PARTE 1
Buenos días a los honorables miembros de esta Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil. Soy Pedro Julio Serrano, coordinador de comunicaciones del National Gay and Lesbian Task Force, organización más antigua en los Estados Unidos que desarrolla el poder político de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero. Soy presidente de Puerto Rico Para Tod@s, organización que lucha por la inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero en nuestra Isla, así como abogamos por la justicia social para todos los seres humanos. También funjo como copresidente de Unid@s, la Organización Nacional de Derechos Humanos para Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgéneros Latinas/os.
En una democracia, como la nuestra, los legisladores tienen la obligación constitucional de velar por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Eso incluye discutir y aprobar proyectos de ley que hagan valer esa igualdad, así como velar porque los derechos civiles y humanos se reconozcan, ya sea para una sola persona o para cuatro millones de personas, sin exclusión alguna. De hecho, en el ejercicio legislativo, esta Asamblea tiene que reconocer los derechos de las minorías, aún si ese reconocimiento fuera impopular, pues nuestra democracia está basada en la protección de aquellos grupos minoritarios del posible abuso de una mayoría. Más aún, nuestra Constitución reconoce la inviolabilidad de la dignidad de cada ser humano. Estas máximas de nuestra Carta Magna no pueden quedarse en mera teoría, se tienen que poner en práctica. Todos significa todos. La inviolabilidad no permite excepción.
A base de esta ineludible obligación constitucional, reconocemos las verticales posturas asumidas por los honorables miembros de esta Comisión. Destacamos a la representante Albita Rivera, quien hace casi una década presentó un anteproyecto de ley para atender lo que hoy recoge este borrador, el hacerle justicia a las parejas gay y lésbicas. Reconocemos al representante Charlie Hernández por liderar el esfuerzo para que este país cuente con legislación en contra de los crímenes de odio. Destacamos el compromiso con la justicia y su defensa inquebrantable de la igualdad que ha sido el norte de la senadora María de Lourdes Santiago. El esfuerzo del senador Eudaldo Báez Galib por darle a Puerto Rico un Código Penal a la altura de nuestros tiempos y sus posturas verticales a favor de la igualdad le han ganado el respeto de nuestro pueblo. La copresidenta de esta Comisión, la representante Liza Fernández, ha dicho valientemente que favorece derechos para las parejas que se beneficiarían por las uniones de hecho y defendió su inclusión en este borrador.
Destacamos de manera especial la radicación por parte del presidente del Senado, Kenneth McClintock, del proyecto por petición de Puerto Rico Para Tod@s para prohibir la discriminación por orientación sexual. Además, reconocemos declaraciones a favor de la justicia que han hecho a través de sus carreras legislativas los senadores Ríos, Martínez, y González, así como los representantes García, Cintrón y González. Por último y no menos importante, reconocemos las expresiones vertidas por el copresidente de esta Comisión, el senador Jorge de Castro Font, hace varias semanas en el hemiciclo senatorial y en los medios de comunicación, en torno a que no bajará a consideración del cuerpo legislación que sea inconstitucional. Precisamente estas declaraciones son cónsonas con lo que hemos exigido siempre: justicia para las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros y que se nos otorguen los mismos derechos iguales bajo las garantías que ofrece nuestra Constitución. Resultaría un ejercicio fútil e inconstitucional, el que se baje a consideración de esta Asamblea Legislativa un Código Civil que discrimine por orientación sexual e identidad de género.
El borrador propuesto del Libro de Familia del Código Civil constituye un paso de avance para toda la sociedad puertorriqueña. La redacción del Libro aclara y expande los derechos y responsabilidades de los miembros de la unidad básica de la sociedad y reconoce nuevas realidades que la tecnología ha hecho necesario enfrentar. El propuesto Libro Las Instituciones Familiares reconoce precisamente eso, que existen muchas maneras de ser familia, tomándose en consideración los lazos afectivos de sus integrantes.
PARTE 2
Por ejemplo, dos amigos que conviven, sin un vínculo sentimental, conforman una familia; una pareja heterosexual, que convive sin casarse, es una familia; una pareja de mujeres lesbianas, unidas por amor, conforma una familia; unos hermanos, que comparten un hogar, son una familia; unos abuelos criando nietos conforman una familia. El concepto de familia de padre y madre con hijos es hoy la minoría en nuestro país, pues más del cincuenta porciento de los matrimonios se divorcia. En otras palabras, la mayoría de nuestras familias vive sin los derechos y protecciones que tiene la minoría en este país. Por lo que nuestras leyes tienen que reconocer la realidad en que vive nuestra población y otorgar derechos iguales a todas las familias.
El propuesto Código Civil también reconoce la autonomía del individuo al proteger su personalidad, la cual no puede ser concebida sin incluir la identidad sexual y de género. Dentro de la amalgama de variaciones del sexo y del género, es necesario señalar que la orientación sexual y la identidad de género se manifiestan como rasgos inmutables, no como preferencias pasajeras, ya que nadie escogería ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero sólo para ser discriminado. De hecho, para continuar con esta discusión tenemos que borrar de nuestras mentes la cuestión sexual y reconocer la manera en que cada uno de nosotros nos relacionamos con nuestras parejas. Lo hacemos por amor, por consentimiento mutuo y por compromiso, tal y como hacemos las parejas gay y lésbicas.
Apoyamos con reservas la propuesta para crear uniones de hecho para parejas heterosexuales, así como para parejas gay y lésbicas. Por remediar parcial e inmediatamente algunas desigualdades que sufren las parejas que no quieren o no pueden contraer matrimonio, apoyamos esta iniciativa legislativa. Esta medida garantizaría que las miles de parejas que están desprotegidas de derechos puedan, inmediatamente después de la aprobación de este Código Civil, comenzar a acceder servicios de salud, de seguridad, de vida y de herencia, así como tomar decisiones médicas y acercarse a la igualdad plena que merecen todas las familias. Que quede claro: las uniones de hecho no equivalen a la igualdad en el matrimonio. El matrimonio, según este borrador y de acuerdo a nuestro estado de derecho actual, es la unión entre un hombre y una mujer.
Equiparar a las uniones de hecho con el matrimonio es falso, engañoso y representa una táctica para tratar de confundir a este pueblo y negarnos cualquier tipo de derechos. No es lo mismo, ni se escribe igual. Las uniones de hecho no nos otorgan la igualdad plena de derechos a las parejas gay y lésbicas. Si fuera lo mismo, no estaríamos abogando por la inclusión de las parejas gay y lésbicas en el derecho al matrimonio, pues aún con el adelanto que representa la creación de las uniones de hecho para las parejas que no pueden o no quieren casarse, éstas se quedan cortas del derecho a la igualdad plena en el matrimonio que nos corresponde.
Precisamente por éstas razones es que reiteramos que aún cuando este borrador del Libro de Familia contiene pasos de avances en la dirección correcta que nos acercarán a la igualdad ante la ley de todos los seres humanos, no podemos apoyar, sin embargo, la pretensión de mantener a las parejas gay y lésbicas en un status de segunda clase en relación a la principal institución reglamentada en el Libro Las Instituciones Familiares: el matrimonio.
La igualdad que la Constitución garantiza a todos los puertorriqueños es una e indivisible. No admite rangos ni excepciones. La Asamblea Legislativa está moral y legalmente obligada a instrumentar los mandatos constitucionales de igualdad. La negación del derecho al matrimonio a las parejas gay y lésbicas es contraria a dicha obligación y no sobrevive el escrutinio estricto requerido por la Constitución. No hay ningún motivo válido que el Estado pueda esgrimir para negar a dos personas del mismo sexo la libre asociación en una relación basada en el amor, el compromiso y el consentimiento mutuo. Esta Asamblea Legislativa tampoco puede ignorar el derecho constitucional a la intimidad, que opera ex propio vigore. No puede ignorar la protección que concede el derecho a la libre asociación, expresión y el derecho amplio a la libertad, a la igual protección de las leyes y a la no discriminación.
Por décadas, las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero hemos reclamado estas verdades inherentes de nuestro sistema democrático. Consecuentemente, en los últimos meses hemos visto como, desde este mismo salón de audiencias, abogados constitucionalistas han apoyado nuestro reclamo de derechos iguales. La licenciada Celina Romany lo dijo claramente cuando expresó ante esta honorable comisión que la institución que preside, “el Colegio de Abogados ha sido consistente en su defensa de la igualdad como instrumento de la promoción de la paz social”, aprobando resoluciones uniéndose a “los reclamos de que se erradiquen las manifestaciones de discrimen y desigualdad por razón de sexo, género, orientación e identidad sexual que persistan en Puerto Rico”. Para erradicar esa desigualdad, Romany dijo que debió haberse dado, a este propuesto Código Civil, una “visión integral” mediante la inclusión de las parejas gay y lésbicas en el derecho al matrimonio.
Del mismo modo, en su función ministerial como defensor de la constitucionalidad de nuestras leyes, el secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos declaró que “mantener una exclusión para negar a las parejas del mismo sexo el reconocimiento del matrimonio y los derechos que eso conlleva, podría desembocar en la intervención de los tribunales sobre la base de la Igual Protección de la Leyes y el Derecho a la Intimidad, así como otros derechos reconocidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la de los Estados Unidos de América”. Más aún, el secretario de Justicia recomendó que “la mejor manera de inmunizar el Código contra declaraciones de inconstitucionalidad es permitir la extensión del lazo jurídico del matrimonio a parejas del mismo sexo”.
Ante la inevitabilidad de la igualdad, nos preguntamos cómo es posible que aquí en Puerto Rico, donde el derecho a la intimidad tiene rango constitucional y opera, además, sin necesidad de legislación, se pretenda ignorar la situación de desigualdad de las minorías sexuales por falsos moralismos. La completa separación de Iglesia y Estado dispuesta en nuestra Constitución y los derechos de libertad e intimidad reconocidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nos obligan a reconocer que el derecho puertorriqueño debe ser fiel reflejo de los valores de inclusión de nuestra sociedad, una sociedad que se enorgullece de su aspiración de igualdad en el trato a todos los seres humanos.
La moral no se basa en preceptos religiosos, la moral es no sectaria; la moral se basa en la dignidad del ser humano y como es respetada por los demás conciudadanos, tanto así que la inviolabilidad de esa dignidad es defendida por nuestra Constitución. Y ya que hablamos de moralidad, definámosla. La discriminación es inmoral. La violencia doméstica es inmoral. Atentar contra la dignidad de un ser humano es inmoral. El robarle a las personas que viven con vih/sida es inmoral. Por el contrario, respetar la diversidad es moral. Hacer valer la igualdad es moral. El amar a una persona es moral. Decidir compartir la vida junto a ese ser amado es uno de los actos más nobles y morales que existen.
Los que se oponen a la igualdad para las parejas gay y lésbicas lo hacen aludiendo a la tradición bíblica. Pero dependiendo del libro de la Biblia que uno lea, el estándar bíblico sobre el matrimonio acepta la poligamia, prohíbe el divorcio, permite la maternidad subrogada, prohíbe las uniones interreligiosas, valora a la mujer como propiedad y penaliza al adulterio con la muerte. Si se aceptara un concepto bíblico ambiguo como razón para negarle el derecho a las parejas gay y lésbicas su igualdad ante la ley, esta Asamblea Legislativa tendría que penalizar el divorcio, la fornicación, el adulterio, el sexo premarital, el sexo oral, el uso de anticonceptivos y otras conductas que violan los dogmas religiosos.
Resulta irónico que a una pareja comprometida que se ama se le niegue la igualdad basándose en argumentos bíblicos, pero se ignoran convenientemente las demás implicaciones bíblicas del matrimonio. Sin embargo, la Biblia hace un llamado supremo al amor, a la integridad y a la justicia en todas las relaciones, precisamente lo que hacemos las parejas gay y lésbicas, amarnos contra toda adversidad. Aún con el rechazo de algunos sectores de la sociedad, aún con la falta de derechos iguales, aún con la discriminación que nos acosa, las parejas gay y lésbicas seguimos amándonos, formando familia y aportando a la sociedad.
PARTE 3
Prueba de este amor es la hermosa historia de Emilio Reynes y Efraín Cano, quienes llevan juntos más de 35 años. Aún con el rechazo de la familia de Efraín, como lamentablemente sigue sucediendo en muchas familias puertorriqueñas, decidieron formar un hogar. Hace poco más de un año tuvieron que irse de su país a encontrar la igualdad que les es negada en su patria. Se casaron legalmente en Canadá, más por el reconocimiento social que por los derechos que aún no les son reconocidos en Puerto Rico. Por el hecho de que su matrimonio legal no tiene validez aún en nuestra Isla, decidieron hacer sus testamentos y declaraciones de albaceas para proteger lo que han construido juntos por los pasados 35 años.
Lamentablemente y con mucho sacrificio, Emilio y Efraín han protegido sus vidas y bienes como mejor han podido, pero no todas las parejas gay y lésbicas pueden hacer estos costosos arreglos legales. Por lo que se hace urgente y necesario que estas parejas puedan protegerse mutuamente mediante el reconocimiento de sus derechos legales a través de los derechos plenos que sólo otorga el matrimonio. Sé que algún día, Emilio y Efraín, este país reconocerá su unión como se merece, con todas las de la ley. Un día este país les devolverá la dignidad que les ha sido negada por los pasados 35 años. Ojalá no sea demasiado tarde.
Y es que el amor entre las parejas gay y lésbicas es tan sólido que, no tan sólo tolera las heridas del discrimen, sino que continúa sacando del camino el odio infundido por los detractores de la igualdad, siguiendo el ejemplo del Reverendo Martin Luther King, Jr., cuando nos exhortó a seguir amando a aquellos que se oponen a nuestra libertad: “A nuestros más acérrimos oponentes, les decimos: ‘Equipararemos su capacidad de infligir sufrimiento con nuestra capacidad de sobreponernos al sufrimiento. Equipararemos su fuerza física con nuestra fuerza moral. Los amaremos, pero no podemos, en justa conciencia, obedecer sus leyes injustas porque la no cooperación con la maldad es una obligación moral tan grande como la es cooperar con el bien. Pero tengan la seguridad de que los cansaremos con nuestra capacidad de sobreponernos al sufrimiento. Un día ganaremos nuestra libertad, pero no sólo para nosotros. Apelaremos a sus corazones y a sus conciencias hasta ganarnos a cada uno de ustedes en el proceso y nuestra victoria, entonces, será una doble victoria’”.
Esa victoria para la libertad de todos se acerca, incluso ya existen innumerables iglesias en las denominaciones Episcopal, Metodista, Menonita, Anglicana, Luterana, Presbisteriana, Bautista, Universalista Unitaria, Comunitaria Metropolitana y Católica Eucarística, que bendicen uniones de parejas gay y lésbicas. Más aún, en recientes declaraciones a la prensa, el Arzobispo Católico de San Juan, Monseñor Roberto González, reconoció la desigualdad en que vivimos las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros cuando señaló que “la Iglesia no favorece la discriminación contra nadie”, y fue más lejos al abogar por nuestros derechos humanos y civiles, pues según dijo “hay que reconocer los derechos de todos”. Lo que demuestra claramente que si bien el Estado no puede obligar a otras iglesias a hacer algo que vaya en contra de sus dogmas, tampoco puede ninguna iglesia particular pretender obligar al Estado a ir en contra de la igualdad ante la ley de todos los seres humanos.
¿Acaso no reconoce el dogma cristiano la doctrina de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿No reconoce la Iglesia moderna la separación de Iglesia y Estado? Lo que está solicitando hoy algún grupo fundamentalista atenta contra nuestro estado de derecho y contra nuestro esquema constitucional, contra nuestra libertad y contra la indispensable separación de Iglesia y Estado. Si se permite que un grupo fundamentalista se imponga en este asunto hoy, ¿qué impide que otro grupo no intente imponer sus dogmas en torno a otros asuntos a los demás grupos mañana? Al atentar contra la separación de Iglesia y Estado, los grupos fundamentalistas atentan contra sí mismos, contra su propia autonomía y libertad de culto. La separación de Iglesia y Estado es un necesario complemento de la libertad de culto. La libertad de culto no es más que una manifestación del derecho a la personalidad, a la libertad y a la autonomía personal: es decir a la conciencia y a la intimidad. Siendo ésta la Legislatura, lo anterior no debería ser más que llover sobre mojado. Sin embargo, los recordatorios parecen no estar de más.
Señores legisladores, señoras legisladoras, legislen sin miedo. No teman costo político alguno por cumplir su mandato constitucional de hacer valer la igualdad de todos los ciudadanos. Nuestro pueblo les dice ‘no tengan miedo, si hacen valer la igualdad, les apoyaremos’. Muestra de esto es que candidatos que fueron respaldados por estos sectores fundamentalistas fueron derrotados en las urnas y aquellos que fueron rechazados por los mismos grupos, hoy están entre ustedes en los hemiciclos legislativos.
Hace apenas unos años se reafirmó la separación de Iglesia y Estado cuando la Legislatura al fin procedió a la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, así como cuando la Universidad de Puerto Rico se convirtió en el primer patrono del Estado en reconocer derechos a las parejas de sus empleados gay, lesbianas y bisexuales. Debemos preguntarnos ahora, si el Estado ha decidido reconocer las relaciones de las parejas gay y lésbicas, ¿por qué no se establece un marco legal que permita el desarrollo estable de la convivencia de estas parejas y de sus hijos? Lo que nos corresponden son los derechos, responsabilidades y protecciones legales que otorga el Estado a dos personas que deciden unirse y comprometerse por amor.
Las razones para permitir la igualdad para las parejas gay y lésbicas incluyen desde consideraciones básicas de justicia, hasta cuestiones prácticas como la reducción del gasto público que se produciría cuando, por ejemplo, las parejas reciben cubierta médica conjunta. Además, se otorgarían protecciones a las miles de familias lideradas por parejas gays y lésbicas. Cabe destacar que, según el Censo del 2000, más del 40 porciento de estas parejas están exitosamente criando hijos menores de 18 años, aún sin tener protecciones y derechos.
Más aún, la privación de la igualdad a las parejas gay y lésbicas no sólo niega derechos a los potenciales contrayentes, sino también a sus hijos. Esta prole será criada adecuadamente, aunque hasta ahora ha estado condenada a subsistir fuera del ámbito protector de la institución matrimonial. Del mismo modo como otrora lo fueran los hijos nacidos fuera del matrimonio entre parejas heterosexuales. Nos preguntamos, entonces, ¿qué argumento puede esgrimir el Estado para negar los derechos de herencia, de seguridad, de vida y de salud, de seguro social y de pensión alimentaria, entre otros, a estos menores?
El Estado tiene que erradicar la discriminación contra las parejas gay y lésbicas. No es crear algo nuevo, diferente o de menor rango, ni llevar a nuestra Isla por la vía de la separación y la desigualdad. Las parejas gay y lésbicas merecemos las mismas reglas, las mismas responsabilidades, el mismo respeto, la misma dignidad. Sólo el matrimonio ofrece una serie incomparable e irremplazable de protecciones y responsabilidades, bajo las leyes estatales, federales e internacionales, que no se pueden reproducir bajo ningún otro contrato, estatuto o un nuevo mecanismo del Estado.
La red de protección matrimonial afecta cada área de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, incluyendo los impuestos. Aún cuando el remedio propuesto por este borrador ofrece algunas protecciones y derechos que otorga el Estado, la realidad es que ningún estatus separado — ninguna unión de hecho — provee la justicia económica plena a las parejas gay y lésbicas y sus familias. Tener que recurrir a abogados para proteger a la familia en momentos de crisis no es justo y no es igual. Hay un solo sistema que protege a las familias sin importar donde se casen, residan o donde viajen: el matrimonio.
PARTE 4
Las uniones de hecho no proveen ninguna de las más de 1,138 protecciones que otorga el matrimonio, desde el seguro social hasta la seguridad de que la relación legal entre dos personas comprometidas que se aman será respetada fuera de su lugar de origen.
En Puerto Rico, instituciones como el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, la Procuradoría de las Mujeres, el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles, la Asociación de Psicología, el Colegio de Trabajadores Sociales, la mayoría de las Escuelas de Derecho del país, así como profesionales de la salud, líderes religiosos, personalidades de todos los quehaceres, personas heterosexuales, nuestros familiares y amigos, entre muchas otras instituciones e individuos, ya se han expresado en favor de los cambios propuestos al Código Civil y al reconocimiento de la diversidad familiar en nuestra Isla. Del mismo modo, alrededor del mundo ya es conocido lo que significa la igualdad. España, Canadá, los Países Bajos, Bélgica y Sudáfrica, así como el estado de Massachussets, reconocen la igualdad en el matrimonio.
Además, países tan diversos como Andorra, Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Israel, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Eslovenia, Suecia, Suiza y Gran Bretaña, así como partes de Argentina, Brasil, Italia, México, Australia y en Estados Unidos, lugares como California, Connecticut, Hawaii, Maine, Nueva Jersey, Vermont y Washington, D.C., ya conceden uniones de hecho.
Vale la pena recordar que España pasó de la intolerante dictadura franquista, apoyada por la Iglesia Católica, a la igualdad en el matrimonio en menos de 30 años. Sudáfrica pasó de la segregación racial y los horrores del Apartheid a la igualdad en el matrimonio en menos de 16 años. Si estas democracias incipientes han hecho grandes avances para garantizar la igualdad ante la ley de todos los seres humanos, ¿qué espera la democracia puertorriqueña — que tiene una de las Constituciones más avanzadas del mundo — para estar a la altura de los tiempos, de nuestras mejores aspiraciones de justicia e igualdad y que sea cónsona con la idiosincrasia de nuestro pueblo?
Justicia e igualdad que ha eludido, además, a una de las comunidades más olvidadas por nuestro estado de derecho y por nuestra sociedad: las personas transgéneros, quienes recurren a métodos estrictamente legales para vivir una vida ordinaria. Desafortunadamente son víctimas de tanto discrimen, intolerancia, odio y violencia que han aprendido a ver a los demás seres humanos por lo que son, seres humanos. No se fijan en etiquetas, sino que aprecian la diversidad humana y en su esfuerzo por reclamar su identidad, claman por ser tratados con dignidad. A cada momento, tienen que recordarse a sí mismos y al mundo que son seres humanos pues hay personas que los deshumanizan. Precisamente, por el dolor que han sufrido, por las injusticias que han tenido que soportar, por su desigualdad ante la ley, por la violencia que los acosa, por la intolerancia que los margina, por el odio que los lastima, se han abrazado a su humanidad al nivel que todos deberíamos rescatar. Si los demás aprendiéramos de las personas transgéneros, podríamos entendernos como seres humanos, tratarnos con respeto y validar la dignidad de cada persona. Al mismo tiempo, crearíamos una sociedad mucho más justa, solidaria y humana.
Es por éstas razones, que apoyamos la justicia parcial, contenida en este borrador, de permitir el cambio en el encasillado de sexo en el certificado de nacimiento a las personas que viven con un género que no está tradicionalmente asociado con el sexo asignado al nacer. Pero igualmente pedimos que se haga justicia plena, que se enmiende esta disposición para que no tenga que ser certificada únicamente por médicos que confirmen la realización de una operación de reasignación de sexo.
Bajo las protecciones que conceden la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y a la no discriminación, la igual protección de las leyes, la inviolabilidad de la dignidad y el derecho amplio a la libertad, este cambio tiene que permitírsele a toda persona que decida vivir su vida de acuerdo con su identidad de género, sin que se le exija pasar obligatoriamente por un peligroso, doloroso y costoso proceso de reasignación quirúrgica. Afirmar que la falta de este requisito quirúrgico podría causar cambios caprichosos de los datos registrales es ignorar el sufrimiento y el esfuerzo que lleva consigo el conseguir que el sexo vivido se corresponda con el oficial.
Esta Asamblea Legislativa tiene que remendar el desacertado fallo de nuestro Tribunal Supremo cuando no fue consecuente al decidir de manera diferente en casos idénticos. Hace siete años, el Supremo reconoció el derecho a cambiar el encasillado de sexo en su certificado de nacimiento a una mujer transexual y hace sólo dos, se lo negó a otra mujer igualmente transexual, quien sólo ha pretendido vivir una vida ordinaria por medio de métodos estrictamente legales. Es por ésto que hoy Alexandra no está aquí, ni ha salido a la luz pública, porque nuestro máximo tribunal la relegó a una ciudadanía de tercera categoría, obligándola a vivir con el estigma de la discriminación todos los días, violando su dignidad.
Esta Asamblea Legislativa tiene que proteger la dignidad de Alexandra para que el día en que este Código Civil sea efectivo, ella pueda cambiar su certificado de nacimiento y no tenga que seguir recurriendo a explicaciones y sufriendo humillaciones porque su identidad de género, como ella es vista por la sociedad — o sea una mujer — no compagina con lo que establece ese documento que niega su realidad. Lo que se le exige a la Asamblea Legislativa es un pequeño cambio en el documento de vida de una persona, pero un cambio justo para garantizar la dignidad y la igualdad de cada ser humano que recurre a métodos estrictamente legales para vivir la vida ordinaria a la que todos tenemos el derecho inalienable de vivir.
De hecho, esta Asamblea Legislativa tiene que mirar hacia el pasado, no hacia el presente o hacia el futuro. Tiene que mirar al pasado y hacer lo que precisamente se hizo en la década de los ’70, cuando en la Sala del Honorable Juez Mariano Acosta del Tribunal de Carolina se le otorgó a Bárbara (Soraya) Santiago Solla el cambio en el encasillado de sexo y el cambio de nombre en su certificado de nacimiento. Con esta histórica decisión, nuestros tribunales le devolvieron su dignidad a una mujer transexual que había logrado a través de métodos legales su transición.
Si el Estado le permite a una persona ejercer plenamente su libertad, incluyendo vivir de acuerdo a su identidad de género, cómo no le va a permitir atemperar sus certificados e identificaciones legales para documentar su nueva realidad. En nuestro estado de derecho no pueden existir decisiones contrarias para casos idénticos. Esta Asamblea Legislativa tiene que corregir esta injusticia y otorgarle a Alexandra la igualdad que tiene Soraya. Hacer lo contrario, sería inconstitucional y atentar contra la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, su libertad de expresión y su derecho a la intimidad.
Qué tal si fuera al revés. Qué tal si la mayoría fuéramos personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Qué tal si el matrimonio sólo fuera legal para las parejas gay y lésbicas. Qué tal si no permitiéramos a las personas cambiar el apellido en el certificado de nacimiento para atemperarlo a su nueva realidad. Qué tal si permitiéramos la discriminación contra las personas heterosexuales. La mayoría no puede imponerle a la minoría sus creencias. De hecho, para eso está la democracia, para garantizar los derechos iguales a cada uno de sus ciudadanos, ya sea una sola persona o cuatro millones de personas. Si fuera por lo que dice la mayoría, el matrimonio reservado para la familia de padre y madre con hijos no tendría derechos, ni protecciones. Si fuera por lo que dice la mayoría, el matrimonio interracial no se hubiese reconocido y las mujeres continuarían siendo propiedad de sus maridos. Si fuera por lo que dice la mayoría, la Legislatura hubiese favorecido la unicameralidad.
PARTE 5
Si fuera por lo que dice la mayoría, todavía las mujeres vivirían sin derechos, el divorcio estaría prohibido y los negros aún serían esclavos. Lo que en un momento era ley porque lo dictaba la mayoría, tuvo que inevitablemente convertirse en el reconocimiento de los derechos de todos, la igualdad ante la ley.
Es una obligación del Estado erradicar todo tipo de discrimen y no perpetuar la desigualdad contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros, olvidando convenientemente la célebre frase de don Eugenio María de Hostos, “siendo iguales los deberes, son iguales los derechos”. Nosotros ya pagamos contribuciones y tenemos todos los deberes, por lo que es injusto, inconstitucional e inmoral que se nos nieguen los mismos derechos iguales.
Somos parte de esta tierra. Somos sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus primos. Somos sus abuelos, sus tíos, sus vecinos. Somos sus colegas, sus ayudantes, sus avanzadas de campaña, sus amigos. Somos ustedes. Merecemos los mismos derechos y protecciones que gozan nuestros hermanos heterosexuales, como sabiamente exigen Toñi Mújica, mi Papá, y Alicia Burgos, mi Mamá: “Nosotros exigimos para nuestro hijo gay los mismos derechos que tienen nuestros tres hijos heterosexuales. Ninguno de nuestros hijos es mejor que el otro, todos son iguales y de manera igual tienen que ser tratados”. Más aún, la justicia es una madre ciega que abarca por igual en el calor de su seno a todos sus hijos.
Exigimos el reconocimiento de plena igualdad para las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros. Las uniones de hecho, aunque puedan constituir un paso de avance, no alcanzan dicha igualdad plena. Algunos preguntan “por qué no se conforman con ir a un abogado para proteger sus derechos, por qué no se conforman con vivir como transgéneros en su intimidad”. La respuesta es clara: porque la igualdad es una e insustituible, la igualdad. Puerto Rico no puede cometer el error histórico de frenar el progreso de los derechos civiles mediante nuevas categorías de “separados pero iguales”. De hecho, el Tribunal Supremo de Massachussets, cuando otorgó la igualdad en el matrimonio a las parejas gay y lésbicas en ese estado, declaró que “la historia nos demuestra una y otra vez que separado nunca es igual”.
Desafortunadamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha cumplido con su obligación constitucional de otorgar justicia a quienes recurren a los tribunales como último recurso en su búsqueda de la igualdad. Esto quedó demostrado cuando nuestro Tribunal Supremo en la opinión disidente del caso Pueblo v. Ruiz Martínez, 158 D.P.R. 35 (2003), el hoy Juez Presidente, Honorable Federico Hernández Denton, le advirtió acertadamente a sus compañeros jueces del Supremo, que “el tiempo nos dará la razón. Llegará el día en que [se] le garantice a las minorías sexuales los mismos derechos que protegen al resto de la sociedad y [se] rectifique la injusticia y el discrimen”. No nos quepa duda: el tiempo es ahora.
Puesto en términos sencillos y humanos, esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de sacar de su urna a la Constitución y hacerla viva, tiene que legislar para garantizar la igualdad ante la ley de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros, tiene que actuar ante su obligación ineludible de legislar para todo su electorado. Señores legisladores, señoras legisladoras, cuando ustedes juramentaron su posición lo hicieron con la mano puesta en la Biblia, jurando defender la Constitución. No lo hicieron con la mano en la Constitución, jurando defender la Biblia.
Esta Asamblea Legislativa tiene que asegurarle a este pueblo que no se repetirá la desgarradora historia de José Fernando Colón, un hombre de cincuenta y tres años de edad, que al enfermar su pareja Quique, no pudo tomar ninguna decisión sobre su tratamiento médico a pesar de que José Fernando era su única familia por espacio de diecisiete años. La familia de Quique, que en vida nunca se ocupó de él por culpa de la homofobia, cuando Quique falleció en los brazos de José Fernando, no le reconoció derecho alguno. Al no contar con las protecciones y derechos que otorga el Estado, José Fernando no tuvo otra alternativa que abandonar el hospital donde había permanecido a su lado por sus últimos cincuenta días, tal y como lo había hecho durante toda su vida juntos. Empezar de nuevo, con el dolor de perder a su amado, es una injusticia imperdonable e inimaginable para las parejas heterosexuales. Sin embargo, esta historia se repite más a menudo de lo que nuestras conciencias podrían soportar en las vidas de las parejas gay y lésbicas.
Esta Asamblea Legislativa tiene que garantizarle a José Fernando, que si vuelve a estar en un hospital, como lo estuvo por espacio de dos meses este mismo año, Anselmo Fonseca, su actual compañero por los pasados doce años, podrá tomar las decisiones médicas por él. Esta Asamblea Legislativa también tiene que garantizarle a Alexandra que no seguirá viviendo una ciudadanía de tercera categoría, que sus esfuerzos estrictamente legales por vivir una vida ordinaria no fueron en vano, que la inviolabilidad de su dignidad y su igualdad ante la ley serán reafirmadas por aquellos llamados a legislarla.
Esta Asamblea Legislativa tiene que legislar para que la igualdad no sea una utopía, tiene la obligación constitucional e ineludible de hacerla realidad. Esta Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de crecerse ante los tiempos, de hacer historia y convertirse en custodio de nuestros más altos valores de igualdad y de justicia. Esta Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de demostrar que Puerto Rico no puede ser sólo para algunos, sino que Puerto Rico tiene que ser para todos y todas.
Sé que un día escucharé a algún líder político o alguna líder política de nuestro Puerto Rico pronunciar palabras similares a las que expresó el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se legisló la igualdad en el matrimonio para las parejas gay y lésbicas en su país: “Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad. Es verdad que son tan sólo una minoría; pero su triunfo es el triunfo de todos. También aunque aún lo ignoren, es el triunfo de quienes se oponen a esta ley, porque es el triunfo de la libertad. Su victoria nos hace mejores a todos, hace mejor a nuestra sociedad”.
Señores legisladores, señoras legisladoras, hoy Soraya, Emilio y Efraín, José Fernando y Anselmo, mi novio Steven y yo — o sea, las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros — les decimos con una sola voz: devuélvannos el respeto, reconozcan nuestros derechos, restauren nuestra dignidad, afirmen nuestra identidad, restituyan nuestra libertad.
Nosotros somos tan humanos como lo son ustedes. Somos tan dignos como lo son ustedes. Somos tan ciudadanos como lo son ustedes. Somos tan iguales como lo son ustedes. Somos tan puertorriqueños como lo son ustedes.
Señores legisladores, señoras legisladoras, hagan lo justo, hagan lo correcto: hagan valer la igualdad ante la ley de todos los seres humanos. Todos somos todos.
Señores legisladores, señoras legisladoras, tenemos esperanza en que ustedes harán lo justo porque sabemos que a fin de cuentas, la justicia siempre prevalece.
PARTE 6
Es un hecho inevitable que al final del camino, Puerto Rico será para todos y todas.
La igualdad es un hecho inevitable.
Pedro Julio Serrano 