La contienda a la gobernación se ha definido claramente: hay un candidato que se opone a los derechos para la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT), mientras los restantes cinco candidatos apoyan adelantar la agenda para lograr la igualdad de derechos para la gente LGBTT.

No creo que extrañe leer que el candidato penepé Ricardo Rosselló sea el que propone legalizar el discrimen en contra de las personas LGBTT y el que se opone a que se reconozcan más derechos a esta comunidad.

La falta de propuestas LGBTT de Rosselló no se da en un vacío. Su Partido Nuevo Progresista (PNP) se opuso y se opone a todos los proyectos de ley, decisiones judiciales y órdenes ejecutivas que han logrado adelantar los derechos LGBTT en estos últimos años.

Mientras se reconocía el matrimonio igualitario, los legisladores penepés lo llevaron a corte para tratar de detenerlo. Mientras se aprobaban proyectos de ley pro-LGBTT, el caucus penepé votaba en contra de todos los proyectos.

Como si fuera poco, está prohibido olvidar que Rosselló y el PNP han suscrito acuerdos con grupos de odio para quitar y negar derechos a la gente LGBTT.

En un marcado contraste, los candidatos a la gobernación Rafael Bernabe, María de Lourdes Santiago, David Bernier, Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre apoyan el seguir adelantando la agenda que promueve iguales derechos para la gente LGBTT.

Las propuestas de estos cinco candidatos varían, pero la línea está trazada.

Aún así, cabe recordar que el Partido Popular Democrático (PPD) también ha puesto sus trabas a la igualdad LGBTT.

Un grupo de legisladores populares, encabezados por el ahora presidente cameral Roberto Rivera Ruiz de Porras, le quitaron las protecciones a la vivienda y los acomodos públicos al Proyecto del Senado 238 que luego se convirtió en la Ley 22 del 2013. Además, el flamante líder cameral indicó que no se aprobarían más leyes a favor de la comunidad LGBTT en este cuatrienio y así sucedió.

Es por ésto que tenemos que insistir en terminar la agenda de derechos civiles que merecemos las personas LGBTT.

Entre los derechos y protecciones que tienen que estar incluidos en el nuevo Código Civil están el cambio en el encasillado de sexo para las personas transgéneros y transexuales en el certificado de nacimiento; así como la adopción por parejas LGBTT, entre muchos otros derechos y protecciones.

Además, hay que devolver las protecciones que se le quitaron al proyecto senatorial que se convirtió en la Ley 22 del 2013 para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Se tiene que prohibir el discrimen en los acomodos y servicios públicos y la vivienda, así como tipificarse en el Código Penal.

También, se debería enmendar la Constitución para incluir la orientación sexual, el status civil y la identidad de género a las protecciones en contra del discrimen.

Se tienen que convertir en leyes las órdenes ejecutivas que se han hecho para reconocer derechos a la gente LGBTT. Entre éstas, el cambio de género en las licencias de conducir de las personas transgéneros y transexuales.

En fin, falta mucho por hacer para que las personas LGBTT tengamos la ciudadanía plena que nos promete la Constitución. Mientras eso no se logre, la lucha sigue.

Que lo sepan bien claro los candidatos a la gobernación: Puerto Rico no dará marcha atrás en las conquistas a favor de los derechos de las personas LGBTT. Ni un paso atrás. Ni uno.