Por Alex Figueroa | El Nuevo Día

Un Gran Jurado federal emitió un pliego acusatorio contra dos hombres por el asesinato de dos mujeres transgénero en Humacao, el pasado 22 de abril, que incluye violaciones a la Ley federal de «Prevención de Crimen de Odio», informó W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

El asesinato de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez representa la primera vez que las autoridades federales levantan acusaciones por crimen de odio en Puerto Rico.

En total, Sean Díaz De León y Juan Carlos Pagán Bonilla enfrentan cuatro cargos, incluyendo dos por usar un arma de fuego en relación a crímenes de violencia, uno por robo de vehículos que resultan en muerte y uno destrucción de propiedad con materiales explosivos.

Según la denuncia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), basada en la confesión de Pagán Bonilla, los acusados asesinaron a Velázquez y Peláez Sánchez el 22 de abril al conocer que eran mujeres transgénero, después de haber socializado con las víctimas en una casa en Las Piedras.

La acusación formal alega en los recuentos uno y dos, que desde el 21 de abril hasta el 22 de abril de 2020, Sean Díaz De León y Juan Carlos Pagán Bonilla, se ayudaron e instigaron mutuamente, usaron y portaron armas de fuego a sabiendas durante y en relación con el crimen que resultó en el asesinato de Velázquez y Peláez Sánchez.

El pliego expone, además, que los hombres dispararon a las víctimas y tomaron su vehículo de motor, un Hyundai Accent blanco, por la fuerza, violencia e intimidación, lo que resultó en la muerte de ambas. Incluye, también, un cargo de destrucción de propiedad usando explosivos por dañar y destruir maliciosamente el vehículo por medio de fuego.

De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan cadena perpetua o la pena de muerte. El fiscal federal adjunto José A. Contreras, del Distrito de Puerto Rico; la abogada de litigios especiales Rose Gibson y la abogada litigante Laura Gilson, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, están a cargo del enjuiciamiento del caso.

«Esta decisión demuestra que el pueblo puertorriqueño ya reconoce lo que son crímenes de odio. Estos horrendos asesinatos son la forma más cruel y violenta del discrimen en contra de la gente LGBTTIQ+. Ese discrimen que empieza con un epíteto, una burla, un rechazo y culmina en violencia. Ya basta de tanto odio», sostuvo en declaraciones escritas a El Nuevo Día el activista Pedro Julio Serrano, tras conocerse el pliego acusatorio.

Por Alfonso Rodríguez | EFE News

La aprobación del nuevo Código Civil de Puerto Rico, sin vistas públicas y a la espera de la firma de la gobernadora, levantó una ola de reacciones, desde quienes lo catalogan de instrumento adaptado a las necesidades sociales hasta los que denuncian una intervención de sus derechos.

La aprobación por el Senado del nuevo Código Civil, con el voto a favor de 16 legisladores y 7 en contra, es este miércoles motivo de controversia.

La polémica alcanzó al colectivo de artistas, promotores el verano de 2019 de las protestas que provocaron la dimisión del entonces gobernador Ricardo Rosselló, que impulsaron en twitter el «hashtag» «DileNoalNuevoCógidoCivil», convertido en «trending topic».

El cantante Bad Bunny recurrió a Twitter para mostrar su oposición al nuevo Código Civil al asegurar que «este Gobierno hay que sacarlo de raíz y para siempre», mientras que la cantante iLe señaló que «en medio de una pandemia, más casos de violencia de género, una investigación por corrupción y politiquerías estúpidas quieren aprobar un nuevo Código Civil para intervenir y manipular nuestros derechos».

Tras más de 20 años de discusión pública, el Senado aprobó el lunes un nuevo Código Civil que deroga el vigente que data del 1930, aprobado antes de la Constitución de 1952.

La medida, que recibió enmiendas en el Senado, pasa a la consideración de la Cámara de Representantes, que ya adelantó su acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara alta.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que el nuevo Código Civil «es totalmente consistente con todos los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos» y no quita derechos a nadie.

Algunos analistas subrayan que mientras la atención sigue enfocada en el COVID-19, la mayoría del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado aprovechó para aprobar el nuevo Código Civil, impulsado por sectores religiosos y repudiado por organizaciones de derechos civiles.

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano señaló a Efe que el nuevo código civil tiene un sesgo religioso y está impulsado por fundamentalistas cristianos. Serrano exigió por ello hoy a la gobernadora, Wanda Vázquez, que vete el proyecto del Código Civil por tratarse de una medida falta de transparencia, confusa y que vulnera los derechos de amplios sectores de la sociedad.

El activista resaltó que hoy, después de la aprobación el pasado lunes, no se ha publicado la versión final del documento. Serrano indicó que hay preocupación, sobre todo, por los derechos de las mujeres, las personas de las comunidades LGBT y las parejas de hecho.

Denunció que se ignora totalmente de las personas de las comunidades LGBT, ya que no son mencionadas ni una sola vez en el Código Civil, además de criticar el lenguaje contradictorio sobre el cambio de sexo en el acta de nacimiento de personas transgénero.

Serrano destacó que la redacción del Código Civil se ha hecho de tal forma que habrá un retroceso respecto al derecho al aborto y el cambio de sexo para el colectivo transgénero.

La portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), Amárilis Pagán, dijo a Efe que el nuevo Código Civil es resultado de un proceso con escasa participación ciudadana y «bastante cerrado».

Pagán sostuvo que el nuevo Código Civil no defiende el derecho al aborto y, sobre todo, se trata de un documento que no se conoce, ya que a pesar de aprobarse hace 2 días no está publicado en ningún lugar.

Indicó que el lenguaje que existía en ese Código Civil minutos antes de la votación hacía que una persona tuviera que ir al tribunal para hacer el trámite de cambio de género en su certificado de nacimiento, a pesar de que ya hay una decisión del Tribunal Federal en Puerto Rico diciendo que es un trámite que se puede hacer en el Registro Demográfico. Pagán sostuvo que interferir en ese trámite violenta derechos constitucionales de las personas transgénero.

El nuevo Código Civil fue aprobado con 60 enmiendas y ahora regresa a la Cámara de Representantes, aunque se espera que su paso sea un trámite una vez que esta ya hizo público su acuerdo con los cambios.

La gobernadora, preguntada sobre el asunto, se limitó a señalar que no tuvo tiempo de examinarlo todavía y que lo hará en su momento «con mucha rigurosidad».

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano le exigió, hoy, a la gobernadora Wanda Vázquez que vete el proyecto del Código Civil al continuar creciendo la oposición en todos los frentes a una medida falta de transparencia, confusa y que vulnera los derechos de amplios sectores de nuestra sociedad.

«La consideración del Código Civil fue atropellada, en secreto, sin transparencia alguna. Todavía es la hora que no se ha publicado la versión final que fue aprobada, en la más mínima votación posible, por el Senado. Hay gran preocupación sobre los derechos de las mujeres, las personas LGBTTIQ+, las parejas de hecho, entre otros grupos. Un Código Civil que no aclara y que confunde es un Código Secreto. Ante tanta confusión y desasosiego, la gobernadora tiene que vetar la medida. Es la única acción responsable posible», aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s denunció la invisibilización de las personas LGBTTIQ+ que no son mencionadas ni una sola vez en el Código Civil. Además, criticó el lenguaje confuso y contradictorio sobre el cambio en el encasillado de sexo del certificado de nacimiento de las personas trans.

También, hay falta de reconocimiento pleno de los derechos de las parejas de hecho y se limita el derecho reproductivo de las mujeres al colocar lenguaje ambiguo y coartante al derecho reconocido al aborto. No hay una prohibicón al discrimen por orientación sexual e identidad de género, así como no se especifica que las personas pueden casarse y adoptar sin importar a quien amen o quienes sean.

«Este Código no tiene pies ni cabeza. Quisieron quedar bien con Dios y con el diablo y lo que lograron fue quedar mal con todo el mundo. Si la gobernadora firma esta medida tan mediocre e irrresponsable, le tocará al pueblo pagar el litigio en los tribunales que serán resultado de la limitación de derechos adquiridos y fundamentales. Gobernadora, haga algo bien por el país: vete esta medida», concluyó Serrano.

«Hoy en el Senado aprobaron un Código Civil que tuvieron que modificar y que quedó lejos del PC1654 originalmente radicado en Cámara porque la presión pública, el trabajo de base y los reclamos de derechos humanos no les permitieron seguir el trámite exprés que querían en julio de 2018. El Senado y la Cámara perdieron mucho más de lo que ganaron. Perdieron fuerza, perdieron legitimidad y perdieron cualquier vestigio de honor que les quedara al día de hoy. Aún así, no nos equivoquemos, este no es un buen Código Civil y debería ser vetado por la Gobernadora Vázquez».

Así reaccionó hoy el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) a la aprobación del PC1654 de Código Civil por parte del Senado de Puerto Rico.

«Nada borrará de la historia de este Código Civil el hecho de que se trabajó de espaldas al pueblo, con una agenda conservadora y negando al país la oportunidad de un diálogo sosegado y plural en el cual se pudiera garantizar un instrumento legal que adelante la justicia y la equidad para toda persona sin importar su clase social, su origen, su sexo, identidad de género u orientación sexual. Esa oportunidad nos la negaron a pesar de que múltiples sectores pidieron tiempo y diálogo. Al final, resulta que la vida de todo el país acaba de cambiar en un hemiciclo cerrado, con el voto de 16 senadores que responden a su propia agenda y no a la de la democracia, 16 senadores que ni siquiera demostraron en sus turnos de debate que entendieran el proyecto que estaban aprobando o que lo leyeron. Eso es una desgracia para Puerto Rico, pero también para ellos. Perdieron de muchísimas maneras. Incluso frente a nuestros grupos», aseveró Amárilis Pagán, portavoz de CABE.

«Más allá de los derechos de las mujeres y las personas LGBTTIQ+ (que nos siguen preocupando) tenemos que ser responsables con el país y reiterar que las objeciones de CABE iban más allá de esos temas. Estamos ante un Código Civil desarticulado, hecho de pedazos copiados y pegados sin análisis jurídico ni social sobre sus consecuencias. Un Código redactado y aprobado en menos de dos años, no en 20 años como quisieron hacer creer al país. Es un Frankenstein jurídico. A eso se suma que ahora va a ser revisado nuevamente por la Cámara de Representantes para que diga si concurre con las enmiendas pero esa es la misma Cámara que ha hecho todo lo posible por evadir las discusiones públicas sobre el proyecto”, aseveró Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.

Los portavoces de CABE recordaron que en el pasado, la gobernadora indicó que no firmaría un Código Civil que elimine o coarte los derechos ya adquiridos. «Le pedimos a la Gobernadora que se tome el tiempo necesario para estudiar el Código Civil que se aprobó y que evalúe desde una perspectiva legal e histórica cómo quedará ella firmando un proyecto como éste», dijo Burgos.

«La única razón por la cual introdujeron enmiendas, a última hora en el pleno del Senado, para supuestamente proteger derechos ya adquiridos es por las luchas de CABE y otros grupos de derechos humanos que hemos insistido en proteger derechos. ¿Son buenas? No lo suficiente. Son cosas pegadas a última hora y que requieren leerse con detenimiento», sentenció Amárilis Pagán, portavoz de CABE.

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) le pidió a la gobernadora Wanda Vázquez que haga públicas las enmiendas sometidas por la Fortaleza al borrador final del Código Civil por ser un proyecto de alto interés público que incide en todas las facetas de nuestra sociedad.

“Ante la pandemia del COVID-19 y la epidemia de violencia homofóbica y transfóbica, este no es el momento de considerar un proyecto de ley tan crucial como lo es el Código Civil. Mucho menos cuando la comunidad LGBTTIQ+ está de luto, bajo acecho y en peligro ante los asesinatos de cinco personas trans en menos de dos meses. Si aún así, el Senado insiste en llevar a votación el PC1654, le pedimos a la gobernadora que haga públicas las enmiendas que ella alega protegerán los derechos adquiridos de las mujeres y la gente LGBTTIQ+”, aseveró Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE.

Los portavoces de CABE exigen que al ser un proyecto de alto interés público, es imperativo que se revelen las últimas enmiendas al proyecto de ley —particularmente las que tienen que ver con el derecho a introducir cambios en el certificado de nacimiento de las personas trans y los derechos de las mujeres. En el pasado, la gobernadora indicó que no firmaría un Código Civil que elimine o coarte los derechos ya adquiridos.

“Nos resulta difícil confiar, ya que en el pasado este mismo gobierno tras derrotar los proyectos —de libertad religiosa y de terapias de conversión— los volvieron a presentar. Nos trataron de coger de lo que no somos —como hacen con los suyos. Es imperativo que se muestren las enmiendas ya para que el pueblo sepa cuál es el proyecto final por el que votará el Senado. Exigimos que ningún derecho adquirido —como el aborto, el matrimonio, la adopción y el cambio de certificado de nacimiento— sea alterado o eliminado de nuestro estado de derecho”, sentenció Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Por último, CABE le solicita al presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y a la gobernadora Wanda Vázquez que presenten el proyecto del Código Civil que será considerado, “pues lo que ha sucedido con este proyecto, hasta este momento, es que no se trata de un Código Civil, lo que tienen es un Código Secreto. El país merece la publicación total y transparente del documento final, sin enmiendas a escondidas que se presenten en el pleno del Senado. Reiteramos que se tiene que detener el proceso de votación en el Senado, ya que nunca es tarde para que se abra el proceso a vistas públicas y que se escuchen todas las voces”, concluyeron los portavoces.

Por Javier Colón | El Nuevo Día

Para el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román Espada, el proceso en la Legislatura para evaluar la propuesta de un nuevo Código Civil fue “accidentado”, pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, insiste en que la ciudadanía tuvo tiempo suficiente para evaluar el proyecto y que hubo ponencias presentadas por escrito.

El Senado divulgó el 28 de febrero la versión más reciente del documento con las enmiendas introducidas por el cuerpo legislativo al proyecto que salió de la Cámara de Representantes. La Fortaleza anunció que tiene la intención de introducir cambios a la medida, pero no son públicos aún.

“Digo esto porque en la Cámara, luego de varios años donde hubo vistas, discusión y colaboración con diferentes entidades y el Colegio participó y se aprobó la medida y se remitiera al senado, la Cámara solicitó que se devolviera y, sin vistas públicas y sin ninguna consideración que no fuera la de las personas que dirigieron el proceso, se introdujeron una serie de enmiendas, muchas de las cuales respondían a sectores conservadores y se aprobaron”, dijo Román Espada a El Nuevo Día.

“No hubo vistas en el Senado, no hubo un proceso de consulta y el Senado enmendó gran parte del trabajo de la Cámara. Entonces, cuando se va a aprobar la gobernadora pide tiempo y lo único que habíamos conocido es que pidió tiempo”, agregó, mientras indicó que prácticamente todo se paralizó desde mediados de marzo a causa de la emergencia de COVID-19.

Román Espada reconoció que no existe certeza alguna sobre el contenido de las enmiendas que se podrían introducir antes de que la medida se lleve a votación y que es necesario que la gobernadora Wanda Vázquez revele los cambios que propone, independientemente de si son acogidas o no en el Senado.

“La Fortaleza no debe firmar ningún proyecto que no sea transparente. La gobernadora ha dicho que implantaría una política pública de transparencia y en esto no ha sido así”, dijo. Para Esther Vicente, profesora universitaria de Derecho y exintegrante de la Comisión de Derechos Civiles, la emergencia provocada por COVID-19, entre otras cosas, imposibilita que personas interesadas en el tema del Código Civil participen adecuadamente de la elaboración de la pieza.

“Hemos tenido muy poco acceso a la información relacionada con el proceso de reforma del Código Civil, que es un instrumento sumamente importante para la sociedad y se debe atemperar a los tiempos. A nivel social ha habido muchísimos cambios y se deben reflejar. No debe ser solo recoger la mirada de un sector conservador que no necesariamente respeta los derechos humanos de todas las personas”, dijo Vicente.

En el caso de la exprocuradora de las Mujeres y también profesora universitaria, María Dolores Fernós, pretender aprobar el Código Civil en el Senado el próximo lunes es un “atropello”.

“Es un atropello que en un momento tan crítico se pretenda aprobar una revisión al Código Civil que altera derechos fundamentales. Es inconcebible que no se hagan públicos los cambios que han anunciado sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos de la comunidad LGBTTIQ+. No es aceptable, para un país democrático, que se pretenda legislar a oscuras del pueblo”, aseveró.

Por su parte, Ricardo González, pasado presidente de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, División del Caribe, insistió en que los cambios introducidos al Código Civil tienen que basarse “en la mejor evidencia social y científica posible del Siglo 21”.

“Nos preocupa grandemente que, en la parte de familia, no se atienden gran parte de las preocupaciones que hemos esbozado. Tenemos preocupación particularmente con la figura del nasciturus, ya que en algunas jurisdicciones se pone la vida del no nacido al nivel de la madre, lo cual representaría un cambio enorme en la jurisprudencia que sostiene que la vida de la madre va primero y se protege su derecho a decidir sobre su propio cuerpo”, dijo.

El portavoz de Puerto Rico para Tod@s, Pedro Julio Serrano, exigió que se revelen las últimas enmiendas al documento, particularmente las que tienen que ver con el derecho a introducir cambios en el certificado de nacimiento de las personas trans.

“Ya en el pasado este gobierno, tras derrotar los proyectos de libertad religiosa y de terapias de conversión, los volvieron a presentar. Nos trataron de coger de lo que no somos como hacen con los suyos. Es imperativo que se muestren las enmiendas desde hoy para que el pueblo sepa cuál es el proyecto final que votará el Senado. Exigimos que ningún derecho adquirido, como el aborto, el matrimonio, la adopción y el cambio de certificado de nacimiento, sea alterado o eliminado de nuestro estado de derecho”.

Por su parte, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que, por lo pronto, conoce de una enmienda adicional a ser introducida el lunes en el hemiciclo, pero dejó la puerta abierta a que sean más.

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) exigió que se publique el borrador final del Código Civil y se detenga su consideración por parte del Senado de Puerto Rico en momentos en que el país enfrenta una epidemia de violencia homofóbica y transfóbica aparte de la pandemia del COVID-19.

«La comunidad LGBTTIQ+, así como el resto del país, está inmersa en un proceso de mucho dolor e indignación por la epidemia de violencia homofóbica y transfóbica tras los asesinatos de cinco personas trans en dos meses. Nos parece un acto de provocación, de insensibilidad y temeridad que el Senado insista en bajar a consideración un Código Civil que afecta y vulnera los derechos de todas las personas en Puerto Rico, sobre todo las mujeres y la gente LGBTTIQ+. Esto cobra mayor relevancia, cuando ni el Senado, ni la Cámara, ni la Gobernadora, ni este Gobierno se han expresado para condenar, ni han actuado para atajar esta violencia que ha asesinado a diez personas LGBTTIQ+ en 15 meses y en momentos donde el País está atendiendo la peor crisis de salud pública de su historia reciente», aseveró Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.

«Como si fuera poco, tenemos reparos al contenido de dicho proyecto de ley por entender que el mismo contiene disposiciones lesivas para los derechos civiles del País y para la estabilidad de nuestro ordenamiento jurídico. El Senado no ha presentado públicamente la versión del Código Civil que se llevará a votación. Eso no es un Código Civil, es un Código Secreto. El país, y sobre todo el Senado, tiene que educarse sobre el tema y evaluar concienzudamente el Código Civil propuesto por la Cámara de Representantes y enmendado por el Senado. De igual forma, hay que sopesar las repercusiones en las vidas de todos los puertorriqueños. Es imperativo que los senadores y senadoras que deberán tomar una decisión sobre el documento tengan una opinión informada y puedan descargar de manera responsable su función legislativa», dijo Amárilis Pagán, portavoz de CABE.

Por último, CABE le solicita al presidente senatorial Thomas Rivera Schatz que, «en aras de atender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, se posponga la votación del PC1654 de Código Civil y se calendaricen vistas públicas en el cuerpo que preside. En este momento de tanta vulnerabilidad, la posición sensata debe ser publicar el documento tal y como será considerado, sin enmiendas a escondidas que se presenten en el pleno del Senado. Además, que nunca es tarde para que se abra el proceso a vistas públicas y que se escuchen todas las voces», concluyeron los portavoces.

Por Alex Figueroa | El Nuevo Día

El caso contra dos hombres por el asesinato de dos mujeres trans en Humacao representa la primera vez que las autoridades federales levantan acusaciones por crimen de odio en Puerto Rico.

Las imputaciones por violar la Ley federal de «Prevención de Crimen de Odio» contra Sean Díaz de León y Juan Pagán Bonilla fueron incluidas en una denuncia sometida al tribunal por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

«Nuestro entendimiento es que esta es la primera vez que las circunstancias, que pudieran levantar violaciones a la Ley de Prevención contra los Crímenes de Odio, se incluyen como parte de las alegaciones en un documento acusatorio en el Distrito de Puerto Rico», indicó la portavoz de la fiscalía federal, Lymarie Llovet, a El Nuevo Día.

Aunque el caso todavía no ha sido llevado ante un gran jurado, las expresiones del jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, plantean que se buscará dicho cargo en el pliego acusatorio formal, para el que tienen 30 días en producir.

“Los crímenes de odio son especialmente reprochables debido a los efectos que tienen sobre las víctimas, sus familias, las comunidades que continuamente sufren el discrimen por razón de su género u orientación sexual, y nuestro pueblo en general», sostuvo Muldrow.

“Es por esto que la fiscalía federal se compromete a utilizar todas las herramientas a su alcance para combatir los delitos motivados por este tipo de intolerancia”, agregó.

Según la denuncia del FBI, basado en la confesión de Pagán Bonilla, ambos imputados asesinaron a Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez el 22 de abril al conocer que eran mujeres transgénero, después de haber socializado con las víctimas en una casa en Las Piedras.

En la confesión se indicó que Díaz de León le disparó a ambas víctimas y luego los cuerpos fueron dejados dentro de un auto que ambos incendiaron debajo de un puente en Humacao.

La denuncia que ahora pesa sobre ambos corresponde a una ley aprobada por el Congreso y firmada en el 2009 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que enmendó la que existía desde 1968.

La enmienda del 2009, cuyo nombre completo es el «Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act», añadió «protecciones contra los crímenes basados en el género, discapacidad, identidad de género u orientación sexual», detalla la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal.

Activistas en Estados Unidos celebraron el estatuto, pues ofrece más herramientas para proteger a la comunidad LGBTTIQ+, aunque la administración del presidente Donald Trump enfrentó críticas por no defender suficientemente sus derechos. Según el diario The New York Times, 70 personas fueron acusadas por distintas motivaciones que cubre esa ley.

Para defensores de los derechos civiles en Puerto Rico, este caso puede abrir la puerta para que se defienda mejor a las personas que son víctimas de crímenes por su orientación sexual o identidad de género.

«Al fin se reconoce lo que siempre hemos dicho: la mayoría de los asesinatos en contra de la gente LGBTTIQ+ son crímenes de odio», expresó el activista Pedro Julio Serrano. «El asesinato es la manifestación más horrenda y violenta del discrimen y el prejuicio en contra de la orientación sexual e identidad de género de las víctimas».

«Todo comienza con un epíteto, una burla, un rechazo y va creciendo esa forma de discriminar hasta llegar al ataque emocional, el acoso, la amenaza, el ataque, las heridas y el asesinato. Este odio tiene que parar ya en Puerto Rico. La gente LGBTTIQ+ somos tan puertorriqueños como los demás, tan seres humanos como los demás, tan dignos como los demás», agregó.

Por su parte, el abogado Osvaldo Burgos señaló «es bueno en el sentido de que se abra un espacio para el procesamiento de casos bajo este estatuto que lleva muchos años». «Es importante que se le dé visibilidad a ese estatuto», agregó.

Esta ley federal fue motivada por el asesinato a golpes de Shepard en la ciudad de Laramie, Wyoming, en 1998. La primera persona convicta por ese delito se trató de un hombre de Mississippi, Joshua Vallum, quien fue sentenciado en el 2017 a 49 años de prisión por el asesinato de una joven transgénero, Mercedes Williamson, de 17 años. Según los cargos, Vallum apuñaló y golpeó a la víctima hasta matarla en el 2015 para intentar que los demás integrantes de la ganga a la que pertenecía no se enteraran de la relación que tenía con Williamson, ya que tenían reglas que prohibían relaciones con «actividades homosexuales».

La enmienda del 2009 también aclaró cómo las autoridades federales asumirían la jurisdicción del caso ante los gobiernos estatales. Una de las instancias plantea que ocurrirá cuando el gobierno estatal lo solicite a Justicia federal. Con relación al caso contra Díaz de León y Pagán Bonilla, que fue esclarecido por la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico no descarta que en algún momento puedan someter algún cargo estatal.

Sin embargo, la jefa de fiscales, Arlene Gardón Rivera, dejó entrever que el caso federal podría limitar la capacidad de un procesamiento estatal sin entrar en una doble exposición.

“La presentación de dichos cargos a nivel federal representa un proceso judicial que conlleva consecuencias sobre la capacidad de procesar a nivel estatal», sostuvo Gardón en declaraciones escritas para El Nuevo Día. Pero indicó que se mantienen atentos al caso federal «y evaluando sobre el curso a tomar de acuerdo a cómo progresen dichos procesos». Aseguró que «no se han tomado determinaciones finales de todo lo que pueda ocurrir en este caso. Lo importante es tomar todas las medidas disponibles para hacerle justicia a Layla Peláez Sánchez y Serena Angelique Velázquez Ramos”.

En la isla no existe una ley estatal que tipifique como delito en sí mismo lo que se conoce como «crimen de odio». Lo que dispone el Código Penal, tras la enmienda del 2012, es un agravante que se añade a otros delitos que surjan de los mismos hechos, tras establecerse que fueron cometidos por «prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género…», entre otras motivaciones.

La primera vez que un jurado aprobó este agravante en un caso fue en el 2016, cuando Francisco Miranda Bermúdez fue sentenciado a 135 años de cárcel por el asesinato del estilista Miguel Rodríguez Fernández en Santa Isabel.

Para Burgos, el caso del doble asesinato en Humacao «pudo haberse juzgado a nivel estatal, pero por los memorandos de entendimiento envían los casos de carjacking a los federales».

«La acusación federal es agridulce, porque aunque ayuda en la protección a las víctimas, trae consigo el lado negativo de que sea un caso elegible para la pena de muerte, la falta del derecho a la fianza y otras protecciones de los acusados contempladas en nuestra constitución», sostuvo Burgos.

El magistrado federal Marshal Morgan activó ayer protocolo para que se asignen abogados expertos en pena de muerte para la defensa de ambos, ya que esa es la condena máxima a la que se exponen por los delitos de carjacking y armas de fuego que resultaron en asesinatos.

Serrano manifestó que «aún cuando agradecemos a las autoridades federales por reconocer estos asesinatos de Layla y Serena como crímenes de odio, reiteramos nuestro rechazo a la pena de muerte».

«La venganza no es sinónimo de justicia. Nuestra Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y nuestro pueblo reafirma esa máxima. Por lo que pedimos que no se intente meter la pena capital por la cocina. Exigimos justicia para Serena y Layla, pero no queremos quitarle la vida a nadie», añadió.

Por otro lado, Burgos señaló que el hecho de que este caso sea el primero federal desde que se estableció el estatuto en el 2009 plantea cuestionamientos sobre la aplicación de la ley por parte de las autoridades.

Recordó que en la isla se denunció los asesinatos de al menos diez personas de la comunidad LGBTTIQ+ en los pasados 15 meses, cinco de los cuales ocurrieron en los pasados cinco meses. De ese total, se esclarecieron tres y uno no fue clasificado como crimen de odio por las autoridades. En la página de Internet del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Puerto Rico figura como una de las 17 jurisdicciones en las que existen leyes contra los crímenes de odio, pero «no se requiere la recopilación de datos sobre crímenes de odio».

Por lo menos hasta el 27 de abril, el «Informe preliminar de asesinatos» de la Policía no incluía el encasillado de «crimen de odio» entre las clasificaciones de los móviles. Desde el 2 de mayo sí figura en el documento y no refleja que en lo que va de este año se haya sometido algún caso por crimen de odio a nivel estatal.

«Si se ven las estadísticas de las autoridades, daría la impresión de que en Puerto Rico no existen crímenes de odio, porque no se procesan… Parecería que en la jurisdicción de Puerto Rico hay cero… Eso es terrible para la adquisición de fondos, porque esas leyes conllevan asignaciones para investigación y adiestramiento, pero si no hay crímenes de odio, no se asignan», dijo Burgos.

Más aún, el licenciado enfatizó en que «todo esto debería ir acompañado de una campaña educativa. Lo punitivo no va a parar los crímenes de odio. Es necesario que se establezca una educación con perspectiva de género para evitar que se sigan reproduciendo los discursos de odio que terminan en estos delitos».

«En el caso de Humacao se dice que las mataron porque se sintieron engañados. Si en una relación alguien se siente engañado, porque no eran lo que esperaban, eso no te puede llevar a matar y carbonizar a una persona. Pero, como hay una narrativa de odio y coraje guardado, donde se piensa que una persona trans no vale nada, en esto es lo que termina… Antes de tener que procesar gente, quisiéramos no tener delitos», afirmó.

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano criticó «el silencio ensordecedor» de la gobernadora Wanda Vázquez ante la epidemia de violencia homofóbica y transfóbica que azota a Puerto Rico tras el anuncio de la creación de un grupo asesor de la gobernadora para reabrir las iglesias cerradas por el COVID-19.

«Da vergüenza que Wanda Vázquez convoque a un grupo para reabrir las iglesias mientras ignora y se mantiene callada ante la epidemia de violencia homofóbica y transfóbica que nos azota. El silencio de Wanda Vázquez ante los asesinatos de diez personas LGBTTIQ+ en 15 meses es ensordecedor. Con estas acciones e inacciones, las personas LGBTTIQ+ en Puerto Rico ya sabemos cuánto valemos para Wanda Vázquez: ¡NADA!», sentenció Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s se refiere a los asesinatos de Kevin Fret, Alexa Negrón Luciano, Serena Angelique Velázquez, Layla Peláez, Emilio Colón, Penélope Díaz, Javier Morales, Carlos Robin Morales, Yampi Méndez y Luis Díaz.

«Mientras Wanda Vázquez ignora esta epidemia de violencia machista y homofóbica, la Legislatura se empeña en aprobar un Código Civil que pretende quitarle derechos a las mujeres y la gente LGBTTIQ+. Este es el colmo de la insolencia. Este gobierno no tan sólo ignora la violencia que nos asesina, sino que le echan leña al fuego para que nos sigan atacando. El pretender quitarnos derechos adquiridos es darle licencia a nuestros atacantes a que continúen violentándonos. Basta ya», dijo Serrano.

Hasta el momento sólo han habido arrestos en el doble homicidio de mujeres trans en Humacao y en el caso de Penélope que fue asesinada en la cárcel de hombres de Bayamón. Por lo que quedan siete asesinatos de personas LGBTTIQ+ por resolver. Peor aún, la Policía no ha ofrecido información sobre las investigaciones acerca de los ataques a personas LGBTTIQ+ en los que las víctimas han sido heridas en el área de descanso del Monumento al Jíbaro el año pasado.

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) exigió hoy a las autoridades federales que no intenten imponer la pena de muerte en el caso por el doble homicidio de mujeres trans en Humacao.

«La venganza no es sinónimo de justicia. Nuestra Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y nuestro pueblo reafirma esa máxima. Por lo que pedimos que no se intente meter la pena capital por la cocina. Exigimos justicia para Serena Velázquez y para Layla Peláez, pero no queremos quitarle la vida a nadie», aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Más aún, Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE, indicó que aunque satisface a CABE que se haya arrestado a los sospechosos, «estos crímenes de odio no ocurren en un vacío. Ocurren en una victimización que se va dando y se dan las quejas, pero no vemos en la Policía de Puerto Rico un aliado y tampoco a las personas que se supone que nos defiendan desde el estado. Detrás de ellos está el discurso homofóbico y fundamentalista de que nuestras comunidades LGBTTIQ+ valen menos, y de que alguna manera somos criminales también”.

CABE se opone a la pena de muerte «en todos los casos, sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena, cruel, inhumana y degradante. La pena de muerte no resuelve nada. Inyectando violencia no vamos a terminar con la criminalidad», dijo Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.

Por último, los portavoces de CABE exigieron que las autoridades estatales y federales esclarezcan los restantes siete casos de personas LGBTTIQ+ que han sido asesinadas en los pasados 15 meses. Los casos sin resolver responden a los asesinatos de Kevin Fret, Alexa Negrón Luciano, Emilio Colón, Javier Morales, Carlos Robin Morales, Yampi Méndez y Luis Díaz. En el caso del asesinato de Penélope Díaz, ya se arrestó a un sospechoso tras asesinarla en la cárcel de hombres de Bayamón.