La situación económica jamás puede ser excusa para evitar el reconocimiento de los derechos humanos. Todo lo contrario, la situación económica se agrava para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT) precisamente por no gozar de la igual protección de las leyes, de los beneficios y protecciones que merecemos.

Si no se prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, hay miles de personas LGBT que podrían no conseguir trabajo, manteniéndol@s en una situación económica precaria. Del mismo modo, una persona LGBT podría ser despedid@, no lograr ascensos y sufrir ambientes laborales hostiles, afectando la calidad de vida y la productividad de el/la emplead@. Es por ésto que se tiene que mantener y ampliar la orden ejecutiva prohibiendo el discrimen por orientación sexual, identidad de género y estatus serológico en el empleo público, pues no tan sólo es un paso en la dirección correcta, sino que no le cuesta un centavo al erario y promueve un ambiente laboral más justo y seguro para tod@s.

Erróneamente hemos escuchado el falso argumento de que no se puede mantener el derecho adquirido que extendió el beneficio del plan médico a las parejas de hecho, tanto heterosexuales como del mismo sexo, de l@s emplead@s públic@s. Esto es total y absolutamente falso: no le cuesta un solo centavo al País. En el sistema público, la aportación patronal es fija y le corresponde a el/la emplead@ pagar el monto restante de cualquier persona que decida incluir en su cubierta médica.

Sin embargo, la Resolución 99 que limitaría y restringiría derechos a miles de familias lideradas por parejas del mismo sexo y heterosexuales que conviven sin casarse, sí sería un gasto innecesario del dinero público. Gastar millones de dólares en una consulta estéril sobre una enmienda constitucional — que no tan sólo es discriminatoria, injusta e inmoral sino que ya está contenida en nuestro estado de derecho — sería un acto temerario de despilfarro de fondos públicos que iría en contra de nuestra economía. De aprobarse, miles de familias se verían afectadas al no poder proteger a sus familias adecuadamente con un plan médico que acoja a tod@s, tendrían que hacer costosos arreglos legales para proteger a sus familias, podrían perder sus empleos por la discriminación que se inscribiría en la Constitución. En fin, tod@s perderíamos y la economía sufriría.

Por otro lado, la revisión del Código Civil está casi en su etapa final, lo que se necesita es que se presenten los diferentes libros que lo componen ante los plenos del Senado y de la Cámara de Representantes para su votación y aprobación. Ese código debe aprobarse como fue presentado, un código que acoge a tod@s l@s ciudadan@s, irrespectivamente de su orientación sexual e identidad de género. Esto no tendría costo alguno, salvo el del trámite legislativo que ya está contenido en el presupuesto capitolino. Así que tampoco hay excusa para legislar la igualdad.

En resumidas cuentas, nuestros derechos no tienen que esperar a que se arregle la economía, porque como he demostrado, reconocer los derechos humanos y civiles para tod@s no supone costo alguno al erario y contrario a las excusas de algun@s, es un acto de justicia económica para miles de personas que hemos vivido como ciudadan@s de segunda categoría por demasiado tiempo.

Nuestros derechos pueden ser atendidos a la misma vez que se atienden los asuntos económicos porque l@s funcionari@s públic@s fueron elegid@s o nombrad@s para resolver todos los asuntos del País — y el reconocimiento de los derechos iguales para las personas LGBT es un asunto prioritario si queremos llamarnos una democracia que garantiza la igualdad.

Es más, corregir la situación económica de tod@s l@s que viven en Puerto Rico es prioridad, por lo que es necesario que se corrija la injusticia que sufren las personas LGBT de no tener los mismos derechos. La situación económica de una persona LGBT se agrava cuando no puedes añadir a tu pareja al plan médico, cuando tienes que pagar abogados para proteger tus bienes porque el estado no te reconoce tus derechos, porque puedes perder tu empleo o no conseguir trabajo por ser LGBT.

Que quede claro, la economía no es excusa. Es la razón tal vez más poderosa para reconocer los derechos civiles y humanos para tod@s. No tan sólo se cumple con la igualdad que garantiza la Constitución, sino que se brinda a todas las personas la oportunidad de que puedan prosperar en igualdad de condiciones.

Lo que es igual, no es ventaja… vamos tod@s a trabajar por la igualdad — sin excusas.