Columna en El Nuevo Día

En su primer mensaje de estado de situación del País, el gobernador Ricardo Rosselló no mencionó su promesa de respetar los derechos LGBTT. No emitió ni una sola palabra sobre el tema.

De hecho, resulta irónico que hablara de igualdad para la mujer y supuestamente bajo la estadidad, mientras le niega esa igualdad a la gente LGBTT – a sus propios compatriotas.

Tan reciente como la semana pasada, Rosselló dijo a la Prensa que respetaría los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT).

Qué más quisiera yo que esto fuera cierto, pero la realidad es otra.

Desde que llegó a La Fortaleza, bueno desde antes realmente, lo que ha hecho es atacar – una y otra vez – a la comunidad LGBTT.

En un ataque a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, le quitó el derecho a los estudiantes transgéneros y transexuales a vestir y usar el baño de acuerdo a su identidad de género.

Como si fuera poco, eliminó la carta circular para educar con perspectiva de género en las escuelas públicas.

Ahora, su gobierno considera un proyecto de adopción, presentado por el presidente cameral Johnny Méndez, que contiene un lenguaje que discrimina contra las parejas LGBTT.

Especifica que sólo las parejas casadas determinadas por el Código Civil serán hábiles para adoptar.

Sabemos que el Código Civil no se ha atemperado para reconocer el estado de derecho creado por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que reconoce el derecho al matrimonio para parejas LGBTT.

El lenguaje discriminatorio de ese proyecto no es casualidad. Es el resultado de contratar a fundamentalistas como el pastor Ricky Rosado y el cura Carlos Pérez a trabajar como asesores legislativos. Vienen a tartar de que se viole la Constitución para discriminar abierta y descaradamente contra la gente LGBTT.

Sin embargo, la presión pública fue tal que ya el presidente cameral se comprometió a enmendar el proyecto para respetar el estado de derecho actual e incluir a las parejas LGBTT en el proceso de adopción. Esperamos que cumpla su palabra.

De lo contrario y de aprobarse como está, sería a todas las luces inconstitucional y lo impugnaríamos en los tribunales.

Tampoco podemos bajar la guardia. Hay que estar pendientes a las enmiendas a la Ley 54 que promulga la fundamentalista María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión de lo Jurídico cameral.

No podemos permitir que bajo el manto de estas enmiendas, se quiera revertir la protección por orientación sexual e identidad de género que ya fue legislada e incluída en la Ley 54 de violencia doméstica.

Sin lugar a dudas, esta administración, como la de Trump, es un peligro para los derechos LGBTT y una amenaza a una cultura de paz, respeto e inclusión.

No obstante, están a tiempo. Pueden cambiar esta clara violación a los más elementales derechos humanos. Si de verdad quieren respetar los derechos LGBTT como anunció el gobernador, lo que tienen que hacer es dejar las cosas como están. No tocar ni un solo derecho adquirido más.

De lo contrario y de continuar los ataques a la gente LGBTT, nos toca luchar – en todos los frentes – para detener este abuso tan inhumano, inconstitucional e inmoral.

Que no le quepa duda al gobernador, si él no cumple con su palabra, vamos a proteger, a toda costa, los derechos que hemos conseguido con mucho sudor y sacrificio. No podemos, ni vamos a dar un paso atrás en la lucha LGBTT. Ni uno.