La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se opuso, hoy, al Proyecto del Senado 1526, que propone enmendar la Ley 63-2025 para establecer informes anuales obligatorios de los departamentos de Salud y Justicia sobre la fiscalización de dicha ley, que criminaliza a las familias y profesionales de la salud por ofrecer tratamientos de afirmación de género a menores de 21 años.
“Esta medida aumenta la presión sobre las familias de menores trans y busca intensificar la intimidación contra profesionales de la salud en el ejercicio de sus responsabilidades clínicas y éticas. Esta estructura de fiscalización debe examinarse a la luz de sus posibles consecuencias para la privacidad y la confianza entre pacientes y profesionales”, aseveró Jenniffer Orellana, secretaria de la Federación.
“Este proyecto se propone sin que se hayan estudiado los efectos de la Ley 63 sobre la juventud trans. Esta ley va en contra de las recomendaciones de las principales asociaciones médicas y fue aprobada sin vistas públicas. Asimismo, la práctica médica debe guiarse por la evidencia científica, los estándares profesionales, la evaluación individualizada de cada paciente y las garantías legales aplicables, no por el temor a represalias o a una interpretación punitiva de sus decisiones clínicas”, expresó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.
“Un estudio publicado en 2024 por The Trevor Project encontró que las leyes estatales que restringen los derechos de las personas trans estuvieron asociadas con un aumento de 72% en los intentos de suicidio entre jóvenes trans y no binarios. Es irónico que este mismo gobierno buscaba evitar que ASSMCA publicara los resultados de sus propios estudios sobre la salud mental de la juventud LGBTQ+, cuya situación nos preocupa ante la aprobación de proyectos, como éste, que atentan contra sus derechos”, indicó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
“Puerto Rico necesita un gobierno que responda a las necesidades reales de su gente. Necesitamos acciones concretas contra la corrupción, transparencia en el manejo de los fondos públicos, servicios esenciales de calidad y medidas que alivien la carga económica de las familias. No podemos permitir que la identidad de género de nuestros menores se convierta en una distracción de los problemas estructurales que afectan diariamente al país”, concluyeron los portavoces de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
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