Su lema indica que «la justicia somos todos», pero habrá que ver si el Tribunal Supremo considera a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT) parte de ese «todos». En lo que representa una amenaza para el reconocimiento de los derechos iguales para las comunidades LGBT, la nueva mayoría compuesta por jueces nombrados por gobernadores penepés ha declarado que «sus decisiones responden a un mandato político en las urnas», según una investigación que hiciera el Centro de Periodismo Investigativo.

Si nos dejamos llevar por la plataforma del Partido Nuevo Progresista, las vistas de confirmación de los tres nuev@s jueces asociados, así como por las acciones homofóbicas de esta administración, las personas LGBT estamos en grave peligro de que este Tribunal Supremo nos mantenga en una ciudadanía de segunda categoría.

Lo más preocupante es que la minoría en el Supremo, nombrada por administraciones populares, tampoco representa una esperanza, pues dos de l@s jueces han atentado recientemente en contra de los derechos LGBT: Federico Hernández Denton y Anabelle Rodríguez votaron en contra del cambio en el encasillado de sexo en el certificado de nacimiento para las personas transexuales.

Mientras, en la mayoría penepé tenemos a Efraín Rivera Pérez, quien se unió a Hernández y Rodríguez para negar iguales derechos a las personas transexuales. Por otro lado, en sus vistas de confirmación en el Senado, Eric Kolthoff Caraballo ya adjudicó que la orientación sexual no es una clasificación sospechosa que merece la igual protección de las leyes; Rafael Martínez Torres indicó que le corresponde a la Legislatura adjudicar el derecho al matrimonio legal y la extensión de la Ley 54 de prevención de violencia doméstica para las parejas del mismo sexo; y como si fuera poco, Mildred Pabón Charneco indicó que el palio de la Constitución no acoge derechos para las comunidades LGBT.

Es lamentable que un ciudadano particular, como yo, tenga que recordarle al Tribunal Supremo que en nuestro sistema democrático, el poder judicial tiene que garantizar los derechos humanos y civiles de las minorías por encima del posible abuso de la mayoría. Ese deber constitucional de la Judicatura de hacer valer el mandato de igualdad es un poder inherente e indelegable y l@s jueces del Supremo tienen que asegurar que esa igualdad cobije a tod@s l@s puertorriqueñ@s. La separación de poderes no significa eludir la responsabilidad constitucional de hacer justicia. Todo lo contrario, la Judicatura tiene que atender aquellas injusticias desatendidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Es preocupante que est@s jueces hayan adelantado su criterio adjudicativo previo a la existencia de una posible controversia sobre asuntos LGBT. Esto l@s inhibiría de antemano de presentarse una controversia sobre este tema para su adjudicación. Es más preocupante aún que éste sea el panorama de la última instancia que tiene el Pueblo para lograr justicia cuando las demás instituciones le han fallado.

El próximo caso sobre los derechos LGBT será un caso sobre adopción por parte de una pareja del mismo sexo. Habrá que ver si la mayoría penepé en el Supremo seguirá el «mandato político en las urnas», el cual ha demostrado ser anti-LGBT con claras intenciones homofóbicas o si seguirá la máxima constitucional de dar igual protección a las leyes a todos los seres humanos. Y habrá que ver si la minoría popular aprende de sus errores homofóbicos del pasado, demuestra un conocimiento básico de nuestra Carta Magna y extiende la igualdad a las personas LGBT.

Con una mirada simple a la Constitución tienen la respuesta. Sin embargo, en las mentes de dich@s jueces está la decisión. Esperemos que tengan conciencias.