Autor: Pedro Julio Serrano

Por Isabel Burgos Rossy | El Nuevo Día

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico afirmó este lunes estar lista para buscar que se declare inconstitucional, en los tribunales, la nueva Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico, según su presidente, Pedro Julio Serrano, desde “el primer momento en que se viole el derecho a no ser discriminado en este país”.

“Que lo sepa la gobernadora, que lo sepa la legislatura, que lo sepa el pueblo de Puerto Rico: iremos a los tribunales. Pero no nos quedaremos ahí. Vamos a la calle”, señaló Serrano, durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Serrano y otros miembros de la Federación cuestionaron la palabra de la gobernadora Jenniffer González, quien –aseguraron– en una reunión con representantes del colectivo, que incluyó al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, el pasado martes, indicó que evaluaría alternativas sobre posibles enmiendas al proyecto de ley de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, antes de firmarlo.

“Sin embargo, en el día de ayer (domingo), me llamó el secretario de la Gobernación para indicarme que la gobernadora firmaría el proyecto”, aseveró Serrano.

Al momento de esta publicación, La Fortaleza no había respondido a una petición de comentarios. La noche del domingo, se informó que la primera ejecutiva estaría “fuera de la isla por compromisos personales” hasta el lunes, 21 de abril, como parte del receso de Semana Santa.

A juicio de la directora de la Federación LGBTQ+, Ivana Fred Millán, el nuevo estatuto legaliza la discriminación, al permitir que empleados públicos y profesiones reguladas por el Estado se nieguen a atender ciudadanos con “la excusa de su libertad religiosa”.

Aunque la ley establece que los empleados del sector público deben buscar acomodos razonables previo a situaciones conflictivas para evitar que ciudadanos sufran trato discriminatorio durante la búsqueda de servicios públicos, “el hecho de que se dé un acomodo razonable es la aclaración de que hubo un discrimen”, según Serrano.

El colectivo, que agrupa a individuos y a más de 100 entidades comunitarias y aliadas, además, considera que la legislación es innecesaria por entender que la libertad religiosa es un derecho constitucional.

“Este proyecto no es para proteger su libertad religiosa. Ellos saben que lo que han pedido por años es la licencia para discriminar, y la consiguieron”, puntualizó Serrano, en referencia a los legisladores que favorecieron la ley.

De paso, convocó a una manifestación el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en el lado norte del Capitolio a partir de las 3:00 p.m.

“Queremos (hacer) constar dónde está el foco del discrimen en este país. El foco de la exclusión está en la Legislatura. El foco del discrimen está en La Fortaleza”, aseveró.

Por Roberto Ortiz López | Metro Puerto Rico

Utilizando pancartas con el mensaje: “Ni discrimen, ni prejuicio”, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico rechazó la firma del Proyecto del Senado 1, ahora Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico.

Tras esta acción el organismo en defensa de los derechos humanos catalogó a la primera mandataria como “enemiga de la equidad”.

Tras la firma el pasado domingo de la medida, conocida como “Ley de Libertad Religiosa”, el colectivo señaló que la misma avala la discriminación contra la comunidad LGBTQ+.

“Jennifer González Colón decidió legalizar el discriminación por primera vez en nuestra historia, se convirtió en la primera gobernadora que firmó una ley que permite que se puedan negar servicios básicos que pueden costarle la vida a seres humanos. El Proyecto del Senado 1, que ahora es la Ley 14 del 2025, es nefasto, pone en precariedad a millas de personas en Puerto Rico”, expresó el presidente de la Federación LGBTQ+, Pedro Julio Serrano, en conferencia de prensa.

El colectivo tuvo el pasado martes una reunión con la gobernadora y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, donde discutieron las preocupaciones sobre la medida. Como resultado de la reunión, la gobernadora les indicó que evaluaría vías para evitar la firma del proyecto, que comprendían la devolución del proyecto a la Cámara de Representantes con enmiendas o un veto por parte de la mandataria.

Al no surgir ninguna enmienda o veto y como consecuencia de la firma de la medida, el colectivo LGBTQ+ manifestó su intención de acudir a los tribunales y lanzarse a la calle convocando una marcha el próximo 17 de mayo, día internacional contra la transfobia y la homofobia, en el lado norte del Capitolio de Puerto Rico.

Por su parte, la directora de la Federación LGBTQ+, Ivana Fred Millán, señaló la falta de apoyo de la gobernadora.

“Es bien triste y bien decepcionante tener que pasar por esta situación, estar aquí frente a ustedes, dejándoles saber esto, ya que es la gobernadora de Puerto Rico donde nosotros estamos buscando un apoyo. Y esa no es la realidad”, declaró en conferencia de prensa.

Por otro lado, Serrano, a preguntas de Metro Puerto Rico, hizo referencia a las posturas conservadoras del Tribunal Supremo y señaló las ocasiones en que le ha fallado a la comunidad LGBTQ+.

“Nosotros esperamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico interprete la Constitución y la Constitución es clara. Sin embargo, sabemos que tiene un corte conservador. Así que un Tribunal Supremo que nos ha fallado en muchas ocasiones; cuando se trató de incluir a las personas LGBTQ+ en la protección de la Ley 54, el Tribunal Supremo nos falló; cuando se intentó que el certificado de nacimiento a las personas trans se atendiera para atemperarlo, el Tribunal Supremo nos falló; cuando se trató de derogar la ley de sodomía, el Tribunal Supremo de Puerto Rico nos falló. No tenemos muchas esperanzas en el Tribunal Supremo”, anticipó.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico declaró, hoy, a la gobernadora Jenniffer González Colón como «enemiga de la equidad» por convertir en ley una medida para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa.

«Jenniffer González Colón se acaba de convertir en la primera gobernadora que legaliza el discrimen en la historia de nuestro país. Teniendo en sus manos, el poder para ‘gobernar para todos los puertorriqueños’, como bien dijo en su mensaje inaugural, decidió usar la fuerza del estado para marginar y discriminar. La gobernadora demostró con su firma de esta ley discriminatoria que es una enemiga de la equidad. Creímos que su récord previo le haría hacer lo correcto, pero nos equivocamos. Sin embargo, la que se equivoca es ella. Este pueblo no tolera el discrimen», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«El Proyecto del Senado 1 abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que buscan servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales y del gobierno. Esto es inaudito», sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

«Gobernadora, esta ley le hace daño a Puerto Rico, pone en precariedad a miles de personas y hacen lo que nunca había pasado en nuestra patria: que para usted, su Legislatura y su gobierno, unas personas valemos menos que otras. Aunque usted haya escogido la ruta del discrimen y la exclusión, la comunidad LGBTQ+ siempre luchará por su equidad, su humanidad y su dignidad. No daremos ni un paso atrás», concluyeron los portavoces.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 100 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.

Para conocer más acerca de la Federación LGBTQ+, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.

Por Gloria Ruiz Kuilan | El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González estampó su firma este domingo en el Proyecto del Senado 1 que pasó a ser la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico (Ley 14-2025).

Mediante un comunicado de prensa, La Fortaleza anunció la firma de la medida, que tiene entre sus autores al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“En el marco del Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley la medida que establece como política pública el compromiso inquebrantable del gobierno de promover la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano y establece los Principios Generales de la Libertad Religiosa”, lee el parte de prensa.

También fueron autores de la medida la senadora por acumulación del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve; los senadores por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez y Héctor González; los senadores del Distrito de Aguadilla, Karen Román y Jeison Rosa; la senadora por el Distrito de Bayamón Migdalia Padilla y el senador por acumulación Gregorio Matías.

Rivera Schatz, a través de sus redes sociales, agradeció a la mandataria y a sus homólogos el convertir el proyecto en ley.

“Agradezco además a mi compañero Carlos”Johnny» Méndez, presidente de la Cámara y nuestra delegación en el cuerpo hermano por su apoyo. De igual forma a todos los compañeros del Senado que votaron a favor del mismo», expresó el presidente senatorial.

De inmediato, miembros de la Junta Directiva y del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, así como otras organizaciones federadas, convocaron a una conferencia de prensa, a celebrarse mañana lunes, “para declarar como enemiga de la equidad a la gobernadora Jenniffer González por firmar en ley el proyecto que da licencia para discriminar con la excusa de la libertad religiosa”. La conferencia será en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico a las 10:00 a.m.

“Mañana la Federación que compone a más de 100 organizaciones, y cientos de personas en su carácter individual, vamos a declarar como enemigos de la equidad a la gobernadora, a la Legislatura y al gobierno del Partido Nuevo Progresista por la firma de la primera ley en la historia de Puerto Rico que legaliza el discrimen”, dijo el presidente de la Federación, Pedro Julio Serrano.

Preguntado si acudirán al tribunal a retar la nueva ley, Serrano respondió: “Eso nosotros lo estamos contemplando y lo vamos a determinar en las próximas semanas. Pero sí es una de las opciones que lo hemos dicho desde el principio que esta sobre la mesa porque claramente es inconstitucional”.

De paso, recordó que desde que se comenzó a discutir el proyecto del Senado 1, hicieron llamamientos públicos a los legisladores y la gobernadora para que no le dieran paso.

Según algunos sectores, la ahora ley permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias religiosas. Además, los detractores del proyecto argumentaron que permitiría el discrimen al tiempo en que las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico pidió, hoy, a la gobernadora a que vete el Proyecto del Senado 1 siguiendo sus propias palabras en oposición a la medida en 2019 cuando no apoyó un proyecto similar cuando era Comisionada Residente.

«Gobernadora, usted está en récord con su postura —desde el 13 de junio de 2019— en contra del proyecto de libertad religiosa. Siga su propia recomendación y vete el Proyecto del Senado 1 siguiendo sus propias palabras que dijo el 13 de junio de 2019: ‘No puede haber política pública ninguna que deje la puerta abierta o la mera insinuación de discrimen. El reconocer el ‘dejar de actuar’ o hacer como derecho abre la puerta a ese discrimen. La jurisprudencia es Clara. Derribemos barreras no construyamos obstáculos a la igualdad. Hágase caso y vete esta medida», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

Las expresiones en contra del proyecto de libertad religiosa en 2019, de la entonces Comisionada Residente, pueden leerse aquí: https://x.com/Jenniffer/status/1139189909078663170. Adjunta una captura de pantalla del tuit con sus expresiones.

«Precisamente lo que expresó la gobernadora en 2019 es lo que hemos advertido que hará el Proyecto del Senado 1: abre la puerta para que los empleados públicos discriminen usando la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que buscan servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Vete esta medida, gobernadora», continuó el activista.

«De igual forma, pedimos que vete el Proyecto del Senado 350, pues criminalizaría a padres y profesionales de la salud que ofrezcan terapias de afirmación de género a menores de 21 años. Este proyecto representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Convertir este proyecto en ley sería cruel e inhumano», concluyó Serrano.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico pidió, hoy, a la gobernadora a que vete la medida que daría licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa y la medida que criminalizaría a padres y profesionales de la salud que ofrezcan terapias de afirmación de género a menores de 21 años.

«Le pedimos a la gobernadora Jenniffer González Colón que no dé paso a estos proyectos que abren la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan. En su discurso inaugural en la toma de posesión, usted prometió ‘gobernar para todos los puertorriqueños’. Este es el momento, vete estas medidas, gobernadora», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«El Proyecto del Senado 1 abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que buscan servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito», continuó Serrano.

«Por otro lado, el Proyecto del Senado 350 representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans. Convertir este proyecto en ley sería cruel e inhumano», sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la aprobación en la Cámara de Representantes de la medida que daría licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa y de la medida que criminalizaría a padres y profesionales de la salud que ofrezcan terapias de afirmación de género a menores de 21 años.

«Parece mentira que la Cámara —bajo descargue y sin vistas públicas— aprobara una medida que abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«Como si fuera poco, aprobaron el PS 350 que representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans. Esto es cruel e inhumano», sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

«Exhortamos a la gobernadora Jenniffer González Colón a que no dé paso a estos proyectos que abren la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan. Vete estas medidas», concluyeron los portavoces.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la aprobación senatorial del proyecto de ley que criminaliza a padres, madres y médicos que decidan ofrecer terapias de afirmación de género a la niñez y juventud trans.

«El aprobar esta medida —por descargue y sin vistas públicas— constituye un ataque directo a los derechos de la niñez y juventud trans poniendo en riesgo su bienestar físico y emocional. El Proyecto del Senado 350 representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación. 

«Al no realizar vistas públicas, el Senado ignora la evidencia científica y las recomendaciones de organizaciones médicas y psicológicas, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Estas entidades han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans», indicó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

“El PS 350 también pretende imponer sanciones draconianas a los profesionales de la salud que brinden estos tratamientos, criminalizando el ejercicio médico basado en evidencia científica. Esto no solo viola el derecho de la niñez y juventud trans a recibir atención médica adecuada, sino que además interfiere en la relación médico-paciente y vulnera la autonomía de las familias para tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos, hijas e hijes”, sentenció Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación. 

“Esta legislación no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans. En lugar de proteger a la niñez y juventud trans, esta medida les expone a un mayor sufrimiento y vulnerabilidad”, dijo, por su parte, Güarix Agosto, tesorera alterna de la Federación. 

“Hacemos un llamado a la Cámara de Representantes a rechazar esta medida discriminatoria. Es su deber, garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o su identidad de género, tengan acceso a atención médica basada en evidencia y libre de prejuicios”, concluyeron los portavoces. 

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

Para conocer más acerca de la Federación LGBTQ+, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la aprobación en el Senado de la medida que daría licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa.

«Parece mentira que el Senado aprobara una medida tan discriminatoria, cruel e inhumana. Esta medida abre la puerta para que los servidores públicos usen la excusa de su libertad religiosa para que se puedan negar a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Como si fuera poco, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«A los senadores y senadoras del PNP se les olvida que tienen personas LGBTQ+ que son miembros de su partido y de sus familias, que les dieron sus votos, que trabajaron para que ellos salieran electos. No sé con qué cara mirarán a sus familiares, correligionarios y amigos que son de la comunidad LGBTQ+», sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

Por su parte, Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación, sostuvo que «para echarle la sal a la herida, han eliminado a la identidad de género como una categoría protegida de discrimen de cualquier alcance de esta medida. Esto pone en un mayor estado de vulnerabilidad a las personas trans en Puerto Rico, abriendo —de par en par— las puertas al discrimen legalizado».

«Exhortamos a la Cámara de Representantes a que no dé paso a un proyecto que abre la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. Exigimos vistas públicas camerales para que los y las representantes puedan conocer los alcances peligrosos de esta medida. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan», concluyeron los portavoces.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

Para conocer más acerca de la Federación LGBTQ+, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.

Por Pamela Hernández Cabiya | Noticel

Este próximo jueves, el Alto Cuerpo se dispone aprobar el proyecto de ley que busca que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico.

Esto a pesar de que organizaciones que representan a la comunidad LGBTT+, así como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, insistieran en que la medida legislativa solo le abría la puerta al discrimen.

«El jueves, vamos aprobarlo», contestó el autor de la medida y presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz a NotiCel.

En la vista que se celebró a finales de febrero, el Senado recibió insumo por parte del sector médico, eclesiástico y legal con opiniones encontradas.

El Proyecto del Senado 1, en síntesis, busca establecer la «Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico» enmendando el artículo cinco de la Ley 25 del 1983. Lo que implica esta enmienda es que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico.

Por tanto, la ley cobijaría a todo ciudadano, incluyendo empleados y funcionarios por el estado y estudiantes, padres, tutores o encargados en el sistema público de enseñanza, así como pacientes en cualquier institución médico- hospitalaria y para adultos mayores, público o privado.

La medida también incluye que se vele por la libertad y derechos de aquellos individuos en los procesos de vacunación por medio de creencias religiosas.

Se evitaría, además, que las iglesias u organizaciones con base de fe sean discriminadas por motivo religioso en servicios gubernamentales, concesión de permisos, acceso a fondos, materiales, propuestas y otros programas que estén disponibles a otras entidades no religiosas.

A los estudiantes del Departamento de Educación (DE) no se le podrá discriminar por motivos de brindar un punto de vista o expresión religiosa. Así también el estudiante puede expresar sus creencias religiosas en trabajos escolares, obras de arte y literarias, entre otras tareas.

Rivera Schatz, también adelantó que el proyecto estará bajando con algunas enmiendas recomendadas por varios sectores, pero que la esencia del proyecto está intacta.

«Hemos cogido todas las enmiendas que no han sugerido. Departamento de Justicia, Educación, personas que se comunicaron. Ese proyecto no le quita derechos a nadie. Hay 23 estados que tienen eso», puntualizó.

Reacciona la Federación LGBTQ+

El presidente de la Federación LGBTQ+, Pedro Julio Serrano, reaccionó a este diario digital, indignado de la decisión del presidente del Alto Cuerpo.

«Parece mentira que el Senado considere aprobar una medida tan discriminatoria, cruel e inhumana. Esta medida abre la puerta para que los servidores públicos usen la excusa de su libertad religiosa para que se puedan negar a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Esto es inaudito», dijo.

«Como si fuera poco, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien bajo la excusa de la libertad religiosa. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales», añadió.

Serrano agregó que dentro de las enmiendas incluidas, se eliminó la categoría de identidad de género dentro del marco del discrimen sobre libertad religiosa.

«De hecho, esta versión que irá a votación tiene el agravante que eliminaron a la identidad de género como una categoría protegida de discrimen, abriendo la puerta a que atenten contra los derechos de las personas trans. Esto es una afrenta directa a la dignidad de nuestros hermanos y hermanas trans», insistió.

«A los senadores y senadoras del PNP se les olvida que tienen personas LGBTQ+ que son miembros de su partido, que les dieron sus votos, que trabajaron para que ellos salieran electos. No se que con que cara mirarán a sus familiares, correligionarios y amigos que son de la comunidad LGBTQ+», concluyó.