Este es el cuarto artículo de una serie de seis sobre las plataformas de los partidos políticos en torno a los derechos de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT).

Aquí puedes leer las propuestas del Movimiento Unión Soberanista (MUS), del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR), del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Más adelante, recopilaremos información sobre las acciones y posturas de candidat@s de cada partido, pero esta serie inicial es de las plataformas exclusivamente.

A través de su plataforma, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó las siguientes propuestas – las cuales cito textualmente:

El PIP está comprometido con la defensa de la dignidad del ser humano, la promoción de los derechos fundamentales y el reclamo del derecho al desarrollo pleno de Puerto Rico, al máximo de su potencial. Históricamente, el PIP ha sido voz en solidaridad con los grupos vulnerables de nuestra sociedad y por medio de sus portavoces en la Asamblea Legislativa, ha adelantado legislación en protección de los sectores menos aventajados.

El PIP reconoce la diversidad humana como un haber y como una de las fortalezas con las que contamos como pueblo en el siglo XXI. Por lo tanto, en el contexto en que sea en que asumamos las riendas de la administración pública, combatiremos el discrimen y marginación contra el ser humano y contra grupos o comunidades de seres humanos, sea por raza, afiliación o desafiliación política, condición social u económica, origen, género, identidad de género, orientación sexual, creencia o afiliación u ausencia de creencia o afiliación religiosa, apariencia, discapacidad o deficiencia en el desarrollo físico o mental, o cualquier otro motivo. Haremos énfasis en la promoción del acceso efectivo a la justicia para ciudadanos y comunidades tradicionalmente marginados, excluidos, invisibilizados y estigmatizados en nuestra sociedad, entre ellos los pobres, trabajadores y asalariados, las mujeres, las personas de mayor edad, los ciudadanos de las comunidades LHBTT, las personas con deficiencias en el desarrollo, y los inmigrantes, atendiendo en particular los reclamos de la comunidad dominicana de nuestra isla.

Derecho a la intimidad

En Puerto Rico existe una gran resistencia al reconocimiento jurídico y a la protección de las familias constituidas fuera del marco tradicional. Este trato distinto sigue representando una intervención inapropiada por parte del Estado en la intimidad de los miembros de nuestra sociedad. La discriminación institucionalizada en Puerto Rico, en materia de relaciones íntimas, lacera la integridad emocional y económica de integrantes de familias compuestas por parejas heterosexuales no casadas, y por parejas del mismo género. En ese contexto, el PIP reafirma su compromiso con la equidad y por ello proponemos:

1. Que la legislación nacional elimine los vestigios de discrimen que aún existen bien en la letra de muchos estatutos o en su aplicación en torno al derecho a la intimidad afectiva.

2. Insistiremos en la adopción de las disposiciones contenidas en el Libro de Instituciones Familiares, según la propuesta del cuatrienio anterior para un nuevo Código Civil, como un paso inicial al reconocimiento de la igualdad plena entre las distintas relaciones afectivas y composiciones familiares en nuestro país.

3. Además, legislaremos en el área de beneficios marginales a empleados, públicos y privados, para hacer extensivos dichos beneficios a cualquier pareja de hecho según su definición en el Libro de Instituciones Familiares del anteriormente propuesto Código Civil.

4. Legislaremos para derogar las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que excluyen de las protecciones de la Ley Núm. 54 de violencia doméstica, a cualquier persona que sea parte de una pareja de hecho del mismo género y para excluir de sus protecciones a la víctima cuando la violencia misma se da en el contexto de una relación entre una persona casada y un tercero agresor.

5. Legislaremos para eliminar el discrimen en la otorgación del derecho a adoptar.

La educación y la promoción y protección de los derechos humanos

Nuestro gobierno promoverá los principios adoptados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los efectos de que «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales» y además «favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos[.]»

Sabemos que nuestras metas educativas no se podrán alcanzar por medio de iniciativas a corto plazo, como tampoco por medio de legislación exclusivamente. Entendemos que debemos invertir en la educación para que opere un cambio real hacia una cultura de paz y tolerancia, debidamente cimentado sobre bases sólidas con continuidad generacional. A esos efectos, proponemos que el existente programa denominado Tus Valores Cuentan se revalúe con el fin de orientarlo sobre bases y objetivos más amplios y universales. En ese sentido, proponemos el desarrollo e implementación de un currículo continuo de educación en derechos humanos, en todos lo niveles de educación en el sistema público de enseñanza.

Incorporaremos cursos de derechos humanos y civiles así como de ética y valores comenzando en el nivel primario hasta el secundario.