Al darse a conocer la noticia de que fue arrestado Jorge Aguilera Enchautegui, acusado de asesinar al profesor Leonardo Gamallo, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano volvió a exigir a las autoridades locales y federales a investigar este caso como un crimen de odio. Serrano recordó que el 29 de junio del 2007 urgió públicamente a la Policía y al Departamento de Justicia a investigar este asesinato, ocurrido el 13 de junio de 2007, como un crimen de odio. «En aquel entonces, las señales eran claras, pues el odio y la maldad con las que se cometió el crimen apuntaban a la posibilidad de que se tratara de otro crimen de odio. Con la nueva información que surge hoy del arresto de Aguilera, exigimos que no se descarte el ángulo de odio en este caso. Es hora de que las autoridades tomen en serio nuestro llamado a investigar estos asesinatos como lo que son: crímenes de odio», aseveró Serrano.

«De hecho, en aquel entonces, denunciamos la homofobia del capitán Manuel Portalatín quien expresó y citamos: ‘esta persona era homosexual y tenía una vida bastante promiscua, salía con diferentes personas’. Con estas expresiones antiéticas e irresponsables, el capitán Portalatín pretendió echarle la culpa de su muerte a la víctima, parecido al falaz argumento de que la mujer se buscó ser violada por llevar falda corta. Las acciones prejuiciadas de la Policía y la complicidad del silencio del gobierno hacen urgentemente necesario que se implanten políticas de no discriminación por orientación sexual, género e identidad de género en las agencias gubernamentales. Hasta que no se reconozca la homofobia como un discrimen prohibido en Puerto Rico, continuarán los actos y expresiones homofóbicas de aquellos encargados de velar por el orden y la seguridad de todos los puertorriqueños», sentenció Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que desde el 2002 existe en Puerto Rico una ley para procesar aquellos crímenes que se cometan por prejuicio a la orientación sexual o identidad de género de la víctima como crímenes de odio. Al radicar el informe sobre el crimen, la Policía tiene que señalar la sospecha o certeza de que el crimen se haya cometido por prejuicio y la Fiscalía tiene que investigar el asunto para radicar cargos conforme a los hallazgos, si es cierto que fue cometido por prejuicio, se tendría que radicar como un crimen de odio.

«Le exigimos al Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, y al Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, a que cumplan con la ley y establezcan mecanismos para que estos actos sean investigados como posibles crímenes de odio. En Puerto Rico existen no una sino dos leyes que reconocen y castigan los crímenes cometidos por prejuicio hacia y contra la víctima: la Ley 46 del 2002 y el Código Penal de 2004 en su artículo 72. A pesar de que se estableció como política pública el no tolerar crímenes por odio, lo cierto es que a la fecha de hoy tanto la Policía de Puerto Rico como el Departamento de Justicia se niegan a clasificar estos delitos como crímenes de odio para evitar realizar una investigación a fondo y así despacharlo como una víctima más», concluyó Serrano.