Por Katherine Ardila | Revista Medicina y Salud Pública

En una entrevista reciente para la revista Medicina y Salud Pública, expertos en salud, derechos humanos y VIH, analizaron las consecuencias potenciales de los recortes propuestos por la administración de Donald Trump al Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR). 

Este programa, establecido durante la administración de George W. Bush y respaldado por ambos partidos políticos en Estados Unidos, ha sido fundamental en la lucha global contra el VIH/SIDA. 

Sin embargo, los recortes planteados por Trump podrían poner en riesgo la vida de millones de personas que dependen de estos fondos para acceder a tratamientos antirretrovirales, especialmente fuera de Estados Unidos.

El impacto en la investigación y el tratamiento del VIH

El doctor Javier Morales, infectólogo e investigador puertorriqueño, recalcó la incertidumbre que rodea las decisiones de la administración Trump. «Nadie sabe lo que va a ocurrir», afirmó, refiriéndose a los constantes cambios en las políticas federales. 

Señaló que los recortes a agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) ya están afectando la investigación crucial contra el cáncer y el VIH. «Actualmente, el VIH pasó de ser un tratamiento de una pastilla al día a estar cerca de la erradicación del virus o lograr una supresión permanente mediante anticuerpos monoclonales. Pero todo esto podría desaparecer de la noche a la mañana», advirtió.

Morales explicó que, aunque no se puede hablar de una cura definitiva, los avances científicos han permitido que los pacientes con VIH entren en remisiones largas, similares a las de algunos tipos de cáncer. 

Sin embargo, estos logros podrían revertirse si se reducen los fondos federales que financian las clínicas de inmunología y los tratamientos. «En Puerto Rico, los pacientes indigentes reciben lo que necesitan sin escatimar nada, pero si esos fondos se reducen, ¿qué pasará con los medicamentos que cuestan miles de dólares al mes?», cuestionó.

El riesgo para Puerto Rico y la comunidad LGBTQ+

Pedro Julio Serrano, defensor de los derechos humanos y líder de la comunidad LGBTQ, coincidió con el doctor Morales en que los recortes representan un peligro inminente para Puerto Rico. 

«Estamos en peligro de que nos corten los fondos federales», afirmó. «La pregunta es: ¿cuál será la respuesta del gobierno de Puerto Rico si estos fondos se reducen? ¿El gobierno va a conseguir los fondos estatales para atender a las personas que vivimos con VIH o simplemente no harán nada y nos dejan a la merced de las cosas que está haciendo Donald Trump allá en Estados Unidos?».

Serrano explicó que los avances en el tratamiento del VIH han permitido que las personas que viven con el virus y siguen un tratamiento adecuado sean indetectables, lo que significa que no pueden transmitir el virus. 

Sin embargo, si los tratamientos se interrumpen, no solo se pone en riesgo la salud individual, sino que también se podría revertir el progreso global en la lucha contra el VIH. 

«Podemos acabar con el VIH si todas las personas están en tratamiento y utilizan métodos de prevención. Pero si se recortan estos fondos, habrá una crisis de salud pública no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en el mundo», advirtió.

El impacto en la salud sexual y la prevención

Adalid Castro, profesor, sexólogo clínico y activista que vive con VIH desde hace 25 años, expresó su preocupación por el impacto que los recortes podrían tener en la salud sexual y la prevención. 

«Trabajo con el Estado, y no hemos recibido mucha información sobre cómo se manejarán los programas de prevención y la PrEP (profilaxis preexposición)», dijo. 

Señaló que la interrupción de los tratamientos podría llevar a mutaciones del virus, lo que requeriría medicamentos más costosos y complicados. «Esto no solo afectaría la salud pública, sino también la sexualidad de las personas», agregó.

De hecho, según el profesor, «la Organización Mundial de la Salud estima que casi 200 millones de personas dependen de los fondos de Estados Unidos para su tratamiento». Si estos fondos se recortan, no solo se perderán los medicamentos, sino también los programas de educación que son cruciales para prevenir nuevas infecciones.

¿Qué pasa si las personas con VIH dejan el tratamiento?: Riesgo de mutación y resistencia a los medicamentos

Por otro lado, el doctor Morales advirtió sobre el peligro de que los pacientes interrumpan sus tratamientos, incluso por períodos cortos. 

«Si dejas el medicamento de golpe, no debe haber un riesgo muy grande de desarrollar resistencia al medicamento que estabas tomando», explicó. Añadió que, aunque no es común que esto ocurra con una interrupción breve, el riesgo aumenta si los pacientes toman los medicamentos de manera irregular. 

«Más bien es cuando la gente dice pues me voy a tomar una hoy, me tomo una pasada mañana, me tomo otra dentro de cuatro días. Ahí sí es que entramos en el riesgo del desarrollo de mutaciones y de un virus resistente a los antibióticos». 

El experto recordó los avances logrados en las últimas décadas, desde los tratamientos de 26 pastillas al día en los años 90 hasta las opciones actuales: «Hemos avanzado tanto, en los años 90 eran 26 pastillas al día… En el 98 salió una pastilla de una vez al día con otras más que se usaban. Después salieron los inhibidores de integración. Actualmente estamos ya probando en PrEP, en pre-exposure prophylaxis, una inyección  que se puede usar cada cuatro a cada seis meses para evitar el contagio», explicó. 

Añadió que «también se están probando anticuerpos monoclonales para tratar de atacar los santuarios donde el virus se esconde y podríamos estar tocando la puerta y llevar a los pacientes a una remisión permanente. 

De allí la preocupación creciente por las decisiones de la administración de Donal Trump, si estos fondos se llegaran a recortar, posiblemente retrocederían todos estos avances y abría un nuevo problema de salud pública.  

Implicaciones globales y la necesidad de solidaridad

Pedro Julio Serrano enfatizó que los recortes no solo afectarían a Estados Unidos y Puerto Rico, sino también a países como Haití, México y Venezuela, donde USAID ha distribuido medicamentos para el VIH. «Si se deja de distribuir estos medicamentos, habrá una crisis humanitaria y de salud pública sin precedentes», advirtió. 

Serrano hizo un llamado a la solidaridad global, recordando que en un mundo interconectado, las decisiones políticas en un país pueden tener repercusiones en todo el planeta.

Así pues, los expertos coincidieron en que los recortes propuestos por la administración Trump al PEPFAR y otros programas de salud podrían tener consecuencias devastadoras, no solo para las personas que viven con VIH, sino para la salud pública global. 

Desde Puerto Rico hasta los países más pobres del mundo, millones de personas dependen de estos fondos para acceder a tratamientos que salvan vidas. 

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico exigió, hoy, que se permita que organizaciones, que están en contra de la medida que da licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa, participen de las vistas a celebrarse este próximo miércoles en el Senado.

«Por más de un mes, las entidades que conformamos la Federación, hemos exigido participación en las vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1, que pretende dar licencia para discriminar bajo la excusa de la libertad religiosa. La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos citó a una vista para este próximo miércoles 26, pero ninguna de nuestras entidades ha sido citada. Esperamos que se nos permita participar y expresar nuestra oposición a tan peligrosa medida», aseveró Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación.

El pasado 13 de enero, día de la sesión inaugural de esta Asamblea Legislativa, la Federación hizo una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio exigiendo vistas públicas. Sin embargo, no han sido citadas a deponer cuando han solicitado turnos para participar.

«Es menester que el Senado analice profundamente los peligros de una medida que no tan sólo vulnera, aún más, a la población LGBTQ+, sino a otras poblaciones vulnerabilizadas en Puerto Rico. Para poder aquilatar los alcances temerarios de dicho proyecto, los senadores y senadoras tienen que saber las implicaciones de violar la Constitución y abrir una puerta al discrimen», concluyó Olga Chapman Rivera, directora de Comunicaciones de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico exigió, hoy, justicia para Alexa en el quinto aniversario de su asesinato.

«Aún no se le hace justicia a Alexa y aún no se le hace justicia a la comunidad trans en Puerto Rico. Es hora de traer al asesino a la justicia. Lo terrible de todo esto es que a cinco años de su brutal acoso, inhumana cacería y vil asesinato, quienes crearon un clima de odio y violencia transfóbica, siguen insistiendo en presentar proyectos de ley para deshumanizar, criminalizar y atentar en contra de las personas trans. Esto tiene que parar ya, pues es ilegal, cruel e inhumano», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«El asesinato de Alexa fue un atentado contra toda nuestra comunidad trans. Al acosarla, perseguirla, cazarla, violentarla y asesinarla, nos atacaron a todas las personas trans. Exigimos vivir en un Puerto Rico donde se nos respete nuestra identidad, donde se valore nuestra humanidad, donde se garantice nuestra dignidad. Las personas trans somos seres humanos que merecemos vivir en paz», dijo, por su parte, Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

«El 2020, año en que fue asesinada Alexa, fue el peor año en la historia de nuestra comunidad, pues perdimos a siete personas trans a causa del odio. Esto no puede volver a suceder. Hacemos un llamado urgente y humano a la Legislatura a que detenga la consideración de medidas que atentan en contra de nuestra dignidad, de nuestra equidad, de nuestra humanidad. Basta ya», concluyó Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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Por Valeria Torres | El Nuevo Día

Los senadores Joanne Rodríguez Veve y Thomas Rivera Schatz presentaron este jueves una medida que busca prohibir los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de géneroen personas menores de 21 años, alegando supuestos “riesgos físicos, emocionales y psicológicos asociados a dichos procedimientos”.

El Proyecto del Senado (PS) 350 prohibiría, igualmente, el financiamiento de los tratamientos hormonales con fondos públicos, que tampoco podrían utilizarse para “promover, asistir o avalar” las cirugías de afirmación.

“La intervención prematura puede generar efectos adversos que afectan el bienestar físico, psicológico y emocional del menor, dado que su identidad puede evolucionar naturalmente con el tiempo a medida que madura”, lee parte de la exposición de motivos de la pieza que presentaron Rivera Schatz, presidente del Senado y del Partido Nuevo Progresista, y Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.

Las intervenciones prohibidas incluyen los tratamientos hormonales –que se emplean en algunas transiciones de género–, como bloqueadores, progesterona, estrógeno o testosterona. Asimismo, se suprimirían las cirugías que “modifiquen o eliminen órganos sexuales con el objetivo de alterar su función biológica natural, así como intervenciones destinadas a alinear la apariencia física de un menor con una identidad distinta a su sexo biológico”.

Las personas que violenten las disposiciones del proyecto, de convertirse en ley, serían sancionadas con un término fijo de 15 años de reclusión.

En caso de ser un profesional de la salud, se revocaría su licencia para ejercer su práctica en Puerto Rico. Mientras, toda persona jurídica que incumpla con el propuesto estatuto tendría que pagar $50,000 por infracción y se le revocarían “todas las licencias y permisos de operación, impidiéndosele permanentemente llevar a cabo negocios en Puerto Rico”.

De inmediato, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico rechazó la medida, al calificarla como “un ataque directo” que pone en jaque el bienestar físico y mental de la niñez y juventud trans. Asimismo, la organización alertó que el proyecto atenta contra la relación médico-paciente y la práctica de los profesionales de salud en Puerto Rico.

“Hacemos un llamado a la Legislatura a rechazar esta medida discriminatoria y garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o su identidad de género, tengan acceso a atención médica basada en evidencia y libre de prejuicios”, expresó Ivana Fred Millán, directora de la Federación, en declaraciones escritas.

Mientras, el presidente de la Federación, Pedro Julio Serrano, aseguró que la legislación “ignora” la evidencia científica y las recomendaciones de entidades internacionales, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud.

“Estas entidades han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans”, aseguró Serrano.

El PS 350 también ordena a los departamentos de Educación y de Salud la creación de “programas de educación y sensibilización”, que orienten a la comunidad, incluyendo padres y profesionales de la salud, sobre los alegados riesgos de las intervenciones para el cambio de sexo y género.

“Esta legislación no solo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans”, expuso, por su parte, Güarix Agosto, tesorera alterna de la Federación.

El pasado 28 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo la asistencia federal a los tratamientos de cambio de sexo en menores de 19 años. El decreto también suspende las asignaciones “a la mutilación química y quirúrgica”, poniendo en riesgo las subvenciones para investigaciones o educación. El 13 de febrero, un juez federal del distrito de Maryland bloqueó la orden de forma temporal.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, expresó, hoy, su firme rechazo al proyecto de ley que constituye un ataque directo a los derechos de la niñez y juventud trans y pone en riesgo su bienestar físico y emocional. 

“El Proyecto del Senado 350, presentado por Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve, sería un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Esta medida ignora la evidencia científica y las recomendaciones de organizaciones médicas y psicológicas, reconocidas a nivel mundial, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Estas entidades han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación. 

“Esta legislación no solo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans. En lugar de proteger a la niñez y juventud trans, esta medida les expone a un mayor sufrimiento y vulnerabilidad”, dijo, por su parte, Güarix Agosto, tesorera alterna de la Federación. 

Además, “el PS 350 también pretende imponer sanciones draconianas a los profesionales de la salud que brinden estos tratamientos, criminalizando el ejercicio médico basado en evidencia científica. Esto no solo viola el derecho de la niñez y juventud trans a recibir atención médica adecuada, sino que además interfiere en la relación médico-paciente y vulnera la autonomía de las familias para tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos, hijas e hijes”, sentenció Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación. 

“Hacemos un llamado a la Legislatura a rechazar esta medida discriminatoria y garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o su identidad de género, tengan acceso a atención médica basada en evidencia y libre de prejuicios. Desde la Federación LGBTQ+, reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, la dignidad y el bienestar de la niñez y juventud trans en Puerto Rico. Seguiremos luchando para garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad y respeto, sin miedo a la discriminación o al abandono del Estado”, concluyó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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Por Roberto Ortiz López | Metro PR

Líderes de distintas organizaciones de derechos humanos en Puerto Rico están preocupados por los efectos que las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump podrían tener en la isla.

A finales de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó operativos en la isla, interviniendo y deportando a inmigrantes dominicanos.

Según el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, esto ha traído una “crisis humanitaria y económica”.

“Estas personas trabajan para enviarles dinero a su familia. Si cuidaban a una anciana, limpiaban casas, llevaban niños a la escuela y (ahora) tienen miedo de hacerlo”, señaló.

Rodríguez apuntó a los acercamientos hechos a la gobernadora Jenniffer González para trabajar el problema. “Le hemos hecho un llamado a la gobernadora para ver si buscamos alguna ayuda, salud humanitaria o algo para parar esto. Hay asuntos humanitarios aquí, pero ni el Consulado (de República Dominicana) ni el gobierno dominicano han dicho nada, ni la gobernadora. Estamos volviendo a la época de cuando los negros estaban luchando por sus derechos civiles, que fueron asesinados por luchar y ganar derechos adquiridos, que ahora nos quieren quitar”, advirtió.

Rodríguez mencionó recomendaciones en caso de que algún miembro de esta comunidad se topara con ICE. Planteó que, si tocan a su puerta, no la abran, que mantengan la calma, y que pregunten si tienen una orden de un juez más allá de un documento de inmigración. De ser así, pedirles que se la pasen por debajo de la puerta, y que esté en español. Recomendó guardar silencio si lo detienen en la calle.

Por su parte, Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, resaltó las actividades que están realizando.

“Estamos pendientes a la orden ejecutiva, a las redadas, apoyando en lo que uno pueda, especialmente a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de crimen. Que estamos trabajando con directorios legales, con bancos de alimentos”, abundó.

Otra de las órdenes ejecutivas plantea la congelación de fondos federales, situación que representaría un recorte de fondos para la Red de Nacional Albergues de Violencia de Género, que es subvencionada entre un 70% y 95% por estos fondos.

La presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León, detalló que “definitivamente esto implica un impacto grande de materializarse los potenciales recortes. Otro de los retos es que, la semana pasada, también se dio el cierre de todas las convocatorias de fondos que Justicia federal tenía abiertas […] Hay mucha incertidumbre”.

Al mismo tiempo, desglosó las medidas y estrategias que están tomando para continuar con los servicios. “Hemos estado primero tocando base con las organizaciones que son integrantes de la red para conocer el estatus de cada cual y entender también el impacto específico que tiene el potencial recorte de fondos. Hemos estado también comunicando sobre esta situación a donantes, en realidad haciendo un llamado a que, en este momento y en este instante, que puedan apoyar a las organizaciones que brinden servicios a sobrevivientes”, agregó. Están atentas a asignaciones por vía legislativa en Puerto Rico.

Otro sector que se ha visto afectado con las nuevas políticas ha sido la comunidad LGBTQ+. El presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, indicó que observan el movimiento local.

“Estamos pendientes a siete medidas que han sido presentadas en la Legislatura, que para nosotros son preocupantes. Una de las más preocupantes es ciertamente el proyecto del Senado 1 porque da una licencia para discriminar con la excusa de la libertad religiosa, que ya está protegida en la Constitución y que no necesita legislación adicional como está para que se pongan en función. En cuanto a las órdenes ejecutivas, pero para nosotros son órdenes fascistas de Trump, nosotros estamos aquí en Puerto Rico, estamos activamente identificando personas que puedan ser afectadas”, dijo Serrano.

Igualmente, anunció las estrategias que implementará la Federación LGBTQ+.

“Determinamos crear 20 secretarías y subsecretarías que se están conformando en estas dos semanas. Estas secretarías van a ser el trabajo de la Federación donde se van a tocar. Hay secretarías que tienen que ver con asuntos legislativos, asuntos jurídicos, diversidad funcional, adultos mayores, niñez y juventud, género y sexualidad, entre otros. De ahí, van a hacer unos planes de trabajo para atender los diferentes asuntos que tenemos que atender como comunidad, por las amenazas que se presentan”, indicó.

Próximamente, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) estará anunciando una marcha en unión con más de 60 organizaciones de su frente unido para protestar ante las nuevas políticas públicas que afectan estas comunidades.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se mostró, hoy, consternada por el vil asesinato de Sam Nordquist, un hombre trans que fue torturado por meses hasta que lo mataron en Nueva York.

«Como hombre trans, me siento horrorizado por el despiadado acto de tortura y posterior asesinato de Sam Nordquist. Sam fue torturado por meses, después de haber sido seducido y entrampado por una de las cinco personas que brutalmente le asesinaron. Este hecho no lo podemos desvincular del hecho que en el 2020, Puerto Rico se convirtió en el epicentro de la violencia anti-trans, cuando siete personas trans fueron asesinadas. No son hechos aislados, son producto de discursos y acciones de odio que incitan a la violencia en contra de nuestra comunidad», aseveró Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación.

Por otra parte, los portavoces se mostraron satisfechos de que el presunto asesino de Lorena Escalera, quien fuera conocida como la Beyoncé boricua, haya sido arrestado. Al igual, exigieron que se haga justicia tanto en el caso de Lorena como en el de Sam, en el cual ya han sido arrestadas cinco personas con relación a los terribles hechos.

«Durante la primera presidencia de Trump, vimos un incremento alarmante y significativo en los crímenes de odio en contra de nuestra comunidad LGBTQ+ y otras poblaciones vulnerabilizadas. Lamentablemente, ya estamos viendo un sustancial incremento en estos crímenes. Seguimos firmes en que combatiremos cualquier retórica o acción de odio en contra de nuestra comunidad. Basta ya», concluyó Jennifer Orellana, secretaria de la Federación.

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico hizo un llamado, hoy, a la gobernadora Jenniffer González Colón para que atienda de manera urgente el alza en feminicidios tras dos asesinatos de mujeres ocurridos esta madrugada. 

«Hay una epidemia de violencia de género en nuestro país que no puede ser ignorada, ni mucho menos invisibilizada por este gobierno. Atrás quedó el estado de emergencia que fue declarado por el pasado gobierno de Puerto Rico. Atrás quedaron las acciones gubernamentales para atajar esta crisis. Lo que realmente debe quedar atrás es la inacción de este nuevo gobierno», aseveró la doctora Irma Lugo Nazario, directora de la Federación LGBTQ+. 

Por su parte, Olga Chapman Rivera, directora de comunicaciones de la Federación LGBTQ+, hizo un “llamado a la Procuradora de las Mujeres a ejercer su poder para exigirle al gobierno que asuma su responsabilidad en el manejo de esta crisis de graves proporciones de manera expedita. No más expresiones que no nos devuelven a las nuestras. Es urgente demandar respuestas concretas, recursos y políticas públicas interagenciales que atiendan esta emergencia. No necesitamos más promesas; necesitamos acción inmediata y efectiva. Cada día sin medidas contundentes es otro día en que más mujeres y personas de género diverso corren peligro o pierden la vida». 

«Ahora, más que nunca, es necesaria la educación con perspectiva de género. Urgimos a la gobernadora a que no permita que las acciones discriminatorias y misóginas de Trump incidan en la política que ella tiene que ejercer como primera ejecutiva de este país. Usted tiene el poder de convocar a su Secretario de Educación a que instaure un currículo con perspectiva de género de manera inmediata. Por el bien de nuestras niñas y mujeres, por el bien de nuestro país, es hora de actuar con firmeza, empatía y urgencia», concluyeron las portavoces de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, compuesta por más de 90 entidades que representan a la comunidad y aliados, busca instrumentar la equidad en nuestra patria. Para conocer más acerca de la federación, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.

En momentos en que los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) están bajo ataque, un panel buscará educar al País sobre la importancia de mantenerlos y fortalecerlos.

La Asociación de Derecho Laboral, Osvaldino Rojas Lugo (ADL), y La Revista Jurídica (RJ) de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico presentarán el “Conversatorio sobre los nuevos desafíos de los programas DEI en el trabajo” el miércoles, 19 de febrero de 2025 a a las 2 PM hasta las 4 PM en el anfiteatro A3 de la Facultad de Derecho en Hato Rey.

Durante el panel, participarán expertos en el tema para discutir los desafíos de los programas de DEI actuales en Puerto Rico que impactarán adversamente a las comunidades más afectadas, como las comunidades LGBTQ+, las personas negras e inmigrantes, las personas con diversidad funcional, los veteranos, las mujeres, los padres, entre otros. Algunos de los temas que vamos a discutir son las ordenes ejecutivas del Presidente Trump, los proyectos de ley en Puerto Rico y el estado actual de derecho en Puerto Rico.

Los panelistas incluirán el licenciado Carlos Ramos, Catédratico de la Facultad de Derecho de la UIPR; la licenciada Ana Irma Rivera Lassén, la coordinadora general de Movimiento Victoria Ciudadana; Eduardo Cintrón Torres, Secretario Alterno de la Federación LGBTQ+; Güarix Agosto, Tesorere Alterne de la Federación LGBTQ+; y la licenciada Eddalee Quiñones de Estrella LLC.

Durante el panel, la estudiante Elizabeth O’Neill, integrante de la ADL y redactora de la Revista Jurídica, estará presentando su artículo títulado “El futuro de la acción afirmativa y el discrimen racial en el empleo” que es sobre el impacto de la decisión de Students for Fair Admissions v. Harvard, 600 U.S. 181 (2023) en los programas de DEI y la acción afirmativa en el empleo.

Los programas de diversidad, equidad e inclusión en el trabajo buscan asegurar igual paga por igual trabajo para las mujeres, el reconocimiento de festividades religiosas, acomodos razonables a las personas con diversidad funcional y hasta licencias de paternidad, entre otros derechos.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se mostró satisfecha por la derrota de la resolución de Joanne Rodríguez Veve en el Senado que pretendía auditar y eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las agencias gubernamentales. 

«Lo dijimos y lo reiteramos: las órdenes ejecutivas de Trump no pueden enmendar requisitos estatutarios o constitucionales de aquí. Nada de lo que diga esa orden obliga al gobierno de Puerto Rico a quitar los programas de diversidad, equidad e inclusión. Por lo que estamos satisfechos de que esta resolución innecesaria y peligrosa haya sido derrotada en el Senado”, aseveró Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación. 

Por su parte Irma Lugo Nazario, directora de la Federación, indicó que «este intento de Rodríguez Veve fue un ataque a todos los ciudadanos. Los programas de diversidad, equidad e inclusión van desde políticas para asegurar pago equitativo, hasta reconocimiento de festividades religiosas, como acomodos razonables por diversidad funcional y por supuesto, licencias de paternidad. La senadora quiso hacer un daño a la comunidad LGBTQ+, pero en realidad le haría daño a todos». 

«En fin, el respeto y defensa de estos programas son necesarios ya que han servido de guía para mantener un ambiente de sana convivencia y coexistencia segura en todos los escenarios, no solamente en el laboral. Seguiremos defendiendo los programas de diversidad, equidad e inclusión porque nos brindan protecciones para todos, todas y todes», concluyó Eduardo Cintrón Torres, secretario alterno de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, compuesta por más de 80 entidades que representan a la comunidad y aliados, busca instrumentar la equidad en nuestra patria. Para conocer más acerca de la federación, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.