Mes: mayo 2020

Por Javier Colón | El Nuevo Día

Para el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román Espada, el proceso en la Legislatura para evaluar la propuesta de un nuevo Código Civil fue “accidentado”, pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, insiste en que la ciudadanía tuvo tiempo suficiente para evaluar el proyecto y que hubo ponencias presentadas por escrito.

El Senado divulgó el 28 de febrero la versión más reciente del documento con las enmiendas introducidas por el cuerpo legislativo al proyecto que salió de la Cámara de Representantes. La Fortaleza anunció que tiene la intención de introducir cambios a la medida, pero no son públicos aún.

“Digo esto porque en la Cámara, luego de varios años donde hubo vistas, discusión y colaboración con diferentes entidades y el Colegio participó y se aprobó la medida y se remitiera al senado, la Cámara solicitó que se devolviera y, sin vistas públicas y sin ninguna consideración que no fuera la de las personas que dirigieron el proceso, se introdujeron una serie de enmiendas, muchas de las cuales respondían a sectores conservadores y se aprobaron”, dijo Román Espada a El Nuevo Día.

“No hubo vistas en el Senado, no hubo un proceso de consulta y el Senado enmendó gran parte del trabajo de la Cámara. Entonces, cuando se va a aprobar la gobernadora pide tiempo y lo único que habíamos conocido es que pidió tiempo”, agregó, mientras indicó que prácticamente todo se paralizó desde mediados de marzo a causa de la emergencia de COVID-19.

Román Espada reconoció que no existe certeza alguna sobre el contenido de las enmiendas que se podrían introducir antes de que la medida se lleve a votación y que es necesario que la gobernadora Wanda Vázquez revele los cambios que propone, independientemente de si son acogidas o no en el Senado.

“La Fortaleza no debe firmar ningún proyecto que no sea transparente. La gobernadora ha dicho que implantaría una política pública de transparencia y en esto no ha sido así”, dijo. Para Esther Vicente, profesora universitaria de Derecho y exintegrante de la Comisión de Derechos Civiles, la emergencia provocada por COVID-19, entre otras cosas, imposibilita que personas interesadas en el tema del Código Civil participen adecuadamente de la elaboración de la pieza.

“Hemos tenido muy poco acceso a la información relacionada con el proceso de reforma del Código Civil, que es un instrumento sumamente importante para la sociedad y se debe atemperar a los tiempos. A nivel social ha habido muchísimos cambios y se deben reflejar. No debe ser solo recoger la mirada de un sector conservador que no necesariamente respeta los derechos humanos de todas las personas”, dijo Vicente.

En el caso de la exprocuradora de las Mujeres y también profesora universitaria, María Dolores Fernós, pretender aprobar el Código Civil en el Senado el próximo lunes es un “atropello”.

“Es un atropello que en un momento tan crítico se pretenda aprobar una revisión al Código Civil que altera derechos fundamentales. Es inconcebible que no se hagan públicos los cambios que han anunciado sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos de la comunidad LGBTTIQ+. No es aceptable, para un país democrático, que se pretenda legislar a oscuras del pueblo”, aseveró.

Por su parte, Ricardo González, pasado presidente de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, División del Caribe, insistió en que los cambios introducidos al Código Civil tienen que basarse “en la mejor evidencia social y científica posible del Siglo 21”.

“Nos preocupa grandemente que, en la parte de familia, no se atienden gran parte de las preocupaciones que hemos esbozado. Tenemos preocupación particularmente con la figura del nasciturus, ya que en algunas jurisdicciones se pone la vida del no nacido al nivel de la madre, lo cual representaría un cambio enorme en la jurisprudencia que sostiene que la vida de la madre va primero y se protege su derecho a decidir sobre su propio cuerpo”, dijo.

El portavoz de Puerto Rico para Tod@s, Pedro Julio Serrano, exigió que se revelen las últimas enmiendas al documento, particularmente las que tienen que ver con el derecho a introducir cambios en el certificado de nacimiento de las personas trans.

“Ya en el pasado este gobierno, tras derrotar los proyectos de libertad religiosa y de terapias de conversión, los volvieron a presentar. Nos trataron de coger de lo que no somos como hacen con los suyos. Es imperativo que se muestren las enmiendas desde hoy para que el pueblo sepa cuál es el proyecto final que votará el Senado. Exigimos que ningún derecho adquirido, como el aborto, el matrimonio, la adopción y el cambio de certificado de nacimiento, sea alterado o eliminado de nuestro estado de derecho”.

Por su parte, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que, por lo pronto, conoce de una enmienda adicional a ser introducida el lunes en el hemiciclo, pero dejó la puerta abierta a que sean más.

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) exigió que se publique el borrador final del Código Civil y se detenga su consideración por parte del Senado de Puerto Rico en momentos en que el país enfrenta una epidemia de violencia homofóbica y transfóbica aparte de la pandemia del COVID-19.

«La comunidad LGBTTIQ+, así como el resto del país, está inmersa en un proceso de mucho dolor e indignación por la epidemia de violencia homofóbica y transfóbica tras los asesinatos de cinco personas trans en dos meses. Nos parece un acto de provocación, de insensibilidad y temeridad que el Senado insista en bajar a consideración un Código Civil que afecta y vulnera los derechos de todas las personas en Puerto Rico, sobre todo las mujeres y la gente LGBTTIQ+. Esto cobra mayor relevancia, cuando ni el Senado, ni la Cámara, ni la Gobernadora, ni este Gobierno se han expresado para condenar, ni han actuado para atajar esta violencia que ha asesinado a diez personas LGBTTIQ+ en 15 meses y en momentos donde el País está atendiendo la peor crisis de salud pública de su historia reciente», aseveró Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.

«Como si fuera poco, tenemos reparos al contenido de dicho proyecto de ley por entender que el mismo contiene disposiciones lesivas para los derechos civiles del País y para la estabilidad de nuestro ordenamiento jurídico. El Senado no ha presentado públicamente la versión del Código Civil que se llevará a votación. Eso no es un Código Civil, es un Código Secreto. El país, y sobre todo el Senado, tiene que educarse sobre el tema y evaluar concienzudamente el Código Civil propuesto por la Cámara de Representantes y enmendado por el Senado. De igual forma, hay que sopesar las repercusiones en las vidas de todos los puertorriqueños. Es imperativo que los senadores y senadoras que deberán tomar una decisión sobre el documento tengan una opinión informada y puedan descargar de manera responsable su función legislativa», dijo Amárilis Pagán, portavoz de CABE.

Por último, CABE le solicita al presidente senatorial Thomas Rivera Schatz que, «en aras de atender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, se posponga la votación del PC1654 de Código Civil y se calendaricen vistas públicas en el cuerpo que preside. En este momento de tanta vulnerabilidad, la posición sensata debe ser publicar el documento tal y como será considerado, sin enmiendas a escondidas que se presenten en el pleno del Senado. Además, que nunca es tarde para que se abra el proceso a vistas públicas y que se escuchen todas las voces», concluyeron los portavoces.

Por Alex Figueroa | El Nuevo Día

El caso contra dos hombres por el asesinato de dos mujeres trans en Humacao representa la primera vez que las autoridades federales levantan acusaciones por crimen de odio en Puerto Rico.

Las imputaciones por violar la Ley federal de «Prevención de Crimen de Odio» contra Sean Díaz de León y Juan Pagán Bonilla fueron incluidas en una denuncia sometida al tribunal por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

«Nuestro entendimiento es que esta es la primera vez que las circunstancias, que pudieran levantar violaciones a la Ley de Prevención contra los Crímenes de Odio, se incluyen como parte de las alegaciones en un documento acusatorio en el Distrito de Puerto Rico», indicó la portavoz de la fiscalía federal, Lymarie Llovet, a El Nuevo Día.

Aunque el caso todavía no ha sido llevado ante un gran jurado, las expresiones del jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, plantean que se buscará dicho cargo en el pliego acusatorio formal, para el que tienen 30 días en producir.

“Los crímenes de odio son especialmente reprochables debido a los efectos que tienen sobre las víctimas, sus familias, las comunidades que continuamente sufren el discrimen por razón de su género u orientación sexual, y nuestro pueblo en general», sostuvo Muldrow.

“Es por esto que la fiscalía federal se compromete a utilizar todas las herramientas a su alcance para combatir los delitos motivados por este tipo de intolerancia”, agregó.

Según la denuncia del FBI, basado en la confesión de Pagán Bonilla, ambos imputados asesinaron a Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez el 22 de abril al conocer que eran mujeres transgénero, después de haber socializado con las víctimas en una casa en Las Piedras.

En la confesión se indicó que Díaz de León le disparó a ambas víctimas y luego los cuerpos fueron dejados dentro de un auto que ambos incendiaron debajo de un puente en Humacao.

La denuncia que ahora pesa sobre ambos corresponde a una ley aprobada por el Congreso y firmada en el 2009 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que enmendó la que existía desde 1968.

La enmienda del 2009, cuyo nombre completo es el «Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act», añadió «protecciones contra los crímenes basados en el género, discapacidad, identidad de género u orientación sexual», detalla la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal.

Activistas en Estados Unidos celebraron el estatuto, pues ofrece más herramientas para proteger a la comunidad LGBTTIQ+, aunque la administración del presidente Donald Trump enfrentó críticas por no defender suficientemente sus derechos. Según el diario The New York Times, 70 personas fueron acusadas por distintas motivaciones que cubre esa ley.

Para defensores de los derechos civiles en Puerto Rico, este caso puede abrir la puerta para que se defienda mejor a las personas que son víctimas de crímenes por su orientación sexual o identidad de género.

«Al fin se reconoce lo que siempre hemos dicho: la mayoría de los asesinatos en contra de la gente LGBTTIQ+ son crímenes de odio», expresó el activista Pedro Julio Serrano. «El asesinato es la manifestación más horrenda y violenta del discrimen y el prejuicio en contra de la orientación sexual e identidad de género de las víctimas».

«Todo comienza con un epíteto, una burla, un rechazo y va creciendo esa forma de discriminar hasta llegar al ataque emocional, el acoso, la amenaza, el ataque, las heridas y el asesinato. Este odio tiene que parar ya en Puerto Rico. La gente LGBTTIQ+ somos tan puertorriqueños como los demás, tan seres humanos como los demás, tan dignos como los demás», agregó.

Por su parte, el abogado Osvaldo Burgos señaló «es bueno en el sentido de que se abra un espacio para el procesamiento de casos bajo este estatuto que lleva muchos años». «Es importante que se le dé visibilidad a ese estatuto», agregó.

Esta ley federal fue motivada por el asesinato a golpes de Shepard en la ciudad de Laramie, Wyoming, en 1998. La primera persona convicta por ese delito se trató de un hombre de Mississippi, Joshua Vallum, quien fue sentenciado en el 2017 a 49 años de prisión por el asesinato de una joven transgénero, Mercedes Williamson, de 17 años. Según los cargos, Vallum apuñaló y golpeó a la víctima hasta matarla en el 2015 para intentar que los demás integrantes de la ganga a la que pertenecía no se enteraran de la relación que tenía con Williamson, ya que tenían reglas que prohibían relaciones con «actividades homosexuales».

La enmienda del 2009 también aclaró cómo las autoridades federales asumirían la jurisdicción del caso ante los gobiernos estatales. Una de las instancias plantea que ocurrirá cuando el gobierno estatal lo solicite a Justicia federal. Con relación al caso contra Díaz de León y Pagán Bonilla, que fue esclarecido por la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico no descarta que en algún momento puedan someter algún cargo estatal.

Sin embargo, la jefa de fiscales, Arlene Gardón Rivera, dejó entrever que el caso federal podría limitar la capacidad de un procesamiento estatal sin entrar en una doble exposición.

“La presentación de dichos cargos a nivel federal representa un proceso judicial que conlleva consecuencias sobre la capacidad de procesar a nivel estatal», sostuvo Gardón en declaraciones escritas para El Nuevo Día. Pero indicó que se mantienen atentos al caso federal «y evaluando sobre el curso a tomar de acuerdo a cómo progresen dichos procesos». Aseguró que «no se han tomado determinaciones finales de todo lo que pueda ocurrir en este caso. Lo importante es tomar todas las medidas disponibles para hacerle justicia a Layla Peláez Sánchez y Serena Angelique Velázquez Ramos”.

En la isla no existe una ley estatal que tipifique como delito en sí mismo lo que se conoce como «crimen de odio». Lo que dispone el Código Penal, tras la enmienda del 2012, es un agravante que se añade a otros delitos que surjan de los mismos hechos, tras establecerse que fueron cometidos por «prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género…», entre otras motivaciones.

La primera vez que un jurado aprobó este agravante en un caso fue en el 2016, cuando Francisco Miranda Bermúdez fue sentenciado a 135 años de cárcel por el asesinato del estilista Miguel Rodríguez Fernández en Santa Isabel.

Para Burgos, el caso del doble asesinato en Humacao «pudo haberse juzgado a nivel estatal, pero por los memorandos de entendimiento envían los casos de carjacking a los federales».

«La acusación federal es agridulce, porque aunque ayuda en la protección a las víctimas, trae consigo el lado negativo de que sea un caso elegible para la pena de muerte, la falta del derecho a la fianza y otras protecciones de los acusados contempladas en nuestra constitución», sostuvo Burgos.

El magistrado federal Marshal Morgan activó ayer protocolo para que se asignen abogados expertos en pena de muerte para la defensa de ambos, ya que esa es la condena máxima a la que se exponen por los delitos de carjacking y armas de fuego que resultaron en asesinatos.

Serrano manifestó que «aún cuando agradecemos a las autoridades federales por reconocer estos asesinatos de Layla y Serena como crímenes de odio, reiteramos nuestro rechazo a la pena de muerte».

«La venganza no es sinónimo de justicia. Nuestra Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y nuestro pueblo reafirma esa máxima. Por lo que pedimos que no se intente meter la pena capital por la cocina. Exigimos justicia para Serena y Layla, pero no queremos quitarle la vida a nadie», añadió.

Por otro lado, Burgos señaló que el hecho de que este caso sea el primero federal desde que se estableció el estatuto en el 2009 plantea cuestionamientos sobre la aplicación de la ley por parte de las autoridades.

Recordó que en la isla se denunció los asesinatos de al menos diez personas de la comunidad LGBTTIQ+ en los pasados 15 meses, cinco de los cuales ocurrieron en los pasados cinco meses. De ese total, se esclarecieron tres y uno no fue clasificado como crimen de odio por las autoridades. En la página de Internet del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Puerto Rico figura como una de las 17 jurisdicciones en las que existen leyes contra los crímenes de odio, pero «no se requiere la recopilación de datos sobre crímenes de odio».

Por lo menos hasta el 27 de abril, el «Informe preliminar de asesinatos» de la Policía no incluía el encasillado de «crimen de odio» entre las clasificaciones de los móviles. Desde el 2 de mayo sí figura en el documento y no refleja que en lo que va de este año se haya sometido algún caso por crimen de odio a nivel estatal.

«Si se ven las estadísticas de las autoridades, daría la impresión de que en Puerto Rico no existen crímenes de odio, porque no se procesan… Parecería que en la jurisdicción de Puerto Rico hay cero… Eso es terrible para la adquisición de fondos, porque esas leyes conllevan asignaciones para investigación y adiestramiento, pero si no hay crímenes de odio, no se asignan», dijo Burgos.

Más aún, el licenciado enfatizó en que «todo esto debería ir acompañado de una campaña educativa. Lo punitivo no va a parar los crímenes de odio. Es necesario que se establezca una educación con perspectiva de género para evitar que se sigan reproduciendo los discursos de odio que terminan en estos delitos».

«En el caso de Humacao se dice que las mataron porque se sintieron engañados. Si en una relación alguien se siente engañado, porque no eran lo que esperaban, eso no te puede llevar a matar y carbonizar a una persona. Pero, como hay una narrativa de odio y coraje guardado, donde se piensa que una persona trans no vale nada, en esto es lo que termina… Antes de tener que procesar gente, quisiéramos no tener delitos», afirmó.

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano criticó «el silencio ensordecedor» de la gobernadora Wanda Vázquez ante la epidemia de violencia homofóbica y transfóbica que azota a Puerto Rico tras el anuncio de la creación de un grupo asesor de la gobernadora para reabrir las iglesias cerradas por el COVID-19.

«Da vergüenza que Wanda Vázquez convoque a un grupo para reabrir las iglesias mientras ignora y se mantiene callada ante la epidemia de violencia homofóbica y transfóbica que nos azota. El silencio de Wanda Vázquez ante los asesinatos de diez personas LGBTTIQ+ en 15 meses es ensordecedor. Con estas acciones e inacciones, las personas LGBTTIQ+ en Puerto Rico ya sabemos cuánto valemos para Wanda Vázquez: ¡NADA!», sentenció Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s se refiere a los asesinatos de Kevin Fret, Alexa Negrón Luciano, Serena Angelique Velázquez, Layla Peláez, Emilio Colón, Penélope Díaz, Javier Morales, Carlos Robin Morales, Yampi Méndez y Luis Díaz.

«Mientras Wanda Vázquez ignora esta epidemia de violencia machista y homofóbica, la Legislatura se empeña en aprobar un Código Civil que pretende quitarle derechos a las mujeres y la gente LGBTTIQ+. Este es el colmo de la insolencia. Este gobierno no tan sólo ignora la violencia que nos asesina, sino que le echan leña al fuego para que nos sigan atacando. El pretender quitarnos derechos adquiridos es darle licencia a nuestros atacantes a que continúen violentándonos. Basta ya», dijo Serrano.

Hasta el momento sólo han habido arrestos en el doble homicidio de mujeres trans en Humacao y en el caso de Penélope que fue asesinada en la cárcel de hombres de Bayamón. Por lo que quedan siete asesinatos de personas LGBTTIQ+ por resolver. Peor aún, la Policía no ha ofrecido información sobre las investigaciones acerca de los ataques a personas LGBTTIQ+ en los que las víctimas han sido heridas en el área de descanso del Monumento al Jíbaro el año pasado.

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) exigió hoy a las autoridades federales que no intenten imponer la pena de muerte en el caso por el doble homicidio de mujeres trans en Humacao.

«La venganza no es sinónimo de justicia. Nuestra Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y nuestro pueblo reafirma esa máxima. Por lo que pedimos que no se intente meter la pena capital por la cocina. Exigimos justicia para Serena Velázquez y para Layla Peláez, pero no queremos quitarle la vida a nadie», aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Más aún, Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE, indicó que aunque satisface a CABE que se haya arrestado a los sospechosos, «estos crímenes de odio no ocurren en un vacío. Ocurren en una victimización que se va dando y se dan las quejas, pero no vemos en la Policía de Puerto Rico un aliado y tampoco a las personas que se supone que nos defiendan desde el estado. Detrás de ellos está el discurso homofóbico y fundamentalista de que nuestras comunidades LGBTTIQ+ valen menos, y de que alguna manera somos criminales también”.

CABE se opone a la pena de muerte «en todos los casos, sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena, cruel, inhumana y degradante. La pena de muerte no resuelve nada. Inyectando violencia no vamos a terminar con la criminalidad», dijo Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.

Por último, los portavoces de CABE exigieron que las autoridades estatales y federales esclarezcan los restantes siete casos de personas LGBTTIQ+ que han sido asesinadas en los pasados 15 meses. Los casos sin resolver responden a los asesinatos de Kevin Fret, Alexa Negrón Luciano, Emilio Colón, Javier Morales, Carlos Robin Morales, Yampi Méndez y Luis Díaz. En el caso del asesinato de Penélope Díaz, ya se arrestó a un sospechoso tras asesinarla en la cárcel de hombres de Bayamón.