Independientemente del sentir que un@ pueda tener acerca del veredicto de no culpabilidad en el caso de Aníbal Acevedo Vilá, se hizo justicia. Se hizo justicia porque la fiscalía federal tuvo la oportunidad de presentar la prueba, la defensa de refutarla y el jurado de adjudicarla. Como independentista, no creo en la intromisión del tribunal federal en nuestro País, pero es nuestro estado de derecho actual y tenemos que respetarlo hasta que las cosas cambien y acabemos con la colonia.

Ahora bien, en términos de la lucha por los derechos de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT), tengo que reiterar lo que he dicho en el pasado. Aunque tímido, ningún gobernador de Puerto Rico — ninguna administración — ha hecho más por nuestros derechos que la de Aníbal Acevedo Vilá.

Su legado abarca desde la creación de un grupo de trabajo para atender las violaciones de derechos civiles de las comunidades LGBT hasta la posición en contra de la infame Resolución 99. Desde la unanimidad de sus jefes de agencia en las ponencias a favor de los cambios al Código Civil hasta la orden ejecutiva para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo público. Desde la extensión del plan médico a las parejas del mismo sexo y heterosexuales que conviven sin casarse de los emplead@s públic@s hasta ser el único gobernador en reunirse con miembros de las comunidades LGBT e invitarn@s al tradicional saludo protocolar.

Aún con el progreso que este historial representó, lamentablemente fue empañado por una persona — que se autodenomina activista dentro de nuestras comunidades LGBT con algún acceso a los medios de comunicación — que en las pasadas elecciones confundió a nuestra gente al hacer un llamado a votar por el ahora gobernador Luis Fortuño.

Sí, hizo un llamado a apoyar precisamente al único candidato que endosó la Resolución 99, que no ha hecho un compromiso con los cambios al Código Civil, que se ha aliado a los sectores fundamentalistas creando una oficina de fe violentando la separación de Iglesia y Estado, que absurdamente promete un proyecto para supuestamente prohibir la discriminación por orientación sexual pero que permite que las compañías sean excluídas si entienden que va en contra de sus principios.

Y si bien es cierto que era casi inevitable el resultado de las elecciones por razones ajenas a ésta y que este endoso de una sola persona no cambió el curso de las cosas; no es menos cierto que una verdadera activista no pone en riesgo la salud, la seguridad y el bienestar de las comunidades LGBT, las cuales se jacta de representar.

Desgraciadamente, en poco más de tres meses, ya hemos visto las consecuencias de su nefasto endoso: Tres nuevos jueces al Tribunal Supremo que han actuado y opinan en contra de los derechos iguales para las comunidades LGBT, una oficina de fe que claramente está bloqueando el avance de los derechos civiles, el tranque en la confirmación de la Procuradora de las Mujeres por su defensa de todas las mujeres irrespectivamente de su orientación sexual o identidad de género, y como si fuera poco, un presidente senatorial que asegura que no habrá derechos iguales para nuestras comunidades LGBT y que nos cataloga de “torcid@s”. Allá ella con su conciencia.

Pero hubo gente responsable — líderes valientes que nos enfrentamos a los poderosos intereses que ataban a una sola persona que trató de dividir y confundir — y advertimos la amenaza que se cernía sobre nosotr@s, pero sobre todo aclaramos: ella no nos representa. Los derechos de las comunidades LGBT no se negocian. Las comunidades LGBT se respetan.

Durante las elecciones, para las comunidades LGBT hubo 3 alternativas de 4. Tres partidos, tres candidatos a la gobernación y tres plataformas que claramente reconocían la desigualdad en la que vivimos y propuestas para atenderla. Claramente hubo tres alternativas para continuar adelantando los derechos iguales para las comunidades LGBT y ahora, por las razones que sean, tenemos una administración hostil a nuestra lucha por la igualdad.

Que el pueblo habló, claro que habló. Que respetamos la decisión de la mayoría, claro que la respetamos. Que defendimos nuestra dignidad, claro que la defendimos y la defenderemos siempre.

Por lo que ahora tenemos que luchar para que nuestros derechos se reconozcan, continuar educando a esta administración para que cumpla con su obligación constitucional de instrumentar la igualdad para todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Ahora tenemos que trabajar, más fuerte que nunca, para que no demos ni un paso atrás en el avance que hemos tenido a favor de la igualdad. Ahora tenemos que aunar esfuerzos para que entiendan que los derechos iguales que merecen nuestras comunidades LGBT van por encima de cualquier consideración partidista.

Pero sobre todo, ahora tenemos que responsabilizarnos por nuestro futuro, exigir de pie lo que por derecho nos corresponde y cumplir con la promesa de la libertad: alcanzar esa igualdad que es inevitable pero que sólo conseguiremos defendiendo lo único que no nos pueden quitar: la dignidad.