Mañana, en la marcha del odio y la intolerancia, se congregarán fundamentalistas para, según ell@s, «defender la familia y el matrimonio».

Aquí comparto este extracto de mi ponencia en contra de la difunta Resolución 99, que l@s fundamentalistas quieren revivir, pues es aún pertinente:

Al hecho de que la familia está bajo el ataque de las parejas heterosexuales que se divorcian, fornican, adulteran, usan píldoras, condones y otros anticonceptivos, practican sexo oral, recurren al sexo premarital y al extramarital y se niegan a casarse, algunos proponen como remedio que se prohíba que las parejas del mismo sexo puedan casarse.

No basta que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya esté prohibido por estatuto y no basta que no hay ni un solo proyecto de ley presentado para permitir la igualdad en el matrimonio para las parejas del mismo sexo. No basta que el Tribunal Supremo claramente ha demostrado tendencias homofóbicas. No, no basta.

El remedio propuesto para evitar los divorcios rampantes es que las parejas del mismo sexo no puedan casarse. Como si evitar el matrimonio de algunos evitará el divorcio de otros. ¡Qué manera de proteger a la familia! ¡Qué medida tan pertinente e innovadora!

Los fundamentalistas parecen esperar que con la prohibición absoluta del matrimonio a las parejas del mismo sexo, los divorcios heterosexuales se reducirán. Sí, porque absurdamente piensan que la gente no valora la familia y su matrimonio porque hay la posibilidad de que en algún momento en el futuro las parejas del mismo sexo se puedan casar. Y porque falsamente argumentan que mientras haya la posibilidad de que las parejas del mismo sexo tengan el derecho al matrimonio, eso significa que el matrimonio entre heterosexuales no vale nada. ¡Qué argumentos!

Sí, pero para penalizar a los heterosexuales por conductas que violan dogmas religiosos, para eso la Asamblea Legislativa no se presta. Si los propulsores de este discrimen fueran consecuentes consigo mismos y en verdad creyeran que una interpretación bíblica ambigua, estricta y anticuada es suficiente razón para legislar y da pie a negarle el derecho a las parejas del mismo sexo a su igualdad ante la ley, entonces esta Asamblea Legislativa tendría que penalizar el divorcio, la fornicación, el sexo premarital, el sexo oral, el uso de anticonceptivos y otras conductas que violan los dogmas religiosos. Con penas de verdad, no con estatutos que todo el mundo sepa que nadie cumplirá. Queremos ver cuál entre los legisladores va a proponer que los divorciados, cuyos matrimonios no se anularon por la vía religiosa, no van a poder volver a casarse.

Y, de paso, por qué no se aprovecha y se penalizan la gula, la avaricia, la envidia, la mentira, la hipocresía, la profanación y otros pecados. Por qué no damos vuelta atrás y prohibimos el transplante de órganos, las vacunas, la investigación genética para propósitos médicos, la prolongación de la vida y el derecho a determinar la muerte propia, todos los cuales han sido incorporados por esta misma Asamblea Legislativa al ordenamiento jurídico de Puerto Rico, a pesar de la oposición inicial de algunos grupos religiosos. ¿La Asamblea Legislativa tiene la capacidad de interpretar lo que es ético y moral en Puerto Rico o no?

¿Donde está la lista de legisladores que presentarían las leyes que hemos mencionado para fortalecer la familia y la moral puertorriqueña? ¡Hipocresía, eso es lo que parece imperar en nuestro querido Puerto Rico!

También nos preguntamos, ¿dónde están los legisladores que enfrentarán a la Iglesia Católica y solicitarán que se investiguen los abusos sexuales contra los niños en Puerto Rico? ¿O es que como no hay votos por eso, entonces esas violaciones legales y morales no cuentan?

Muchas veces, quienes se oponen a la inclusión y a la erradicación del discrimen no defienden nada, sino que operan por pura demagogia para cubrir con un velo sus prejuicios. Serían, en todo caso, mucho más honestos si afirmaran que simplemente son homofóbicos, que creen y defienden el discrimen contra esta población, y que por lo tanto ello debe reflejarse en nuestro ordenamiento jurídico.

Por último, nos preguntamos, ¿desde cuándo las familias se protegen atacando a sus miembros más vulnerables?

Es una obligación del Estado erradicar todo tipo de discrimen. No perpetuemos esta injusticia impensable, esta desigualdad contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros, olvidándonos convenientemente de la célebre frase de don Eugenio María de Hostos, “siendo iguales los deberes, son iguales los derechos”. Nosotros ya pagamos contribuciones y tenemos todos los deberes, por lo que es injusto, inconstitucional e inmoral que se nos nieguen los mismos derechos iguales.

En una democracia, los legisladores tienen la obligación constitucional de velar por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Eso incluye discutir y aprobar proyectos de ley que hagan valer esa igualdad, así como velar que los derechos civiles y humanos se reconozcan, ya sea para una sola persona o para cuatro millones de personas, sin exclusión alguna. Del mismo modo, nuestra Constitución reconoce la inviolabilidad de la dignidad de cada ser humano. Estas máximas de nuestra Carta Magna no pueden quedarse en mera teoría, se tienen que poner en práctica. Todos significa todos. La inviolabilidad no permite excepción.

Esta Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de crecerse ante los tiempos, de hacer historia y convertirse en custodio de nuestros más altos valores de igualdad y de justicia. Esta Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de demostrar que Puerto Rico no puede ser sólo para algunos, sino que Puerto Rico tiene que ser para todos y todas.