Amplio apoyo al proyecto que crea la Carta de Derechos de la Comunidad LGBTTIQ+…

Por Javier Colón Dávila
El Nuevo Día

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos avalaron esta mañana la creación, mediante legislación, de la Carta de Derechos de la comunidad LGBTTQI+ , y describieron la iniciativa como necesaria en momentos en que aumenta la visibilidad de lo que calificaron como grupos de odio que fomentan un discurso en contra de este sector de la sociedad.

Amárilis Pagán, del Proyecto Matria, señaló a algunos colectivos como Puerto Rico por la Familia, el partido Proyecto Dignidad y Alerta Puerto Rico como responsables.

El Proyecto el Senado 485, según sus autores, los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, va dirigido a establecer en tinta las protecciones de esta comunidad ante la sociedad y el Estado. Esta mañana la pieza legislativa fue respaldada por entidades como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Waves Ahead, True Self, Puerto Rico para Todes, el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, Matria y el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad.

LGBTTQI+ significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer e intersexual. El símbolo + hace referencia a otras realidades no incluidas en el acrónimo como las personas asexuales y pansexuales.

Por su parte, Pedro Julio Serrano, de Puerto Rico para Todes, alertó que someterá ante la Comisión de Asuntos Laborales y Derechos Humanos del Proyecto una ponencia enmendada para proponer que cualquier violación a la Carta de Derechos implique un delito grave, con una pena máxima carcelaria de seis meses y una multa de hasta $5,000. Indicó que penalidades similares están contenidas en la Carta de Derechos de Personas Viviendo con VIH.

“Vamos a pedir alguna sanción para que se pueda tener una consecuencia por incumplimiento y para que la carta tenga verdadero poder”, dijo Serrano, quien coincidió con expresiones de Pagán al afirmar que actualmente se vive lo que llamó una “guerra santa” liderada por sectores fundamentalistas que, según él, impulsan una campaña de odio contra toda la comunidad LGBTTQI+.

Rivera Lassén no asumió una postura concreta sobre la enmienda propuesta.

“Vamos a esperar que nos hagan llegar la propuesta para evaluarla. Queremos que los funcionarios hagan sus informes”, dijo Rivera Lassén a El Nuevo Día. La senadora agregó que podría perfeccionar el lenguaje para requerirle a los funcionarios estadísticas y las propuestas de planes de trabajo. Estamos en esa dirección, pero vamos a analizar lo que nos hagan llegar”.

“Siento que no tiene consecuencias. Aquí hay algo bien importante y se puede quedar en una reprimenda boba”, señaló el senador independiente José Vargas Vidot.

La propuesta ley no incluye sanciones penales y tampoco impone multas por su incumplimiento, pero sí requiere que todas las dependencias gubernamentales rindan un informe anual de progreso detallando las iniciativas, campañas, proyectos, acciones y reglamentos implementados para hacer valer el estatuto.

Al abrir los trabajos esta mañana, Rivera Lassén afirmó que su intención no es que el documento promulgado se convierta en una “carta de derechos más”.

La ACLU, en una ponencia firmada por la abogada en asuntos legislativos, Mayte Bayolo Alonso, argumentó que el Proyecto del Senado 485 colocaría Puerto Rico “en avanzada” ya que se le ofrecerían “protecciones abarcadoras y precisas a toda la comunidad LGBTTQI+ tanto en la esfera pública como privada”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre posibles sanciones penales o multas, Bayolo Alonso se limitó a indicar que la Legislatura siempre tiene la capacidad de citar a funcionarios a vistas públicas en caso de se identifique un incumplimiento con la ley.

“Esa es una gran consecuencia”, dijo. Más temprano en la vista afirmó que se necesita una carta de derechos que tenga “dientes”.

“Y que no es quede solamente en un papel escrito”, agregó.

Bayolo Alonso recordó que se aprobó legislación para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el gobierno, y además se enmendó la Ley de Violencia Doméstica para incluir a parejas del mismo sexo. Acto seguido, recordó que, a pesar de esta legislación, todavía la comunidad LGBTTQI+ continúa experimentando un amplio discrimen en la isla a través de agresiones físicas y verbales, asesinatos y la falta de prestación de servicios.

Bayolo Alonso argumentó que, al tratarse la comunidad LGBTTQ+ de una población protegida constitucionalmente, pero marginada, sufre maltrato, violencia, rechazo y discrimen que justifican el proyecto propuesto.

“Esta legislación propuesta, al proveer una carta de derechos con requerimientos de aplicación claros, le provee a la comunidad LGBTTQI+ un escudo ante el posible discrimen en su vida cotidiana desde el momento que se levanta hasta que se acuesta. Este proyecto del Senado ofrece directrices con definiciones, protecciones y especificaciones claras para reafirmar los derechos constitucionales por medio de legislación”, agregó Bayolo Alonso.

En su turno de preguntas, Bernabe anticipó que el proyecto enfrentará una campaña de desinformación encabezada por cuestionamientos como: si el proyecto es necesario debido a la legislación ya aprobada, si el proyecto concede privilegios y si la medida no debe aplicar al sector privado. Bayolo Alonso argumentó que ninguno de esos planteamientos hipotéticos se sostiene.

“Hemos observado que existe ahora una competencia entre cuáles derechos valen más y eso no existe. Un derecho no vale más que el otro”, dijo Bayolo Alonso.

A preguntas de Rivera Lassén sobre cómo se podría lograr que las entidades gubernamentales se vean obligadas a cumplir con la presentación de informes, Bayolo indicó que cada uno de estos documentos no debe limitarse a una carta circular que explique la política pública, sino que deben incluir pasos concretos, como la creación de talleres educativos.

Los derechos que busca proteger la legislación son: gozar de una vida plena donde puedan manifestarse libremente en prácticas cotidianas, afectivas y sociales, seguridad de empleo, a igualdad de condiciones sociales, salariales y económicas, recibir servicios públicos y privados sin ser discriminados, educación sin limitaciones, vivienda digna y el poder de adquirir, arrendar, enajenar propiedades sin discriminación, pleno acceso a los servicios de salud, -seguridad personal integral, protección y empoderamiento respecto de su identidad; que ninguna autoridad pueda retenerle por su orientación sexual o identidad de género, obtener un reconocimiento oficial del Gobierno y la sociedad, participación democrática y política, acceso a la justicia y a los recursos legales, así como a una respuesta judicial efectiva y formar una familia en todas sus posibles manifestaciones.

Serrano, en representación de Puerto Rico para Todes y Waves Ahead, hizo un repaso detallado sobre la necesidad de consignar en la pieza de legislación los derechos que se pretenden proteger ya que precisamente en todas las instancias la comunidad LBGTTIQ+ continúa sufriendo discrimen a pesar del estado de derecho vigente.

El activista estuvo acompañado por Wilfredo Labiosa, director ejecutivo de Waves Ahead, que atiende a adultos mayores LGBTTQI+ .

Por ejemplo, Serrano argumentó que el derecho a una vida plena, que entre otras cosas incluye la expresión libre de la sexualidad, es violentando continuamente y así lo reveló un estudio de la Comisión de Derechos Civiles que establece que un 63% de la comunidad LGBTTQI+ encuestada había sido víctima de insultos en público y el 30% había sido víctima de ataques físicos.

Serrano ofreció ejemplos de cómo el discrimen por orientación sexual en el empleo, que ya está proscrito por ley, sigue siendo una realidad en la isla y cómo hoy en día todavía una pareja de la comunidad LGBTTQI+ puede sufrir discrimen al solicitar un servicio, por ejemplo, en un restaurante.

“Este proyecto es necesario ya que, en una democracia como la nuestra, los legisladores tienen la obligación constitucional de velar por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Eso incluye discutir, aprobar proyectos de ley que hagan valer esa igualdad, así como velar porque los derechos civiles y humanos se reconozcan”, sostuvo Serrano.

El activista indicó que, si bien se consigna en la Constitución de Puerto Rico y en la jurisprudencia que la dignidad del ser humano es inviolable, “cuando de orientación sexual o identidad de género se trata, la Constitución se olvida; las leyes se interpretan de manera ultrarestrictiva y la jurisprudencia busca la vuelta para no tocar el asunto, obligando a seres humanos a tener que resignarse a vivir con el estigma del discrimen”.

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