los portavoces de CABE levantaron bandera sobre la similitud entre el proyecto 683 y el antiguo proyecto 2068, de la autoría de Tata Charbonier y el sacerdote Carlos Pérez, ya que en aquel entonces el depuesto gobernador Ricardo Rosselló tuvo que retirar la medida porque legalizaba las terapias de conversión en vez de prohibirlas.

“Quisieron pasarnos gato por liebre, pero no contaban con nuestra defensa histórica de los derechos de las personas LGBTTIQ+. Estamos vigilantes a los recovecos y los clósets donde quieren meter sus estocadas a nuestras vidas a través de coletillas venenosas en los proyectos de ley para seguir violentándonos. No nos engañan. Hemos advertido, una y otra vez, que no existe consenso alguno con los sectores fundamentalistas que prefieren que las personas LGBTTIQ+ no existamos. Ya es hora de que los legisladores lo entiendan”, dijo Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Las y los portavoces de CABE estuvieron trabajando con legisladores de varias delegaciones en enmiendas que, en efecto, legitimarían la pieza haciéndola efectiva.

“Esas enmiendas eliminarían las exenciones religiosas, la inclusión del discurso profesional, la mención innecesaria de la patria potestad, la definición que abriría la puerta a dichas prácticas, entre otras. El representante Torres no estuvo dispuesto a aceptar dichas enmiendas, por lo que se hizo obvio que nunca quiso prohibirlas, sino legalizarlas. De hecho, al no aceptarlas nos obliga a nosotros a tampoco aceptar su proyecto por ser inoficioso”, aseveró la doctora Angeles Acosta, portavoz de CABE.

Por último, le hicieron un llamado al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, que cumpla con su palabra empeñada de lograr la aprobación de una medida que efectivamente prohíba las mal llamadas terapias de conversión en nuestra patria. “Es hora de demostrar su liderato, señor presidente. Es momento de decidir de qué lado se está: si en el lado de la equidad o no. Es muy fácil la decisión. Usted debe decidir si va a permitir que un sector fundamentalista secuestre la agenda legislativa de la Cámara que preside o usted va a hacer valer la dignidad y la igualdad prometidas en la Constitución. Confiamos en que prevalezcan la razón, la justicia y la equidad”, concluyó el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

CABE celebra derrota del cruel proyecto cameral 768 que pretendía prohibir terapias afirmativas para la niñez y juventud trans…

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) celebró, hoy, la derrota del Proyecto de la Cámara 768 que pretendía prohibir las terapias de afirmación para la niñez y la juventud trans.

“La derrota del proyecto 768 es una victoria extraordinaria. Ese era de los proyectos más violentos, inhumanos, crueles y desalmados que hemos visto en la historia legislativa de este país. La niñez y la juventud trans merecen un trato digno, que se atiendan sus necesidades de salud y que puedan desarrollarse de acuerdo a su identidad de género”, aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Las y los portavoces de CABE destacaron que la autora de la medida, la representante Lisie Burgos, se quedó sola en la defensa de un proyecto de ley que iba a acrecentar la violencia en contra de la comunidad trans en Puerto Rico.

“El único voto a favor de esta medida fue Burgos. Se quedó sola en su transfobia. Demostró temeridad en este proceso y fomentó la desinformación para atentar contra la dignidad, la equidad y la humanidad de la niñez y la juventud trans. Decía defender a la niñez y la juventud y lo que pretendía era vulnerar aún más a nuestra niñez trans”, dijo la doctora Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE.

“Agradecemos al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, por su liderato en este desenlace. Confiamos en que continúe desechando cualquier proyecto que tenga como propósito el discriminen en contra de la Comunidad LGBTTIQ+ y que favorezca las medidas que atienden las necesidades y los derechos de este sector que están ante la consideración de la Cámara de Representantes”, dijo el licenciado Giancarlo Colberg Ferrer, portavoz de CABE.

“La lucha por la equidad no cesa. Todavía quedan medidas anti-LGBTTIQ+ por derrotar y medidas pro-LGBTTIQ+ por aprobar. Esperamos que la Cámara apruebe los proyectos del Senado 130 y 136 para declarar los feminicidios y transfeminicidios como delitos y prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género, respectivamente. Además, esperamos que se enmiende sustancialmente el Proyecto de la Cámara 683 para que definitivamente se prohíban las mal llamadas terapias de conversión”, concluyó la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de CABE.

Derrotan en comisión el proyecto que prohibía los tratamientos hormonales a menores…

Por Javier Colón Dávila | El Nuevo Día

Los integrantes de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores derrotaron esta mañana 8-1 el Proyecto de la Cámara 768 que persigue prohibir los tratamientos hormonales para menores.

La medida es de la autoría de la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad.

Burgos asumió un turno en la sesión de hoy donde defendió la medida y que está en el “lado correcto de la historia”.

“Arrepentida, jamás”, dijo. “Hoy la mayoría de los miembros de la Comisión de Bienestar Social y Personas con Discapacidad derrotaron el PC 768, que era una pieza legislativa para proteger el desarrollo físico de nuestra niñez de tratamientos hormonales… se pudo confirmar por deponentes, uno de la comunidad trans que esto se practica en Puerto Rico en adolescentes de 16 años”, dijo Burgos.

“Es una victoria extraordinaria. Ese era de los proyectos más violentos, más inhumanos, crueles y desalmados que he visto en la historia legislativa de este país y llevo 23 años visitando el Capitolio. Nunca había visto un proyecto tan horripilante como ese”, indicó esta mañana el activista Pedro Julio Serrano a la prensa.

El proyecto presentado por Burgos enmienda la Ley de Protección de Menores para tipificar como abuso sexual, maltrato, maltrato institucional –si aplicara- someter a un menor a tratamientos hormonales o cirugías “para construir la identidad de género no congruente a la genética sexual”.

También obliga a la Policíay al Departamento de Justicia a atender querellas contra personas que sometan a un menor a una terapia afirmativa que incluya tratamientos hormonales o cirugías.

La medida expone a padres o tutores de menores sometidos a estos tratamientos a pena de cárcel de hasta 12 años y una multa de $5,000.

En cuanto a profesionales de la salud que recomienden tratamientos de este tipo a menores de 18 años, estarían expuestos a ser disciplinados por sus Juntas Examinadoras y a una multa fija de $30,000. En el caso de las compañías aseguradoras, se exponen a una multa fija de $100,000 si incluyeran en sus coberturas tratamientos hormonales para menores.

En la exposición de motivos no se indica que el asunto que se quiera atender haya provocado una crisis en el país, no se ofrecen ejemplos de tratamientos mal llevados en la isla y tampoco se ofrecen cifras sobre cuán común es la práctica de administrar hormonas que detengan el desarrollo sexual a menores de edad.

Organizaciones de derechos humanos se oponen a la versión de la Cámara del proyecto de terapias de conversión…

Por Javier Colón Dávila | El Nuevo Día

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) y la organización Wave Ahead consignaron su oposición esta mañana al proyecto de ley que persigue prohibir las llamadas terapias de conversión, discutido en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

En una ponencia firmada por Ángeles Acosta, portavoz de CABE, la entidad planteó que el Proyecto de la Cámara 683 parte de “consensos no existentes” o que solo habitan en sector religioso o entre los autores de la medida: los representantes populares Luis Raúl Torres, Orlando Aponte Rosario, Jorge Rivera Segarra y el penepé José Aponte Hernández.

“La medida incluye lenguaje que en vez de prohibir las terapias de conversión, las invisibiliza y las regula. Dicho planteamiento es completamente opuesto a la posición asumida abrumadoramente por la comunidad médica y científica tanto a nivel local como internacional. La prohibición de las terapias de conversión es la postura asumida por los principales organismos protectores de los derechos humanos en el mundo”, sostuvo Acosta.

Mientras se discute esta medida, en el Senado sigue detenido el Proyecto 184, que también persigue prohibir las terapias de conversión. Dicha medida es apoyada por un sinnúmero de profesionales de la salud y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Al desmenuzar el PC 683, Acosta señaló que la propia Exposición de Motivos del proyecto invisibiliza las terapias de conversión al afirmar que no hay evidencia de que en iglesias o instituciones se hayan aplicado descargas eléctricas, terapias electroconvulsivas o estimulación magnética craneal. Según Acosta, resaltar exclusivamente estos actos “minimiza y, en parte, se burla de la amplitud de lo que pueden ser terapias de conversión en Puerto Rico” ya que van mucho más allá de tortura física y abuso mental o emocional.

El proyecto reconoce la libertad de expresión profesional. Aunque no lo define, en la Exposición de Motivos se alude a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso National Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra (2018). En ese pleito, se determinó que los estados (o territorios) pueden regular la conducta de profesionales, pero no pueden reducir los derechos de un individuo (como lo es un profesional licenciado) bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También señaló el Tribunal Supremo que no se puede diferenciar entre libertad de expresión profesional y otro tipo de expresión.

En cuanto a este concepto, CABE denunció que lo que busca la medida es reconocer las terapias de conversión como una actividad protegida bajo la cláusula de la libertad de expresión. Según Acosta, la conclusión de los autores es que la libertad de expresión profesional se puede equiparar al concepto de conducta profesional. “Dicha aseveración es una mala interpretación del derecho vigente y aparenta utilizarse para justificar la exclusión de la regulación de las terapias de conversión”, dijo Acosta.

“La prohibición de las terapias de conversión no incide sobre el derecho a la libertad de expresión. El realizar estas tampoco está cobijado bajo dicho derecho”, sostuvo Acosta tras repasar una serie de decisiones judiciales que supuestamente apoyan su argumento.

Acosta agregó que el proyecto tiene el efecto de no prohibir las terapias de conversión al definir, por ejemplo, que se trata de un tratamiento que va en contra de la voluntad del paciente. La activista dijo que ese lenguaje es insuficiente en los casos de menores ya que la patria potestad la tienen los padres o tutores. Además, la medida no establece los requisitos específicos que se tienen que cumplir para que se dé por aplicada una terapia de conversion, cómo exime de la prohibición a profesionales que no reconocen orientaciones sexuales o identidades de género, cómo se enfoca en la prohibición de actos de tortura, utiliza el concepto vago de tratamientos neutrales y que las terapias podrían tener elementos morales o religiosos.

“El lenguaje propuesto es en unos casos tan específico y en otros con excepciones tan generales, que abre las puertas a que se lleven a cabo las terapias de conversión. Por tanto, se incumple con el propósito de la medida para, en efecto, prohibir las terapias de conversión”, afirmó Acosta.

CABE también objeta, por tildarlo de innecesario, un artículo de la medida que especifica que el proyecto no aplica al sector religioso.

Al hablar a nombre de Waves Ahead, el activista Pedro Julio Serrano también objetó la definición limitada del terapias de conversión incluida en la medida y que se limita a tortura física o emocional. Igualmente condenó que se pretenda negar la existencia de la aplicación de terapias de conversión en iglesias o sus instituciones. También como lo hizo CABE, advirtió sobre el la aplicación del concepto de la autonomía del paciente al indicar que los menores no gozan de tal derecho y está bajo la patria potestad de padres o tutores.

“Más aún, se tienen que eliminar cualquier intención de proteger algo que ya está protegido tanto por la Constitución de Puerto Rico como la de Estados Unidos, la libertad religiosa. Debería ser algo lógico, pero los recordatorios parecen no estar demás: esta libertad religiosa opera ex propio vigore, o sea que no necesita legislación adicional para ser protegida. Está contenida en las cartas magnas, por lo que añadir una protección en este proyecto es abrir la puerta a limitar otros derechos y a tratar de entrar por la cocina las terapias reparativas”, indicó Serrano.

“Como si fuera poco, se pretende introducir el concepto de “professional speech” para abrir nuevamente la puerta a que cualquier profesional de la salud mental inserte la terapia reparativa por la cocina. La prohibición de las terapias tiene ser absoluta, no pueden abrirse puertas por las cuales se legalicen o se permitan so color de pretextos y ambigüedades religiosas”, agregó.

Serrano indicó que, como único podría apoyar la medida es que se enmiende “sustancialmente” y en esa dirección dijo estar inclinándose el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Aponte Rosario.

“Dijo que va a trabajar con los representantes de esa comisión para enmendarlo. Si se enmienda con lo que propusimos, que es rehacer el proyecto nuevamente…”, dijo Serrano al recordar que el PC 683, contrario al PS 184, no contemplan una enmienda a la Ley de Menores.

“Este proyecto, el 683, solo trabaja con los profesionales de la salud y la conducta humana”, dijo Serrano. “Habría que eliminar el concepto del professional speech, quitarle la mención de la patria potestad porque no tiene nada que ver al no enmendarse la Ley de Menores. Lo otro es eliminar cualquier referencia a la libertad de culto y hacer una nueva definición de terapias de conversión porque la que se propone la legaliza”, dijo Serrano.

“También hay que añadir a todos los profesionales de la salud mental y de la salud para que sean profesionales cubiertos por la ley e incluir entidades hospitalarias”, agregó.

El activista indicó que el PS 184 “por el vacío de liderato en el Senado y la ambigüedad de su presidente (José Luisi Dalmau Santiago), ese proyecto lamentablemente no tiene posibilidades”.

Denuncian agenda legislativa de odio de Proyecto Dignidad…

Las activistas de derechos humanos Ivana Fred y Pedro Julio Serrano denunciaron, hoy, la agenda de odio de las legisladoras del Proyecto Dignidad en contra de la comunidad trans tras la radicación de dos medidas transfóbicas.

“Con tantos problemas que tiene el país, las legisladoras del Proyecto Dignidad buscan limitar derechos a la comunidad trans. No pueden limitar, ni eliminar nuestra existencia. Todo ser humano tiene el derecho a la salud, a su libertad, a su propia identidad. El Proyecto Dignidad tiene una agenda de odio que incita a la violencia en contra nuestra. Ya lo vimos con Alexa, todo comenzó con el discurso de odio de los líderes fundamentalistas y culminó con el asesinato de nuestra Alexa porque alguien actuó basado en ese libreto de odio. ¿Qué buscan estas legisladoras? ¿Qué nos sigan matando? Ya basta”, aseveró Ivana Fred.

Las portavoces de Puerto Rico Para Tod@s denunciaron como “transfóbicos, inhumanos y crueles” los proyectos de la Cámara 764 y 768, presentados por la representante Lisie Burgos, que pretenden prohibir la participación en los deportes de las personas trans y las terapias de afirmación para jóvenes trans, respectivamente. Además, denunciaron la retórica de odio de la senadora Joanne Rodríguez Veve durante las vistas públicas sobre el proyecto de terapias de conversión que dieron paso a estas medidas transfóbicas.

“Parece mentira que quieran prohibir las terapias de afirmación a jóvenes trans cuando están aprobadas por la ciencia, avaladas por profesionales de la salud y son perfectamente legales. Parece mentira que quieran prohibir que las personas trans participen de los deportes cuando no hay ninguna razón que justifique tal discrimen y exclusión. Parece mentira que estas legisladoras se dediquen a odiar en vez de defender la dignidad de todas las personas”, concluyó Serrano.

Aquí no re-Laje…

Pedro Julio Serrano
Activista de derechos humanos

El Nuevo Día

La tan cacareada visita de un tal Agustín Laje pasó sin pena ni gloria por Puerto Rico. Como diríamos en buen boricua: “se quedó vestido y alborotado”.

El mismo personaje admitió, en la emisora que costeó su viaje, que estaba frustrado por la invisibilización que sufrió por parte de los medios, que solo fueron 50 personas a su conferencia y que no pudo debatir con nadie, por más que suplicó que le hicieran caso.

A eso se ha reducido el movimiento fundamentalista de este país. A traer un personaje extranjero, sin ninguna credibilidad, que ni tan siquiera sus propios fanáticos lo van a ver y que se queda dando un monólogo en el “echo chamber” que ellos mismos han creado.

De más está decir que los laicos hemos respetado más aquella máxima cristiana de no idolatrar que los propios fundamentalistas que elevaron a este individuo tal cual becerro en el Monte Sinaí.

Es que en momentos en que tenemos una crisis, sin precedentes, de violencia de género y una epidemia de violencia transfóbica, nuestra patria le dio la espalda a un discurso que venía peligrosamente a envalentonar a los misóginos y homofóbicos para incitar más la violencia.

Si hubiéramos mordido su anzuelo, no habríamos aprendido nada de los feminicidios y transfeminicidios que han estremecido la conciencia nacional.

Aquí tenemos mucho camino por recorrer para derrumbar —de una vez y para siempre— la maldición de la misoginia, la homofobia, la transfobia y todas las formas de opresión. Pero de lo que podemos sentirnos orgullosos es de que colectivamente, sin planificar pero con mucha dignidad, no le dimos paso a un fascista que intentaba envenenarnos con su odio.

Por supuesto, ahora dicen que la Prensa tiene una agenda de invisibilización. Se equivocan. No son capaces de entender el rechazo a la tortura y a la mentira organizada con teorías bizarras y sus patentes consecuencias que en nada aportan al desarrollo de una sociedad más inclusiva, justa y comprensiva.

Cuando intenten importar cualquier otra agenda excluyente a través de otro ídolo con pies de barro, hay que explicarles, sin ambages, que un tal Laje vino a un debate y terminó en un monólogo.

Pues como le dijo a Laje, de frente, un colega defensor de los derechos humanos: “este país tiene dignidad y la vamos a defender”.

No contaba con nuestra astucia.

Exhorta a directivos de Salud y Assmca a emular defensa de la dignidad de personas trans hecha por la Secretaria de la Familia…

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exhortó, hoy, al Secretario de Salud, Carlos Mellado y al administrador de ASSMCA, Carlos Rodríguez Mateo, a emular la defensa de la dignidad de las personas trans hecha por la Secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, al oponerse al proyecto de la Cámara 768 que pretende prohibir las terapias de afirmación.

“Parece mentira que el Secretario de Salud y el Administrador de ASMMCA avalen la medida transfóbica, cruel e inhumana, de la representante Lisie Burgos, que pretende prohibir las terapias de afirmación a jóvenes trans. Es un proceso aprobado por la ciencia, avalado por profesionales de la salud y perfectamente legal. Ojalá recapaciten el Dr. Mellado y Rodríguez Mateo y sigan los pasos de la Secretaria de la Familia que se opone a dicha medida por ir contraria a la dignidad humana”, aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que la Secretaria de la Familia se opuso al proyecto 768 por ser contrario a la dignidad humana.

“Agradecemos a Carmen Ana González Magaz por su postura inequívoca a favor de la dignidad de las personas trans al oponerse al horripilante proyecto de la representante Lisie Burgos. Ya basta de querer demonizar y deshumanizar a la gente trans. Le pedimos, encarecidamente, al gobernador Pedro Pierluisi que haga valer su promesa de defender la dignidad de la gente LGBTTIQ+ y se corrijan estas ponencias erradas de Salud y ASSMCA. Están a tiempo de hacer valer su palabra en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género”, concluyó Serrano.

Las medidas camerales sobre terapias de conversión y de afirmación son homofóbicas y transfóbicas…

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano estableció que la prueba que demuestra que las medidas camerales sobre las terapias de conversión y las terapias de afirmación son homofóbicas y transfóbicas es el aval que han tenido ambos proyectos por parte de los líderes fundamentalistas en las vistas públicas que comenzaron hoy.

“Si alguien tenía dudas de que el proyecto de Luis Raúl Torres sobre las terapias de conversión las legaliza en vez de prohibirlas, solo tiene que ver las posiciones a favor de notorios homofóbicos como lo son el sacerdote Carlos Pérez y el Obispo Ricardo López, presidente de la FRAPE. Como si fuera poco, avalaron el proyecto transfóbico que busca prohibir las terapias de afirmación que son avaladas por la ciencia, no le han hecho daño a nadie y son perfectamente legales”, aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s aclaró que ninguna organización LGBTTIQ+ le ha dado sugerencias ni enmiendas al representante Luis Raúl Torres como falsamente alegó hoy en las vistas de la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes.

“Estos proyectos no son de consenso. Las organizaciones LGBTTIQ+ nos hemos expresado tajantemente en contra de ambas medidas, los proyectos 683 y 768, por ser contrarios a lo que se pretende: prohibir las terapias de conversión y mantener las terapias de afirmación. No participaremos de las vistas públicas amañadas y viciadas lideradas por la representante Lisie Burgos. No avalamos, ni legitimamos un proceso que atenta contra la dignidad y la humanidad de la gente LGBTTIQ+”, concluyó Serrano.

CABE no participará de vistas en la Cámara de Representantes ante proceso atropellado y viciado de proyectos anti-LGBTTIQ+…

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) rechaza tajantemente el trámite legislativo bajo el cual se consideran los Proyectos de la Cámara 683 y 768 que pretenden legalizar las terapias de conversión y prohibir las terapias de afirmación respectivamente. 

El Proyecto de la Cámara 683, presentado por el representante Luis Raúl Torres, aunque aparenta intentar prohibir las terapias de conversión, niega la existencia de las mismas en Puerto Rico y con su lenguaje podría abrir las puertas a la legalización de tales prácticas en Puerto Rico. 

“Nos preocupa ver que se podría abandonar un proyecto como el PS184 que ya cuenta con ponencias y consenso científico y científico a su favor para tratar de aprobar este otro proyecto que nos dejaría en peor situación que la actual”, dijo el abogado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.  

Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 768, presentado por la representante Lisie Burgos, intenta prohibir terapias de afirmación a jóvenes trans, procedimiento legal y apoyado por la comunidad científica, que actualmente se lleva a cabo con el consentimiento de un panel de médicos y de los padres de el o la menor.

Los Proyectos de la Cámara 683 y 768 se encuentran bajo el cedazo de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, liderada por la representante Burgos, del Proyecto Dignidad. Sin embargo, CABE y otros grupos de derechos civiles y del campo de la medicina se han mostrado preocupados ante la premura del proceso legislativo de ponencias y vistas públicas de ambas medidas, más aún cuando estos han atestiguado el rechazo público del liderato de esta Comisión a la Comunidad LGBTTQI+. Las ponencias para ambos proyectos se solicitaron de un día para otro y, en el caso de CABE, solo les citaron a deponer cuando escribieron a la Comisión para señalar que el proceso no era razonable ni permitiría un análisis sosegado e imparcial del asunto.

“Debido al atropello público de la representante Burgos en la consideración de estas dos medidas, al rechazo abierto que ha expresado a los derechos y la dignidad de las personas LGBTTIQ+ y a la verdadera intención de violentar la humanidad de nuestra comunidad, en CABE estaremos sometiendo nuestro memorial a la Comisión, sin embargo, no participaremos de un proceso de vistas públicas que, desde un principio, ha sido amañado” dijo Lydael Vega, portavoz de CABE.

“Los Proyectos de la Cámara 683 y 768 tienen implicaciones serias y preocupantes, por lo que no deberían ser considerados ni tan siquiera en un proceso de vistas públicas. Ciertamente, la obstaculización de este proceso demuestra que hay una agenda para aprobar dos proyectos, uno discriminatorio hacia la comunidad trans y otro que ha sido tan aguado que en su exposición de motivos y en el contenido, que es completamente contrario a su objetivo de prohibir las terapias de conversión”, dijo la doctora Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE.

“No seremos cómplices de lo que aparenta ser una complicidad entre el Proyecto Dignidad y el Partido Popular Democrático para intentar quedar bien con dios y con el diablo. Al final del día, no complacerán a nadie y las personas LGBTTIQ+ serán las perjudicadas. No creemos que es viable ni lógico por un lado, en efecto, legalizar las terapias de conversión y por el otro prohibir las terapias de afirmación para luego pintarlo ante el público como un avance para la Comunidad LGBTTIQ+. Sería todo lo contrario: un retroceso histórico en nuestra lucha por la equidad”, sentenció Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

“Los derechos de la comunidad LGBTTQI+ no son un balón político, ni de negociación. Si la alianza del PPD y el Proyecto Dignidad pretende mancillar la dignidad de la gente LGBTTIQ+, no callaremos hasta desenmascararlos por lo que son: enemigos de la equidad”, concluyó el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

Denuncian medidas homofóbicas y transfóbicas en la Cámara…

Por Javier Colón | El Nuevo Día

El inicio esta próxima semana de vistas públicas en la Cámara de Representantes para atender un nuevo proyecto de prohibición de terapias de conversión y otro que prohíbe tratamientos hormonales sobre menores de edad para ayudarlos en la transición a su verdadera identidad de género ha provocado cuestionamientos sobre la participación de grupos interesados en vistas públicas.

Se trata de los Proyectos de la Cámara 768 y 683. Ambos serán atendidos por la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por Burgos Muñiz y, en segunda instancia, por la Comisión de lo Jurídico, dirigida por el representante Orlando Aponte.

Inicialmente la medida 683, que prohíbe las terapias de conversión, había sido referido a la Comisión de lo Jurídico, pero luego el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hermández Montañez, movió la jurisdicción a la comisión de Burgos Muñiz. Finalmente, se acordó compartir la jurisdicción, pero Jurídico en segunda instancia.

El PC 768, presentado por Burgos Muñiz, enmienda la Ley de Protección de Menores para tipificar como abuso sexual, maltrato, maltrato institucional –si aplicara- someter a un menor a tratamientos hormonales o cirugías “para construir la identidad de género no congruente a la genética sexual”.

También obliga a la Policía y al Departamento de Justicia a atender querellas contra personas que sometan a un menor a una terapia afirmativa que incluya tratamientos hormonales o cirugías. La medida expone a padres o tutores de menores sometidos a estos tratamientos a pena de cárcel de hasta 12 años y una multa de $5,000.

En cuanto a profesionales de la salud que recomienden tratamientos de este tipo a menores de 18 años, estarían expuestos a ser disciplinados por sus Juntas Examinadoras y a una multa fija de $30,000. En el caso de las compañías aseguradoras, se exponen a una multa fija de $100,000 si incluyeran en sus coberturas tratamientos hormonales para menores.

En la exposición de motivos no se indica que el asunto que se quiera atender haya provocado una crisis en el país, no se ofrecen ejemplos de tratamientos mal llevados en la isla y tampoco se ofrecen cifras sobre cuán común es la práctica de administrar hormonas que detengan el desarrollo sexual a menores de edad.

En entrevista con El Nuevo Día, Burgos Muñiz reconoció que no tiene las estadísticas.

“La información sobre menores es sensitiva’, dijo. “Pero se hacen (a menores). Es información que se me trajo de forma confidencial y si están dispuestos a deponer…”, dijo.

El PC 683, que propone la creación de una nueva ley de prohibición de terapias de conversión, es de la autoría de Torres, Aponte Rosario, Jorge Rivera Segarra y el penepé José Aponte Hernández.

La nueva ley propuesta en la Cámara establecería como política pública que ningún profesional dedicado a proveer servicios de salud mental podrá someter a una persona a terapias reparativas o de conversión que sean contrarias a la voluntad del paciente o atenten contra su dignidad.

Cualquier profesional de la salud mental que someta a una persona a una terapia de conversión incurrirá en conducta poco profesional, estará sujeto a la suspensión inmediata de su licencia y, de determinarse que “a propósito, con conocimiento o temerariamente”, brindó terapias de conversión incurriría en un delito menos grave, y sería sancionado con pena de reclusión por un término fijo de un año y una multa de hasta $5,000.

No obstante, el proyecto dispone que igualmente será política pública que las intervenciones de profesionales de la salud mental estén acorde a los parámetros constitucionales aplicables de la libertad de expresión profesional.

“El proyecto reconoce el ‘professsional speech’, que consiste en que un profesional de la salud o un religioso puede hablar con una persona que busque ayuda, puede orientarla sobre su situación o puede asistirla en un proceso”, dijo Torres a El Nuevo Día.

La medida no define la libertad de expresión profesional, aunque en la exposición de motivos se alude a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso National Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra (2018).

En ese pleito, se determinó que los estados (o territorios) pueden regular la conducta de profesionales, pero no pueden reducir los derechos de un individuo (como lo es un profesional licenciado) bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También señaló el Tribunal Supremo que no se puede diferenciar entre libertad de expresión profesional y otro tipo de expresión.

En el proyecto se define terapias de conversión o reparación como “un tratamiento o práctica psicológica o psiquiátrica realizada por un profesional o entidad licenciado o certificado dedicado a proveer servicios de salud mental que vaya en contra de la voluntad del paciente o que suponga un atentado contra la dignidad humana, es decir que: afirme que la terapia resultará en una reversión de la orientación sexual o identidad de género del cliente…”.

Torres argumentó que su expectativa, “a diferencia de cómo se manejó el tema en el Senado”, es que en la Cámara se dé un proceso “amplio de escuchar a todos los sectores y ser inclusivo”.

El senador José Vargas Vidot dirigió el proceso en el Senado y celebró dos kilométricas vistas públicas en que atendió múltiples sectores, incluyendo a objetores del Proyecto del Senado 184, que se encuentra en una especie de limbo legislativo.

“Los cuatro pilares de mi proyecto es prohibir las terapias de conversión, sea físicas, emocionales o sicológicas, que se respete la patria potestad de los padres o tutores sobre los menores, que se respete el profesional speech y se respeten la libertad que tenga un religioso o un consejero para orientar a menores y adultos que vayan en búsqueda de ayuda espiritual”, señaló Torres.

Cuando se preguntó si tantas salvedades troncharían la intención de la medida, Torres contestó: “¿Cómo se le va a prohibir a un ser humano que cree en una fe religiosa solicitar un consejo espiritual buscando ayuda? Es una prohibición indebida. Lo que no puede hacer el religioso o el profesional es decirle a la persona que no puedes tener cierta preferencia (realmente es orientación) de género porque entrarías en una terapia de conversión y tampoco en decirle que no puedes cambiar te el sexo si es lo que quiere hacer”, argumentó el legislador popular.

Burgos Muñiz reconoció que la falta de estadísticas sobre terapias de conversión en la isla podría comprometer el futuro de la medida. “Si no me han dado la oportunidad de investigar para constatar”, dijo al recordar que presentó una resolución para investigar el fenómeno, pero no ha sido referida todavía a su comisión.

“Tengo que investigar responsablemente para ver si existe o no. Sería irresponsable decir una cosa, pero obviamente (el proyecto) se menoscaba por la falta de una investigación”, señaló.

Preguntada entonces por qué le da vista pública a un proyecto de terapias de conversión si desconoce la prevalencia de los casos en la isla, respondió que las fechas de las vistas fue determinada por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y señaló que los coautores de la medida quieren que se vea en esta sesión, que finaliza el 30 de junio.

Durante las vistas del PS 184 en el Senado múltiples víctimas de estos procedimientos, descritos como humillantes y maltratantes, sí se dan en la isla, pero muchas veces en la clandestinidad, por lo que no existen oficiales sobre querellas presentadas.

Reclamo de CABE

Esta mañana, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) acusó a Burgos Muñiz de intentar acallar las voces que se opondrían a ambas medidas, que la organización describe como “homofóbicas y transfóbicas”. En declaraciones escritas, Amárilis Pagán, coportavoz de CABE, denunció que no fue hasta ayer que la comisión que dirige Burgos Muñiz les solicitó memoriales a ser entregados a más tardar el lunes y que esa tardanza se debe a un esfuerzo por limitar que opositores a las medidas se expresen. La petición de los directivos de la comisión cameral se dio luego de que miembros de CABE se enteraran sobre la celebración de las vistas y se comunicaran con la comisión.

La comisión que dirige Burgos Muñiz sí se acercó a otra organización, Matria, el 20 de mayo para solicitarle ponencias y anunciarles el calendario de vistas públicas a celebrarse de 9:00 a.m. a 5 p.m. el miércoles, jueves y viernes. “Quiero darle participación a todo el mundo”, dijo.

Burgos Muñiz le dijo a El Nuevo Día que solo está siguiendo el reglamento de la Cámara en cuanto a la entrega de los memoriales a las comisiones y señaló que se enteró sobre las fechas de las vistas la semana pasada.

Ayer el representante Torres le envió a Burgos Muñiz una carta con una lista de 23 individuos y organizaciones que deben ser citadas y Burgos Muñiz aseguró que se comunicó con todos.

Torres incluyó a CABE, la Asociación de Psiclogía, varios colegios que agrupan profesionales de la salud, el sacerdote Carlos Pérez y la Fraternidad de Concilios Pentecostales y Puerto Rico por la Familia.

“CABE y sus organizaciones integrantes y aliadas, estamos interesadas en someter ponencias sobre ambos proyectos. Estas medidas ameritan una mirada basada en la ciencia, las mejores prácticas médicas y de salud mental y en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, pero particularmente de las personas de las comunidades LGBTTIQ+ que podrían afectarse con la aprobación de dichos proyectos”, lee la misiva firmada por Osvaldo Burgos Pérez, coportavoz de CABE.

En entrevista con El Nuevo Día, el activista Pedro Julio Serrano, señaló que el PC 768 busca prohibir unas terapias avaladas por la ciencia.

“Para aplicarlas interviene un equipo multidisciplinario y necesitan el aval de ambos padres o tutores y la autorización. No es que se les dan hormonas, es que se les dan unos bloqueadores hormonales para que, en el momento que sea adulto, tenga su tratamiento hormonal y sus terapias con un equipo que incluye ginecólogos, si aplica, médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales. En Puerto Rico nadie se ha quejado de estas terapias o han denunciado que sean crueles o dañinas, como lo son las terapias de conversión. Igualarlas lo que busca es desinformar y confundir a la gente”, señaló.

Según Serrano, prohibir, por ejemplo, que un adolescente de 16 años, reciba tratamientos hormonales para detener un desarrollo sexual no deseado, provocaría que el individuo confronte problemas al iniciar el proceso una vez sea adulto. “Si el joven lo acepta y los padres lo permiten, ¿por qué el Estado va a prohibir algo avalado por la ciencia?”, cuestionó.