Que descansen en paz la 8 y la 99
Pedro Julio Serrano | El Vocero
Puerto Rico se tiene que sentir orgulloso de que derrotamos la nefasta Resolución 99, que pretendía ilegalizar toda relación que no fuera el matrimonio heterosexual. Hace unos días, un juez federal declaró inconstitucional la Proposición 8, una enmienda parecida a la 99 en el estado de California que desafortunadamente fue aprobada en un referéndum por los votantes de ese estado en el 2008.
No tan sólo es inconstitucional porque violaba la garantía de igual protección de las leyes y el debido proceso de ley, sino que el juez adjudicó que los derechos civiles de los ciudadanos nunca pueden llevarse a votación popular. Y es que la democracia está hecha para proteger a las minorías del posible abuso de la mayoría, que en el caso de California y 26 otros estados fue un abuso real al aprobar estas enmiendas discriminatorias.
Ahora comienza un largo proceso de apelaciones hasta que este caso llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde inevitablemente se tendrá que reconocer que la igualdad prometida por la Constitución estadounidense cobija a todos los seres humanos, irrespectivamente de su orientación sexual o identidad de género.
Este triunfo de California no es un triunfo exclusivo de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT), es el triunfo de toda la sociedad. Es el triunfo de la libertad, de la justicia y de la igualdad. Cuando todos somos tratados iguales, todos ganamos. Pues creamos una sociedad mucho más justa e inclusiva para todos los seres humanos.
Y también es un triunfo para la jurisprudencia, pues sirve de recordatorio de que la igualdad que tiene que ser protegida por nuestro sistema de justicia, sobre todo ahora que se considerará al Juez Edgardo Rivera García para nuestro máximo tribunal. Aunque al ser nombrado el nominado indicó que “los derechos de las personas que puedan tener preferencias sexuales (distintas) son los mismos que nos cobijan a todos. Son ciudadanos que deben estar cobijados por los mismos estatutos, derechos y garantías constitucionales”, inmediatamente dijo que cree en la familia tradicional compuesta por “papá, mamá, niños y la familia extendida”.
Si verdaderamente cree en que todos tenemos que estar cobijados por los mismos derechos y garantías constitucionales, confiamos en que votará a favor de reconocer el derecho al matrimonio, a adoptar y a ser protegidas por la Ley 54 de violencia doméstica a las parejas del mismo sexo, así como el cambio en el encasillado de sexo en los documentos oficiales de las personas transgéneros y transexuales.
De lo contrario, su comentario acerca de lo que él entiende que es una familia lo inhibiría de antemano de presentarse una controversia sobre esta población para su adjudicación. Y es que el rol de un juez es hacer justicia e interpretar las leyes y la Constitución, no es anteponer sus prejuicios a una posible decisión futura sobre el derecho de familia. De paso, le recuerdo que la familia se define por el amor de personas que se unen y conviven, no por los prejuicios de unos pocos. Las parejas del mismo sexo forman familias, las parejas heterosexuales sin hijos forman familias, los abuelos criando nietos forman familias.
Tenemos que recordar que Puerto Rico tiene una de las constituciones más avanzadas del Mundo y como tal debe permanecer. Cualquier intento por revivir la ya aniquilada Resolución 99 es un atentado en contra de la salud, el bienestar, la seguridad y los derechos de las parejas del mismo sexo y heterosexuales que conviven sin casarse y sus hijos. En nuestra historia como pueblo nunca se ha enmendado la Constitución para discriminar y mucho menos para restringir derechos, sino para reconocerlos.
Seguiremos vigilantes a que no se presente enmienda alguna que pretenda ir en contra del espíritu de nuestra Constitución, una Constitución que garantiza la igualdad a todos los puertorriqueños y la dignidad de cada ser humano. Las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales que conviven sin casarse ya tienen las mismas responsabilidades, por lo que merecen los mismos derechos, la misma dignidad y el mismo respeto que las parejas heterosexuales casadas. Ni más, ni menos.
Es hora de que el gobernador Luis Fortuño y la Legislatura cumplan con su obligación de hacer valer la promesa constitucional de igualdad. Que le otorguen la igualdad de derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Y que sepan el gobernador, la Legislatura y esta administración, que no permitiremos que se meta la discriminación en nuestra Constitución. La igualdad que promete nuestra Carta Magna nos incluye a todos, parejas del mismo sexo y heterosexuales que conviven sin casarse y a sus hijos.
En una democracia, los legisladores tienen la obligación constitucional de velar por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Eso incluye discutir y aprobar proyectos de ley que hagan valer esa igualdad, así como velar que los derechos civiles y humanos se reconozcan, ya sea para una sola persona o para cuatro millones de personas, sin exclusión alguna. Del mismo modo, nuestra Constitución reconoce la inviolabilidad de la dignidad de cada ser humano. Estas máximas de nuestra Carta Magna no pueden quedarse en mera teoría, se tienen que poner en práctica. Todos significa todos. La inviolabilidad no permite excepción.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros somos parte de esta tierra. Somos sus hijos, sus hermanos, sus primos. Somos sus tíos, sus vecinos, sus abuelos, sus padres y madres. Somos los padres y madres de niños que están en su condominio o urbanización. Somos sus colegas, sus ayudantes, sus avanzadas de campaña, sus funcionarios de colegio, sus contribuyentes de campaña, sus constituyentes y sus amigos.
Somos parte de ustedes, reconózcanlo o no. Merecemos los mismos derechos y protecciones. Somos, quiéranlo algunos o no, familia.
Pedro Julio Serrano 