Por Gloria Ruiz Kuilan
El Nuevo Día

Un efecto tipo dominó que trastocaría todo el ordenamiento judicial y la sociedad puertorriqueña es lo que se avecina con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que se producirá en junio próximo.

La posibilidad de que haya grandes cambios cogió fuerza  ayer cuando la administración del presidente  Barack Obama –por conducto del Departamento de Justicia– entregó al Tribunal Supremo  la primera de una serie de opiniones legales que buscan que ese máximo foro judicial en Estados Unidos  declare inconstitucional la ley federal que define el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer”, cuando decida sobre el asunto el próximo junio.

“Eso trastocaría las cuestiones de herencia, de adopción, relacionadas a los bienes gananciales, a todo lo que se  refiere al matrimonio, división de bienes, beneficios del Seguro Social, inmigración”, dijo el abogado Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio por la Búsqueda de Equidad.

“El efecto es uno dominó. Tiene unas repercusiones importantísimas. No solo se deben mirar las cuestiones civiles, sino los contratos de daños, los  beneficios y obligaciones contributivas, las planillas. Es un mar… provocaría que haya que mirar todo el ordenamiento para repensarlo a la luz de lo que resuelva el Tribunal Supremo”, añadió.

Para junio,  el Tribunal Supremo deberá responder a dos demandas que tiene ante su consideración. Una  de ellas  cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés) de 1996. La otra demanda está relacionada con la Proposición 8 de California (un referendo del 2008), que declara ilegales las bodas gay en ese estado.

Y aunque no se sabe  cuál será la determinación del foro judicial, conocedores y grupos interesados en el tema aseguraron ayer a este diario que puede ir desde ampliar los derechos a la comunidad gay hasta reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión más limitada, y que equivaldría  a cero cambios en Puerto Rico, sería no darle espacio  al matrimonio gay a nivel de los 50 estados.

“Yo no tengo duda de que va a ser una decisión favorable; lo que no sabemos es cuán amplia”, dijo el activista  de derechos humanos Pedro Julio Serrano.

“Así que hay que ver qué tipo de decisión toman, si es limitada o si es amplia. Dependiendo de cuán abierta sea esa determinación, posiblemente va a  aplicar a Puerto Rico”, agregó Serrano.

Tanto Serrano como Burgos recalcaron que los nueve jueces miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos son conocidos por ser conscientes del rol que tienen en la historia, asunto que pesará en su determinación.

“Aquí tenemos cuatro votos (de jueces) que son liberales y cuatro conservadores, y uno que es un swinger (que cambia o  no se alinea con grupos). Me parece que hay espacio para una apertura hacia el reconocimiento de nuevas composiciones de pareja. Ese tribunal ha evolucionado con la trayectoria de la sociedad”, afirmó Burgos.

Pero destacó que el efecto plantearía grandes retos para Puerto Rico, empezando por el Código Civil, que establece que el matrimonio es estrictamente entre hombre y mujer.   Además, una decisión de reconocimiento a los derechos de la comunidad gay chocaría directamente con la decisión reciente del Tribunal Supremo local, que rechazó reconocer que una mujer lesbiana pueda adoptar a la hija biológica de su pareja, que han criado juntas.

“Creo que en ese particular la sociedad norteamericana está mucho más adelantada que la de Puerto Rico, tanto en legislación como en lo que tiene que ver con el tribunal. Lo que hicieron fue echarle la papa caliente a la Legislatura”, dijo el pastor Juan Ángel Gutiérrez.

Ni el presidente del Senado ni el de la Cámara contestaron ayer las llamadas de El Nuevo Día.

El representante Luis Vega, quien tiene a cargo la revisión del Código Civil y propuso un proyecto para que la Ley 54, que prohíbe la violencia doméstica, sea extensiva a las parejas del mismo sexo, explicó que si el Tribunal Supremo reconoce que el derecho a casarse “con quien se quiera casar” una persona  “emana de la Carta de Derechos de la Constitución”, habrá grandes cambios.

Sería algo así como lo que pasó con el aborto, que en 1973 fue reconocido como un derecho por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al amparo del derecho a la privacidad.