La tan cacareada visita de un tal Agustín Laje pasó sin pena ni gloria por Puerto Rico. Como diríamos en buen boricua: “se quedó vestido y alborotado”.
El mismo personaje admitió, en la emisora que costeó su viaje, que estaba frustrado por la invisibilización que sufrió por parte de los medios, que solo fueron 50 personas a su conferencia y que no pudo debatir con nadie, por más que suplicó que le hicieran caso.
A eso se ha reducido el movimiento fundamentalista de este país. A traer un personaje extranjero, sin ninguna credibilidad, que ni tan siquiera sus propios fanáticos lo van a ver y que se queda dando un monólogo en el “echo chamber” que ellos mismos han creado.
De más está decir que los laicos hemos respetado más aquella máxima cristiana de no idolatrar que los propios fundamentalistas que elevaron a este individuo tal cual becerro en el Monte Sinaí.
Es que en momentos en que tenemos una crisis, sin precedentes, de violencia de género y una epidemia de violencia transfóbica, nuestra patria le dio la espalda a un discurso que venía peligrosamente a envalentonar a los misóginos y homofóbicos para incitar más la violencia.
Si hubiéramos mordido su anzuelo, no habríamos aprendido nada de los feminicidios y transfeminicidios que han estremecido la conciencia nacional.
Aquí tenemos mucho camino por recorrer para derrumbar —de una vez y para siempre— la maldición de la misoginia, la homofobia, la transfobia y todas las formas de opresión. Pero de lo que podemos sentirnos orgullosos es de que colectivamente, sin planificar pero con mucha dignidad, no le dimos paso a un fascista que intentaba envenenarnos con su odio.
Por supuesto, ahora dicen que la Prensa tiene una agenda de invisibilización. Se equivocan. No son capaces de entender el rechazo a la tortura y a la mentira organizada con teorías bizarras y sus patentes consecuencias que en nada aportan al desarrollo de una sociedad más inclusiva, justa y comprensiva.
Cuando intenten importar cualquier otra agenda excluyente a través de otro ídolo con pies de barro, hay que explicarles, sin ambages, que un tal Laje vino a un debate y terminó en un monólogo.
Pues como le dijo a Laje, de frente, un colega defensor de los derechos humanos: “este país tiene dignidad y la vamos a defender”.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exhortó, hoy, al Secretario de Salud, Carlos Mellado y al administrador de ASSMCA, Carlos Rodríguez Mateo, a emular la defensa de la dignidad de las personas trans hecha por la Secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, al oponerse al proyecto de la Cámara 768 que pretende prohibir las terapias de afirmación.
«Parece mentira que el Secretario de Salud y el Administrador de ASMMCA avalen la medida transfóbica, cruel e inhumana, de la representante Lisie Burgos, que pretende prohibir las terapias de afirmación a jóvenes trans. Es un proceso aprobado por la ciencia, avalado por profesionales de la salud y perfectamente legal. Ojalá recapaciten el Dr. Mellado y Rodríguez Mateo y sigan los pasos de la Secretaria de la Familia que se opone a dicha medida por ir contraria a la dignidad humana», aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que la Secretaria de la Familia se opuso al proyecto 768 por ser contrario a la dignidad humana.
«Agradecemos a Carmen Ana González Magaz por su postura inequívoca a favor de la dignidad de las personas trans al oponerse al horripilante proyecto de la representante Lisie Burgos. Ya basta de querer demonizar y deshumanizar a la gente trans. Le pedimos, encarecidamente, al gobernador Pedro Pierluisi que haga valer su promesa de defender la dignidad de la gente LGBTTIQ+ y se corrijan estas ponencias erradas de Salud y ASSMCA. Están a tiempo de hacer valer su palabra en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género», concluyó Serrano.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano estableció que la prueba que demuestra que las medidas camerales sobre las terapias de conversión y las terapias de afirmación son homofóbicas y transfóbicas es el aval que han tenido ambos proyectos por parte de los líderes fundamentalistas en las vistas públicas que comenzaron hoy.
«Si alguien tenía dudas de que el proyecto de Luis Raúl Torres sobre las terapias de conversión las legaliza en vez de prohibirlas, solo tiene que ver las posiciones a favor de notorios homofóbicos como lo son el sacerdote Carlos Pérez y el Obispo Ricardo López, presidente de la FRAPE. Como si fuera poco, avalaron el proyecto transfóbico que busca prohibir las terapias de afirmación que son avaladas por la ciencia, no le han hecho daño a nadie y son perfectamente legales», aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s aclaró que ninguna organización LGBTTIQ+ le ha dado sugerencias ni enmiendas al representante Luis Raúl Torres como falsamente alegó hoy en las vistas de la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes.
«Estos proyectos no son de consenso. Las organizaciones LGBTTIQ+ nos hemos expresado tajantemente en contra de ambas medidas, los proyectos 683 y 768, por ser contrarios a lo que se pretende: prohibir las terapias de conversión y mantener las terapias de afirmación. No participaremos de las vistas públicas amañadas y viciadas lideradas por la representante Lisie Burgos. No avalamos, ni legitimamos un proceso que atenta contra la dignidad y la humanidad de la gente LGBTTIQ+», concluyó Serrano.
El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) rechaza tajantemente el trámite legislativo bajo el cual se consideran los Proyectos de la Cámara 683 y 768 que pretenden legalizar las terapias de conversión y prohibir las terapias de afirmación respectivamente.
El Proyecto de la Cámara 683, presentado por el representante Luis Raúl Torres, aunque aparenta intentar prohibir las terapias de conversión, niega la existencia de las mismas en Puerto Rico y con su lenguaje podría abrir las puertas a la legalización de tales prácticas en Puerto Rico.
“Nos preocupa ver que se podría abandonar un proyecto como el PS184 que ya cuenta con ponencias y consenso científico y científico a su favor para tratar de aprobar este otro proyecto que nos dejaría en peor situación que la actual”, dijo el abogado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 768, presentado por la representante Lisie Burgos, intenta prohibir terapias de afirmación a jóvenes trans, procedimiento legal y apoyado por la comunidad científica, que actualmente se lleva a cabo con el consentimiento de un panel de médicos y de los padres de el o la menor.
Los Proyectos de la Cámara 683 y 768 se encuentran bajo el cedazo de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, liderada por la representante Burgos, del Proyecto Dignidad. Sin embargo, CABE y otros grupos de derechos civiles y del campo de la medicina se han mostrado preocupados ante la premura del proceso legislativo de ponencias y vistas públicas de ambas medidas, más aún cuando estos han atestiguado el rechazo público del liderato de esta Comisión a la Comunidad LGBTTQI+. Las ponencias para ambos proyectos se solicitaron de un día para otro y, en el caso de CABE, solo les citaron a deponer cuando escribieron a la Comisión para señalar que el proceso no era razonable ni permitiría un análisis sosegado e imparcial del asunto.
“Debido al atropello público de la representante Burgos en la consideración de estas dos medidas, al rechazo abierto que ha expresado a los derechos y la dignidad de las personas LGBTTIQ+ y a la verdadera intención de violentar la humanidad de nuestra comunidad, en CABE estaremos sometiendo nuestro memorial a la Comisión, sin embargo, no participaremos de un proceso de vistas públicas que, desde un principio, ha sido amañado” dijo Lydael Vega, portavoz de CABE.
“Los Proyectos de la Cámara 683 y 768 tienen implicaciones serias y preocupantes, por lo que no deberían ser considerados ni tan siquiera en un proceso de vistas públicas. Ciertamente, la obstaculización de este proceso demuestra que hay una agenda para aprobar dos proyectos, uno discriminatorio hacia la comunidad trans y otro que ha sido tan aguado que en su exposición de motivos y en el contenido, que es completamente contrario a su objetivo de prohibir las terapias de conversión”, dijo la doctora Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE.
“No seremos cómplices de lo que aparenta ser una complicidad entre el Proyecto Dignidad y el Partido Popular Democrático para intentar quedar bien con dios y con el diablo. Al final del día, no complacerán a nadie y las personas LGBTTIQ+ serán las perjudicadas. No creemos que es viable ni lógico por un lado, en efecto, legalizar las terapias de conversión y por el otro prohibir las terapias de afirmación para luego pintarlo ante el público como un avance para la Comunidad LGBTTIQ+. Sería todo lo contrario: un retroceso histórico en nuestra lucha por la equidad”, sentenció Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.
“Los derechos de la comunidad LGBTTQI+ no son un balón político, ni de negociación. Si la alianza del PPD y el Proyecto Dignidad pretende mancillar la dignidad de la gente LGBTTIQ+, no callaremos hasta desenmascararlos por lo que son: enemigos de la equidad”, concluyó el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
El inicio esta próxima semana de vistas públicas en la Cámara de Representantes para atender un nuevo proyecto de prohibición de terapias de conversión y otro que prohíbe tratamientos hormonales sobre menores de edad para ayudarlos en la transición a su verdadera identidad de género ha provocado cuestionamientos sobre la participación de grupos interesados en vistas públicas.
Se trata de los Proyectos de la Cámara 768 y 683. Ambos serán atendidos por la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por Burgos Muñiz y, en segunda instancia, por la Comisión de lo Jurídico, dirigida por el representante Orlando Aponte.
Inicialmente la medida 683, que prohíbe las terapias de conversión, había sido referido a la Comisión de lo Jurídico, pero luego el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hermández Montañez, movió la jurisdicción a la comisión de Burgos Muñiz. Finalmente, se acordó compartir la jurisdicción, pero Jurídico en segunda instancia.
El PC 768, presentado por Burgos Muñiz, enmienda la Ley de Protección de Menores para tipificar como abuso sexual, maltrato, maltrato institucional –si aplicara- someter a un menor a tratamientos hormonales o cirugías “para construir la identidad de género no congruente a la genética sexual”.
También obliga a la Policía y al Departamento de Justicia a atender querellas contra personas que sometan a un menor a una terapia afirmativa que incluya tratamientos hormonales o cirugías. La medida expone a padres o tutores de menores sometidos a estos tratamientos a pena de cárcel de hasta 12 años y una multa de $5,000.
En cuanto a profesionales de la salud que recomienden tratamientos de este tipo a menores de 18 años, estarían expuestos a ser disciplinados por sus Juntas Examinadoras y a una multa fija de $30,000. En el caso de las compañías aseguradoras, se exponen a una multa fija de $100,000 si incluyeran en sus coberturas tratamientos hormonales para menores.
En la exposición de motivos no se indica que el asunto que se quiera atender haya provocado una crisis en el país, no se ofrecen ejemplos de tratamientos mal llevados en la isla y tampoco se ofrecen cifras sobre cuán común es la práctica de administrar hormonas que detengan el desarrollo sexual a menores de edad.
En entrevista con El Nuevo Día, Burgos Muñiz reconoció que no tiene las estadísticas.
“La información sobre menores es sensitiva’, dijo. “Pero se hacen (a menores). Es información que se me trajo de forma confidencial y si están dispuestos a deponer…”, dijo.
El PC 683, que propone la creación de una nueva ley de prohibición de terapias de conversión, es de la autoría de Torres, Aponte Rosario, Jorge Rivera Segarra y el penepé José Aponte Hernández.
La nueva ley propuesta en la Cámara establecería como política pública que ningún profesional dedicado a proveer servicios de salud mental podrá someter a una persona a terapias reparativas o de conversión que sean contrarias a la voluntad del paciente o atenten contra su dignidad.
Cualquier profesional de la salud mental que someta a una persona a una terapia de conversión incurrirá en conducta poco profesional, estará sujeto a la suspensión inmediata de su licencia y, de determinarse que “a propósito, con conocimiento o temerariamente”, brindó terapias de conversión incurriría en un delito menos grave, y sería sancionado con pena de reclusión por un término fijo de un año y una multa de hasta $5,000.
No obstante, el proyecto dispone que igualmente será política pública que las intervenciones de profesionales de la salud mental estén acorde a los parámetros constitucionales aplicables de la libertad de expresión profesional.
“El proyecto reconoce el ‘professsional speech’, que consiste en que un profesional de la salud o un religioso puede hablar con una persona que busque ayuda, puede orientarla sobre su situación o puede asistirla en un proceso”, dijo Torres a El Nuevo Día.
La medida no define la libertad de expresión profesional, aunque en la exposición de motivos se alude a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso National Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra (2018).
En ese pleito, se determinó que los estados (o territorios) pueden regular la conducta de profesionales, pero no pueden reducir los derechos de un individuo (como lo es un profesional licenciado) bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También señaló el Tribunal Supremo que no se puede diferenciar entre libertad de expresión profesional y otro tipo de expresión.
En el proyecto se define terapias de conversión o reparación como “un tratamiento o práctica psicológica o psiquiátrica realizada por un profesional o entidad licenciado o certificado dedicado a proveer servicios de salud mental que vaya en contra de la voluntad del paciente o que suponga un atentado contra la dignidad humana, es decir que: afirme que la terapia resultará en una reversión de la orientación sexual o identidad de género del cliente…”.
Torres argumentó que su expectativa, “a diferencia de cómo se manejó el tema en el Senado”, es que en la Cámara se dé un proceso “amplio de escuchar a todos los sectores y ser inclusivo”.
El senador José Vargas Vidot dirigió el proceso en el Senado y celebró dos kilométricas vistas públicas en que atendió múltiples sectores, incluyendo a objetores del Proyecto del Senado 184, que se encuentra en una especie de limbo legislativo.
“Los cuatro pilares de mi proyecto es prohibir las terapias de conversión, sea físicas, emocionales o sicológicas, que se respete la patria potestad de los padres o tutores sobre los menores, que se respete el profesional speech y se respeten la libertad que tenga un religioso o un consejero para orientar a menores y adultos que vayan en búsqueda de ayuda espiritual”, señaló Torres.
Cuando se preguntó si tantas salvedades troncharían la intención de la medida, Torres contestó: “¿Cómo se le va a prohibir a un ser humano que cree en una fe religiosa solicitar un consejo espiritual buscando ayuda? Es una prohibición indebida. Lo que no puede hacer el religioso o el profesional es decirle a la persona que no puedes tener cierta preferencia (realmente es orientación) de género porque entrarías en una terapia de conversión y tampoco en decirle que no puedes cambiar te el sexo si es lo que quiere hacer”, argumentó el legislador popular.
Burgos Muñiz reconoció que la falta de estadísticas sobre terapias de conversión en la isla podría comprometer el futuro de la medida. “Si no me han dado la oportunidad de investigar para constatar”, dijo al recordar que presentó una resolución para investigar el fenómeno, pero no ha sido referida todavía a su comisión.
“Tengo que investigar responsablemente para ver si existe o no. Sería irresponsable decir una cosa, pero obviamente (el proyecto) se menoscaba por la falta de una investigación”, señaló.
Preguntada entonces por qué le da vista pública a un proyecto de terapias de conversión si desconoce la prevalencia de los casos en la isla, respondió que las fechas de las vistas fue determinada por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y señaló que los coautores de la medida quieren que se vea en esta sesión, que finaliza el 30 de junio.
Durante las vistas del PS 184 en el Senado múltiples víctimas de estos procedimientos, descritos como humillantes y maltratantes, sí se dan en la isla, pero muchas veces en la clandestinidad, por lo que no existen oficiales sobre querellas presentadas.
Reclamo de CABE
Esta mañana, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) acusó a Burgos Muñiz de intentar acallar las voces que se opondrían a ambas medidas, que la organización describe como “homofóbicas y transfóbicas”. En declaraciones escritas, Amárilis Pagán, coportavoz de CABE, denunció que no fue hasta ayer que la comisión que dirige Burgos Muñiz les solicitó memoriales a ser entregados a más tardar el lunes y que esa tardanza se debe a un esfuerzo por limitar que opositores a las medidas se expresen. La petición de los directivos de la comisión cameral se dio luego de que miembros de CABE se enteraran sobre la celebración de las vistas y se comunicaran con la comisión.
La comisión que dirige Burgos Muñiz sí se acercó a otra organización, Matria, el 20 de mayo para solicitarle ponencias y anunciarles el calendario de vistas públicas a celebrarse de 9:00 a.m. a 5 p.m. el miércoles, jueves y viernes. “Quiero darle participación a todo el mundo”, dijo.
Burgos Muñiz le dijo a El Nuevo Día que solo está siguiendo el reglamento de la Cámara en cuanto a la entrega de los memoriales a las comisiones y señaló que se enteró sobre las fechas de las vistas la semana pasada.
Ayer el representante Torres le envió a Burgos Muñiz una carta con una lista de 23 individuos y organizaciones que deben ser citadas y Burgos Muñiz aseguró que se comunicó con todos.
Torres incluyó a CABE, la Asociación de Psiclogía, varios colegios que agrupan profesionales de la salud, el sacerdote Carlos Pérez y la Fraternidad de Concilios Pentecostales y Puerto Rico por la Familia.
“CABE y sus organizaciones integrantes y aliadas, estamos interesadas en someter ponencias sobre ambos proyectos. Estas medidas ameritan una mirada basada en la ciencia, las mejores prácticas médicas y de salud mental y en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, pero particularmente de las personas de las comunidades LGBTTIQ+ que podrían afectarse con la aprobación de dichos proyectos”, lee la misiva firmada por Osvaldo Burgos Pérez, coportavoz de CABE.
En entrevista con El Nuevo Día, el activista Pedro Julio Serrano, señaló que el PC 768 busca prohibir unas terapias avaladas por la ciencia.
“Para aplicarlas interviene un equipo multidisciplinario y necesitan el aval de ambos padres o tutores y la autorización. No es que se les dan hormonas, es que se les dan unos bloqueadores hormonales para que, en el momento que sea adulto, tenga su tratamiento hormonal y sus terapias con un equipo que incluye ginecólogos, si aplica, médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales. En Puerto Rico nadie se ha quejado de estas terapias o han denunciado que sean crueles o dañinas, como lo son las terapias de conversión. Igualarlas lo que busca es desinformar y confundir a la gente”, señaló.
Según Serrano, prohibir, por ejemplo, que un adolescente de 16 años, reciba tratamientos hormonales para detener un desarrollo sexual no deseado, provocaría que el individuo confronte problemas al iniciar el proceso una vez sea adulto. “Si el joven lo acepta y los padres lo permiten, ¿por qué el Estado va a prohibir algo avalado por la ciencia?”, cuestionó.
El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) celebró la aprobación, por parte del Senado, del Proyecto del Senado 136 que busca ampliar las protecciones en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género a toda gestión gubernamental, pública o privada.
“Hoy damos un paso más hacia la equidad con la aprobación de un proyecto que restaura las protecciones que fueron eliminadas del Proyecto del Senado 238 del 2013 que luego se convirtió en la Ley 22 del 2013. Han transcurrido ocho largos años para que finalmente se atendiera esta injusticia. Aplaudimos a las senadoras y senadores que favorecieron esta medida, ya que cumplen con su obligación constitucional de instrumentar la equidad, de hacer valer las garantías de la igual protección de las leyes y la inviolabilidad de la dignidad de cada ser humano”, dijo la Dra. Carmen Milagros Vélez, portavoz de CABE.
Las y los portavoces de CABE agradecieron a las senadoras y senadores María de Lourdes Santiago Negrón, Ana Irma Rivera Lassén, Rafael Bernabe Riefkohl y José A. Vargas Vidot por presentar este Proyecto del Senado 136 que enmendará la Ley 22 del 2013 para ampliar el alcance de la Ley que Prohíbe el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género en el Empleo.
«Ya es hora de que las personas LGBTTIQ+ tengamos todos los derechos que tiene la gente heterosexual. Hoy en día, a una persona LGBTTIQ+ no se le puede discriminar para ser empleado en un restaurante, pero se le puede negar el servicio si lo visitara con su pareja. Así de absurdo es nuestro estado de derecho y esta medida busca corregir esta inequidad’, aseveró el licenciado Giancarlo Colberg, portavoz de CABE.
“Este es solo el primer paso de la agenda legislativa de este cuatrienio. Esperamos que el Senado considere y apruebe el Proyecto 184 que prohibiría las mal llamadas terapias de conversión. Además, la Cámara debe aprobar el Proyecto 130 que fue aprobado ya por el Senado y tipificaría como delitos los feminicidios y trans feminicidios. También, se deben aprobar el Proyecto 185 y el Proyecto 226 que atienden el estado de emergencia sobre violencia de género y crean mediante ley el currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas”, dijo Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.
«Esta medida es inmensamente necesaria, ya que durante el debate legislativo en el 2013, líderes del sector conservador fundamentalista lograron convencer a suficientes legisladores para quitar estas protecciones del proyecto aprobado por el Senado y que hoy se añaden a través del Proyecto del Senado 136. Felicitamos y agradecemos a las senadoras y los senadores por este esfuerzo que trasciende líneas partidistas para hacerle justicia a la gente LGBTTIQ+. La desigualdad es una forma perversa de violencia, y con este proyecto que la señala y la prohíbe estamos creando un espacio para la equidad y la paz que tanto necesita nuestro país. Nuestra expectativa es que la Cámara de Representantes esté a la altura de los tiempos y cumpla con su parte», concluyó Amarilis Pagan, también portavoz de CABE.
Los organizadores de Orgullo Boquerón, la Parada de Orgullo LGBTTIQ+ del Oeste, anunciaron hoy la posposición de su tradicional celebración anual.
«Durante los pasados años, en el segundo fin de semana de junio, celebramos nuestro orgullo de ser LGBTTIQ+ y de luchar por nuestra equidad, dignidad y humanidad en Orgullo Boquerón, el evento más multitudinario de nuestra comunidad. Sin embargo, por motivos de seguridad y salud pública, nos vemos obligados a posponer la celebración de nuestro Orgullo LGBTTIQ+ en el Oeste. Estamos trabajando en un protocolo, con epidemiólogos y expertos en salubridad, que nos permita llevar a cabo este evento durante el 2021. Tan pronto mejoren las condiciones y sea permitido, anunciaremos la nueva fecha de Orgullo Boquerón», expresó Pedro Julio Serrano, portavoz de Orgullo Boquerón.
Los organizadores de Orgullo Boquerón piden que se mantengan informados a través de las páginas de sus redes sociales para más información de dichos eventos. Nos consiguen como @BoqueronOrgullo en Facebook, Instagram y Twitter.
«Próximamente anunciaremos la nueva fecha de Orgullo Boquerón, pero lo más importante ahora es unirnos para combatir esta pandemia y mantener a todas las personas seguras. Estamos trabajando en un protocolo, con epidemiólogos y salubristas, para poder celebrar el evento eventualmente con la mayor seguridad. Hemos luchado, por muchos años, por nuestros derechos, nuestras libertades y nuestras identidades. Seguiremos luchando aún cuando tengamos que posponer el celebrarnos unidos en Orgullo Boquerón. Nos vemos pronto», concluyó Serrano.
Orgullo Boquerón es producido por Mújica Group y cuenta con el respaldo de la Asociación de Comerciantes de Boquerón y el endoso del Municipio de Cabo Rojo.
La derrota del proyecto que pretendía prohibir las mal llamadas terapias de conversión, tiene nombre y apellido: el Partido Popular Democrático.
Parece mentira que el Partido Popular haya pasado de ser un supuesto defensor de la justicia social a ser un cómplice de los grupos de odio.
Parece que no aprendieron nada de la derrota de Charlie Delgado a la gobernación por sus posturas homofóbicas y misóginas. Van por el mismo camino, pero no se han dado cuenta de que el carril del odio está ocupado por el Proyecto Dignidad y que ahí no pueden pescar votos.
Da vergüenza que en el cuatrienio pasado, bajo el mando del Partido Nuevo Progresista, se logró aprobar una medida similar para prohibir las terapias de conversión. Es inconcebible que el PNP, que siempre ha sido el partido más homofóbico, pudo aprobar una medida similar al 184 y el PPD ni siquiera pudo sacar este proyecto de comisión.
El Partido Piopular le ha fallado a nuestra niñez y nuestra juventud al no protegerles del maltrato. Es vergonzoso a donde han llegado.
Da vergüenza la falta de liderato del presidente del Senado y del propio Partido Popular, José Luis Dalmau, quien no tan solo se abstuvo de votar, sino que no ejerció su poder para convencer a su delegación a cumplir con su compromiso programático, como partido, en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género.
Da vergüenza la abstención de la vicepresidenta del Senado, Marially González, quien es psicóloga y sabe los efectos nocivos de estas mal llamadas terapias de conversión. Como si fuera poco, uno de los coautores de la medida y portavoz de su delegación, Javier Aponte Dalmau también se abstuvo.
Tampoco podemos obviar la cobardía de Rubén Soto y Albert Torres al votar en contra de una comunidad que exige vivir de cara al sol, sin esconderse y con plena dignidad.
Además, los votos de Ada García y Ramón Ruiz Nieves son decepcionantes, sobre todo porque García se había declarado en contra de las mal llamadas terapias de conversión.
Que conste que la culpa no es sólo del PPD. Aunque los votos en contra de Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve no sorprenden porque siempre han sido homofóbicos declarados, los de Marissa Jiménez y Wanda Soto decepcionan porque son novatas y pudieron empezar con un mejor récord en defensa de la dignidad humana.
Es decepcionante ver como las senadoras y senadores, que votaron en contra del informe positivo del PS 184, le fallan a nuestra niñez y a nuestra juventud. En vez de proteger del maltrato a nuestras niñas y niños, demuestran que no les importa.
Sin embargo, es importante recordarle a las senadoras y senadores de que este no es el final. La lucha sigue para prohibir las mal llamadas terapias de conversión en Puerto Rico. Habremos echado un paso hacia atrás, pero las luchas justas siempre van pa’lante y al final del camino venceremos.
Por ultimo, a la niñez y juventud LGBTTIQ+ sepan que no están solas ni solos. Aunque el Senado les falle, la gente buena de este país les ama, les celebra, les respeta, les acepta, les defiende.
Esta lucha no acaba aquí. Seguimos más fuertes que nunca. La equidad es un hecho inevitable.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano culpó a la delegación popular en el Senado por la derrota del Proyecto del Senado 184 en la votación de su informe positivo en comisión.
«La derrota del informe positivo de esta medida, que pretendía prohibir las mal llamadas terapias de conversión, tiene nombre y apellido: el Partido Popular Democrático. Parece mentira que el Partido Popular haya pasado de ser un supuesto defensor de la justicia social a ser un cómplice de los grupos de odio. Parece que no aprendieron nada de la derrota de Charlie Delgado a la gobernación por homofóbico y misógino. Van por el mismo camino, pero no se han dado cuenta de que el carril del odio está ocupado por el Proyecto Dignidad y que ahí no pueden pescar votos», aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que el cuatrienio pasado, bajo el mando del Partido Nuevo Progresista, se logró aprobar una medida similar para prohibir las terapias de conversión.
«El PPD le ha fallado a nuestra niñez y nuestra juventud al no protegerles del maltrato. Es inconcebible que el PNP, que siempre ha sido el partido más homofóbico, pudo aprobar una medida similar al 184 y el PPD ni siquiera puede sacar este proyecto de comisión. Es vergonzoso a donde ha llegado el Partido Popular», concluyó Serrano.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano urgió a la Legislatura a demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia de género aprobando los proyectos 130 y 185 del Senado.
«Si la Legislatura quiere demostrar verdadero compromiso con atajar esta epidemia de violencia machista y transfóbica, esta misma semana aprueba el proyecto para declarar un estado de emergencia por violencia de género con un currículo de perspectiva de género en las escuelas y el proyecto para declarar como delitos el feminicidio y el transfeminicidio. Que no coman cuentos y que aprueben los proyectos 130 y 185 del Senado. Así demostrarán que más allá de palabras, rezos y buenas intenciones, están comprometidos en actuar para acabar con este mal que nos agobia», aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que también la Legislatura debe aprobar los proyectos 136 y 184 del Senado, que prohibirían el discrimen por orientación sexual e identidad de género en todas las instancias públicas y privadas, así como prohibir las mal llamadas terapias de conversión.
«Todas estas medidas van de la mano. Son proyectos de ley que atacan la violencia de género en todas sus manifestaciones. Si tipificamos como delitos los feminicidios y transfeminicidios, si prohibimos el discrimen, si educamos con perspectiva de género, si declaramos bajo ley un estado de emergencia por violencia de género y acabamos con las terapias de conversión, podemos realmente atajar esta epidemia de violencia machista y transfóbica. Si la Legislatura no actúa ahora, será demasiado tarde», concluyó Serrano.
Pedro Julio Serrano 