Por Bárbara Figueroa
Primera Hora

Hoy se cumplen cinco años del abominable asesinato del joven homosexual Jorge Steven López Mercado, quien en 2009 fue encontrado parcialmente calcinado, decapitado y desmembrado en un barrio de Cayey, en lo que se catalogó como un crimen de odio,  aún cuando a nivel judicial este agravante no procedió.

El crimen del muchacho estremeció no sólo a la comunidad puertorriqueña, sino también a nivel internacional -particularmente en Estados Unidos-, por la indignación que provocó en la población el hecho de que su asesino confeso (Juan A. «Casper» Martínez Matos) dejara en manifiesto que su atroz acto se debió a la orientación sexual de la víctima. Actualmente, Casper cumple una condena en cárcel de 99 años.

Múltiples organizaciones sin fines de lucro realizaron manifestaciones para levantar conciencia sobre los crímenes de odio contra los gays. Por ejemplo, se llevaron vigilias a nombre de Jorge Steven en ciudades como Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans.

Cabe destacar, que hasta el congresista puertorriqueño José E. Serrano se indignó con el despiadado asesinato y solicitó al Gobierno federal proveerles asistencia a las autoridades locales para que esclarecieran el crimen bajo los estatutos de crímenes de odio que para ese entonces tenían vigencia de siete años en la Isla, como es el caso de la Ley 46 de 2002.

Lamentablemente, el caso no incluyó el agravante, aunque organizaciones como la Comisión de Derechos Civiles clamaron porque se tipificara  el delito bajo esta modalidad. ¿La razón? Según explicó en aquella ocasión la profesora  de derecho penal Dora Nevares, los casos de asesinatos en primer grado no tienen un efecto real en sentencia carcelaria con el agravante de «crimen de odio», pues la condena de todos modos es de 99 años.

El tiempo ha pasado desde el asesinato de Jorge Steven y han surgido otros casos en el que se menciona  el crimen de odio  por orientación sexual como motivo del homicidio. En 12 años, sólo ha habido una convicción en tribunal en el que se haya incluido el agravante.

Se trata del caso de un homosexual -cuya identidad no se revela por motivos de seguridad- que recibió una golpiza en 2012 por parte de unos individuos que conoció en una barra gay, en Condado. Trascendió que el perjudicado apareció abandonado dentro de su auto, donde fue encontrado con heridas cortantes sobre el ojo, la frente y una oreja. También tenía un dedo fracturado y quemaduras en la espalda. Por estos hechos,  uno de los participantes de la golpiza recibió una pena de cinco años de cárcel y otro nunca pisó la prisión pues recibió un informe positivo de pre- sentencia que le permitió cumplir condena en la libre comunidad.

Mientras, actualmente se lleva a cabo el juicio contra Neftalí Castillo Cabrera, acusado de asesinar al voleibolista Jesús David Hernández Otero, en hechos ocurridos en marzo pasado. A inicios de la pesquisa, los investigadores del caso indicaron que se trataba de un crimen de odio por la orientación sexual de la víctima, quien era homosexual. En cambio, al momento, este agravante no se ha incluido en las acusaciones.

Sobre el giro judicial que han dado los múltiples casos de personas homosexuales en la Isla, el activista Pedro Julio Serrano, se mostró frustrado pues a su juicio a cinco años del crimen de Jorge Steven y a 12 años de que se estableciera el estatuto la ley sea letra muerta y  «no se ha utilizado como debería».

«La ley se hizo para enviar un mensaje de que no se van a permitir crímenes motivados por prejuicio por la implicación que tiene de menospreciar a seres humanos por ser quienes son. Ese propósito no se está cumpliendo. Tenemos que hacer valer la dignidad de todo el mundo»,  expresó a este diario.  Se considera un crimen de odio a todo aquel delito o intento de delito motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, status civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas.