Como si faltara algo más para probar el nivel de intolerancia que vivimos las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros (LGBT), ahora resulta que la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes celebra vistas ejecutivas privadas, fuera del ojo público y del escrutinio de los medios de comunicación, sobre la enmienda constitucional para prohibir no tan sólo el matrimonio, sino cualquier otro derecho para las parejas del mismo sexo y hasta para las personas transgéneros que deseen unirse a otra persona. Y adivina quienes fueron los primeros y hasta ahora únicos deponentes… la Alianza de Juristas Cristianos y la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. Qué ironía no… una alianza de cristianos que interpretan las leyes, aún cuando las leyes no tienen nada que ver con el cristianismo y una coalición que defiende a las familias, excepto a las familias de las personas LGBT, por supuesto. En cuartos oscuros, trasbastidores, de espaldas al pueblo, pretenden llegar a acuerdos con sectores que promueven el odio y la intolerancia en contra de las minorías sexuales. ¡Qué inmoralidad!

Todavía no comprendo cómo es posible que l@s legislador@s no hayan entendido algo tan simple como respetar la Constitución. Con nuestra Carta Magna no se juega. Nunca en nuestra historia se ha enmendado para restringir derechos y mucho menos para discriminar. La única vez que se enmendó fue para bajar la edad para votar a los 18 años. Los intentos por trastocar el número de jueces en el Tribunal Supremo y negar el derecho a la fianza fueron rechazados por el pueblo. Parece mentira que el pueblo tenga más interés en proteger la Constitución que aquell@s elegid@s para protegerla y defenderla. Ahora bien, los derechos nunca se pueden someter al voto popular, pues es una tentación enorme para las mayorías que podrían abusar de las minorías. Es por esta sencilla razón que esta enmienda debe ser derrotada en la Cámara, si l@s representantes toman en serio su mandato constitucional.

El mandato constitucional que tienen l@s legislador@s es instrumentar la igualdad. No es perpetuar la discriminación y la desigualdad a través de medidas nefastas como la Resolución Concurrente del Senado 99. Esta medida negaría cualquier tipo de derechos a las parejas del mismo sexo y a las personas transgéneros que quieran unirse a otra persona. No podrían considerarse las uniones de hecho, ni las residencias compartidas, ni los pactos civiles, ni las uniones compartidas, ni los pactos de solidaridad y convivencia, mucho menos el matrimonio. Nada, absolutamente nada.

Es por ésto, que le exigimos a la presidenta de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara, la representante Liza Fernández, que abra a vistas públicas el proceso de evaluación de esta enmienda discriminatoria. Que escuchen los planteamientos en derecho de abogad@s constitucionalistas, de la Comisión de Derechos Civiles, del Departamento de Justicia y del Colegio de Abogad@s. Que escuchen los reclamos de justicia de los grupos que defienden a las comunidades LGBT. Que dejen a un lado las consideraciones politiqueras, que no sigan actuando a espaldas del pueblo y que legislen conforme a derecho.

Si acatan su mandato constitucional de instrumentar la igualdad, si leen la Constitución, solamente leerla, entenderán que Puerto Rico somos tod@s y que la Constitución es clara: la dignidad de todos los seres humanos es inviolable y tod@s somos iguales ante la ley. Si hacen ésto, este simple ejercicio de responsabilidad y entereza legislativa, rechazarán la enmienda discriminatoria y demostrarán que con los derechos de sus ciudadan@s, con la Constitución, no se juega.