Este es el último artículo de una serie de cuatro sobre las posiciones, plataformas y acciones de los partidos políticos y sus respectiv@s oficiales en torno a los derechos de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT). Ya analizamos el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y el Partido Nuevo Progresista (PNP). Hoy finalizamos examinando al Partido Popular Democrático (PPD).
La administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá respaldó contundemente -a través de varios jefes de agencia- las uniones de hecho entre parejas de un mismo sexo propuestas como parte de la revisión del libro de familia del Código Civil. Los jefes de los departamentos de Justicia, Roberto Sánchez Ramos; de la Familia, Félix Matos Rodríguez; y la procuradora de la Mujeres, María Dolores Fernós, se expresaron a favor de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, fue más lejos al recomendar la igualdad en el matrimonio para parejas del mismo sexo porque explicó que en la medida que las parejas de heterosexuales tengan un trato preferencial o distinto ante la ley pueden surgir planteamientos de inconstitucionalidad. El secretario de Justicia también se presenta a vistas públicas sobre la Resolución 99, catalogándola de anti-constitucional.
El 7 de noviembre de 2007, con el impulso de los senadores Jorge de Castro Font y Lucy Arce, se aprueba la homofóbica Resolución 99 con el voto de 20 senadores, incluyendo los populares: Cirilo Tirado, José Luis Dalmau, Jorge Súarez, Modesto Agosto Alicea, Bruno Ramos, Antonio Fas Alzamora y Juan Eugenio Hernández Mayoral.
El 7 de noviembre también la senadora popular Sila Marie González, junto a la senadora pipiola María de Lourdes Santiago, se convierten en las dos únicas senadoras en votar en contra de la Resolución 99. En una aparente contradicción, el gobernador Acevedo Vilá indicó que de llegar la 99 a su escritorio la firmaría, aunque se expresó en contra de la misma, también añadió ese rechazo a la 99 en la plataforma de su partido y se reafirmó en contra de la 99 en el último debate de los candidatos a la gobernación.
La candidata popular a representante por el precinto 1 de San Juan, Marjorie Avila, marcha en la Parada de Orgullo LGBT del Oeste y en la Parada de Orgullo LGBT de Puerto Rico. También marchan en la parada de San Juan, los políticos populares Roberto Prats y José Alfredo Hernández Mayoral.
El 12 de junio de 2008, el portavoz popular en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer, se une a los otros dos portavoces del PNP, Iris Miriam Ruiz y del PIP, Víctor García San Inocencio, para radicar un informe negativo sobre la homofóbica Resolución 99, dándole fin por este cuatrenio al intento por inscribir la discriminación en nuestra Constitución. Los votos populares avalando ese informe negativo fueron: Charlie Hernández, Héctor Ferrer, Luis Vega Ramos y Ramón Reyes Oppenheimer.
En el segundo debate de los candidatos a la gobernación, Acevedo evadió contestar una pregunta sobre si aplicaría la Ley 54 de violencia doméstica a las parejas del mismo sexo. Al día siguiente, luego de ser emplazado públicamente, se comprometió con legislar para aplicar la ley de violencia doméstica a todas las parejas independientemente de su orientación sexual. El gobernador indicó que “las leyes de violencia doméstica deben aplicar a todo tipo de relación en el hogar y de pareja” y que “con una nueva Legislatura, yo estoy en la mejor disposición de sentarnos a considerar alternativas de cómo fortalecerla cada vez más”.
En el último debate de los candidatos a la gobernación, Acevedo Vilá rechazó de plano la homofóbica Resolución 99 por considerarla discriminatoria e innecesaria, aunque reafirmó su posición de que entiende que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Del mismo modo, se comprometió a culminar el proceso de la revisión del Código Civil, eliminando todo vestigio de discrimen por orientación sexual.
Luego de múltiples críticas por parte de activistas y grupos que defienden los derechos humanos sobre la inacción de las autoridades en torno a los crímenes de odio, el 1ro de julio de 2008, el Departamento de Justicia implantó nuevas medidas para atender casos de posibles violaciones a los derechos civiles que incluyen un aumento en los agentes designados a ese tipo de pesquisa, así como una línea telefónica (787.630.0727) para reportar querellas por parte de los ciudadanos. El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos anunció esta nueva iniciativa tras reunirse con activistas de las comunidades LGBT para luego firmar una orden administrativa que consigna, de manera expresa, la política pública del Departamento de Justicia de cero tolerancia hacia el discrimen por razón de orientación sexual, género, sexo, raza, color, religión, origen nacional, nacimiento, edad o condición social.
Aníbal Acevedo Vilá es el único gobernador que ha invitado a activistas de las comunidades LGBT y de personas que viven con vih/sida al tradicional saludo protocolar en La Fortaleza a principios de cada año. Y más tarde este año, se reunió con activistas de las comunidades LGBT en la Convención Nacional Demócrata para discutir algunas necesidades y reclamos. También participó de una conversación con las comunidades LGBT como parte del festival de teatro gay que todos los años realiza el Teatro Coribantes.
De la plataforma del PPD destacamos:
“Repudio al Discrimen – Nuestra Propuesta:
“Nos reafirmamos en proteger los valores entronizados en nuestra Constitución y en el corazón de nuestro Pueblo en repudio a todo tipo de discrimen, incluyendo el discrimen por orientación sexual.”
“Como ya ha comenzado a hacer la Administración Acevedo Vilá durante este cuatrienio, haremos valer la Ley de Crímenes de Odio, que incluye el discrimen por orientación sexual como una de las modalidades de discrimen vedadas.”
“Nos reafirmamos, además, en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No obstante, rechazamos enérgicamente el intento de elevar este asunto a rango constitucional, toda vez que nuestra Constitución históricamente ha actuado para
conceder y ampliar derechos, no limitarlos. La propuesta para una enmienda constitucional sobre este tema sólo sirve para dividir al País y fomentar el discrimen.”
“Evaluaremos leyes y reglamentos para seguir eliminando vestigios de discrimen, de toda índole, del ordenamiento jurídico y administrativo vigente.”
GOBERNACIÓN – Aníbal Acevedo Vilá (PPD)
COMISARÍA RESIDENTE – Alfredo Salazar (PPD)
SENADO – Acumulación
Sila Marie González (PPD)
Eduardo Bathia (PPD)
Alejandro García Padilla (PPD)
SENADO – Distritos
José Ortiz (PPD I: San Juan)
María Pérez (PPD III: Arecibo)
José Galarza (PPD V: Ponce)
CÁMARA DE REPRESENTANTES – Acumulación
Héctor Ferrer (PPD)
Luis Vega Ramos (PPD)
Jorge Colberg Toro (PPD)
Carmen Yulín Cruz (PPD)
CÁMARA DE REPRESENTANTES – Distritos
Marjorie Avila (PPD 1 – San Juan)
Charlie Hernández (PPD 19 – Mayagüez)
Lydia Méndez (PPD 21 – Lajas)
Frankie Cuadrado (PPD 28 – Corozal)
Sylvia Rodríguez (PPD 31 – Caguas)
José «Conny» Varela (PPD 32 – Caguas)
SENADO – Acumulación
Antonio J. Fas Alzamora (PPD)
Juan Eugenio Hernández Mayoral (PPD)
SENADO – Distritos
Sergio Ortiz (PPD IV: Mayagüez-Aguadilla)
Enid Toro Báez (PPD IV: Mayagüez-Aguadilla)
Angel Rodríguez (PPD VI: Guayama)
José Luis Dalmau (PPD VII: Humacao)
Jorge I. Suárez (PPD VII: Humacao)
Nazario Lugo (PPD VIII: Carolina)
Javier Aponte (PPD VIII: Carolina)
CÁMARA DE REPRESENTANTES – Acumulación
Jaime Perelló (PPD)
Brenda López de Arrarás (PPD)
CÁMARA DE REPRESENTANTES – Distritos
Luis Raúl Torres (PPD 2 – San Juan)
Ruthy Currás (PPD 3 – San Juan)
Roberto Fuentes (PPD 4 – San Juan)
Héctor Ibáñez (PPD 17 – Aguadilla)
Rafael A. García Colón (PPD 23 – Guayanilla)
Luis Farinacci (PPD 24 – Ponce)
Víctor L. Vassallo (PPD 25 – Ponce)
Pedro A. Rodríguez González (PPD 38 – Carolina)
Roberto Rivera Ruiz de Porras (PPD 39 – Carolina)
Pedro Julio Serrano 