Cuestionan constitucionalidad de medida que permitiría discriminar por razones religiosas…

18425017_420880471638485_3767187897003065408_nPor Génesis Ibarra | CB en Español

En respuesta a la medida legislativa que permitiría a individuos y negocios discriminar por razones religiosas, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano reclamó que el propósito del proyecto radicado por tres legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) es legalizar el discrimen contra la comunidad LGBTT en la isla.

Según Serrano, el Proyecto de la Cámara 1018, que propone crear la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico, podría dar paso a que establecimientos nieguen sus servicios e incluso a que patronos se rehúsen a contratar un posible empleado por su orientación sexual.

Esta preocupación surge a raíz de un artículo del proyecto cameral que establece que lo expuesto en la medida irá sobre cualquier otra ley “que sea incompatible” a esta. El activista de derechos humanos expresó que esto podría afectar la Ley 22 del 2013, “en contra del discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo, público o privado”.

“Esto eventualmente va a llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico y al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque estas leyes son inconstitucionales. La libertad de culto está protegida por nuestra constitución, está en nuestra carta magna. Entonces, si ya está protegida en nuestra constitución, no necesita protección adicional”, enfatizó Serrano.

La exposición de motivos del proyecto destaca que la Casa de las Leyes considera el ejercicio de la religión “en todas sus manifestaciones” como un “derecho inalienable”, por lo que se presentó la medida “como afirmación inequívoca de un Gobierno de Puerto Rico que respeta y atesora la fe y la libertad de culto como elementos esenciales de su desarrollo como pueblo”.

La medida, radicada por los representantes María Milagros Charbonier y Guillermo Miranda Rivera junto al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, establece que todo individuo que entienda que su ejercicio religioso ha sido violentado, “podrá alegar tal violación”, aunque no especifica qué actos podrían representar una violación a ese derecho.

Aunque sostuvo que no tiene conocimiento sobre la postura de la comunidad religiosa, el activista alegó que la medida fue redactada por el pastor Ricky Rosado y el cura Carlos Pérez, asesores del Senado y la Cámara, respectivamente. A preguntas de este medio sobre cómo conoce esta información, Serrano indicó que ese fue el acuerdo al que llegaron ambos líderes religiosos.

“La libertad de culto no puede ir sobre las otras libertades que tenemos como pueblo. Vamos a combatir esto en el proceso legislativo, vamos a hacer desobediencia civil si es necesario, iremos a los tribunales. Que no se crean que nos vamos a quedar cruzados de brazos”, sentenció Serrano.

Lee el Proyecto de la Cámara 1018

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