Ponencia ante el Segundo Tribunal del Pueblo…

Ponencia de Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico Para Tod@s y activista de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) ante el Segundo Tribunal del Pueblo

La Constitución de Puerto Rico establece claramente la máxima de nuestro sistema democrático de vida — que la dignidad del ser humano es inviolable. Dignidad que reconoce la igualdad ante la ley de todos los seres humanos. Dignidad que debe garantizar el acceso a la justicia social, ambiental, legal y económica. Dignidad que rechaza el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas; que tiene que incluir también el origen étnico, la edad, la orientación sexual y la identidad de género. Dignidad que tiene que salvaguardarse por el Estado.

De igual forma, la igualdad que la Constitución garantiza a todos los puertorriqueños es una e indivisible. No admite rangos ni excepciones. La Asamblea Legislativa está moral y legalmente obligada a instrumentar los mandatos constitucionales de igualdad.

Sin embargo, la realidad de muchas comunidades en Puerto Rico se aleja de estos conceptos básicos de la igualdad, la dignidad y la libertad humana. Muchas comunidades son excluídas de los procesos gubernamentales, económicos, ambientales, legales y sociales al ser discriminadas por instancias que expresamente la Constitución prohíbe. Este discrimen atenta contra los valores de la sociedad puertorriqueña que son la equidad, la participación ciudadana, la responsabilidad común, la solidaridad compartida, el respeto a la diversidad y a la dignidad, el amor, el acceso a la justicia, la garantía de la libertad.

Con este trasfondo, nos reunimos aquí hoy como parte de un movimiento de ciudadanos de este país que en diversas formas hemos tenido que enfrentar, sin el apoyo gubernamental, el discrimen, elitismo y clasismo, aquél que inclusive es capaz de expropiar a los grupos más vulnerables como los de menos recursos económicos, incluyendo a ancianos, para crear nuevos espacios para los más pudientes. Ciudadanos que le hemos hecho frente al desarrollo desenfrenado que menosprecia la importancia de la conservación de los recursos naturales. Ciudadanos que hemos proclamado con orgullo nuestra identidad a pesar de haber vivido acosados y perseguidos por los prejuicios en contra de nuestras diferencias o particularidades. Ciudadanos que con este Segundo Tribunal del Pueblo reafirmamos nuestro compromiso de continuar los esfuerzos hasta lograr que el gobierno desista de los atropellos continuos a la sociedad civil.

PARA VER MI PONENCIA, COMIENZA EN 1:23:00 Y TERMINA EN 2:14:40:

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Con esto en mente, la discriminación y los ataques a la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros en Puerto Rico son flagrantes violaciones a los derechos humanos y son insostenibles. A modo de introducción, me permito citar a la Dra. Palmira Ríos, quien fue la Presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico cuando se presentó Por la Vía de la Exclusión: Homofobia y ciudadanía en Puerto Rico, el único estudio nacional que se ha hecho sobre la discriminación en contra de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT):

“Cuando la entidad Puerto Rico Para Tod@s solicitó que la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico llevara a cabo una investigación que estudiara las incidencias de manifestaciones homofóbicas en nuestra sociedad, entendimos que estábamos ante un nuevo reto en la defensa de los derechos humanos en el siglo 21. La homofobia en nuestro País está profundamente enraizada y constituye un factor formidable de discriminación, marginalidad y exclusión. De hecho, tal parece que la homofobia persiste como un prejuicio socialmente aceptado. La frecuencia de chistes, epítetos y murales con mensajes de odio evidencian cuánto lo toleramos y, en ocasiones, lo alentamos. El estudio y documentación de prácticas discriminatorias por actores privados y gubernamentales, por razón de orientación sexual e identidad de género, y las intersecciones de éstas con el ejercicio de los derechos fundamentales es crucial para el análisis de la plena vigencia de los derechos humanos en Puerto Rico. Es imposible respetar, proteger, enaltecer nuestros derechos en un contexto de discrimen y exclusión a las personas por motivo de su orientación o identidad de género.

La Carta de Derechos de nuestra Constitución proclamó que la dignidad del ser humano es inviolable, reconociendo así que los derechos fundamentales son para todas las personas, sin reservas. Entendemos que los derechos son universales, interdependientes, indivisibles e interrelacionados. La orientación sexual y la identidad de género son aspectos integrales de la dignidad de las personas. Por ende, toda forma de discrimen, menoscabo o violación por motivo de orientación e identidad de género es inconsistente con la protección de los derechos de todas las personas. La violencia, la estigmatización y la exclusión menoscaban el ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros. Por que sí, ellos y ellas tienen derechos ciudadanos fundamentales y constituye nuestra obligación reclamar su plena realización y justiciabilidad. Ningún ser humano debe estar sometido a vivir en la marginalidad y la exclusión, a ser objeto de abusos que laceren su dignidad y niegen su humanidad. El Gobierno de Puerto Rico, como todos los gobiernos del mundo, está obligado a asegurar la vida, el acceso a los servicios públicos y al disfrute de los derechos humanos de las personas irrespectivamente de su orientación sexual e identidad de género. Todas las agencias públicas tienen la obligación de extender los servicios y protecciones en iguales condiciones. Tiene, además, la obligación especial de proteger a esta comunidad de la violencia de que es víctima.

Por la vía de la exclusión: Homofobia y ciudadanía en Puerto Rico constituye una contribución importante a la literatura de derechos humanos. Esta investigación ofrece evidencia contundente de la existencia de valores y comportamientos homofóbicos, que esos prejuicios conforman ambientes discriminatorios, que las entidades públicas llamadas a proteger los derechos de la ciudadania condicionan y en ocasiones niegan sus servicios a personas por razón de su orientación sexual e identidad de género y que muchas personas en la comunidad GLBTT viven en condiciones de violencia que atentan contra su dignidad y su vida misma. Por la vía de la exclusión nos ofrece, además, un mapa para combatir este cáncer que es la homofobia. La comunidad GLBTT y el Pueblo de Puerto Rico pueden estar confiados en que esta Comisión trabajará diligentemente en la realización de las recomendaciones de esta investigación y tomará todas las acciones necesarias para erradicar todas las vías de la exclusión por orientación sexual e identidad de género.”

Según indica la Dra. Ríos y tal como demonstraré con los resultados de este estudio y otros datos que compartiré, el estado de situación legal y social de las comunidades LGBT en Puerto Rico es uno de desigualdad y discriminación. Particularmente, esta administración de gobierno y las pasadas han atropellado consistentemente los derechos y la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Nosotros exigimos y merecemos igualdad y justicia, pero el gobierno sólo otorga desigualdad y discriminación.

Para tener un cuadro más claro, veamos algunos datos desgarradores del estudio de la Comisión de Derechos Civiles que auscultó las posibles instancias de discrimen por orientación sexual e identidad de género en las agencias gubernamentales.

Entre los hallazgos se encontró que el 64% de las personas participantes de las comunidades LGBT informó que había sido insultado verbalmente por su orientación sexual o identidad de género alguna vez en su vida en alguna agencia de gobierno o por algún empleado público en funciones oficiales.

Además, el 43% informó que había tenido alguna experiencia de prejuicio en alguna agencia de gobierno. El 32% dijo que en algún momento ha sentido temor por su vida en un lugar público. El 11% señaló que en algún momento en una agencia se le negó un servicio y el 43% dijo que fue rechazado cuando acudió a alguna agencia. El 30% de los participantes dijo que fue rechazado por la Policía, el 9% en los tribunales y el 8% en dependencias del Departamento de la Familia. Un 11% indicó, por otro lado, que fue discriminado en los departamentos de Educación, del Trabajo y de Salud.

Respecto a los empleados públicos entrevistados, el estudio revela que la mayoría tiene una visión estereotipada de la comunidad LGBT, como que son “promiscuos e irresponsables”. La mayoría de los funcionarios reconoce que a las personas LGBT se les deben proteger sus derechos, pero lo condicionan a que “se comporten” y “no me hagan un avance”, entre otros comentarios. Pocos empleados dijeron que en su agencia había una política clara contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género.

Como podía esperarse, las personas transexuales y transgéneros resultaron ser la población más marginada y estigmatizada entre los miembros de las comunidades LGBT, según empleados entrevistados. Las agencias entrevistadas fueron el Departamento de Familia, Policía y Departamento de Justicia. Para el estudio participaron casi un millar de personas de las comunidades LGBT.

Si a estas desgarradoras cifras, le añadimos que se estima que uno de cada tres jóvenes que se suicidan — en Estados Unidos y Puerto Rico — son personas LGBT y que se estima que entre el 20 y el 40 porciento de las personas que viven sin hogar son de las comunidades LGBT, tenemos un cuadro devastador.

Veamos, ahora, algunos ejemplos de las injusticias de nuestro sistema de justicia. En el 2003, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió no extender la protección de la Ley 54 de violencia doméstica a las parejas del mismo sexo en el caso Pueblo v. Leandro Ruiz Martínez. Esto luego de que la entonces Secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, decidiera extender esa protección al estudiar la intención legislativa, que claramente indicaba que esa protección se le daría a personas en relaciones de pareja, sin exclusión alguna.

De hecho, como mal augurio, desde la Judicatura tanto Rodríguez y Mildred Pabón Charneco, ambas ahora juezas asociadas del Tribunal Supremo, han escrito opiniones en contra de la igualdad de derechos para las personas LGBT. Pabón Charneco fue la opinión disidente cuando el Tribunal de Apelaciones decidió extender la aplicación de la Ley 54 a parejas del mismo sexo que luego fue revocada por el Supremo. Rodríguez fue la autora de la infame decisión en el caso de la mujer transexual Alexandra Delgado negándole la dignidad de atemperar el encasillado de sexo de su certificado de nacimiento con su nueva realidad de ser una mujer.

Otra mala señal de que la justicia no es para todos en Puerto Rico — aún cuando hemos visto casos criminales con clara evidencia de que han sido motivados por prejuicio en contra de la orientación sexual o la identidad de género y de que tenemos una Ley de Crímenes de Odio desde el 2002 — es el hecho de que sólo se ha tipificado un solo caso como crimen de odio: el de la pareja Ramón Santana y Evelier Rivera, quienes han sufrido insultos homofóbicos y actos de intimidación por parte de su vecino Alfredo Salgado Malpica. Su caso aún está en los tribunales para su determinación final.

Si a esto le sumamos que el sospechoso de propinar una brutal golpiza transfóbica a Francheska González fue puesto en libertad bajo fianza, aún cuando no cualificaba para la misma por portar arma cuando cometió el delito, tenemos un serio problema. Pero cuando nos enteramos de la nefasta decisión de dar sentencias suspendidas a los seis culpables de propinar una paliza homofóbica a Hiram Ortiz Santana, se reitera nuestra denuncia de que hay homofobia institucionalizada que restringe la igual protección de las leyes a las personas LGBT.

La sentencia recomendada para el cabecilla del grupo en el ataque a Ortiz Santana, Francisco Joel Lebrón Sosa, fue de ocho años en probatoria, concurrente con un año en una escuela para el manejo de ira. Por otra parte, Julio Castro Febus y Giovanny González Burgos pasarían cinco años en libertad condicionada. Los tres deberán rendir tres meses de servicio comunitario. El cuarto acusado, Joseph Moreno Quiñones, tendrá que ser evaluado por el psiquiatra del Estado para determinar si es procesable, ya que tiene cierto grado de retardación. Esperemos que el servicio comunitario que tengan que brindar sea el de educarse para dar charlas en contra de la homofobia y sobre cómo respetar la diversidad sexual y de género.

Si a esto se le suma que varios oficiales de la Policía han demostrado total desconocimiento del alcance de la ley de crímenes de odio, pues tenemos un grave problema. Y ya que estamos en eso, definamos lo que es un crimen de odio: un crimen que es motivado por prejuicio en contra de la víctima por alguna característica de su identidad: en este caso la orientación sexual o identidad de género.

Para complicar el panorama, en las vistas de confirmación en el Senado del actual secretario de Justicia, Guillermo Somoza, indicó que en Puerto Rico no existe discrimen por orientación sexual. Meses después, la senadora Melinda Romero hizo expresiones similares y el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz adujo que no había que prohibir el discrimen por orientación sexual porque eso obligaba a la gente a divulgar su orientación sexual, dejando sin protección a miles de puertorriqueños.

Para poner las cosas en contexto, recordemos que en el 2003, nuestras comunidades LGBT dieron una de sus mayores batallas, pero también obtuvieron uno de sus mayores logros. La Legislatura puertorriqueña decidió revisar el Código Penal, incluyendo en su borrador el infame Artículo 103 de sodomía, que ilegalizaba toda relación que no fuera pene-vagina y que tenía como objetivo el criminalizar a las personas LGBT. O sea, que hasta ese entonces, las personas LGBT éramos ciudadanos de tercera categoría, éramos criminales ante el Estado.

A las pocas semanas, el Senado puertorriqueño votó para derogar el Artículo 103, justo antes de que el Tribunal Supremo estadounidense derogara todas las leyes de sodomía de los estados y los territorios.

Veamos, pues, dónde nos encontramos ahora, cuál es nuestro estado de situación legal ante la Legislatura. En este momento, la revisión para atemperar el Código Civil al Siglo 21 se ve en peligro tras la homofobia exhibida por la copresidenta de su comisión revisora, la senadora Itzamar Peña, quien indicó que la vida y las necesidades de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros son “cosas extrañas y ajenas a nuestra idiosincrasia”.

Permítale señalarle, senadora Peña, que sus expresiones inmorales y desacertadas son las cosas extrañas y ajenas a nuestra idiosincrasia. La realidad es que la Legislatura tiene que revisar el Código Civil para que acoja a todos los puertorriqueños — irrespectivamente de su orientación sexual o identidad de género — por encima de opiniones sin fundamentos como la de ella.

Aprobar un Código Civil que no otorgue la igualdad de derechos a las personas LGBT sería un ejercicio fútil y una burla a los principios de igualdad y de justicia básicos en una democracia. Tenemos que recordar que amplios sectores —profesionales de la salud, abogados constitucionalistas, líderes religiosos, defensores de los derechos civiles, miembros de todos los partidos y del mismo gobierno — se expresaron en favor de la igualdad de derechos para todas las parejas, así como en favor del cambio de sexo en el certificado de nacimiento para las personas transexuales.

De hecho, aunque apoyamos la propuesta de reconocer las uniones de hecho como un paso de avance, exigimos lo que nos corresponde: la igualdad en el derecho al matrimonio legal para las parejas del mismo sexo. Y aunque apoyamos la justicia parcial, contenida en el borrador del Código Civil, de permitir el cambio en el encasillado de sexo en el certificado de nacimiento a las personas que viven con un género que no está tradicionalmente asociado con el sexo asignado al nacer, igualmente pedimos que se haga justicia plena, que se enmiende esta disposición para que no tenga que ser certificada únicamente por médicos que confirmen la realización de una operación de reasignación de sexo.

Bajo las protecciones que conceden la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y a la no discriminación, la igual protección de las leyes, la inviolabilidad de la dignidad y el derecho amplio a la libertad, este cambio tiene que permitírsele a toda persona que decida vivir su vida de acuerdo con su identidad de género, sin que se le exija pasar obligatoriamente por un peligroso, doloroso y costoso proceso de reasignación quirúrgica. Afirmar que la falta de este requisito quirúrgico podría causar cambios caprichosos de los datos registrales es ignorar el sufrimiento y el esfuerzo que lleva consigo el conseguir que el sexo vivido se corresponda con el oficial.

Si a esto le añadimos que en Puerto Rico se puede despedir a una persona por su orientación sexual e identidad de género, pues nuestro Tribunal Supremo decidió que la Ley 100 que regula el empleo no cobija a las personas LGBT y no existe legislación tampoco para prhibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Para corregir esa injusticia, amplios sectores hemos exigido que el Proyecto de la Cámara 1725, que fue aprobado por la Cámara de Representantes y que pretende prohibir el discrimen por orientación sexual, sea enmendado para incluir en igualdad de condiciones la identidad de género y que no contenga excepción religiosa alguna — pues quiere decir que el trabajo está incompleto.

Luego de inicialmente excluir a las personas transgéneros y transexuales de protección contra el discrimen y luego de mucha presión de base comunitaria, el Proyecto de la Cámara 1725, que fue aprobado con una gran mayoría de los representantes, fue incluída la identidad de género como parte de la definición de la orientación sexual y no como una clase protegida aparte, como ya se ha reconocido por varias leyes y órdenes en Puerto Rico. Como si fuera poco, se incluyó una excepción religiosa, aún cuando la constitucional separación de Iglesia y Estado es suficiente garantía para que el Estado no se inmiscuya en los asuntos de la Iglesia y viceversa. Seamos claros: la prohibición al discrimen tiene que ser total, absoluta, sin excepciones ni exclusiones. La igualdad que promete la Constitución es clara: es para todos los puertorriqueños, y ese proyecto se queda corto.

Lamentablemente, este proyecto de ley va abocado al fracaso, pues el presidente senatorial, quien ha llamado a las personas LGBT “criminales, enfermos mentales y torcidos”, ha dicho que no lo aprobará, aún cuando es un compromiso programático del Partido Nuevo Progresista, pues según él ese proyecto no es necesario, como expresé anteriormente.

Por otro lado, ante la epidemia de asesinatos y ataques en contra de las personas LGBT, debemos además velar porque la Policía y el Departamento de Justicia cumplan con la ley de crímenes de odio e investiguen los crímenes motivados por prejuicio en contra de la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. En el último año y medio han habido 15 asesinatos de personas de nuestras comunidades LGBT y casi una decena de ataques en los cuales las víctimas afortunadamente aún están vivas. Lo triste es que estos son los casos que se reportan, pues sabemos que muchos no se informan a las autoridades, ni a la prensa. Denunciamos, con la mayor fuerza, que la respuesta del gobierno ha sido un silencio cómplice y bochornoso por parte del gobernador Luis Fortuño y una homofobia descarada del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

Es por eso, que no podemos olvidar a las víctimas que ya no están con nosotros: Michaell Galindo, Jorge Steven López Mercado, Ashley Santiago, Angie González Oquendo, Fernando López de Victoria, Humberto Bonilla Rodríguez, Michelle González García, La Flaca Soto Fernández, Benjamín Acevedo Román, Charlotte Crespo, Frank Di Giovani, Ivan McDonald, Edwin Rodríguez Grajales, Ezequiel Crespo y Eugenio Alberto Rivera Ortiz.

Esto no puede seguir pasando en nuestro Puerto Rico. Nosotros somos tan puertorriqueños como lo son las personas heterosexuales. Nuestras vidas tienen que estar igualmente garantizadas y nuestro derecho a vivir en paz y libertad tiene que estar protegido por nuestro pueblo.

Nota del autor: El momento más impactante de mi ponencia en el 2do Tribunal del Pueblo fue cuando los participantes fueron poniéndose de pie – espontáneamente – mientras leía los nombres de las 15 víctimas LGBT asesinadas en este último año y medio. Sentí que en ese momento, el pueblo congregado allí hizo suyo el dolor y la denuncia de que esto no puede seguir sucediendo en nuestro País…

Es preciso hacer valer una ley que existe desde el 2002 en contra de los crímenes de odio. Como destaqué anteriormente, desde esa fecha, sólo un caso se ha presentado en nuestras cortes con el agravante de crimen de odio. De hecho, tenemos que exigirle a la Legislatura que no enmiende el nuevo Código Penal, que fue aprobado en el 2004, pues tiene un enfásis rehabilitativo y no punitivo como presenta el propuesto por esta administración. No tan sólo por eso no debe ser aprobado, sino porque deja afuera la tipificación como delito los crímenes motivados por prejuicio, los crímenes de odio. Que dicho sea de paso, el presidente de la comisión revisora del Código Penal, José Emilio González, dijo que no hay necesidad de tipificar dichos delitos porque “jurídicamente es difícil clasificarlos”, pues según él, “qué diferencia hará el que lo mató por ser homosexual”.

Este gobierno también tiene que poner en vigor la orden ejecutiva — aún vigente — para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo público — que otorgó el beneficio del plan médico a las parejas del mismo sexo de los servidores públicos.

Urge que nuestra Legislatura enmiende la recién aprobada ley de adopción de modo que no discrimine contra las parejas del mismo sexo o heterosexuales que conviven sin casarse, o en contra de las personas solteras, incluyendo a las personas LGBT. Además, ante la falta de protección contra la violencia doméstica, se tiene que enmendar la Ley 54 para que proteja a las parejas del mismo sexo.

No podemos olvidar la infame Resolución 99, que luego se revivió como la 107 — enmiendas constitucionales que pretendían ilegalizar toda relación que no fuera el matrimonio heterosexual, metiendo a la discriminación en nuestra Constitución. Esas infames resoluciones se presentaron con la justificación de que la familia está bajo ataque. Ese es el falaz argumento que se ofreció para intentar enmendar la Constitución para prohibir que futuras generaciones puedan reconocer a las parejas del mismo sexo el derecho al matrimonio. Este tipo de enmienda anti-constitucional no pueden volver a ser presentadas en nuestra Legislatura. Va en contra de la igualdad que promete la Constitución y va en contra de lo que somos como pueblo.

Como si esto fuera poco, la discriminación social que es fomentada y alimentada cada vez que un líder mediático, religioso o político habla con lenguaje de menosprecio a la gente LGBT, motiva a personas perturbadas que se ven compelidas a actuar sobre su prejuicio para cometer actos violentos contra las comunidades LGBT. Que tengan en cuenta que sus palabras tienen un efecto de permisividad a personas para actuar conforme a sus prejuicios contra la orientación sexual o identidad de género de seres humanos. Basta ya de tanta retórica de odio e intolerancia que motiva a la violencia.

Aún con todo esto, la realidad es que el discrimen por orientación sexual e identidad de género es ajeno a nuestra idiosincrasia como pueblo; va en contra de nuestros valores de respeto, amor y solidaridad; y es una de las formas más espantosas de deshumanización y menosprecio a la dignidad humana. El reclamo es urgente: es hora de acabar con la homofobia y la transfobia en nuestro País.

Con este panorama de discriminación y desigualdad, me pregunto, a modo de hipótesis, qué tal si fuera al revés. Qué tal si la mayoría fuéramos personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Qué tal si el matrimonio sólo fuera legal para las parejas del mismo sexo. Qué tal si no permitiéramos a las personas cambiar el apellido en el certificado de nacimiento para atemperarlo a su nueva realidad. Qué tal si permitiéramos la discriminación contra las personas heterosexuales. Una mayoría dentro de una democracia no puede imponerle a la minoría sus creencias. De hecho, para eso está la democracia, para garantizar los derechos iguales a cada uno de sus ciudadanos, ya sea una sola persona o cuatro millones de personas.

Si fuera por lo que dice la mayoría, el matrimonio reservado para la familia de padre y madre con hijos no tendría derechos, ni protecciones. Si fuera por lo que dice la mayoría, el matrimonio interracial no se hubiese reconocido y las mujeres continuarían siendo propiedad de sus maridos. Si fuera por lo que dice la mayoría, la Legislatura hubiese favorecido la unicameralidad.

Si fuera por lo que dice la mayoría, todavía las mujeres vivirían sin derechos, el divorcio estaría prohibido y los negros aún serían esclavos. Lo que en un momento era ley porque lo dictaba la mayoría, tuvo que inevitablemente convertirse en el reconocimiento de los derechos de todos, la igualdad ante la ley. Y eso es lo que debe suceder también, ahora, con la revisión del Código Civil y con todas las leyes que discriminan en contra de las personas LGBT.

Los funcionarios públicos tienen que cumplir con su obligación constitucional de instrumentar la igualdad, pues cuando juramentaron su posición fue con la mano en la Biblia, jurando defender la Constitución. No fue con la mano en la Constitución, jurando defender la Biblia. Esos derechos inalienables, constitucionales, morales tienen se tienen que reconocer a todos los puertorriqueños.

Y de hecho, pregunto a aquellos que se oponen a la igualdad de las personas LGBT: ¿Cómo se afectarán entonces los derechos de los heterosexuales con la concesión de un marco de igualdad a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros? La obvia respuesta a esta interrogante es que no habrá cambio alguno que no sea positivo. Todo lo contrario, conduciría a una sociedad más democrática e inclusiva.

El reconocimiento de derechos a las personas LGBT no significa retrocesos ni violación de los derechos de la mayoría heterosexual. Lo que sí significa es que Puerto Rico es una sociedad madura que está dispuesta a aceptar la pluralidad que siempre la ha caracterizado. Una sociedad que no permite que los prejuicios sirvan de base para la discriminación sin fundamentos. Una sociedad tan de avanzada como otros países en el mundo.

La igualdad es un imperativo moral, pues quiénes somos y a quiénes amamos no pueden estar sujetos al debate político, no deben estar a la merced de los votantes y no pueden estar en juicio. No puede haber compromisos ni componendas con nuestros derechos humanos y civiles. A aquellos que pretenden que esperemos, que lo tomemos poco a poco, que nos conformemos con migajas, les digo que no hay tal cosa como ser “un poco” igual. El no podernos casarnos con quien amamos, el que tengamos que regresar al clóset para ser aceptados en un hogar de ancianos, el que tengamos que quedarnos en la calle cuando una de nuestras parejas muere y no tenemos protecciones legales. Eso no es ser igual.

Esta no tan sólo es una cuestión política, esto es una cuestión de dignidad. Y la dignidad no se negocia — bajo ninguna circunstancia. La igualdad, la justicia, la libertad no son promesas nada más, tienen que ser garantías. Y como se reconocieron los derechos a muchos otros grupos marginados, es hora de hacer justicia a las personas LGBT, para que gocemos de una ciudadanía plena y absoluta — la que merecemos.

Confío en que algún día escucharé a algún o alguna gobernante de nuestro Puerto Rico pronunciar palabras similares a las que expresó el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se legisló la igualdad en el matrimonio para las parejas del mismo sexo en su país: “Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad. Es verdad que son tan sólo una minoría; pero su triunfo es el triunfo de todos. También aunque aún lo ignoren, es el triunfo de quienes se oponen a esta ley, porque es el triunfo de la libertad. Su victoria nos hace mejores a todos, hace mejor a nuestra sociedad”.

Hoy, las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros — enviamos un mensaje con una sola voz a nuestro pueblo: Nosotros somos víctimas del prejuicio, pero no nos comportamos como víctimas. Nos comportamos como seres humanos que exigimos igualdad, que exigimos respeto pues tenemos dignidad. Es hora de que se reconozcan nuestros derechos, se afirme nuestra identidad y se restituya nuestra libertad.

Y con esto, presento mis argumentos a favor de las personas LGBT ante este Segundo Tribunal del Pueblo. Lo presento confiando plenamente en la sabiduría de este tribunal y de nuestro pueblo. Un pueblo que ha demostrado, una y otra vez, que ama, acepta e incluye a sus hermanos y hermanas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Lo vimos en Toa Alta, con el amor incondicional de los padres y la familia de Jorge Steven López Mercado. Lo vimos en el caso de Francheska con el amor incondicional de sus padres también. Lo vimos en el caso de la madre de un estudiante de séptimo grado que defendió a su hijo y logró que se llevara a los tribunales a la maestra que humilló a su hijo con un papel que le pegó otro estudiante con insultos homofóbicos. Lo vemos en el apoyo masivo que este pueblo le ha dado al astro boricua Ricky Martin luego de salir del clóset. Lo vemos y lo sentimos en las miles de historias de amor y aceptación incondicional que se dan en nuestra patria. Y lo vemos en este pueblo que se congrega para hacer justicia a las personas LGBT cuando las demás instituciones nos han fallado.

Y concluyo con esperanzas porque este es un pueblo noble, valiente, inclusivo, amoroso y solidario.

A fin de cuentas, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros somos tan humanos como lo son ustedes. Somos tan dignos como lo son ustedes. Somos tan ciudadanos como lo son ustedes. Somos tan iguales como lo son ustedes. Somos tan puertorriqueños como lo son ustedes.

Vivimos y luchamos con la esperanza de alcanzar nuestra libertad, pues es un hecho inevitable que al final del camino, Puerto Rico será para todos y todas.

La igualdad es un hecho inevitable.

One thought on “Ponencia ante el Segundo Tribunal del Pueblo…

  1. Excelente. Tuve el honor y el privilegio de escuchar tan precisa y contundentes palabras, Felcito a este fiel defensor y gran luchador….Son tantas tus huellas q se necesitaran muchos siglos para borrarlas. te admiro por siempre. Gracias por todo lo que haces por mi …. por Puerto Rico y el Mundo. Te quiero mucho.

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