Por Javier Colón | El Nuevo Día

La gobernadora Wanda Vázquez Garced debe vetar o devolver a la Legislatura el proyecto que crea un nuevo Código Civil, señalaron representantes de organizaciones civiles que han llevado la batuta en contra del documento aprobado por la Legislatura en medio de un proceso poco transparente.

La última versión de la medida legislativa no fue discutida en vistas públicas, recordó el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román Espada, al señalar que fue un proyecto sustitutivo trabajado en el Senado. La Cámara de Representantes realizó vistas públicas de la pieza original, en 2018.

“Una pieza normativa tan importante para la ciudadanía requiere de la participación democrática del pueblo; lo contrario es regresar al oscurantismo”, dijo Román Espada. Si la medida fuera devuelta a la Legislatura o vetada, su texto no desaparece y la discusión podría ser retomada el cuatrienio próximo.

Omar González Pagán, abogado en Lambda Legal, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos a la comunidad LBGTTIQ, planteó que, si bien el documento ha sido mejorado en los pasados meses, “no está atemperado a nuestros tiempos ni al reconocimiento de nuestras familias modernas”.

“La revisión del Código Civil es importante y necesaria y es una oportunidad única para reformar las leyes que rigen nuestras relaciones en la sociedad civil”, expresó González Pagán.

“Establece un proceso que limita los derechos y responsabilidades de las partes en cuanto a contratos de maternidad subrogada, en términos de los requisitos para el reconocimiento uniones de hecho. Debido al proceso que se ha llevado a cabo en los pasados meses sin participación pública y con borradores del proyecto discutido a oscuras y sin transparencia, el proyecto debería ser vetado o devuelto a la Legislatura”, añadió González Pagán.

El proyecto del Código Civil está en manos de la gobernadora, luego que la Cámara de Representantes concurriera, el jueves, con las enmiendas que realizó el Senado al documento.

Lambda Legal, y particularmente González Pagán, jugaron un papel clave, en 2018, cuando el Tribunal Federal en Puerto Rico declaró inconstitucional la política de la isla que prohíbe a los puertorriqueños transgénero corregir sus certificados de nacimiento.

Para Pedro Julio Serrano, activista de derechos civiles, la gobernadora debe vetar el proyecto porque, entre otras cosas, invisibiliza a la comunidad LBGTTIQ.

“Eso es preocupante y alarmante. No somos mencionados en ningún lugar. Peor aún, en un acto mezquino y ruin eliminaron las prohibiciones a los discrímenes para no incluir la orientación sexual e identidad de género. Por sacarles los ojos a la gente LGBTTIQ+, les sacanlos ojos a todo el mundo. Además, el derecho adquirido del cambio en el encasillado de sexo en el certificado de nacimiento está en peligro al tener lenguaje contradictorio y confuso”, sostuvo, en referencia a la eliminación de un artículo que previamente prohibía el discrimen por condiciones como género, raza o creencia religiosa, entre otros.

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) solicitó anteayer a la gobernadora que no convierta en ley el Código Civil debido a que el documento final no se hizo público con suficiente tiempo para ser estudiado.

“Este proyecto aprobado no es el Código Civil que se trabajó por años en la Comisión Revisora de Código Civil. Tampoco podemos decir que es el proyecto que se radicó y discutió efímeramente, en agosto de 2018, porque aquel proyecto fue sustituido posteriormente”, dijo Osvaldo Burgos, uno de los portavoces de CABE.

El Código Civil es el documento de mayor importancia en el país luego de la Constitución. Más allá de los cambios sobre las relaciones de familia y los derechos de las personas, también hay preocupaciones en otras áreas, señaló Amárilis Pagán Jiménez, otra de las portavoces de CABE.

“Desde el punto de vista legal y social, tenemos ante nosotras un Código Civil que está levantando serias preocupaciones en múltiples áreas de derecho que van más allá del tema de familia. Nuestro colectivo de organizaciones y otras organizaciones aliadas han encontrado lenguaje y disposiciones problemáticas en otros temas tales como el de alquileres”, indicó Pagán Jiménez.