Boston paraliza caso de matrimonio igualitario en Puerto Rico…

CCkUhvvXIAE71TxPor ElNuevoDía.com

El Circuito Apelativo de Boston paralizó este martes la determinación sobre la demanda que agrupa a cinco parejas boricuas homosexuales en espera de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida sobre casos similares que están ante su consideración, confirmó la abogada Ada Conde.

Se supone que en dos semanas, el Tribunal Supremo estadounidense realice vistas argumentativas sobre las demandas de parejas homosexuales de los estados de Ohio, Tennessee, Michigan y Kentucky que exigen que se les reconozca sus derechos como matrimonio casados en estados que reconocen esta unión entre parejas del mismo sexo. En junio es que los jueces tomarían su determinación final en el caso.

Orden Tribunal de Apelaciones de Boston.pdf

“Lo que representa es que ahora tenemos que esperar hasta junio. Era de esperarse. Había la posibilidad, porque lo mismo está planteado ante el Supremo en otros circuitos”, señaló Conde, quien es parte de los demandantes.

La demanda presentada por las parejas boricuas es contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz. En la misma, se solicitó un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos y para que se le permita a nuevas parejas contraer matrimonio en la isla.

En octubre de 2014, el juez federal Juan Pérez Giménez desestimó la demanda, por lo que las demandantes recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston.

En marzo pasado, el secretario de Justicia, Cesar Miranda, anunció que el gobierno de Puerto Rico no defenderá la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el Artículo 68 del Código Civil, “porque las leyes que defienden el matrimonio tienen que respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

La postura fue sometida al Circuito Apelativo, junto a una recomendación de que se debía esperar a que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomara una determinación ante los casos similares que evaluaba.

Al respecto, Conde aceptó que el escrito de los abogados de los demandantes también incluyó la preocupación de que los jueces del Supremo tenían ante sí un caso similar.

En lo que se toma una determinación sobre la validez del matrimonio homosexual en Puerto Rico, Conde y otras organizaciones planifican la primera boda masiva en la isla. Dijo que ya hay 150 parejas dispuestas a ser parte del acto público.

Entretanto, el activista a favor de los derechos de la comunidad LGBTT, Pedro Julio Serrano, indicó que hay que tomar la determinación como algo positivo.

“Boston está dándole el espacio al Supremo para que decida. Sigue siendo positivo porque todos los indicadores demuestran que va a bajar una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos favorable al matrimonio igualitario”, apuntó Serrano.

“Aunque hubiéramos querido que Boston decidiera antes que el Supremo, en junio el matrimonio igualitario será una realidad tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico”, concluyó.

14/04/2015 at 2:07 PM Deja un comentario

Agradece cambio de postura del gobierno sobre matrimonio igualitario…

logo-300x129El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano agradeció y felicitó al gobernador Alejandro García Padilla y a su administración por dejar de defender la prohibición al derecho al matrimonio para las personas LGBTT.

“El gobernador hoy se coloca en el lado correcto de la historia. Por muchos años, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales hemos sido tan pisoteadas, que cuando se nos afirma, es maravilloso. Y más cuando es el gobierno que al fin te reconoce como el ser humano digno y pleno que eres”, aseveró Serrano.

“Las luchas no se ganan en un solo día. Son producto del sacrificio de mucha gente. Hoy es un gran día. Es un día histórico. Siempre lo he dicho – la igualdad es inevitable”, aseguró el activista.

Serrano es el presidente de Puerto Rico Para Tod@s, que es la organización que se ha unido como demandante a las parejas que radicaron una acción para que se valide el derecho al matrimonio para la comunidad LGBTT.

“Agradezco a Ada Conde e Ivonne Alvarez por incoar esta demanda histórica. Igualmente, agradezco a las valientes parejas LGBTT que se unieron a la misma. Y especialmente agradecido de los abogados y abogadas que llevan este caso, en especial a Lambda Legal, por ser parte de la historia”, dijo el líder comunitario.

“Ahora sólo falta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito haga lo correcto – validar la dignidad de todas las parejas reconociendo el derecho al matrimonio a las personas LGBTT. Estamos a un paso de la igualdad matrimonial. Venceremos”, concluyó Serrano.

20/03/2015 at 1:40 PM Deja un comentario

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01/01/2015 at 12:09 PM Deja un comentario

Culpable de asesinato por muerte de voleibolista…

561898_380006165409495_965671098_nPor Cynthia López Cabán
GFR Media

Un jurado de seis mujeres y seis hombres encontró esta noche a Neftalí Castillo Cabrera culpable de la muerte del voleibolista Jesús Hernández Otero, ocurrida el 19 de marzo de 2014.

En una decisión de 9 a 3, el panel de juzgadores determinó que el hombre cometió asesinato en segundo grado, un delito menor al cargo de asesinato en primer grado que le imputaba el Ministerio Público.

El asesinato en primer grado contempla una pena de 99 años de prisión y el asesinato en segundo grado, 50.

El jurado también lo encontró culpable -de forma unánime- de un cargo de destrucción de prueba por tratar de disponer del vehículo de la víctima y de una violación a la Ley de Armas por matar a su amigo con un cuchillo.

Castillo Cabrera escuchó el veredicto tranquilo al lado de su abogado, Antonio Sagardía de Jesús, pero su mamá Ana Cabrera y la mamá de la víctima, Leticia Otero, sollozaron al escuchar los laudos del jurado.

El panel de juzgadores, además, autorizó la imposición de dos agravantes contra el ahora convicto por cometer el crimen con un cuchillo y mostrar en el acto un grave menosprecio por la vida.

Los agravantes tienen el efecto de aumentar la sentencia de un convicto.

El jurado, que deliberó por tres horas, sin embargo, no evaluó el agravante de crimen de odio solicitado por los fiscales José Virella Santana, Enrique Rivera Santana, Miguel Alameda Ramírez y María del Mar Ortiz porque la jueza Vivian Durieux Rodríguez entendió que ese agravante no se desprendía de la prueba sino que se alcanzaba mediante inferencias como reconoció el Ministerio Público.

“El agravante tiene que surgir (de la prueba) con mediana certeza”, apuntó la jueza al acoger la objeción del abogado defensor y recordar que el coraje de la víctima, según la prueba, surgió porque se sintió engañado.

En su confesión, Castillo Cabrera señaló que atacó a su amigo con un cuchillo cuando se percató de que éste lo había engañado a través de la red social de Facebook haciéndose pasar por una mujer de nombre Johana.

Antes de retirarse a deliberar, el jurado escuchó las argumentaciones del Ministerio Público y la defensa.

Los fiscales insistieron en que el acusado premeditó la muerte de su amigo cuando en voz alta indicó a Luis Llanos, otro amigo que lo acompañaba la noche del crimen: “le llegó el día de su muerte”.

La defensa, por su parte, insistió en que el acusado sintió coraje y actuó sin pensarlo cuando se percató de que su amigo lo había engañado haciéndose pasar por mujer.

Fuera de sala, la mamá de la víctima se expresó aliviada con la determinación.

“Se hizo justicia para mi hijo y para el fiscal Alameda. Este sufrimiento ya va a terminar…”, apuntó.

Sin embargo, no coincidió con la decisión de la jueza de denegar el agravante de crimen de odio.

“Entiendo que debió haberse dado. Entiendo que es tiempo de que este odio termine porque mi hijo no ha sido el único. Queremos que esto pare, que no haya casos futuros”, afirmó.

El activista de derechos de los homosexuales, Pedro Julio Serrano, apuntó que el desenlace demuestra que todavía existe homofobia que hay que erradicar a través de la educación.

“Nadie se busca ser asesinado. El hecho de que haya una convicción en segundo grado determina que todavía hay una homofobia en nuestro país que no puede entender que, no importa las circunstancias que se den, nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. Así que realmente, aunque se hace justicia y se encuentra culpable a un asesino confeso, no se hace justicia porque, primero no se aceptan los agravantes de crímenes de odio, y por otro lado, se logra una convicción de segundo grado”.

El fiscal Alameda Ramírez, por su parte, se mostró satisfecho con el desenlace porque se hizo justicia con Hernández Otero y su familia.

Sobre el agravante de odio, indicó que el Ministerio Público lo presentó y argumentó, pero que se trataba de una prerrogativa de la jueza aceptarlo.

“El Ministerio Público no ha fallado. Estamos hablando de personas que no conocen de derecho y que, a base de la prueba, toman una determinación, pero el Ministerio Público no falló en ningún momento”, apuntó.

13/11/2014 at 10:24 PM Deja un comentario

A cinco años de la trágica muerte de Jorge Steven…

10314485_10152931391009954_9021065228501447290_nPor Bárbara Figueroa
Primera Hora

Hoy se cumplen cinco años del abominable asesinato del joven homosexual Jorge Steven López Mercado, quien en 2009 fue encontrado parcialmente calcinado, decapitado y desmembrado en un barrio de Cayey, en lo que se catalogó como un crimen de odio,  aún cuando a nivel judicial este agravante no procedió.

El crimen del muchacho estremeció no sólo a la comunidad puertorriqueña, sino también a nivel internacional -particularmente en Estados Unidos-, por la indignación que provocó en la población el hecho de que su asesino confeso (Juan A. “Casper” Martínez Matos) dejara en manifiesto que su atroz acto se debió a la orientación sexual de la víctima. Actualmente, Casper cumple una condena en cárcel de 99 años.

Múltiples organizaciones sin fines de lucro realizaron manifestaciones para levantar conciencia sobre los crímenes de odio contra los gays. Por ejemplo, se llevaron vigilias a nombre de Jorge Steven en ciudades como Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans.

Cabe destacar, que hasta el congresista puertorriqueño José E. Serrano se indignó con el despiadado asesinato y solicitó al Gobierno federal proveerles asistencia a las autoridades locales para que esclarecieran el crimen bajo los estatutos de crímenes de odio que para ese entonces tenían vigencia de siete años en la Isla, como es el caso de la Ley 46 de 2002.

Lamentablemente, el caso no incluyó el agravante, aunque organizaciones como la Comisión de Derechos Civiles clamaron porque se tipificara  el delito bajo esta modalidad. ¿La razón? Según explicó en aquella ocasión la profesora  de derecho penal Dora Nevares, los casos de asesinatos en primer grado no tienen un efecto real en sentencia carcelaria con el agravante de “crimen de odio”, pues la condena de todos modos es de 99 años.

El tiempo ha pasado desde el asesinato de Jorge Steven y han surgido otros casos en el que se menciona  el crimen de odio  por orientación sexual como motivo del homicidio. En 12 años, sólo ha habido una convicción en tribunal en el que se haya incluido el agravante.

Se trata del caso de un homosexual -cuya identidad no se revela por motivos de seguridad- que recibió una golpiza en 2012 por parte de unos individuos que conoció en una barra gay, en Condado. Trascendió que el perjudicado apareció abandonado dentro de su auto, donde fue encontrado con heridas cortantes sobre el ojo, la frente y una oreja. También tenía un dedo fracturado y quemaduras en la espalda. Por estos hechos,  uno de los participantes de la golpiza recibió una pena de cinco años de cárcel y otro nunca pisó la prisión pues recibió un informe positivo de pre- sentencia que le permitió cumplir condena en la libre comunidad.

Mientras, actualmente se lleva a cabo el juicio contra Neftalí Castillo Cabrera, acusado de asesinar al voleibolista Jesús David Hernández Otero, en hechos ocurridos en marzo pasado. A inicios de la pesquisa, los investigadores del caso indicaron que se trataba de un crimen de odio por la orientación sexual de la víctima, quien era homosexual. En cambio, al momento, este agravante no se ha incluido en las acusaciones.

Sobre el giro judicial que han dado los múltiples casos de personas homosexuales en la Isla, el activista Pedro Julio Serrano, se mostró frustrado pues a su juicio a cinco años del crimen de Jorge Steven y a 12 años de que se estableciera el estatuto la ley sea letra muerta y  “no se ha utilizado como debería”.

“La ley se hizo para enviar un mensaje de que no se van a permitir crímenes motivados por prejuicio por la implicación que tiene de menospreciar a seres humanos por ser quienes son. Ese propósito no se está cumpliendo. Tenemos que hacer valer la dignidad de todo el mundo”,  expresó a este diario.  Se considera un crimen de odio a todo aquel delito o intento de delito motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, status civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas.

13/11/2014 at 9:19 AM Deja un comentario

Apelarán contra la desestimación de los matrimonios gais en Puerto Rico…

B0j76IYIcAMvAe6Por Alfonso García | EFE

El equipo de abogados de las parejas homosexuales que reclamaban que sus matrimonios contraídos en otros estados de EE.UU. sean reconocidos en Puerto Rico, demanda rechazada el martes en San Juan por un juez federal, apelará la decisión en el plazo de los próximos días.

Omar González Pagán, uno de los abogados de las 4 parejas homosexuales y la organización Puerto Rico para Tod@s que se unieron a la demanda federal presentada por el matrimonio formado por Ada Conde e Ivonne Álvarez, señaló hoy a Efe que se trata de un fallo contrario al adoptado en decenas de casos similares en estados de EE.UU. y que se ultiman los detalles de la apelación.

El juez federal Juan Pérez Gimémez desestimó la demanda presentada por la activista y abogada Ada Conde y su esposa, Ivonne Álvarez, quienes intentaban que se declarara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que establece el matrimonio como la unión, exclusivamente, entre hombre y mujer.

González Pagán recordó que solo un juez de Luisiana -de entre decenas de casos- determinó que era el estado de EE.UU. donde residían las parejas el que debía reconocer la validez de los matrimonios homosexuales.

El abogado subrayó que la desestimación de la demanda por parte del juez Pérez Gimémez fue, a su juicio, herrada, y que por ello ya se trabaja en la apelación que será presentada ante el Primer Circuito de Apelaciones Federales en Boston.

Mostró su confianza en que la postura de sus defendidos salga favorecida, tras recordar que en decenas de estados del país norteamericano está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El coordinador de la organización Puerto Rico para Tod@s, Pedro Julio Serrano, dijo a Efe que la decisión del juez Pérez Gimémez es solo un escollo que no impedirá que triunfe una igualdad que catalogó de “imparable”.

Serrano resaltó que la decisión del letrado del Juzgado federal de San Juan “rompió una racha casi unánime” en todo EE.UU. de decisiones a favor de los matrimonios homosexuales.

El activista de los derechos humanos dijo además que la postura adoptada por el juez federal de comparar el matrimonio homosexual con el incesto “es una falta de respecto y una ofensa”.

Serrano destacó que la comunidad homosexual en Puerto Rico vive la discriminación “a flor de piel” y que no están dispuestos a que un magistrado federal se mofe de ese colectivo.

Conde dijo hoy en una entrevista radial no entender la decisión del juez federal, ya que ésta, matizó, se basa en un caso que data de 1972 que no se utiliza actualmente por no tratarse de jurisprudencia normativa.

Destacó que el juez federal determinó que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el que tiene que cambiar la ley para que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo a través de legislación, algo que resaltó les ha dejado “absortos”.

La decisión del juez federal trascendió Puerto Rico y la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo en declaraciones recogidas por el diario El Nuevo Día que se trata de una postura decepcionante.

Mark Viverito subrayó que se trata de una decisión mezquina y una injusticia para las parejas del mismo sexo en Puerto Rico, por lo que hizo público su apoyo a las parejas homosexuales en la isla caribeña.

El juez federal, al rechazar la demanda, apuntó que Puerto Rico, a través de su Legislativo, es libre de formar su propia política matrimonial y que son la ciudadanía y sus representantes los encargados de redefinir el matrimonio, pero no los jueces.

El Código Civil en Puerto Rico solo reconoce el matrimonio como la unión entre hombre y mujer.

Conde y Álvarez contrajeron matrimonio hace más de una década en el estado de Massachusetts.

La Justicia puertorriqueña había solicitado recientemente a la federal que desestimara la demanda interpuesta el pasado marzo por Conde y Álvarez.

El exgobernador Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una norma que prohibía el reconocimiento en Puerto Rico de los matrimonio del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.

22/10/2014 at 4:09 PM Deja un comentario

Judge upholds Puerto Rico ban on same-sex marriage…

Ivonne_Alvarez_Velez_Pedro_Julio_Serrano_and_Ada_Conde_Vidal_insert_courtesy_Pedro-Julio_SerranoBy Chris Johnson | Washington Blade

A federal judge on Tuesday bucked the recent trend of pro-gay marriage court rulings and upheld Puerto Rico’s ban on gay nuptials.

In a 21-page decision, U.S. District Judge Juan Perez-Gimenez, a Carter appointee, ruled 40-year-old precedent from the U.S. Supreme Court dictates that courts must uphold laws against same-sex marriage.

“Because no right to same-gender marriage emanates from the Constitution, the Commonwealth of Puerto Rico should not be compelled to recognize such unions,” Perez-Gimenez writes. “Instead, Puerto Rico, acting through its legislature, remains free to shape its own marriage policy. In a system of limited constitutional self-government such as ours, this is the prudent outcome. The people and their elected representatives should debate the wisdom of redefining marriage. Judges should not.”

Same-sex marriage is illegal in Puerto Rico as a result of a law signed by then-Gov. Pedro Rosselló in 1999 defining marriage as “a civil contract whereby a man and a woman mutually agree to become husband and wife.”

Perez-Gimenez points to Baker v. Nelson, a 1972 case seeking marriage equality that the Supreme Court refused to hear for want of federal question, as precedent for upholding Puerto Rico’s marriage ban.

The multitude of other judges who’ve struck down bans on same-sex marriage have pointed to more recent decisions, such as the ruling against the Defense of Marriage Act, as reason to believe precedent has changed since that time.

But Perez-Gimenez writes these decisions aren’t sufficient “to imply that Baker is no longer binding authority.”

Criticizing other courts that have struck down bans on same-sex marriage, Perez-Gimenez says marriage should be restricted to one man, one woman because that definition “is the fundamental unit of the political order.” At one point, the judge invokes incest as a possible outcome if decisions against these laws continue.

“A clear majority of courts have struck down statutes that affirm opposite-gender marriage only,” Perez-Gimenez writes. “In their ingenuity and imagination they have constructed a seemingly comprehensive legal structure for this new form of marriage. And yet what is lacking and unaccounted for remains: are laws barring polygamy, or, say the marriage of fathers and daughters, now of doubtful validity?”

The lawsuit was filed by Lambda Legal on behalf of three same-gender couples who live in Puerto Rico seeking recognition of their marriages from another jurisdiction; two same-gender couples who seek the right to marry in Puerto Rico; and Puerto Rico Para Todos, a LGBT group in the Commonwealth.

Puerto Rico lies within the jurisdiction of the U.S. First Circuit Court of Appeals. Should the plaintiffs decide to appeal the decision, that’s the court that would consider the case. Although the appeals court hasn’t considered a marriage lawsuit since the Supreme Court’s decision against the Defense of Marriage Act last year, it determined that DOMA was unconstitutional based on a low standard of rational basis review.

Omar Gonzalez-Pagan, staff attorney for Lambda Legal, told the Washington Blade his organization will “of course” appeal the ruling to the First Circuit, saying the decision defies logic.

“The court’s ruling directly conflicts with the wave of recent decisions finding these marriage bans unconstitutional and perpetuates the discrimination and harm done to same-sex Puerto Rican couples and their families,” Gonzalez-Pagan said. “It defies the unmistakable import of the Windsor decision and flies in the face of the blizzard of rulings of the last year, the reasoned rulings of the Courts of Appeals for the 4th, 7th, 9th and 10th Circuits, and the decision by the U.S. Supreme Court let stand the rulings striking down five bans similar to Puerto Rico’s. One struggles to understand how this judge came to a different conclusion.”

After the Supreme Court refused to review decision in favor of marriage equality, plaintiffs in the case sought a declaratory judgment from Perez-Gimenez this week in favor of same-sex marriage.

Pedro Julio Serrano of Puerto Rico Para Tod@s said he was offended by the ruling because he feels it doesn’t represent the views of people within the Commonwealth.

“I am outraged that Judge Pérez Giménez that he compared marriage equality to incest,” Serrano said. “His prejudice is shameful. The nefariousness and offensiveness of Judge Pérez Giménez does not represent the sentiment of the people of Puerto Rico. We are a sympathetic and inclusive people.”

New York City Council Speaker Melissa Mark-Viverito, who is from Puerto Rico, also criticized the ruling.

“Today’s court decision upholding the ban on marriage equality in Puerto Rico is tremendously disappointing, mean spirited and an injustice for everyone who believes all people must be treated equally,” she said in a statement. “As a Puerto Rican, I know we are sensible, humane, inclusive and respectful people. We love our LGBT brothers and sisters and we stand with them in the struggle for equality and justice.”

Serrano also pledged to take up the case with the First Circuit, saying the outcome will be different with the appeals court.

“We will win in appeal,” Serrano said. “Equality is inevitable and unstoppable. Puerto Rico will be for everyone.”

Michael K. Lavers contributed to this article.

22/10/2014 at 4:08 PM Deja un comentario

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Pedro Julio Serrano es un activista de derechos humanos — puertorriqueño de pura cepa, orgullosamente gay — que lucha junto a ti por un Puerto Rico Para Tod@s...

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Activista de derechos humanos — orgullosamente gay, puertorriqueño de pura cepa — que lucha junto a ti por un Puerto Rico para tod@s.

Fundador de Puerto Rico Para Tod@s y gerente de comunicaciones del National Gay and Lesbian Task Force.


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