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Por Javier Colón Dávila
El Nuevo Día

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos avalaron esta mañana la creación, mediante legislación, de la Carta de Derechos de la comunidad LGBTTQI+ , y describieron la iniciativa como necesaria en momentos en que aumenta la visibilidad de lo que calificaron como grupos de odio que fomentan un discurso en contra de este sector de la sociedad.

Amárilis Pagán, del Proyecto Matria, señaló a algunos colectivos como Puerto Rico por la Familia, el partido Proyecto Dignidad y Alerta Puerto Rico como responsables.

El Proyecto el Senado 485, según sus autores, los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, va dirigido a establecer en tinta las protecciones de esta comunidad ante la sociedad y el Estado. Esta mañana la pieza legislativa fue respaldada por entidades como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Waves Ahead, True Self, Puerto Rico para Todes, el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, Matria y el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad.

LGBTTQI+ significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer e intersexual. El símbolo + hace referencia a otras realidades no incluidas en el acrónimo como las personas asexuales y pansexuales.

Por su parte, Pedro Julio Serrano, de Puerto Rico para Todes, alertó que someterá ante la Comisión de Asuntos Laborales y Derechos Humanos del Proyecto una ponencia enmendada para proponer que cualquier violación a la Carta de Derechos implique un delito grave, con una pena máxima carcelaria de seis meses y una multa de hasta $5,000. Indicó que penalidades similares están contenidas en la Carta de Derechos de Personas Viviendo con VIH.

“Vamos a pedir alguna sanción para que se pueda tener una consecuencia por incumplimiento y para que la carta tenga verdadero poder”, dijo Serrano, quien coincidió con expresiones de Pagán al afirmar que actualmente se vive lo que llamó una “guerra santa” liderada por sectores fundamentalistas que, según él, impulsan una campaña de odio contra toda la comunidad LGBTTQI+.

Rivera Lassén no asumió una postura concreta sobre la enmienda propuesta.

“Vamos a esperar que nos hagan llegar la propuesta para evaluarla. Queremos que los funcionarios hagan sus informes”, dijo Rivera Lassén a El Nuevo Día. La senadora agregó que podría perfeccionar el lenguaje para requerirle a los funcionarios estadísticas y las propuestas de planes de trabajo. Estamos en esa dirección, pero vamos a analizar lo que nos hagan llegar”.

“Siento que no tiene consecuencias. Aquí hay algo bien importante y se puede quedar en una reprimenda boba”, señaló el senador independiente José Vargas Vidot.

La propuesta ley no incluye sanciones penales y tampoco impone multas por su incumplimiento, pero sí requiere que todas las dependencias gubernamentales rindan un informe anual de progreso detallando las iniciativas, campañas, proyectos, acciones y reglamentos implementados para hacer valer el estatuto.

Al abrir los trabajos esta mañana, Rivera Lassén afirmó que su intención no es que el documento promulgado se convierta en una “carta de derechos más”.

La ACLU, en una ponencia firmada por la abogada en asuntos legislativos, Mayte Bayolo Alonso, argumentó que el Proyecto del Senado 485 colocaría Puerto Rico “en avanzada” ya que se le ofrecerían “protecciones abarcadoras y precisas a toda la comunidad LGBTTQI+ tanto en la esfera pública como privada”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre posibles sanciones penales o multas, Bayolo Alonso se limitó a indicar que la Legislatura siempre tiene la capacidad de citar a funcionarios a vistas públicas en caso de se identifique un incumplimiento con la ley.

“Esa es una gran consecuencia”, dijo. Más temprano en la vista afirmó que se necesita una carta de derechos que tenga “dientes”.

“Y que no es quede solamente en un papel escrito”, agregó.

Bayolo Alonso recordó que se aprobó legislación para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el gobierno, y además se enmendó la Ley de Violencia Doméstica para incluir a parejas del mismo sexo. Acto seguido, recordó que, a pesar de esta legislación, todavía la comunidad LGBTTQI+ continúa experimentando un amplio discrimen en la isla a través de agresiones físicas y verbales, asesinatos y la falta de prestación de servicios.

Bayolo Alonso argumentó que, al tratarse la comunidad LGBTTQ+ de una población protegida constitucionalmente, pero marginada, sufre maltrato, violencia, rechazo y discrimen que justifican el proyecto propuesto.

“Esta legislación propuesta, al proveer una carta de derechos con requerimientos de aplicación claros, le provee a la comunidad LGBTTQI+ un escudo ante el posible discrimen en su vida cotidiana desde el momento que se levanta hasta que se acuesta. Este proyecto del Senado ofrece directrices con definiciones, protecciones y especificaciones claras para reafirmar los derechos constitucionales por medio de legislación”, agregó Bayolo Alonso.

En su turno de preguntas, Bernabe anticipó que el proyecto enfrentará una campaña de desinformación encabezada por cuestionamientos como: si el proyecto es necesario debido a la legislación ya aprobada, si el proyecto concede privilegios y si la medida no debe aplicar al sector privado. Bayolo Alonso argumentó que ninguno de esos planteamientos hipotéticos se sostiene.

“Hemos observado que existe ahora una competencia entre cuáles derechos valen más y eso no existe. Un derecho no vale más que el otro”, dijo Bayolo Alonso.

A preguntas de Rivera Lassén sobre cómo se podría lograr que las entidades gubernamentales se vean obligadas a cumplir con la presentación de informes, Bayolo indicó que cada uno de estos documentos no debe limitarse a una carta circular que explique la política pública, sino que deben incluir pasos concretos, como la creación de talleres educativos.

Los derechos que busca proteger la legislación son: gozar de una vida plena donde puedan manifestarse libremente en prácticas cotidianas, afectivas y sociales, seguridad de empleo, a igualdad de condiciones sociales, salariales y económicas, recibir servicios públicos y privados sin ser discriminados, educación sin limitaciones, vivienda digna y el poder de adquirir, arrendar, enajenar propiedades sin discriminación, pleno acceso a los servicios de salud, -seguridad personal integral, protección y empoderamiento respecto de su identidad; que ninguna autoridad pueda retenerle por su orientación sexual o identidad de género, obtener un reconocimiento oficial del Gobierno y la sociedad, participación democrática y política, acceso a la justicia y a los recursos legales, así como a una respuesta judicial efectiva y formar una familia en todas sus posibles manifestaciones.

Serrano, en representación de Puerto Rico para Todes y Waves Ahead, hizo un repaso detallado sobre la necesidad de consignar en la pieza de legislación los derechos que se pretenden proteger ya que precisamente en todas las instancias la comunidad LBGTTIQ+ continúa sufriendo discrimen a pesar del estado de derecho vigente.

El activista estuvo acompañado por Wilfredo Labiosa, director ejecutivo de Waves Ahead, que atiende a adultos mayores LGBTTQI+ .

Por ejemplo, Serrano argumentó que el derecho a una vida plena, que entre otras cosas incluye la expresión libre de la sexualidad, es violentando continuamente y así lo reveló un estudio de la Comisión de Derechos Civiles que establece que un 63% de la comunidad LGBTTQI+ encuestada había sido víctima de insultos en público y el 30% había sido víctima de ataques físicos.

Serrano ofreció ejemplos de cómo el discrimen por orientación sexual en el empleo, que ya está proscrito por ley, sigue siendo una realidad en la isla y cómo hoy en día todavía una pareja de la comunidad LGBTTQI+ puede sufrir discrimen al solicitar un servicio, por ejemplo, en un restaurante.

“Este proyecto es necesario ya que, en una democracia como la nuestra, los legisladores tienen la obligación constitucional de velar por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Eso incluye discutir, aprobar proyectos de ley que hagan valer esa igualdad, así como velar porque los derechos civiles y humanos se reconozcan”, sostuvo Serrano.

El activista indicó que, si bien se consigna en la Constitución de Puerto Rico y en la jurisprudencia que la dignidad del ser humano es inviolable, “cuando de orientación sexual o identidad de género se trata, la Constitución se olvida; las leyes se interpretan de manera ultrarestrictiva y la jurisprudencia busca la vuelta para no tocar el asunto, obligando a seres humanos a tener que resignarse a vivir con el estigma del discrimen”.

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El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano pidió a las autoridades a que investiguen el ángulo de odio en el asesinato de Eugenio Martínez Rodríguez.

«Ante la epidemia de violencia homofóbica y transfóbica en nuestro país, las autoridades deben investigar todos los ángulos, incluyendo el de odio, en este caso. Esperamos que las autoridades actúen prontamente, ya que alegadamente tienen un sospechoso y vídeos de los últimos minutos con vida de don Eugenio. Mi solidaridad absoluta con los seres queridos de don Eugenio y tienen el compromiso de que exigiremos justicia en este caso», aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que don Eugenio, de 57 años, trabajaba para el Municipio de Morovis y su cuerpo fue encontrado en Corozal, tras estar desaparecido por varios días.

«Lamentablemente hay un recrudecimiento de la retórica y acciones de odio de los extremistas fundamentalistas que incitan a un clima de violencia en contra de las personas LGBTTIQ+ y se tiene que detener ya. Las personas LGBTTIQ+ merecemos vivir en paz, equidad y libertad. Ni un crimen de odio más», concluyó Serrano.

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Las organizaciones Waves Ahead y Puerto Rico Para Tod@s depondrán en conjunto mañana, miércoles, ante la comisión senatorial de Derechos Humanos y Laborales para abogar por la aprobación del Proyecto del Senado 485 que crearía la Carta de Derechos para las personas LGBTTIQ+.

«Esta medida es más que necesaria en momentos en que los extremistas fundamentalistas, liderados por el Proyecto Indignidad, fraguan una guerra santa en contra de las personas LGBTTIQ+. Hay una cacería temeraria, descarada y peligrosa en contra de nuestra comunidad. La desesperación de los extremistas fundamentalistas está incitando a la violencia en contra de nuestra gente LGBTTIQ+ y se tiene que detener ya», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de Puerto Rico Para Tod@s.

Por su parte, Wilfred Labiosa, director ejecutivo de Waves Ahead, indicó que depondrán «para exigir que la Legislatura defienda las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos para la gente LGBTTIQ+. Además, hay que extender esas protecciones a todos los ámbitos ante la vulnerabilidad de los derechos de las personas LGBTTIQ+ en los pasados meses. Demostraremos la necesidad de esta carta de derechos para que se establezca clara y explícitamente la política pública en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género».

Los portavoces de Waves Ahead y Puerto Rico Para Tod@s hicieron un llamado a las senadoras y senadores a que «aprueben esta medida para hacerle justicia a las personas LGBTTIQ+ y para demostrar su compromiso con su obligación constitucional de instrumentar la equidad prometida en la Constitución. Es momento de demostrar en qué lado están: en el lado del odio o en el del amor», concluyeron.

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El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano responsabilizó hoy a Joanne Rodríguez Veve por incitar a la violencia en contra de la comunidad LGBTTIQ+ a través de un ataque que hizo a un personaje realizado por un artista de nuestra comunidad.

Serrano denunció que un individuo, llamado Luis Ortiz, publicó ayer una amenaza ayer en la página de Facebook de Joanne Rodríguez Veve amenazando con «que pena que yo no estaba en esa escuela con un rifle de asalto, los primeros que se hiban (sic) son los que estaban a los lados no sé si son maestros. Y luego el cabrón vestido de mujer. No a la perspectiva de género en las escuelas puñeta».

«Esto es lo que promueve Rodríguez Veve — el odio y la violencia. La responsabilizo por cualquier cosa que le pase a Freddo Vega o a cualquier persona de nuestra comunidad LGBTTIQ+. Es irresponsable, mezquina e incitadora del odio. ¡BASTA!», aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s denunció que Rodríguez Veve publicó un vídeo del personaje de Magda bailando en una escuela pública con dos adultos con un mensaje transfóbico y violento que incita a personas a atentar contra la seguridad de la artista y de nuestra comunidad LGBTTIQ+.

«Magda, y por ende Freddo Vega, hace más por Puerto Rico que Rodríguez Veve. Ese personaje lleva alegría, positivismo y educa sobre el respeto a la diversidad. Rodríguez Veve incita al odio y la violencia, busca dividir a nuestro pueblo y es temeraria al atentar contra la seguridad de nuestra gente. Esto tiene que parar ya. Puerto Rico no aguanta más violencia, mucho menos ese odio enfermizo que carcome a una dizque funcionaria pública», concluyó Serrano.

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Pedro Julio Serrano
El Nuevo Día

Un alegado paladín de la moral fue ayer a la televisión nacional a justificar el asesinato de personas trans bajo la falsa y temeraria justificación de que “los hombres son engañados”.

Este es el odio que nos acecha, que nos insulta, que nos deshumaniza, que nos violenta, que nos mata.

El que un medio le dé paso a un mercader del odio no tan solo es asqueante, sino que es cómplice de la violencia de género, los crímenes de odio y la violencia intrafamiliar que hacen epidemia en Puerto Rico.

Eso es irresponsable. Más aún cuando no se invitó a ninguna mujer, ni a nadie que defienda la perspectiva de género a exponer sobre el asunto.

La desinformación, la violencia, el desprecio, la deshumanización, el odio —que desfilaron campeantes por allí— deben ser condenados por todes y no pueden volver a repetirse.

Sobre todo, porque en ese programa casi nunca invitan a les defensores de los derechos humanos y cuando nos invitan quieren que debatamos nuestra existencia.

A nadie se le ocurriría invitar a un supremacista blanco y racista a debatir su humanidad con activistas antiracistas y defensores de las personas negras. Pues tampoco se puede invitar a un fundamentalista —que quiere negar la existencia de las personas LGBTTIQ+— a debatir con un activista a favor de la equidad.

El colmo es que los grupos fundamentalistas son los mismos que dicen que “a mis hijos los educo yo” y que alegan que el Estado no puede obligarlos a vacunarse por una defensa de la autonomía del cuerpo que no asumen para el derecho al aborto y el derecho de la gente trans a sus terapias hormonales.

Ahí sí quieren que el Estado intervenga, para quitar derechos, para deshumanizar a las mujeres y la gente trans, para violentar su dignidad.

Usted no quiere casarse con alguien de su mismo sexo, no lo haga; pero no puede obligar a las demás personas a dejar de amar a quienes aman porque a usted no le parece. Usted no quiere abortar, no lo haga; pero no puede pretender que otres no puedan decidir sobre su propio cuerpo. Usted no quiere hacer una transición, no la haga; pero no trate de que la gente trans no pueda acceder a tratamientos hormonales.

Sea consistente con su exigencia de que en el cuerpo manda une.

Es peligroso el resurgir un movimiento que persigue, que desinforma, que deshumaniza. Es temerario el envalentonamiento de los grupos de odio que promueven la desigualdad hacia las mujeres y las personas LGBTTIQ+.

En sus manos están los asesinatos de nuestra gente LGBTTIQ+ en los más horrendos crímenes de odio. En sus manos está la epidemia de violencia de género. En sus manos está el incremento de la violencia intrafamiliar.

Sus discursos fomentan ese odio, esa violencia, esa deshumanización que permite que nos sigan acechando, violentando, asesinando.

Es hora de que eduquemos con perspectiva de género, que los medios sean responsables del contenido que presentan, que cada vida en este país sea respetada en su completa dignidad.

Ya basta de tanto odio. Vamos a reconocer nuestra común humanidad. Puerto Rico somos todes.

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Pedro Julio Serrano
El Nuevo Día

Con el arresto de tres sospechosos de atacar a Alexa se empieza a hacerle algo de justicia a Alexa Negrón Luciano, mujer trans que fue víctima de uno de los peores crímenes de odio en Puerto Rico.

Sí, tres personas serán sometidas a un juicio por el ataque transfóbico de Alexa; pero aquí hay muchos más responsables. Aún no se encuentra a quienes la asesinaron. Eso no es hacerle justicia.

Ese asesinato —como todo crimen de odio— no se dió en un vacío. Fue producto de un clima de violencia que comienza con el desamor de una familia, con los epítetos transfóbicos, con la deshumanización de la gente trans por parte de líderes fundamentalistas, con la violencia institucionalizada.

A Alexa la calumniaron, la acusaron falsamente, la persiguieron, la acosaron, la cazaron. Cuando finalmente los asesinos la encontraron, gracias a las pistas de la gente que la perseguía, la mataron gritándole epítetos transfóbicos.

Esa cadena de violencia comenzó en el momento en que los líderes fundamentalistas empezaron a deshumanizar a la gente trans por ir al baño como hacemos todas las personas.

Por años, estuvieron con la retórica de odio llamando “pervertidos, enfermos, acosadores” a las personas trans por usar el baño de acuerdo a su identidad de género.

Finalmente, alguien que seguramente escuchó esa retórica de odio, arremetió contra Alexa y decidió acusarla falsamente. La ajustició en las redes sociales y se hizo viral su difamación. El fatal desenlace se pudo haber evitado si el odio no fuera el detonante.

A Alexa también le falló la Policía de Puerto Rico, que fue negligente desde el momento en que se reportó su muerte al declarar que Alexa era “un hombre vestido de mujer”. Luego, dañaron la investigación al arrestar ilegalmente a una persona de interés y para colmo, creyeron la versión de que las personas que filmaron los insultos a Alexa solo utilizaron un arma de “gotcha”.

En Puerto Rico han asesinado a siete personas trans en un año, siete vidas que hemos perdido a causa del odio, siete vidas que tenían el mismo derecho que tengo yo de vivir en paz, equidad y libertad.

Para poder hacer valer esa promesa de equidad ante la ley y de la inviolabilidad de la dignidad humana que le asiste a la gente trans, tenemos que empezar por desarticular el odio.

Tenemos que reconocer que las personas trans son tan seres humanos como lo somos tú y yo. Tenemos que erradicar la transfobia institucionalizada. Tenemos que acabar con la retórica y las acciones de odio de los líderes politicos y religiosos fundamentalistas.

Que la muerte de Alexa no sea en vano. Que aprendamos a respetar a las personas trans, a validarlas, a amarlas, a celebrarlas. Las personas trans merecen vivir una vida digna, plena, maravillosa.

La mejor manera de hacerle justicia a Alexa es que no perdamos ni una vida trans más a causa del odio. La mejor manera de hacerle justicia a Alexa es encontrando a sus asesinos y llevarlos ante la justicia.

La mejor manera de hacerle justicia a Alexa es que no se pida la pena de muerte para quienes la asesinaron. La mejor manera de hacerle justicia a Alexa es reformar a la Policía para que traten dignamente a la gente trans.

La mejor manera de hacerle justicia a Alexa es acabar con el odio. La mejor manera de hacerle justicia a Alexa es darle oportunidades de vida, trabajo, estudio, vivienda, progreso a la gente trans.

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El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano se mostró satisfecho con el arresto, por parte de las autoridades federales, de tres sospechosos de atacar a Alexa Negrón Luciano.

“Ya es hora de que se le haga justicia a Alexa. Su asesinato fue un crimen de odio. Nadie tiene duda de eso. La acusaron falsamente, la persiguieron, la cazazon, la insultaron con epítetos transfóbicos y la mataron. Hay tres sospechosos arrestados por atacarla, pero son más los que contribuyeron a su asesinato, los que compartieron la mentira en las redes sociales y los líderes fundamentalistas que fomentan un clima de violencia con su retórica de odio hacia la gente trans”, aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que la Policía de Puerto Rico fue negligente desde el momento en que se reportó su muerte al declarar que Alexa era “un hombre vestido de mujer”. Luego, dañaron la investigación al arrestar ilegalmente a una persona de interés y para colmo, creyeron la versión de que las personas que filmaron los insultos a Alexa solo utilizaron un arma de gotcha.

“Una vez más las autoridades federales tienen que intervenir ante la negligencia de la Policía de Puerto Rico. Hicieron arrestos en el caso del doble asesinato de dos mujeres trans en Humacao, Serena y Layla, y ahora arrestan a sospechosos en el caso de Alexa. Esperamos que finalmente se le haga justicia a Alexa. Es hora de que toda persona trans viva en paz, equidad y libertad. Ni un crimen de odio más”, concluyó Serrano.

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El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) denunció, hoy, el nombramiento del pastor fundamentalista de extrema derecha Jorge Lucas Escribano a la Comisión de Evaluación Judicial.

“Es inconcebible y preocupante que la mayoría de los jueces y juezas del Tribunal Supremo hayan votado a favor de nombrar a Jorge Lucas Escribano, un pastor fundamentalista de extrema derecha, que ha hecho expresiones homofóbicas y que cuando fue juez actuó en contra de los cánones de ética judicial por sus acciones discriminatorias, a la comisión que evalúa los nombramientos de los jueces y juezas de nuestro país”, aseveró el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

“Es vergonzoso que la mayoría de los jueces y las juezas del Tribunal Supremo haya avalado las conductas y expresiones homofóbicas, discriminatorias y contrarias a la ley de Escribano. Han premiado a un individuo que se ha dedicado a odiar, a discriminar, a violentar la dignidad de los seres humanos. Las personas LGBTTIQ+ merecemos un Poder Judicial que respete, reconozca y valide nuestra humanidad y dignidad”, dijo Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Los portavoces de CABE destacaron los votos disidentes de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez y de los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Angel Colón López.

Nos hacemos eco del voto disidente del Juez Asociado Estrella Martínez al expresar lo siguiente: “el extremismo basado en el odio, el discrimen, la mofa y las ofensas representa una visión que se aleja de los postulados que, paradójicamente, algunos utilizan para validar esa conducta. En consecuencia, el mensaje que este Tribunal le envía a nuestros jueces y juezas y a la sociedad es nefasto. Esos estilos no deben tener cabida en la sociedad, mucho menos en los organismos rectores del Poder Judicial.»

De igual forma, suscribimos las siguientes expresiones de la disidencia de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez: “las expresiones públicas del licenciado Escribano son contrarias a la política de igualdad y cero tolerancia al discrimen del Poder Judicial, lo cual pone en tela de juicio su capacidad para evaluar objetivamente el desempeño de los jueces y juezas sobre asuntos relacionados con este tema”.

“Este acto nos parece una afrenta total y absoluta a la separación de Iglesia y Estado, que tiene que existir para el buen funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico. Es sumamente preocupante que se nombre a un activista del odio y el discrimen, abiertamente fundamentalista de extrema derecha, que ejerce un rol como pastor de una iglesia que persigue a las personas LGBTTIQ+, a un puesto de tanta envergadura. Este acto envía un mensaje contrario al rol de la judicatura como guardián de los derechos individuales de todos los sectores de nuestra sociedad”, concluyó el licenciado Giancarlo Colberg Ferrer, portavoz de CABE.

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El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano dijo, hoy, que Miguel Romero finalmente le «dió la razón a les activistas que denunciaron la intervención indebida de la Policía Municipal en Loverbar», un local LGBTTIQ+ de Río Piedras.

«Parece mentira que tras múltiples denuncias de organizaciones, activistas y líderes, sobre todo de la dueña, empleades y clientes de Loverbar, Miguel Romero decidiera atacarnos con una declaración politiquera, falsa y destemplada. Ahora, tras sentir la indignación de la comunidad LGBTTIQ+ y sus aliades, busca rectificar con una declaración tardía e incompleta. Nos debe una disculpa por llamarnos ‘mentirosos y manipuladores con una agenda escondida’. Ya basta de jugar a la política chiquita con las vidas de la gente LGBTTIQ+», aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que hay suspicacia porque el actual Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García, lideraba un escuadrón en la Policía estatal que fue señalado en innumerables ocasiones por violar derechos civiles y por prácticas homofóbicas y transfóbicas.

«La primera declaración que debió haber hecho Romero fue la que hizo anoche, no ese ataque inusitado del pasado viernes. Como alguien que aspira a ganarse la confianza de sus ciudadanos, no puede atacarlos; tiene que escuchar e investigar. Tampoco podemos olvidar su historial como senador, junto a Tata Charbonier, cuando fue coautor del proyecto de ley sobre libertad religiosa y sobre las terapias de conversión que las hubiera legalizado en vez de prohibirlas. Es hora de demostrar que es un verdadero aliado de la gente LGBTTIQ+», concluyó Serrano.

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El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió a Miguel Romero que explique la razón para el uso de la Fuerza de Choque anoche en el negocio Loverbar en Río Piedras, que es propiedad de y es frecuentado por miembros de la comunidad LGBTTIQ+.

«Resulta inaceptable, intimidante y temerario el uso de la Fuerza de Choque de la Policía Municipal de San Juan en la intervención que hubo anoche en Loverbar en Río Piedras. Miguel Romero tiene que explicar por qué se utilizaron armas largas, docenas de policías municipales y una actitud intimidante para alegadamente verificar permisos. Esto nos recuerda a los tiempos horribles en que se perseguía, se criminalizaba y se acosaba a la gente LGBTTIQ+ y no lo vamos a permitir», aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que en ese lugar asisten personas que han sobrevivido crímenes de odio, que han sido perseguidos por la misma Policía tanto municipal como estatal, que van allí precisamente porque se trata un lugar seguro para la gente LGBTTIQ+.

«Este abuso tiene que acabar. Aún si fueron a otros negocios, es inaceptable el uso excesivo de la fuerza y la intimidación para alegadamente ‘buscar unos permisos’. Este despliegue de fuerza excesiva e intimidante representa un abuso que no se puede tolerar. Miguel Romero tiene que detener esta práctica inmediatamente. La homofobia y la transfobia no pueden volver al gobierno municipal de San Juan», concluyó Serrano.