El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano volvió a exigir a las autoridades a investigar el asesinato de Michell Galindo Rullier como un crimen de odio. Serrano recordó que el 29 de octubre del año pasado urgió públicamente a la Policía y al Departamento de Justicia a investigar este asesinato como un crimen de odio. «En aquel entonces, las señales eran claras, pues el odio y la maldad con las que se cometió el crimen, así como la información de donde había sido visto por última vez la víctima apuntaban a la posibilidad de que se tratara de otro crimen de odio. Con la nueva información que surge hoy de la posible vinculación con el asesino confeso del joven gay Jorge Steven López Mercado, quien también fue asesinado en un crimen de odio por homofobia, exigimos una investigación exhaustiva y rápida para dar con el asesino de Galindo. Ojalá que no estemos ante otro asesino en serie, como lo fue el Angel de los Solteros en la década de los 80 y que asesinó a más de 27 hombres gays. Es hora de que las autoridades tomen en serio nuestro llamado a investigar estos asesinatos como lo que son: crímenes de odio», aseveró Serrano.

«De hecho, si se prueba que Juan Martínez Matos, asesino confeso de López Mercado, fue el que mató a Galindo, ésta sería la prueba más contundente de que se tratan de crímenes de odio, pues claramente escogió sus víctimas por su orientación sexual. Recordemos que Martínez Matos ha dicho públicamente que quiere que el pueblo sepa que él no es gay, por lo que su odio en contra de una posible orientación homosexual podría ser el motivo de sus asesinatos. Queriendo matar su homosexualidad latente, asesinó a aquellos que vivían abiertamente su orientación sexual», sentenció Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que desde el 2002 existe en Puerto Rico una ley para procesar aquellos crímenes que se cometan por prejuicio a la orientación sexual o identidad de género de la víctima como crímenes de odio. Al radicar el informe sobre el crimen, la Policía tiene que señalar la sospecha o certeza de que el crimen se haya cometido por prejuicio y la Fiscalía tiene que investigar el asunto para radicar cargos conforme a los hallazgos, si es cierto que fue cometido por prejuicio, se tendría que radicar como un crimen de odio.

«Le exigimos al Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, y al Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, a que cumplan con la ley y establezcan mecanismos para que estos actos sean investigados como posibles crímenes de odio. En Puerto Rico existen no una sino dos leyes que reconocen y castigan los crímenes cometidos por prejuicio hacia y contra la víctima: la Ley 46 del 2002 y el Código Penal de 2004 en su artículo 72. A pesar de que se estableció como política pública el no tolerar crímenes por odio, lo cierto es que a la fecha de hoy tanto la Policía de Puerto Rico como el Departamento de Justicia se niegan a clasificar estos delitos como crímenes de odio para evitar realizar una investigación a fondo y así despacharlo como una víctima más», concluyó Serrano.