El presidente de la Federación LGBTQ+, Pedro Julio Serrano, anticipó que las órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump y algunas iniciativas en la Legislatura local podrían crear un ambiente de inseguridad para la comunidad que representa, por lo que pusieron en marcha nuevas estrategias de cabildeo y de autocuidado.
Al abordar el tema del proyecto de ley sobre Libertad Religiosa sostuvo que apelarán a cada legislador. “Nosotros vamos a buscar comunicarnos con los 70 y bueno, ahora son 80 legisladores. Vamos a buscar la manera de comunicarnos con todos ellos. Ya empezamos esas reuniones, ya las estamos teniendo. Pero ante la composición que tenemos de esta Legislatura tan conservadora y en el análisis que nosotros hicimos antes de las elecciones, realmente hay una posibilidad real de que, si nosotros logramos impactar con historias reales, si nosotros cogemos, por ejemplo, un Pichy Torres Zamora que públicamente dijo que tiene un hijo gay y apelamos a esa humanidad, nosotros tal vez podemos cambiar algunas mentes y tocar esos corazones. Y qué y que cambien sus votos […] Esa es una esperanza”, dijo Serrano.
De otra parte, el activista sostuvo que también evalúan la posibilidad de impulsar enmiendas para atemperar la medida a un escenario menos complicado para la comunidad LGBTQ+. De aprobarse la medida en ambas cámaras dijo que recurrirían a la Rama Ejecutiva donde ya han hecho acercamientos.
Precisamente, Serrano hizo un llamado a la gobernadora, Jenniffer González Colón en el contexto de las órdenes presidenciales de Trump. “Usted no tiene que seguir al pie de la letra lo que diga Trump. Los estados tienen autonomía […] No tenga miedo de perder fondos federales porque usted haga lo correcto con los puertorriqueños y puertorriqueñas y las personas que vivimos en esta patria que somos LGBTQ+. Usted tiene la potestad y tiene el poder agenciarse ese poder que usted tiene como primera ejecutiva del país y proteja los derechos de todas las personas en Puerto Rico y no se deje intimidar por este bullying que tenemos en Estados Unidos”, afirmó en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.
Desde la Federación, afirmó que apuestan a la solidaridad de los puertorriqueños. “Puerto Rico es un país solidario, es un país amoroso, respetuoso y que realmente vive ese esa máxima cristiana de amar al prójimo como a uno mismo. Y nuestra esperanza recae en tocar esos corazones y esas mentes de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo y de estudios, que sean los que cambien la manera de pensar de estos legisladores. Cómo lo vamos a hacer, con educación comunitaria”, señaló.
Serrano instó a la gobernadora a defender a las comunidades minoritarias y diversas ante las restricciones presupuestarias que pueda imponer también la Junta de Supervisión Fiscal.
Aun así, reconoció que se avecinan tiempos complicados por el ambiente que pueden crear las nuevas políticas federales. “Tanto lo que hace Joanne Rodríguez como lo que hace Lisie Burgos, lo que hace Proyecto Dignidad, como lo que hace Donald Trump, como lo que hace Thomas Rivera Schatz, también como lo que hace Gregorio Matías, es crear un clima de intolerancia en contra de las personas trans que lo vimos en el 2020, cuando Puerto Rico se convirtió en el epicentro de la violencia anti trans, cuando siete personas trans fueron asesinadas, incluyendo Alexa”, sostuvo.
Serrano apuntó que, durante la primera administración de Trump, se registró un incremento de 334% en los crímenes de odio.
“Nosotros ya estamos previendo que, durante esta segunda administración de él, vamos a ver un incremento lamentablemente de crímenes de odio. Así que estamos ya dentro de la Federación, en la Asamblea que tuvimos este pasado sábado tomamos la determinación de que íbamos a crear talleres de autodefensa y grupos de acompañamiento para que las personas trans, las personas no binarias, para que las personas LGBTQ en general podamos tener esas herramientas para poder defendernos”, relató.
Para el activista ya se ven efectos de las políticas federales en Puerto Rico. Serrano planteó que el ataque a programas de diversidad no solo afecta a la comunidad LGBTTQ+, sino a otras minorías como personas con diversidad funcional y mujeres, entre otras.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, el intento de la senadora Joanne Rodríguez Veve de despojar de servicios y protecciones a poblaciones vulnerabilizadas en Puerto Rico con su petición de eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las agencias gubernamentales.
«Las órdenes ejecutivas de Trump no pueden enmendar requisitos estatutarios o constitucionales de aquí. Nada de lo que diga esa orden obliga a empresas privadas a eliminarlas, por ejemplo, y mucho menos obliga al gobierno de Puerto Rico a quitarlas. Este intento de Rodríguez Veve es un ataque a todos los ciudadanos. Desde políticas para asegurar pago equitativo, hasta reconocimiento de festividades religiosas y por supuesto, licencias de paternidad. Por querer hacer un daño a la comunidad LGBTQ+, le hará daño a todos”, aseveró Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación.
Por su parte Irma Lugo Nazario, directora de la Federación, indicó que «las leyes federales y las decisiones del Tribunal Supremo de EE.UU. prevalecen sobre cualquier orden ejecutiva. La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por raza, color, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, sexo, entre otros. Del mismo modo, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990 protege a las personas con diversidad funcional. Es responsabilidad del Estado, y la Gobernadora, garantizar la protección de todas estas poblaciones, independientemente de estas nuevas órdenes ejecutivas. De lo contrario, las agencias gubernamentales que reciben fondos federales podrían enfrentar demandas en los tribunales federales por incumplimiento de las leyes».
«El respeto y defensa de esos programas es necesario ya que han servido de guía para mantener un ambiente de sana convivencia, coexistencia segura en todos los escenarios, no solamente en el laboral. Los programas de diversidad, equidad e inclusión nos brindan protecciones para todos, todas y todes», concluyó Eduardo Cintrón Torres, secretario alterno de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, compuesta por más de 80 entidades que representan a la comunidad y aliados, busca instrumentar la equidad en nuestra patria. Para conocer más acerca de la federación, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.
Un comité compuesto por 50 personas busca promover estrategias para proteger los derechos de la comunidad LGBTTIAQ+, así como de otros grupos que también se ven afectados por las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por las propuestas de la legislatura.
El grupo, que integran expertos en derecho, feministas, políticos, profesores, activistas, actores y actrices, directores de organizaciones de base comunitaria, personal de psicología y trabajo social, entre otros, se unirá a la Federación LGBTQ+ para establecer un plan de acción ante las medidas discriminatorias de Estados Unidos y Puerto Rico.
Además, asesorará sobre cualquier duda que pueda tener la Federación en diversos campos en términos de estrategias para hacer frente a tales políticas.
“Tenemos una diversidad de personas y de talentos y de profesiones que podemos consultar. Más allá del plan de acción que asuma el consejo asesor, el consejo asesor va a estar dándonos asesoría paso a paso durante todo el proceso estratégico y de implementación de la Federación”, explicó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+.
Entre las personas que componen ese consejo, se encuentran:
Arnaldo Claudio – coronel retirado
Melissa Mark Viverito – ex presidenta de la legislatura municipal de Nueva York
Vanessa Valiente Vilella – estratega
Ada Conde Vidal – licenciada y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos
Julián Silva Reteguis – coordinador de Proyecto CARIB
María Román Taylorson – presidenta de la coalición TransLatina
Alberto Valentín – ex director ejecutivo del consejo asesor LGBT del ex gobernador Ricardo Rosselló
Larry E. Alicea Rodríguez – ex presidente del Colegio de Trabajadores Sociales
Karla Cardona Cortés – activista
Joanna Cifredo – activista
Kari Claudio Betancourt – directore de La Tejedora
Ineabelle Colón – actriz, productora y gestora de la cultura
Nirvana González Rosa – Movimiento Amplio de Mujeres
Ángeles Acosta – activista
Víctor Alicea – actor
Johanna Rosaly – actriz
Giancarlo Colberg Ferrer- abogado y activista
Omar González Pagán – abogado y activista
Samy Nemir Olivares – activista
Susanne Ramírez de Arellano – periodista
Luis Rivera Pagán – teólogo
Ever Padilla Ruiz – director de la Comisión de Derechos Civiles
Idel Santiago – activista
Sumayah Soler – líder religiosa y activista feminista
Carmen Villanueva Castro – líder comunitaria
Wilda Rodríguez – periodista y activista
Karina Torres – activista trans
Aníbal Acevedo Vilá – ex gobernador de Puerto Rico
Carmen Yulín Cruz – ex alcaldesa de San Juan
Zoé Laboy Alvarado – ex miembro del Senado de Puerto Rico
Palmira Ríos González – ex presidenta de la Comisión de Derechos Civiles
Verónica Rivera Torres – abogada y feminista
Esther Vicente – activista feminista, abogada y profesora de Derecho
José Rodríguez Pérez – presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos
Rosa Seguí – ex candidata al Senado por Movimiento Victoria Ciudadana
Liza Gallardo Martín – activista
Wilfred Labiosa – director ejecutivo de Waves Ahead
José García Oquendo – trabajador social
Miguel Vázquez Rivera – psicólogo clínico y director ejecutivo de True Self Foundation
Graciela Rodríguez Martinó – periodista
Gabriel Casal Nazario – ex candidato a la Cámara de Representantes por la Alianza
Eric Sevilla de los Ríos – sindicalista
Nicolás Matías – integrante de la Federación LGBT
Juan Caraballo Resto – catedrático de la Universidad de Puerto Rico
Christie Capetta Suro – editora y sindicalista
Nabila Graniela Marty – de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico
Agustina Luvis Núñez- teóloga
Pedro Muñiz – productor y activista
Bruny Velázquez- experta en mercadeo, negocios y relaciones públicas
Nilda Morales – presidenta SER de Puerto Rico
Para la periodista y activista Wilda Rodríguez la importancia de este grupo recae en que extenderán sus redes con conocidos para promover los derechos humanos, incluso si los líderes políticos promueven lo contrario.
“El gobierno de Puerto Rico apoya las políticas de Donald Trump, pero yo tengo que recordar una cosa y es que, en Puerto Rico… el 60% de los electores votaron en contra del gobierno actual… En este consejo hay gente muy diversa y nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo. A nosotros nos han traído aquí porque detrás de cada uno de nosotros hay gente que nos escucha… Y nosotros vinimos aquí a recabar la ayuda de cada una de las personas que nos escuchan”, destacó Rodríguez.
Por su parte, la abogada Esther Vicente señaló que “la lucha es interseccional” porque los proyectos de ley y órdenes ejecutivas que limitan la perspectiva de género en las escuelas y que promueven el discrimen también afectan a las mujeres.
Serrano, por otro lado, reconoció que la Federación LGBTQ+ cuenta con más de 80 organizaciones que representan a la comunidad y que son aliadas.
También, destacó que Puerto Rico está más adelantado que muchos lugares de Estados Unidos, Latinoamérica y del mundo en términos de derechos LGBTTIAQ+, resultado de una lucha de más de 50 años. “No vamos a dar ni un paso atrás. No vamos a permitir que ninguno de los derechos que nos ha costado tanto sudor, sacrificio y hasta sangre se nos quiten”, expresó.
Ante el panorama de ataques a los derechos de la comunidad LGBTQ+ y otros sectores vulnerables en Puerto Rico y Estados Unidos, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico ha dado un paso estratégico al anunciar la creación de su Consejo Asesor, luego de quedar constituida el pasado fin de semana. Este grupo, integrado por líderes de diversas áreas, tendrá la misión de fortalecer la lucha por la equidad y los derechos humanos.
«Es con una gratitud inmensa que nos honra presentarle al País a los extraordinarios recursos que han aceptado ser parte de nuestro Consejo Asesor. Sus destacadas trayectorias en sus diversas materias, al igual que su compromiso inquebrantable con la equidad, nutrirán nuestro trabajo de una manera inmensurable. Hoy visibilizamos estas solidaridades para demostrar que tenemos un Consejo Asesor de primera y un pueblo solidario y amoroso que nos apoyan», expresó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
Por su parte, los miembros del Consejo Asesor manifestaron su compromiso con la defensa de los derechos humanos. «Los tiempos que vivimos nos urgen a la acción frontal y decidida a favor de los derechos humanos. Nuestras experiencias individuales y colectivas, así como nuestros saberes y recursos, están a su disposición. Nuestro compromiso inalienable con la equidad nos convoca a mantenernos firmes en la lucha que nos une, para que nuestro País sea cada vez más justo y equitativo. La Federación, la comunidad LGBTQ+ y el País cuentan con este Consejo para las luchas que hay que dar», expresaron en una declaración conjunta.
Un Consejo Asesor diverso y comprometido
El Consejo Asesor de la Federación está compuesto por 50 figuras destacadas del ámbito político, activista, religioso y periodístico, entre otros. Entre ellos, figuran el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, la exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, la exsenadora Zoé Laboy, la activista y periodista Wilda Rodríguez y personalidades como Johana Rosaly, Pedro Muñiz, Víctor Alicea, Zoé Laboy, Wilfred Labiosa, Nilda Morales, Palmira Ríos González, José Rodríguez, Graciela Rodríguez Martino, Rosa Seguí Cordero, Alberto Valentín, Miguel Vázquez Rivera, Arnaldo Claudio, Larry Emil Alicea Rodríguez, Ada Conde Vidal, Meliissa Mark Viverito y muchos más.
Esta diversidad en su composición garantiza un enfoque multidisciplinario en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y otras poblaciones en riesgo. El Consejo Asesor brindará asesoría, establecerá planes de trabajo, participará en los medios de comunicación y contribuirá a la formulación de la dirección estratégica de la Federación.
Desafíos y amenazas en el panorama político
El activista Pedro Julio Serrano dejó claro que la creación de este organismo responde a un momento crítico en la historia del país. «Tenemos miedo, no vamos a negar que tenemos miedo, pero actuamos sobre ese miedo. Y la manera en que nosotros actuamos sobre ese miedo es a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, a favor de los derechos de las mujeres, a favor de los derechos de las personas migrantes, a favor de las personas que tienen diversidad funcional, a favor de los sindicatos, a favor de los trabajadores y trabajadores, a favor de los estudiantes y de los que están defendiendo la Universidad de Puerto Rico, a favor de las causas ambientales del país, a favor de mantener nuestra identidad puertorriqueña sobre cualquier otra intención y la resistencia colonial».
Una de las primeras amenazas que enfrenta la comunidad LGBTQ+ este cuatrienio es la radicación de un proyecto de «libertad religiosa» en el Senado por parte de su presidente, Thomas Rivera Schatz. Esta medida permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basados en sus creencias religiosas, un retroceso significativo en la lucha por la equidad. Hasta el momento, no se han citado vistas públicas sobre la legislación, pero la Federación y su Consejo Asesor ya han trazado estrategias para combatirla.
“No es el momento de permanecer callados, calladitos no nos vemos más bonitos. Un derecho que pierda una persona o un grupo afectará a todos. Es momento de actuar”, expresó la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.
Una lucha de largo plazo
A preguntas de Pride Society Magazine, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá advirtió que este cuatrienio será particularmente difícil para los derechos humanos y anticipó que algunas batallas se perderán. «Tristemente, puedo anticipar que, cuando termine este cuatrienio, se van a haber perdido derechos, pero, si no se dan las peleas ahora, las posibilidades de recuperarlos en el futuro podrían ser nulas. Si cada derecho que se le quite a esta comunidad y a las otras comunidades no tienen un costo político y no generan conciencia en el país, pues, entonces, los que vengan después van a decir, ‘no hay nada que arriesgar otra vez’».
De Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo hizo un llamado a la movilización. «Trato de hacer un llamado a todas las personas que en algún momento caminaron, llamaron, recibieron un mensaje, sintieron que este movimiento de derechos humanos valía la pena, a que vuelvan y asuman una responsabilidad. No es momento de esperar ni de echarnos para atrás. Que les mueva el sentido de solidaridad y que les mueva el sentido de que no podemos claudicar los derechos que ya hemos ganado».
Estrategia y movilización
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se estableció días después de las elecciones generales de noviembre, con la meta de proteger los derechos adquiridos y responder a cualquier amenaza que surja en el contexto de las políticas ultraconservadoras de Donald Trump en Estados Unidos y la administración actual en Puerto Rico. Más de 70 organizaciones se han unido a la entidad.
El Consejo Asesor ya ha comenzado sus labores, participando de la primera asamblea de miembros de la Federación, celebrada en Casa Ruth en Río Piedras. En los próximos meses, se anunciarán asambleas regionales en los ocho distritos senatoriales de Puerto Rico, con el fin de expandir la base de apoyo y movilización.
Para más información sobre la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico y sus iniciativas, la organización está disponible en Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr, así como en su portal web http://www.federacion.pr. Para ver el vídeo de la conferencia de prensa presione aquí.
Con un llamado a mantenerse en pie de lucha contra medidas antiderechos y discriminatoriasen contra de la comunidad LGBTQ+, así como otros tipos de discriminación contra cualquier comunidad o grupo, se presentó esta mañana el Consejo Asesor de la recién fundada Federación LGBTQ+, entidad que agrupa a más de 80 organizaciones que representan a la comunidad y sus aliados.
El Consejo, que tendrá la función de asesorar a la Federación en torno a diversos temas y proponer estrategias para abordarlos, está compuesto por 50 personas con amplia diversidad y trasfondo, e incluye a políticos, profesores universitarios, líderes religiosos, líderes sindicales, activistas de comunidades inmigrantes, activistas de la comunidad LGBTQ+, feministas, artistas, jóvenes, periodistas, entre otros.
El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá; la exlegisladora Zoé Laboy; la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, el coronel retirado Arnaldo Claudio, así como el activista Pedro Julio Serrano, entre otros, conforman el grupo “multidisciplinario y multipartidista” que, de manera general, alertaron sobre los peligros que implican las políticas discriminatorias que están impulsando grupos en el poder, tanto desde el gobierno de los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico.
“Cuando se obtienen y se ganan derechos, y cuando se gana el respeto a la dignidad de los seres humanos, no puede haber un paso atrás, y por eso con mucho gusto estoy aquí, contribuyendo lo que pueda contribuir, para defender los derechos de esta comunidad”, expresó el exgobernador Acevedo Vilá.
La exalcaldesa Cruz Soto, mientras, hizo un llamado a ser vocales y solidarios con “cualquier comunidad que se vea asediada en sus derechos”, y reclamó que “nosotros en este país tenemos que madurar, y saber que la solidaridad en voz baja no es solidaridad. Este no es momento de quedarse calladito, es el momento de levantar nuestras voces al unísono. Calladitos no nos vemos más bonitos. Este es el momento de hablar, es el momento de actuar, es el momento de poner la solidaridad a correr, y es el momento de parársele de frente a quien haya que parársele de frente, sea un convicto depredador presidente de los Estados Unidos, o sea quien sea”.
Por su parte, el activista Serrano, presidente de la Federación, invitó a “los otros sectores que están dando lucha en este país, que es el momento de unirnos”, para “mantener los derechos que hemos alcanzado”.
Reconoció que se viven momentos de “mucha incertidumbre, de terror, y no vamos a negar que tenemos miedo, pero actuamos sobre ese miedo, y la manera que nosotros actuamos sobre ese miedo es a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, a favor de los derechos de las mujeres, a favor de los derechos de las personas migrantes, a favor de las personas que tienen diversidad funcional, a favor de los sindicatos, a favor de los trabajadores y trabajadoras, a favor de los estudiantes y de los que están defendiendo la UPR, a favor de las causas ambientales del País, a favor de mantener nuestra identidad puertorriqueña, en contra del coloniaje”.
“Que la gente no se olvide que el poder está en la calle. Así que, nos vemos en la calle”, insistió Serrano.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, presentó hoy a su consejo asesor, compuesto por 50 miembros, que servirán de apoyo y asesoramiento para enfrentar los retos -que se vislumbra- enfrentará esta comunidad con las políticas del presidente Donald Trump, así como a nivel local.
El activista de derechos humanos y presidente de la organización, Pedro Julio Serrano, manifestó que este grupo está compuesto por diversos profesionales expertos en múltiples materias, desde la abogacía, psicología, trabajo social, entre otros.
Aunque como grupo todavía no han delineado una agenda, anticipó que los miembros del comité estarán disponibles para abogar en contra de políticas públicas estadounidenses o nivel local que pongan en riesgo derechos adquiridos de la comunidad LGBTQ en la Isla.
“Nosotros vamos a trabajar primero con las medidas que están en la Legislatura. Segundo, mantener las protecciones que ya están bajo órdenes ejecutivas, órdenes administrativas o decisiones judiciales que se mantengan, como: el certificado de nacimiento para las personas trans, el matrimonio igualitario, la adopción por parejas LGBTQ+, entre otras”, indicó en un aparte con EL VOCERO.
“Es mucho trabajo, pero no es algo que no hayamos hecho en el pasado. Nuestra vida ha sido lucha, toda. Así que volvemos a la calle, volvemos a educar y volvemos a luchar”, recalcó.
De acuerdo al activista de derechos humanos, Puerto Rico ocupa la posición número 26 en los estados y territorios en tener la mayor cantidad de derechos para la comunidad LGBTQ+.
“Tiempos difíciles”
Son varios los miembros del comité asesor que comparten el pensamiento de que este cuatrienio será uno “difícil”, particularmente para proteger los derechos de múltiples comunidades. El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, es uno de ellos.
“Van a ser tiempos bien difíciles, creo que es la razón por la que estamos todos aquí y se van a perder batallas. Yo, tristemente, puedo anticipar que cuando termine este cuatrienio se van a haber perdido derechos, pero si no se dan las peleas. Ahora, la posibilidad de recuperarlos en el futuro podría ser peor. Si cada derecho que se le quite a esta comunidad y a las otras comunidades, no tiene un costo político y no generan conciencia en el país, pues entonces los que vengan después van a decir «no hay nada que arriesgar otra vez», expresó.
Por su parte, la ex legisladora Zoé Laboy, coincidió en que el panorama no es alentador, teniendo como marco de referencia que el gobierno local está alineado a las posturas republicanas del presidente Trump. Sin embargo, respondió a EL VOCERO que ve un “rayito de luz” en la gobernadora Jenniffer González Colón.
Particularmente, con medidas legislativas como las de libertad religiosa u otras relacionadas con la comunidad LGBTQ.
“Conociendo a Jenniffer como mujer y conociendo a Jenniffer como persona, y el tiempo me dirá si fui… inocente, pero yo creo que a base de lo que yo sé de Jennifer, ella va a parar esas medidas… Lo más que nosotros podemos hacer es, yo creo desde mi perspectiva, es estar aquí presente, levantar la voz cada vez que sea necesario, no dejarnos intimidar”, manifestó Laboy.
No obstante, la abogada trajo a colación que el Partido Nuevo Progresista tiene el poder de aprobar cualquier medida de esta índole, ya que son mayoría.
Por su parte, la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, mostró su total apoyo a esta comunidad y envió un contundente mensaje a los políticos que utilizan la religión como parte de su gesta.
“Hay que saber dónde ustedes están parados, es o a favor de todos los derechos para todos los seres humanos o en contra… En algún sitio de la Biblia dice que hay un lugar en el infierno destinado para los tibios, pues para los que usan la religión como herramienta o el silencio y se cree que siendo tibio están bien, recuerden esa parte de la escritura. La escritura no es para encadenar, es para liberar”, comentó.
Políticos, activistas, líderes religiosos, periodistas y defensores de los derechos humanos son algunos de los integrantes del nuevo Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, que guiará a la organización en la lucha a favor de la equidad ante los ataques previstos a nivel local y desde Estados Unidos.
“Tenemos miedo, no vamos a negar que tenemos miedo, pero actuamos sobre ese miedo. Y la manera en que nosotros actuamos sobre ese miedo es a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, a favor de los derechos de las mujeres, a favor de los derechos de las personas migrantes, a favor de las personas que tienen diversidad funcional, a favor de los sindicatos, a favor de los trabajadores y trabajadores, a favor de los estudiantes y de los que están defendiendo la UPR(Universidad de Puerto Rico), a favor de las causas ambientales del país, a favor de mantener nuestra identidad puertorriqueña sobre cualquier otra intención y en contra del coloniaje”, expresó el activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
Entre los miembros del Consejo Asesor, figuran el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá; la exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz; la activista y periodista Wilda Rodríguez; la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo; la exsenadora Zoé Laboy; el coronel retirado Arnaldo Claudio; el doctor Miguel Vázquez, director de True Self Foundation; y la reverenda Agustina Luvis Núñez.
“No podemos dar un paso atrás; aquí se ha suda’o, aquí se ha cogido calle, aquí se ha estado presente en la Legislatura, aquí se han hecho visitas a nivel federal. Y nos ha costado muchísimo, y hemos estado en alianza potente con diferentes movimientos que están en esta mesa”, expresó Gallardo, en conferencia de prensa desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “Trato de hacer un llamado a todas las personas que en algún momento caminaron, llamaron, recibieron un mensaje, sintieron que este movimiento de derechos humanos valía la pena, a que vuelvan y asuman una responsabilidad.No es momento de esperar ni de echarnos para atrás”.
“Que les mueva el sentido de solidaridad y que les mueva el sentido de que no podemos claudicar los derechos que ya hemos ganado”, agregó.
Por su parte, Acevedo Vilá anticipó que “van a ser tiempos bien difíciles; creo que esa es la razón por la que estamos todos aquí, y se van a perder batallas”.
“Tristemente, puedo anticipar que, cuando termine este cuatrienio, se van a haber perdido derechos, pero, si no se dan las peleas ahora, las posibilidades de recuperarlos en el futuro podrían ser nulas. Si cada derecho que se le quite a esta comunidad y a las otras comunidades no tienen un costo político y no generan conciencia en el país, pues, entonces, los que vengan después van a decir, ‘no hay nada que arriesgar otra vez’. Así que, como sé que van a haber derrotas, que estén claros que esta es una lucha, nuevamente, que no se va a ganar a corto plazo”, afirmó.
Una de las primeras amenazas concretas contra la comunidad LGBTQ+ este cuatrienio es la radicación de una medida en el Senado –por parte de su presidente, Thomas Rivera Schatz– sobre la “libertad religiosa”, que, en síntesis, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer un servicio basado en sus creencias religiosas. Al momento, no se han citado vistas públicas.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se fundó días después de las elecciones generales de noviembre, con la meta de proteger los derechos adquiridos y responder a cualquier amenaza que surja durante este cuatrienio, enmarcado en las políticas ultraconservadoras de Donald Trump en Estados Unidos y la administración conservadora de Jenniffer González en Puerto Rico. Más de 70 organizaciones se han unido a la entidad.
A continuación, los integrantes del Consejo Asesor:
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico presentó, hoy, a su Consejo Asesor que le asistirá en la implementación de su plan estratégico con miras a enfrentar las medidas anti-derechos de la administración Trump y la Legislatura puertorriqueña.
«Es con una gratitud inmensa que nos honra presentarle al País a los extraordinarios recursos que han aceptado ser parte de nuestro Consejo Asesor. Sus destacadas trayectorias en sus diversas materias, al igual que su compromiso inquebrantable con la equidad, nutrirán nuestro trabajo de una manera inmensurable. Hoy visibilizamos estas solidaridades para demostrar que tenemos un Consejo Asesor de primera y un pueblo solidario y amoroso que nos apoyan», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
Por su parte, el Consejo Asesor, emitió la siguiente declaración: «los tiempos que vivimos nos urgen a la acción frontal y decidida a favor de los derechos humanos. Nuestras experiencias individuales y colectivas, así como nuestros saberes y recursos, están a su disposición. Nuestro compromiso inalienable con la equidad nos convoca a mantenernos firmes en la lucha que nos une, para que nuestro País sea cada vez más justo y equitativo. La Federación, la comunidad LGBTQ+ y el País cuentan con este Consejo para las luchas que hay que dar».
El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ está compuesto por:
1. Anibal Acevedo Vilá
2. Angeles Acosta
3. Larry E. Alicea Rodríguez
4. Victor Alicea
5. Christie Capetta Suro
6. Juan F. Caraballo Resto
7. Karla Cardona Cortés
8. Gabriel Casal Nazario
9. Joanna Cifredo
10. Arnaldo Claudio
11. Kari Claudio Betancourt
12. Giancarlo Colberg Ferrer
13. Ineabelle Colón
14. Ada Conde Vidal
15. Carmen Yulín Cruz Soto
16. Liza Gallardo Martín
17. José Enrique García Oquendo
18. Omar González Pagán
19. Nirvana González Rosa
20. Wilfred Labiosa
21. Zoé Laboy
22. Agustina Luvis Núñez
23. Melissa Mark Viverito
24. Nabila Graniela Marty
25. Nicolás Eugene Matías
26. Nilda Morales
27. Pedro Muñiz
28. Samy Nemir Olivares
29. Ever Padilla Ruiz
30. Susanne Ramírez de Arellano
31. Palmira Ríos González
32. Luis Rivera Pagán
33. Verónica Rivera Torres
34. Graciela Rodríguez Martinó
35. José Rodríguez
36. Wilda Rodríguez
37. María Román Taylorson
38. Johanna Rosaly
39. Idel Santiago
40. Rosa Seguí Cordero
41. Eric Sevilla De los Ríos
42. Julián Silva Reteguis
43. Sumayah Soler
44. Karina Torres
45. Alberto Valentín
46. Vanessa Valiente Vilella
47. Miguel Vázquez Rivera
48. Bruny Velázquez
49. Esther Vicente
50. Carmen Villanueva Castro
El Consejo Asesor estará brindando consejería, estableciendo planes de trabajo, participando de los medios de comunicación y ayudando en la formulación de la dirección estratégica de la Federación.
La mayoría de los miembros del Consejo Asesor participó, el fin de semana pasado, de la primera asamblea de miembros de la Federación que se llevó a cabo en Casa Ruth en Río Piedras. Próximamente se anunciarán las asambleas regionales en los ocho distritos senatoriales de Puerto Rico.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, compuesta por más de 80 entidades que representan a la comunidad y aliados, busca instrumentar la equidad en nuestra patria. Para conocer más acerca de la federación, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.
Ante la probabilidad de que se apruebe el Proyecto del Senado 1, que establecería la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, activistas aseguran que se trata de una amenaza a los derechos humanos y la salud pública en el País.
“Es bien importante que las personas no limiten la conversación a que esto es un issue entre las personas LGBTT y personas conservadoras; y sepan que esto va a afectar a todo el mundo. Realmente la libertad religiosa en Puerto Rico existe, la libertad de culto existe, lo que pasa es que se ha usado y se ha tergiversado para que un solo sector religioso de la población le imponga a toda la población esa libertad de culto y sus dogmas religiosos”, aseguró Alondra Hernández Quiñones, abogada afrofeminista, en entrevista con Es Mental.
Los peligros del proyecto de Libertad Religiosa
La pieza legislativa establece que “es imperativo que el proceso de vacunación que el Estado interesa llevar a cabo tiene que velar por que las salvaguardas de las libertades y derechos de los individuos, en especial la libertad religiosa de los padres y estudiantes con toda la extensión de los parámetros constitucionales aplicables”.
A esto, Hernández Quiñones sostuvo que esta ley podría desembocar en una crisis de salud pública. “Les brindaría, entonces, toda la facultad a los padres de cuáles vacunas le va a poner y cuáles no, aunque sabemos que actualmente a través de affidávit y otros recursos los papás deciden ponerle o administrar las vacunas a los menores. Este proyecto de ley básicamente lo que dice es que no se le puede obligar a los padres a poner ningún tipo de vacuna”, explicó en cuanto a la vacunación de niños.
En el área de la salud, este proyecto de ley “podría facilitar la negación de servicios esenciales por parte de profesionales que invoquen objeciones religiosas, afectando de manera desproporcionada a personas LGBTQIA+”, según el licenciado Alberto J. Valentín.
Radicado el mismo día que juramentaron los cuerpos legislativos, el proyecto expone que tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental. No obstante, el presidente de la Federación LGBTQ+ en Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, y Hernández Quiñones apuntan a que se trata de un proyecto discriminatorio.
“Este proyecto le da una licencia para discriminar a cualquier empleado público que pueda levantar su libertad religiosa como una excusa para no atender a una persona, en el ejercicio de sus funciones, y esa creencia no puede ser cuestionada por nadie. Eso nos preocupa porque personas le pudieran negar servicios a miembros de la comunidad LGBTQ+ y de cualquier otra comunidad porque esa creencia religiosa no puede cuestionarse”, alertó Serrano.
El Proyecto del Senado 1 establece, además, que: «El derecho a la libertad religiosa comprende tanto el derecho de actuar, así como el de abstenerse de actuar, conforme a las creencias religiosas que se ostentan», lo que los activistas apuntan que se puede interpretar para discriminar.
Por otra parte, la medida dicta que: «Nada de lo dispuesto en la presente Ley podrá ser usado para que el Gobierno de Puerto Rico niegue o deje de proveer servicio alguno a toda persona que así lo solicite, requiera o necesite, sin discriminar por ningún motivo, incluyendo edad, raza, sexo, ideas políticas o religiosas, origen étnico, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra clasificación sospechosa dispuesta por ley».
Hernández Quiñones añadió que la ley sería “redundante”, pues ya la Constitución de Puerto Rico establece que nadie puede discriminar a otro por motivos de religión.
“Sería legislar sobre un derecho constitucional que sabemos que no sufre ningún tipo de ataque o históricamente no ha sufrido ningún ataque. (…) Cuando tu legislas para un solo sector de la población, automáticamente hay una violación de derechos civiles y, por ende, de derechos humanos”, explicó.
“Con la primera administración de (Donald) Trump, y esto lo traemos a Puerto Rico, con una agenda conservadora como la que se está presentando desde el Senado, hemos visto un incremento en los crímenes de odio y eso pues nos preocupa porque la gente siente ese permiso por parte del gobierno para atentar en contra de nosotros. Así que, no tan solo nuestra salud mental se va a afectar, sino también nuestra seguridad donde individuos puedan verse con la licencia o el permiso de discriminarnos o de violentarnos”, señaló por su parte el presidente de la Federación LGBTQ+ en Puerto Rico.
Serrano aclaró que se ha notado un incremento en los crímenes contra la comunidad LGBTTQ+, pero no pudo precisar una cifra, porque alega que “la Policía incumple en parte de su mandato” de registrar los crímenes. Sin embargo, mencionó que en el 2020 se registraron 7 transfeminicidios.
Por otra parte, un estudio realizado por la organización Waves Ahead, titulado 2023 Assessment of Anxiety in a Sample of LGBTQ+ Older Adults in Puerto Rico, apuntó a que cerca del 76% de los adultos mayores de 45 años en el país padecen de altos niveles de ansiedad debido a la discriminación, inseguridad económica y falta de apoyo social.
El proyecto, de la autoría de los senadores Thomas Rivera Schatz, Joanne Rodríguez Veve y Brenda Pérez Soto, y con una mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) apoyándolo en el Senado; el presidente del cuerpo legislativo afirmó: “lo vamos a aprobar”.
“Ese proyecto no le quita ningún derecho a nadie, no va contra ningún sector de la población y bajo ninguna circunstancia promueve el discrimen o que se le excluya o que se le niegue el servicio a nadie el Gobierno de Puerto Rico”, alegó Rivera Schatz en un turno desde el hemiciclo del Senado.
Una Legislatura menos diversa, inclinada hacia una “agenda conservadora y religiosa” y, en su mayoría, “indiferente” o “ambivalente” ante la equidad, fue el saldo de las elecciones de noviembre, según portavoces de la comunidad LGBTQ+, quienes, ante este panorama, anticipan una feroz lucha por sus derechos durante los próximos cuatro años, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
“No es la Legislatura del cuatrienio pasado, no la es”, sostuvo el activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico. “(La anterior) era una Legislatura más diversa, una Legislatura que no dio paso a medidas discriminatorias, aunque se intentó. Ahora, hay una abrumadora mayoría de un solo partido, eso obviamente preocupa, y los presidentes de ambos cuerpos han dicho que van a cumplir una agenda conservadora y religiosa. Así que eso, de antemano, nos pone una preocupación bastante alta”.
En octubre, el Frente Unido por la Equidad –formado a raíz de los comicios generales y disuelto más adelante– analizó más de 200 candidaturas para ofrecer a los electores detalles sobre las posturas de los aspirantes –incluidos a la gobernación y comisionado residente– en cuanto a la equidad.
Utilizando ese listado como base, El Nuevo Día encontró que la nueva Asamblea Legislativa quedó compuesta por 16 “amigos”, siete “enemigos” y 58 “indiferentes o ambivalentes”.
“Quisiera ver que haya un entendimiento en la Legislatura, no solamente por las personas que están sometiendo estos proyectos, sino por el pleno tanto en la Cámara (de Representantes) como en Senado, de reconocer que los ciudadanos de Puerto Rico somos todos, todas y todes, no es un grupo. Y que hacer política pública para un sector no funciona para un país, no funciona para el 2025″, planteó Olga Chapman Rivera, directora de Comunicaciones de la Federación LGBTQ+.
De los 16 legisladores “aliados” –que evidenciaron su apoyo al responder una encuesta del Frente Unido por la Equidad, han votado a favor de medidas pro-LGBTQ+ o han tenido una trayectoria a favor de la equidad–, nueve son del Partido Popular Democrático (PPD); cinco, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); y uno, del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como Eliezer Molina, independiente y electo por nominación directa.
Estos son Ada Álvarez (PPD), José Luis Dalmau (PPD), Luis Javier Hernández (PPD), María de Lourdes Santiago (PIP), Roxanna Soto (PNP), Adrián González (PIP), Héctor Ferrer (PPD), Denis Márquez (PIP), Ramón Torres (PPD), Swanny Enit Vargas (PPD), Adriana Gutiérrez (PIP), Ángel Fourquet (PPD), Domingo Torres (PPD), José “Conny” Varela (PPD) y Nelie Lebrón (PIP).
Mientras, los “enemigos” –que no respondieron la encuesta, han votado contra proyectos pro-LGBTQ+ o han tenido una trayectoria en contra de la equidad– son Gregorio Matías (PNP), Thomas Rivera Schatz (PNP), Joanne Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad), José Aponte (PNP), Lisie Burgos (Proyecto Dignidad), Carlos “Johnny” Méndez (PNP) y Roberto Rivera Ruiz de Porras (PPD).
Los restantes 58 legisladores electos en noviembre catalogados como “indiferentes o ambivalentes” no respondieron la encuesta, no tienen récord legislativo, tuvieron votaciones mixtas o se abstuvieron de votar sobre medidas referentes a la comunidad LGBTQ+, o no tienen trayectoria o expresiones relacionadas con la equidad. Este grupo se divide en 50 del PNP y ocho del PPD.
Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación LGBTQ+, mencionó que estas posiciones “no se les dan infinitamente”, pues dependerán de sus acciones en la Legislatura.
Mientras, Serrano indicó que ve en la cantidad de legisladores “indiferentes” o “ambivalentes” una oportunidad.
“Creo que tenemos una oportunidad, y la Federación la va a aprovechar, de poder dialogar con estos representantes y senadores, para hablarles de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones, de los derechos que hemos alcanzado, de lo importante de que se mantengan esos derechos y esas conquistas, y que no se le dé paso a ninguna medida que venga a menospreciar, aun cuando la tentación exista de querer emular lo que están haciendo (Donald) Trump y los republicanos en Estados Unidos para complacer sus deseos de alcanzar la estadidad. Así que creo que ese va a ser el llamado, que no necesariamente porque venga de Estados Unidos tiene que ser imitado en Puerto Rico”, añadió.
Los presidentes legislativos no respondieron una petición de comentarios de El Nuevo Día sobre las preocupaciones de la comunidad LGBTQ+.
Sin embargo, el historial político de ambos habla por ellos. En días recientes, Rivera Schatz afirmó que “lo vamos a aprobar”, en reacción a la oposición que ha causado su propuesta de libertad religiosa. A su vez, arremetió contra la comunidad y criticó que, “ahora, quieren dejarse ver como los portavoces de los derechos humanos”. Mientras, en 2017, Méndez fue uno de los autores de la medida –aprobada en la Legislatura y vetada por el entonces gobernador, Ricardo Rosselló– que buscaba establecer la “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.
Retos aquí y allá
Los tres portavoces entrevistados por El Nuevo Día coincidieron en que uno de los retos primordiales de este cuatrienio será defender los derechos adquiridos por la comunidad LGBTQ+, a raíz de las políticas que Trump implante en Estados Unidos.
“Otro de los retos que veo es el modelo que está usando Trump de dejar que los estados definan sus políticas en cuanto a diferentes temas. Y la falta de legislación y política pública que existe en Puerto Rico es bien lamentable, porque no tendríamos ninguna protección de tomarse una legislación a nivel federal sobre muchos de nuestros derechos, así que conocemos que, con esta Legislatura, estamos luchando por detener proyectos, pero también sabemos que es posible que vamos a necesitar que se creen proyectos para defender nuestros derechos, y eso es un reto grande que tenemos ahora mismo con la presidencia de Donald Trump y las políticas públicas que existen en Puerto Rico a nivel estatal”, esbozó López.
En esa línea, Serrano recordó que el Código Civil y el Código Penal vigentes “fueron escritos por la convicta (María Milagros) ‘Tata’ Charbonier con un sesgo fundamentalista y con una vaguedad en su lenguaje que permite que, en el momento que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le delegue a los estados atender situaciones como el matrimonio (igualitario), la adopción, los documentos para las personas trans y otras cosas, pues, les permita que se pueda fácilmente hacer una interpretación estricta limitada de estos derechos. (…) Así que ese es otro reto que tenemos, cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación cuando llegue el momento, porque sabemos que el momento muy posiblemente va a llegar”.
Aunque señaló que es muy prematuro determinar qué tipo de Legislatura será, Serrano llamó la atención al hecho de que las amenazas ya han empezado a cernirse sobre la comunidad LGBTQ+ y otros sectores vulnerables. A manera de ejemplo, recordó que el primer proyecto radicado este cuatrienio –por Rivera Schatz, presidente del Senado– intenta, una vez más, dar paso al controversial concepto de libertad religiosa, que, según activistas, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias.
En un principio, se creía que la medida se llevaría a votación por descargue, sin celebrar vistas públicas. Sin embargo, eso no pasó, acción que Serrano atribuyó a la presión pública.
Según el Sistema Único de Trámite Legislativo, la medida –Proyecto del Senado 1– fue referida a las comisiones de Innovación, Reforma y Nombramientos; y Educación, Arte y Cultura del Senado.
“Creo que tenemos la oportunidad, a través de las vistas públicas, a través de la presión pública y de estas voces de fe que no usualmente se escuchan, (de) nosotros poder tocar una fibra y levantar la inconstitucionalidad de esta medida y lo peligroso que es, porque volvemos a lo mismo, la intención es que nos discriminen a la comunidad LGBTQ+, pero cuando ellos se den cuenta de que esto les puede rebotar en la cara y discriminar en contra de cualquier persona, entonces creo que eso les va a hacer reconsiderar. Así que esa es nuestra esperanza”, manifestó Serrano, al plantear que otros sectores también se oponen a la propuesta.
Al desafío legislativo, se suma el que la organización anticipa en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que Serrano describió como “conservador”. “Conservadora”, dijo, también es la gobernadora Jenniffer González.
“El Tribunal Supremo de Puerto Rico, históricamente, le ha fallado a la comunidad LGBTQ+. No derogó el artículo 103 de sodomía (en el Código Penal), no le ofreció protección de la Ley 54 a parejas LGBTQ+, no le permitió el cambio en el encasillado de sexo a las personas trans en su certificado de nacimiento y no ha querido entrar en resolver asuntos medulares para la comunidad, así que ha sido un tribunal que no ha cumplido con esa obligación constitucional de hacer valer esa igualdad que promete la Constitución. Así que, en cuanto a eso, nosotros no tenemos ninguna esperanza de que vaya a cambiar en el futuro cercano”, acotó Serrano.
La Federación LGBTQ+ espera poder reunirse individualmente con cada legislador, pero antes, llevó a cabo este sábado su primera asamblea, en la que trazó un plan de acción para este primer año del cuatrienio.
Durante la actividad, celebrada en Río Piedras, anunciaron a los miembros de un consejo asesor compuesto por figuras de múltiples sectores que estarán asesorando a la Junta Directiva de la Federación, entre los que figuran el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo Martín, y el expresidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico Larry Emil Alicea Rodríguez.
“Eso va a visibilizar unos apoyos y unas solidaridades muy importantes, que van a dejarle saber al país que no estamos solos”, resaltó Serrano.
Pedro Julio Serrano 