Los organizadores de Orgullo Boquerón, la Parada de Orgullo LGBTTIQ+ del Oeste, anunciaron que el tradicional festival se celebrará del 8 al 10 de octubre de este año y será dedicado a su fundadora, la doctora Rosalina “Talin” Ramos.
“El orgullo vuelve a Boquerón el fin de semana del 8 al 10 de octubre, con el beneficio de que el lunes, 11 de octubre, es feriado. Estamos trabajando en un protocolo, con epidemiólogos y expertos en salubridad, que nos permitirán llevar a cabo nuestro evento de orgullo de manera presencial por primera vez en dos años”, expresó Pedro Julio Serrano, portavoz de Orgullo Boquerón.
Los organizadores de Orgullo Boquerón piden que se mantengan informados a través de las páginas de sus redes sociales para más información de dichos eventos. Nos consiguen como @BoqueronOrgullo en Facebook, Instagram y Twitter.
“Escogimos esta fecha, pues el 11 de octubre es el Día Internacional de Salir del Clóset, cosa que se hace más urgente ahora con toda la lucha en la Legislatura para que se reconozcan nuestros derechos. Próximamente estaremos anunciando los artistas y eventos que se presentarán durante el fin de semana del 8 al 10 de octubre, pero como siempre será un evento de altura, de lucha y de celebración de nuestras comunidades LGBTTIQ+. Les esperamos en Orgullo Boquerón”, concluyó Serrano.
Orgullo Boquerón es producido por Mújica Group y cuenta con el respaldo de la Asociación de Comerciantes de Boquerón y el endoso del Municipio Autónomo de Cabo Rojo.
Hace 24 años, fui a la Legislatura, como un ciudadano común y corriente, a deponer en contra del infame Proyecto de la Cámara 1013 que pretendía prohibir lo que para aquel entonces era prohibido: la igualdad matrimonial.
En aquel momento veía esa posibilidad muy lejos de la realidad; sin embargo, dos décadas después, la igualdad matrimonial es una realidad en nuestra patria. Mucho menos hubiéramos pensado como posible todo lo que hemos logrado a favor de los derechos de las personas LGBTTIQ+.
Puerto Rico, con mucho sudor y sacrificio de los activistas, las organizaciones LGBTTIQ+ y nuestros aliados, se ha posicionado en el lugar número 20 de 56 estados y territorios de Estados Unidos donde grandes logros en torno a favor de los derechos LGBTTIQ+ se han alcanzado.
Con muy pocos recursos, con una oposición organizada y muy bien financiada, la hostilidad del sistema y de los gobiernos, haber logrado estar más avanzados que la mayoría de las jurisdicciones no tan solo de Estados Unidos, sino de Latinoamérica y del mundo, demuestra el gran corazón y conciencia humanitaria de los ciudadanos de Puerto Rico.
Hoy, además de la igualdad matrimonial, las personas trans pueden atemperar su certificado de nacimiento, su licencia y pasaporte para corregir su identidad de género y las parejas y personas LGBTTIQ+ pueden adoptar en Puerto Rico, haciendo realidad su derecho de tener una familia.
En los asuntos laborales, está prohibido discriminar en el empleo por orientación sexual e identidad de género, así como se añadió la protección a las personas LGBTTIQ+ en la Ley 54 de violencia doméstica. Hay un protocolo de cómo tratar a las personas trans por parte de la Policía y los seguros médicos no pueden discriminar a la hora de darle tratamiento hormonal a las personas trans.
Tenemos una ley de crímenes de odio que es de vanguardia y una orden ejecutiva que prohíbe las mal llamadas terapias de conversión. Es mucho lo que hemos logrado, pero aún falta mucho más en la ruta hacia la equidad.
Aunque derrotamos un cruel proyecto que pretendía prohibir las terapias afirmativas para la juventud trans, aún hay que derrotar otro proyecto que pretende prohibir la participación de las personas trans en los deportes. Por si fuera poco, tenemos que lograr que la Legislatura apruebe una medida para prohibir las mal llamadas terapias reparativas.
Además, se tienen que aprobar, en la Cámara de Representantes, los proyectos 130 y 136 que buscan tipificar como delitos los feminicidios y transfeminicidios y ampliar la protección en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en todas las esferas públicas y privadas, respectivamente.
Más que nada, tenemos que estar vigilantes de que las leyes vigentes y por aprobar, no sean letras muertas, sino que se pongan en acción.
Hay que batallar contra los ataques de dos legisladoras que no le hacen honor al nombre de su partido y vulneran, día a día, la dignidad de las mujeres y las personas LGBTTIQ+. Se libra una campaña, por no decir guerra santa, de los sectores fundamentalistas por invisibilizar, deshumanizar y vulnerar a las mujeres y las comunidades LGBTTIQ+.
De igual forma, hay que acabar con la complicidad de políticos pendientes de votos en vez de cumplir con su obligación constitucional de hacer valer la equidad prometida en la Constitución. Todo esto lo estamos atendiendo y no descansaremos hasta lograr lo justo para nuestros hermanos y hermanas.
Aún nos queda mucho que hacer; pero puedo mirar hacia atrás, celebrar las conquistas, reconocer los avances y tener esperanza en el futuro.
La visibilidad de las personas LGBTTIQ+ en todas las esferas, la solidaridad de nuestros aliados, la empatía de nuestro pueblo y la militancia de múltiples organizaciones nos hacen confiar que vamos avanzando cada día más y que la equidad es un hecho inevitable.
El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) destacó, hoy, que el retiro del proyecto cameral 683 nos da la razón cuando expusimos que la medida tal y como fue redactada inicialmente, en efecto, no prohibía las mal llamadas terapias de conversión y que tampoco esa fue la intención de su autor, el representante Luis Raúl Torres.
“Es evidente que Luis Raúl Torres ha decidido retirar la medida porque, en efecto, no prohibía las terapias de conversión sino que las legaliza. Esta acción demuestra que siempre tuvimos la razón. Torres nunca tuvo la intención de prohibirlas. Su medida fue una componenda con el sector fundamentalista que violenta, ataca y vulnera a las personas LGBTTIQ+”, expresó la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de CABE.
Durante las vistas públicas, las y los portavoces de CABE levantaron bandera sobre la similitud entre el proyecto 683 y el antiguo proyecto 2068, de la autoría de Tata Charbonier y el sacerdote Carlos Pérez, ya que en aquel entonces el depuesto gobernador Ricardo Rosselló tuvo que retirar la medida porque legalizaba las terapias de conversión en vez de prohibirlas.
“Quisieron pasarnos gato por liebre, pero no contaban con nuestra defensa histórica de los derechos de las personas LGBTTIQ+. Estamos vigilantes a los recovecos y los clósets donde quieren meter sus estocadas a nuestras vidas a través de coletillas venenosas en los proyectos de ley para seguir violentándonos. No nos engañan. Hemos advertido, una y otra vez, que no existe consenso alguno con los sectores fundamentalistas que prefieren que las personas LGBTTIQ+ no existamos. Ya es hora de que los legisladores lo entiendan”, dijo Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.
Las y los portavoces de CABE estuvieron trabajando con legisladores de varias delegaciones en enmiendas que, en efecto, legitimarían la pieza haciéndola efectiva.
“Esas enmiendas eliminarían las exenciones religiosas, la inclusión del discurso profesional, la mención innecesaria de la patria potestad, la definición que abriría la puerta a dichas prácticas, entre otras. El representante Torres no estuvo dispuesto a aceptar dichas enmiendas, por lo que se hizo obvio que nunca quiso prohibirlas, sino legalizarlas. De hecho, al no aceptarlas nos obliga a nosotros a tampoco aceptar su proyecto por ser inoficioso”, aseveró la doctora Angeles Acosta, portavoz de CABE.
Por último, le hicieron un llamado al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, que cumpla con su palabra empeñada de lograr la aprobación de una medida que efectivamente prohíba las mal llamadas terapias de conversión en nuestra patria. “Es hora de demostrar su liderato, señor presidente. Es momento de decidir de qué lado se está: si en el lado de la equidad o no. Es muy fácil la decisión. Usted debe decidir si va a permitir que un sector fundamentalista secuestre la agenda legislativa de la Cámara que preside o usted va a hacer valer la dignidad y la igualdad prometidas en la Constitución. Confiamos en que prevalezcan la razón, la justicia y la equidad”, concluyó el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) celebró, hoy, la derrota del Proyecto de la Cámara 768 que pretendía prohibir las terapias de afirmación para la niñez y la juventud trans.
“La derrota del proyecto 768 es una victoria extraordinaria. Ese era de los proyectos más violentos, inhumanos, crueles y desalmados que hemos visto en la historia legislativa de este país. La niñez y la juventud trans merecen un trato digno, que se atiendan sus necesidades de salud y que puedan desarrollarse de acuerdo a su identidad de género”, aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.
Las y los portavoces de CABE destacaron que la autora de la medida, la representante Lisie Burgos, se quedó sola en la defensa de un proyecto de ley que iba a acrecentar la violencia en contra de la comunidad trans en Puerto Rico.
“El único voto a favor de esta medida fue Burgos. Se quedó sola en su transfobia. Demostró temeridad en este proceso y fomentó la desinformación para atentar contra la dignidad, la equidad y la humanidad de la niñez y la juventud trans. Decía defender a la niñez y la juventud y lo que pretendía era vulnerar aún más a nuestra niñez trans”, dijo la doctora Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE.
“Agradecemos al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, por su liderato en este desenlace. Confiamos en que continúe desechando cualquier proyecto que tenga como propósito el discriminen en contra de la Comunidad LGBTTIQ+ y que favorezca las medidas que atienden las necesidades y los derechos de este sector que están ante la consideración de la Cámara de Representantes”, dijo el licenciado Giancarlo Colberg Ferrer, portavoz de CABE.
“La lucha por la equidad no cesa. Todavía quedan medidas anti-LGBTTIQ+ por derrotar y medidas pro-LGBTTIQ+ por aprobar. Esperamos que la Cámara apruebe los proyectos del Senado 130 y 136 para declarar los feminicidios y transfeminicidios como delitos y prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género, respectivamente. Además, esperamos que se enmiende sustancialmente el Proyecto de la Cámara 683 para que definitivamente se prohíban las mal llamadas terapias de conversión”, concluyó la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de CABE.
Los integrantes de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores derrotaron esta mañana 8-1 el Proyecto de la Cámara 768 que persigue prohibir los tratamientos hormonales para menores.
La medida es de la autoría de la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad.
Burgos asumió un turno en la sesión de hoy donde defendió la medida y que está en el “lado correcto de la historia”.
“Arrepentida, jamás”, dijo. “Hoy la mayoría de los miembros de la Comisión de Bienestar Social y Personas con Discapacidad derrotaron el PC 768, que era una pieza legislativa para proteger el desarrollo físico de nuestra niñez de tratamientos hormonales… se pudo confirmar por deponentes, uno de la comunidad trans que esto se practica en Puerto Rico en adolescentes de 16 años”, dijo Burgos.
“Es una victoria extraordinaria.Ese era de los proyectos más violentos, más inhumanos, crueles y desalmados que he visto en la historia legislativa de este país y llevo 23 años visitando el Capitolio. Nunca había visto un proyecto tan horripilante como ese”, indicó esta mañana el activista Pedro Julio Serrano a la prensa.
El proyecto presentado por Burgos enmienda la Ley de Protección de Menores para tipificar como abuso sexual, maltrato, maltrato institucional –si aplicara- someter a un menor a tratamientos hormonales o cirugías “para construir la identidad de género no congruente a la genética sexual”.
También obliga a la Policíay al Departamento de Justicia a atender querellas contra personas que sometan a un menor a una terapia afirmativa que incluya tratamientos hormonales o cirugías.
La medida expone a padres o tutores de menores sometidos a estos tratamientos a pena de cárcel de hasta 12 años y una multa de $5,000.
En cuanto a profesionales de la salud que recomienden tratamientos de este tipo a menores de 18 años, estarían expuestos a ser disciplinados por sus Juntas Examinadoras y a una multa fija de $30,000. En el caso de las compañías aseguradoras, se exponen a una multa fija de $100,000 si incluyeran en sus coberturas tratamientos hormonales para menores.
En la exposición de motivos no se indica que el asunto que se quiera atender haya provocado una crisis en el país, no se ofrecen ejemplos de tratamientos mal llevados en la isla y tampoco se ofrecen cifras sobre cuán común es la práctica de administrar hormonas que detengan el desarrollo sexual a menores de edad.
El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) y la organización Wave Ahead consignaron su oposición esta mañana al proyecto de ley que persigue prohibir las llamadas terapias de conversión, discutido en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
En una ponencia firmada por Ángeles Acosta, portavoz de CABE, la entidad planteó que el Proyecto de la Cámara 683 parte de “consensos no existentes” o que solo habitan en sector religioso o entre los autores de la medida: los representantes populares Luis Raúl Torres, Orlando Aponte Rosario, Jorge Rivera Segarra y el penepé José Aponte Hernández.
“La medida incluye lenguaje que en vez de prohibir las terapias de conversión, las invisibiliza y las regula. Dicho planteamiento es completamente opuesto a la posición asumida abrumadoramente por la comunidad médica y científica tanto a nivel local como internacional. La prohibición de las terapias de conversión es la postura asumida por los principales organismos protectores de los derechos humanos en el mundo”, sostuvo Acosta.
Mientras se discute esta medida, en el Senado sigue detenido el Proyecto 184, que también persigue prohibir las terapias de conversión. Dicha medida es apoyada por un sinnúmero de profesionales de la salud y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Al desmenuzar el PC 683, Acosta señaló que la propia Exposición de Motivos del proyecto invisibiliza las terapias de conversión al afirmar que no hay evidencia de que en iglesias o instituciones se hayan aplicado descargas eléctricas, terapias electroconvulsivas o estimulación magnética craneal. Según Acosta, resaltar exclusivamente estos actos “minimiza y, en parte, se burla de la amplitud de lo que pueden ser terapias de conversión en Puerto Rico” ya que van mucho más allá de tortura física y abuso mental o emocional.
El proyecto reconoce la libertad de expresión profesional. Aunque no lo define, en la Exposición de Motivos se alude a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso National Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra (2018). En ese pleito, se determinó que los estados (o territorios) pueden regular la conducta de profesionales, pero no pueden reducir los derechos de un individuo (como lo es un profesional licenciado) bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También señaló el Tribunal Supremo que no se puede diferenciar entre libertad de expresión profesional y otro tipo de expresión.
En cuanto a este concepto, CABE denunció que lo que busca la medida es reconocer las terapias de conversión como una actividad protegida bajo la cláusula de la libertad de expresión. Según Acosta, la conclusión de los autores es que la libertad de expresión profesional se puede equiparar al concepto de conducta profesional. “Dicha aseveración es una mala interpretación del derecho vigente y aparenta utilizarse para justificar la exclusión de la regulación de las terapias de conversión”, dijo Acosta.
“La prohibición de las terapias de conversión no incide sobre el derecho a la libertad de expresión. El realizar estas tampoco está cobijado bajo dicho derecho”, sostuvo Acosta tras repasar una serie de decisiones judiciales que supuestamente apoyan su argumento.
Acosta agregó que el proyecto tiene el efecto de no prohibir las terapias de conversión al definir, por ejemplo, que se trata de un tratamiento que va en contra de la voluntad del paciente. La activista dijo que ese lenguaje es insuficiente en los casos de menores ya que la patria potestad la tienen los padres o tutores. Además, la medida no establece los requisitos específicos que se tienen que cumplir para que se dé por aplicada una terapia de conversion, cómo exime de la prohibición a profesionales que no reconocen orientaciones sexuales o identidades de género, cómo se enfoca en la prohibición de actos de tortura, utiliza el concepto vago de tratamientos neutrales y que las terapias podrían tener elementos morales o religiosos.
“El lenguaje propuesto es en unos casos tan específico y en otros con excepciones tan generales, que abre las puertas a que se lleven a cabo las terapias de conversión. Por tanto, se incumple con el propósito de la medida para, en efecto, prohibir las terapias de conversión”, afirmó Acosta.
CABE también objeta, por tildarlo de innecesario, un artículo de la medida que especifica que el proyecto no aplica al sector religioso.
Al hablar a nombre de Waves Ahead, el activista Pedro Julio Serrano también objetó la definición limitada del terapias de conversión incluida en la medida y que se limita a tortura física o emocional. Igualmente condenó que se pretenda negar la existencia de la aplicación de terapias de conversión en iglesias o sus instituciones. También como lo hizo CABE, advirtió sobre el la aplicación del concepto de la autonomía del paciente al indicar que los menores no gozan de tal derecho y está bajo la patria potestad de padres o tutores.
“Más aún, se tienen que eliminar cualquier intención de proteger algo que ya está protegido tanto por la Constitución de Puerto Rico como la de Estados Unidos, la libertad religiosa. Debería ser algo lógico, pero los recordatorios parecen no estar demás: esta libertad religiosa opera ex propio vigore, o sea que no necesita legislación adicional para ser protegida. Está contenida en las cartas magnas, por lo que añadir una protección en este proyecto es abrir la puerta a limitar otros derechos y a tratar de entrar por la cocina las terapias reparativas”, indicó Serrano.
“Como si fuera poco, se pretende introducir el concepto de “professional speech” para abrir nuevamente la puerta a que cualquier profesional de la salud mental inserte la terapia reparativa por la cocina. La prohibición de las terapias tiene ser absoluta, no pueden abrirse puertas por las cuales se legalicen o se permitan so color de pretextos y ambigüedades religiosas”, agregó.
Serrano indicó que, como único podría apoyar la medida es que se enmiende “sustancialmente” y en esa dirección dijo estar inclinándose el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Aponte Rosario.
“Dijo que va a trabajar con los representantes de esa comisión para enmendarlo. Si se enmienda con lo que propusimos, que es rehacer el proyecto nuevamente…”, dijo Serrano al recordar que el PC 683, contrario al PS 184, no contemplan una enmienda a la Ley de Menores.
“Este proyecto, el 683, solo trabaja con los profesionales de la salud y la conducta humana”, dijo Serrano. “Habría que eliminar el concepto del professional speech, quitarle la mención de la patria potestad porque no tiene nada que ver al no enmendarse la Ley de Menores. Lo otro es eliminar cualquier referencia a la libertad de culto y hacer una nueva definición de terapias de conversión porque la que se propone la legaliza”, dijo Serrano.
“También hay que añadir a todos los profesionales de la salud mental y de la salud para que sean profesionales cubiertos por la ley e incluir entidades hospitalarias”, agregó.
El activista indicó que el PS 184 “por el vacío de liderato en el Senado y la ambigüedad de su presidente (José Luisi Dalmau Santiago), ese proyecto lamentablemente no tiene posibilidades”.
Las activistas de derechos humanos Ivana Fred y Pedro Julio Serrano denunciaron, hoy, la agenda de odio de las legisladoras del Proyecto Dignidad en contra de la comunidad trans tras la radicación de dos medidas transfóbicas.
«Con tantos problemas que tiene el país, las legisladoras del Proyecto Dignidad buscan limitar derechos a la comunidad trans. No pueden limitar, ni eliminar nuestra existencia. Todo ser humano tiene el derecho a la salud, a su libertad, a su propia identidad. El Proyecto Dignidad tiene una agenda de odio que incita a la violencia en contra nuestra. Ya lo vimos con Alexa, todo comenzó con el discurso de odio de los líderes fundamentalistas y culminó con el asesinato de nuestra Alexa porque alguien actuó basado en ese libreto de odio. ¿Qué buscan estas legisladoras? ¿Qué nos sigan matando? Ya basta», aseveró Ivana Fred.
Las portavoces de Puerto Rico Para Tod@s denunciaron como «transfóbicos, inhumanos y crueles» los proyectos de la Cámara 764 y 768, presentados por la representante Lisie Burgos, que pretenden prohibir la participación en los deportes de las personas trans y las terapias de afirmación para jóvenes trans, respectivamente. Además, denunciaron la retórica de odio de la senadora Joanne Rodríguez Veve durante las vistas públicas sobre el proyecto de terapias de conversión que dieron paso a estas medidas transfóbicas.
«Parece mentira que quieran prohibir las terapias de afirmación a jóvenes trans cuando están aprobadas por la ciencia, avaladas por profesionales de la salud y son perfectamente legales. Parece mentira que quieran prohibir que las personas trans participen de los deportes cuando no hay ninguna razón que justifique tal discrimen y exclusión. Parece mentira que estas legisladoras se dediquen a odiar en vez de defender la dignidad de todas las personas», concluyó Serrano.
Pedro Julio Serrano 