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Por Omar Marrero | Noticel

El bufete que en 2018 logró que las personas transgénero o transexuales pueden corregir sus actas de nacimiento en el Registro Demográfico de Puerto Rico, advirtió hoy que seguirá de cerca la manera en que el gobierno ejecutará las disposiciones del nuevo Código Civil, firmado ayer por la gobernadora Wanda Vázquez.

“Desilucionado por la firma de la gobernadora Wanda Vázquez del nuevo Código Civil. El código no está atemperado a los tiempos modernos y no refleja nuestras familias modernas”, escribió el licenciado Omar González Pagán, de Lambda Legal.

“Lambda Legal, Puerto Rico Para Tod@s y yo monitorearemos de cerca cómo el gobierno interpreta y ejecuta el artículo de las correcciones en los certificados de nacimiento. Si hay alguna desviación del proceso administrativo ordenado por el tribunal en 2018, volveremos al tribunal de inmediato”, manifestó González Pagán.

En 2018, González Pagán lideró la demanda en el tribunal federal en representación de tres puertorriqueños transgénero y Puerto Rico Para Tod@s que derogó la prohibición en Puerto Rico de las correcciones de género en los certificados de nacimiento.

En dicha decisión, la corte federal tambien ordenó a oficiales del Estado Libre Asociado permitir que las personas transgeneros puedan realizar dichas correcciones.

Lambda Legal radicó la demanda impugnando como inconstitucional la prohibición de cambio de género en representación de dos mujeres transgénero – Daniela Arroyo González y Victoria Rodríguez Roldán -y un hombre transgénero identificado por sus iniciales J.G., así como Puerto Rico para Tod@s, argumentando que negar a las personas transgénero la habilidad de obtener certificados de nacimientos correctos viola las cláusulas de igual protección y debido proceso de ley de la Constitución de los Estados Unidos, así como la primera enmienda, al forzar a estas personas en Puerto Rico, mediante su certificado de nacimiento, a identificarse con un género que no representa su identidad.

Para el nuevo código firmado por la Gobernadora, originalmente el documento tenía un lenguaje confuso en el que se interpretaba que las personas transgénero debían recibir auxilio judicial para que el Registro Demográfico hiciera una modificación al margen de su inscripción original del sexo.

Fue entonces cuando el bufete Lambda Legal advirtió al gobierno que este trámite iba en contra de la determinación de la juez federal Carmen Consuelo Cerezo en el caso Arroyo v. Rosselló (2018), a raíz de lo que se dispuso que las personas solo necesitan una recomendación de un facultativo médico y un sello de $20 para tramitar reasignaciones de sexo o género. Para esto, el Departamento de Salud emitió una orden de cumplimiento y el Registro Demográfico adoptó una carta normativa.