Por Alfonso Rodríguez | EFE News

La aprobación del nuevo Código Civil de Puerto Rico, sin vistas públicas y a la espera de la firma de la gobernadora, levantó una ola de reacciones, desde quienes lo catalogan de instrumento adaptado a las necesidades sociales hasta los que denuncian una intervención de sus derechos.

La aprobación por el Senado del nuevo Código Civil, con el voto a favor de 16 legisladores y 7 en contra, es este miércoles motivo de controversia.

La polémica alcanzó al colectivo de artistas, promotores el verano de 2019 de las protestas que provocaron la dimisión del entonces gobernador Ricardo Rosselló, que impulsaron en twitter el «hashtag» «DileNoalNuevoCógidoCivil», convertido en «trending topic».

El cantante Bad Bunny recurrió a Twitter para mostrar su oposición al nuevo Código Civil al asegurar que «este Gobierno hay que sacarlo de raíz y para siempre», mientras que la cantante iLe señaló que «en medio de una pandemia, más casos de violencia de género, una investigación por corrupción y politiquerías estúpidas quieren aprobar un nuevo Código Civil para intervenir y manipular nuestros derechos».

Tras más de 20 años de discusión pública, el Senado aprobó el lunes un nuevo Código Civil que deroga el vigente que data del 1930, aprobado antes de la Constitución de 1952.

La medida, que recibió enmiendas en el Senado, pasa a la consideración de la Cámara de Representantes, que ya adelantó su acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara alta.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que el nuevo Código Civil «es totalmente consistente con todos los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos» y no quita derechos a nadie.

Algunos analistas subrayan que mientras la atención sigue enfocada en el COVID-19, la mayoría del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado aprovechó para aprobar el nuevo Código Civil, impulsado por sectores religiosos y repudiado por organizaciones de derechos civiles.

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano señaló a Efe que el nuevo código civil tiene un sesgo religioso y está impulsado por fundamentalistas cristianos. Serrano exigió por ello hoy a la gobernadora, Wanda Vázquez, que vete el proyecto del Código Civil por tratarse de una medida falta de transparencia, confusa y que vulnera los derechos de amplios sectores de la sociedad.

El activista resaltó que hoy, después de la aprobación el pasado lunes, no se ha publicado la versión final del documento. Serrano indicó que hay preocupación, sobre todo, por los derechos de las mujeres, las personas de las comunidades LGBT y las parejas de hecho.

Denunció que se ignora totalmente de las personas de las comunidades LGBT, ya que no son mencionadas ni una sola vez en el Código Civil, además de criticar el lenguaje contradictorio sobre el cambio de sexo en el acta de nacimiento de personas transgénero.

Serrano destacó que la redacción del Código Civil se ha hecho de tal forma que habrá un retroceso respecto al derecho al aborto y el cambio de sexo para el colectivo transgénero.

La portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), Amárilis Pagán, dijo a Efe que el nuevo Código Civil es resultado de un proceso con escasa participación ciudadana y «bastante cerrado».

Pagán sostuvo que el nuevo Código Civil no defiende el derecho al aborto y, sobre todo, se trata de un documento que no se conoce, ya que a pesar de aprobarse hace 2 días no está publicado en ningún lugar.

Indicó que el lenguaje que existía en ese Código Civil minutos antes de la votación hacía que una persona tuviera que ir al tribunal para hacer el trámite de cambio de género en su certificado de nacimiento, a pesar de que ya hay una decisión del Tribunal Federal en Puerto Rico diciendo que es un trámite que se puede hacer en el Registro Demográfico. Pagán sostuvo que interferir en ese trámite violenta derechos constitucionales de las personas transgénero.

El nuevo Código Civil fue aprobado con 60 enmiendas y ahora regresa a la Cámara de Representantes, aunque se espera que su paso sea un trámite una vez que esta ya hizo público su acuerdo con los cambios.

La gobernadora, preguntada sobre el asunto, se limitó a señalar que no tuvo tiempo de examinarlo todavía y que lo hará en su momento «con mucha rigurosidad».