El reconocimiento de los derechos de los homosexuales a través de dos leyes aprobadas este año enfrenta aún escollos técnicos para su implantación que deben resolverse sin demora, de modo que no haya excusas para mantener el discrimen por orientación sexual que se prometió erradicar.
El reconocimiento de los derechos de los homosexuales a través de dos leyes aprobadas este año enfrenta aún escollos técnicos para su implantación que deben resolverse sin demora, de modo que no haya excusas para mantener el discrimen por orientación sexual que se prometió erradicar.
La ausencia de los protocolos necesarios para la Ley 22 de 2013, que prohíbe el discrimen por orientación sexual en el Gobierno y en la empresa privada, y para la Ley 23, que extiende la protección de la Ley de Violencia Doméstica a parejas del mismo sexo, ha impedido que se atiendan adecuadamente algunas querellas, como publicó El Nuevo Día.
Aunque la portavoz de prensa de la Policía, Michelle Franco, lo refutó, el activista gay Pedro Julio Serrano informó que policías en un cuartel de San Juan rechazaron tramitar una querella de un joven homosexual agredido por su pareja. Serrano afirma que no existen protocolos en la Policía ni en el Departamento de Justicia para manejar la Ley 23, lo que permite que continúe el discrimen, aunque la portavoz de la Policía alegó que no se necesita un protocolo porque se siguen los mismos procedimientos que con parejas heterosexuales.
Creemos que debe resolverse cuanto antes la discrepancia, de modo que los casos de violencia doméstica entre parejas del mismo sexo puedan procesarse con diligencia, como parece estar ocurriendo en un caso radicado en Humacao, en el que se expidió una orden de protección en favor de la víctima y se ha señalado fecha de vista preliminar.
Lo mismo debe ocurrir con la Ley 22, la que prohíbe el discrimen por orientación sexual en el Gobierno y la empresa privada, para que la Unidad Anti Discrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos pueda procesar directamente las querellas que recibe.
Hasta la aprobación de la ley, las querellas se referían a la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, que tiene una sección de discrimen por orientación sexual e identidad de género.
Aunque nos satisface el interés de la Unidad por cumplir la ley, nos preocupa que, como indicó la directora interina de la unidad, Miriam Costa, el protocolo requerido aún está en preparación y no estará listo hasta el 27 de agosto, tras lo cual los patronos vendrán obligados a ajustar sus reglamentos internos a las nuevas causales para atender querellas de discrimen.
Entendemos que ambas leyes requieren la adopción de sendos protocolos para su implantación, pero debemos urgir a la Oficina de Capacitación en Asuntos Laborales y Administración de Recursos Humanos (Ocalarh), con la que trabaja la Unidad Anti Discrimen en la redacción del reglamento, a expeditar los trabajos de educación y orientación a los patronos, tanto privados como gubernamentales, para que no haya más demoras en el cumplimiento de los estatutos.
Sabemos que los afectados por discrimen tienen el derecho de acudir a los tribunales, como dijo la subdirectora de Ocalarh, Joani Martínez, pero le recordamos a la funcionaria, igual que al resto del Gobierno, que la ley se aprobó para poner coto en el origen a la conducta discriminatoria.
Darles largas a las querellas de quienes son ilegalmente discriminados por orientación sexual con la excusa de que tienen la opción de ir a los tribunales, lo que por lo general representa un tedioso proceso, equivale a incumplir el compromiso con las víctimas que hicieron el gobernador y la Legislatura.
Pedro Julio Serrano 