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Por Javier Colón Dávila | El Nuevo Día

Los integrantes de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores derrotaron esta mañana 8-1 el Proyecto de la Cámara 768 que persigue prohibir los tratamientos hormonales para menores.

La medida es de la autoría de la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad.

Burgos asumió un turno en la sesión de hoy donde defendió la medida y que está en el “lado correcto de la historia”.

“Arrepentida, jamás”, dijo. “Hoy la mayoría de los miembros de la Comisión de Bienestar Social y Personas con Discapacidad derrotaron el PC 768, que era una pieza legislativa para proteger el desarrollo físico de nuestra niñez de tratamientos hormonales… se pudo confirmar por deponentes, uno de la comunidad trans que esto se practica en Puerto Rico en adolescentes de 16 años”, dijo Burgos.

“Es una victoria extraordinaria. Ese era de los proyectos más violentos, más inhumanos, crueles y desalmados que he visto en la historia legislativa de este país y llevo 23 años visitando el Capitolio. Nunca había visto un proyecto tan horripilante como ese”, indicó esta mañana el activista Pedro Julio Serrano a la prensa.

El proyecto presentado por Burgos enmienda la Ley de Protección de Menores para tipificar como abuso sexual, maltrato, maltrato institucional –si aplicara- someter a un menor a tratamientos hormonales o cirugías “para construir la identidad de género no congruente a la genética sexual”.

También obliga a la Policíay al Departamento de Justicia a atender querellas contra personas que sometan a un menor a una terapia afirmativa que incluya tratamientos hormonales o cirugías.

La medida expone a padres o tutores de menores sometidos a estos tratamientos a pena de cárcel de hasta 12 años y una multa de $5,000.

En cuanto a profesionales de la salud que recomienden tratamientos de este tipo a menores de 18 años, estarían expuestos a ser disciplinados por sus Juntas Examinadoras y a una multa fija de $30,000. En el caso de las compañías aseguradoras, se exponen a una multa fija de $100,000 si incluyeran en sus coberturas tratamientos hormonales para menores.

En la exposición de motivos no se indica que el asunto que se quiera atender haya provocado una crisis en el país, no se ofrecen ejemplos de tratamientos mal llevados en la isla y tampoco se ofrecen cifras sobre cuán común es la práctica de administrar hormonas que detengan el desarrollo sexual a menores de edad.