Por Pamela Hernández Cabiya | Noticel

A través de los años, organizaciones que componen la comunidad LGBTQ+ han cabildeado en favor de sus derechos en la Legislatura y han frenado medidas que describen como discriminatorias. Eso no ha ocurrido en este cuatrienio. Ya se convirtió en ley el primer proyecto que reconoce la libertad religiosa como un derecho fundamental y establece múltiples protecciones en su nombre.

La Ley 14-2025, antes Proyecto del Senado 1, es una de las múltiples medidas legislativas que mantienen en la incógnita a esa comunidad.

“Sí, ha pasado. En la pasada Asamblea Legislativa sucedió con los proyectos que presentó Lisie Burgos en la Cámara, en contra de la comunidad trans, pero se detuvieron y también en el Senado se presentaron los proyectos en contra de los derechos de la mujer por (Joanne) Rodríguez Veve. Así que, sí había pasado, pero nunca habían sido convertidos en ley como en esta Asamblea Legislativa, que ya convirtieron el primero en ley y eso nunca había pasado”, expresó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación, a NotiCel.

“Esto es un retroceso. Es la primera vez que se oficializa el discrimen en Puerto Rico. Es la primera vez que hay un aval de la mayoría para decir que hay unas personas que valemos menos que otras y que está creando dos categorías de ciudadanos, los que tienen sus derechos y a los que se les puede discriminar”, agregó.

Algunos de los proyectos de ley que la Federación ha levantado bandera roja son:

–Proyecto del Senado 350- Una medida que crea la «Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico» con el fin de prohibir prácticas médicas para modificar el cambio de sexo de los menores de edad.

-Proyecto de la Cámara 162- Para crear la “Ley para Proteger a los Menores de ser Sometidos a Terapias y/o Tratamientos Hormonales y Cirugías Plásticas para Cambios Estéticos No Congruentes con el Sexo Biológico” a los fines de prohibir terapias o tratamientos hormonales y cirugías estéticas para personas que no han cumplido los 21 años.

-Proyecto de la Cámara 165- Para crear la “Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples” a los fines de disponer que ninguna agencia, instrumentalidad o dependencia podrá implementar baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros en sus facilidades ni permitir personas del sexo opuesto en baños para un sexo determinado. Ordena además, que todos los baños sean divididos por el sexo biológico de las personas, específicamente baños para las mujeres y baños para los hombres.

-Proyecto de la Cámara 166- Para crear la “Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en la Instituciones Penales” para que el Complejo de Rehabilitación para Mujeres bajo jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sea exclusivamente para mujeres biológicas.

Estas medidas tienen una alta probabilidad de ser aprobadas en ambos cuerpos sin trabas, ya que, la política pública de la actual administración es conservadora.

Serrano describió los actos como un ”ataque directo a la dignidad” de aquellos marginados por razón de pensar o sentir diferente.

“Ciertamente es un ataque directo a la dignidad y a la humanidad de las personas LGBTQ+. Nos pone en precariedad, abre las puertas al discrimen, permite que nos nieguen servicios. Puede ser algo entre la vida y la muerte de una persona que vaya a buscar protección del Estado y la Policía y se les niegue esa protección y los puedan asesinar porque no quieran atender una querella o que se le niegue un servicio médico en algún hospital o algún CDT y muera una persona. O una persona que tenga ideas suicidas y un psicólogo se niegue a atender a esa persona con esas ideas y se quite la vida”, indicó.

“Estamos hablando de que se le nieguen servicios médicos que puedan salvarle la vida a alguien, algún tratamiento que se le niegue también. Esto es insólito, inaudito, nunca había pasado, no tiene precedentes en la historia de nuestro país y este es el gobierno que ha legalizado este crimen y que ha abierto la puerta a ponernos en más precariedad que nunca”, insistió.

La Federación se reunió con la gobernadora Jenniffer González Colón hace unos días para frenar su firma en el proyecto de libertad religiosa, pero según Serrano, luego de darles un poco de luz y buscar alternativas para enmendar el proyecto, incumplió su palabra.

“Nos reunimos el pasado martes con la gobernadora y el secretario de la gobernación y ellos ofrecieron tres alternativas para no firmar ese proyecto. Una era que la Cámara lo pidiera con enmienda. Dos, que la gobernadora lo enviara de Fortaleza con enmiendas o tres, que lo vetara, y ninguno de esos tres escenarios se cumplió. Así que, sabemos que ella incumplió con su palabra y que permitió el discrimen con la legalización de este proyecto”, sostuvo.

La Federación tiene pautada una manifestación frente al Capitolio el 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia y estarán escalando a los tribunales con cada uno de los proyectos que González Colón convierta en ley y le afecte a la comunidad.

“Nosotros vamos a ir a los tribunales, vamos a ir a la calle, nos vamos a manifestar el 17 de mayo en el Día Internacional contra la Homofobia frente al capitolio. Así que ciertamente vamos a hacer lo que tengamos que hacer para defender nuestra dignidad. Si el (Proyecto del Senado) 350 se convierte en ley, iremos a los tribunales. Si cualquiera de los proyectos se convierte en ley, iremos a los tribunales. Porque todas esas leyes son inconstitucionales, porque hay cantidad de la dignidad del ser humano que está contenida en nuestra constitución y se está violentando a través de estas decisiones que se están tomando en la legislatura y por la gobernadora”, puntualizó.

No estoy “podrido”. Nunca lo he estado y nunca lo estaré.

Vivir con vih es meramente eso: VIVIR.

De hecho, apuesto lo que sea, que estoy más saludable que la mayoría de la gente que no vive con vih.

Me hago laboratorios —de todo tipo— cada tres meses. Visito a mi doctora trimestralmente.

Como bien, no fumo, no bebo alcohol, no uso drogas. Me ejercito. Duermo mis 6-8 horas diarias.

Más importante aún, soy INDETECTABLE por lo que NO transmito el virus —aún sin condón.

Así como lo lees: NO puedo transmitir el virus porque estoy en tratamiento, lo que permite que el nivel del vih en la sangre NO se pueda detectar. Por lo que NO hay carga viral suficiente para que se transmita.

En tiempos con tantos avances, desde el PrEP para prevenir el vih, el DoxyPEP para prevenir el sífilis, la clamidia y la gonorrea, donde una persona indetectable NO puede transmitir el vih; es inaceptable que se use término tan despectivo, estigmatizante y violento.

Es hora de educarnos, de promover el
respeto, de hacerse las pruebas. Es momento de hacer uso de los medicamentos que previenen el vih y las infecciones de transmisión sexual.

No es hora de promover estigmas o prejuicios. No es hora de demonizar y criminalizar a quienes VIVIMOS con vih.

El fin del vih está en nuestras manos, pero más importante aún — es hora de darle fin al estigma, al discrimen y al prejuicio.

Por Adrián Rodríguez | Claridad

En una movida que contradice sus pasadas posturas, la gobernadora, Jenniffer González Colón, convirtió, el pasado Domingo de Ramos, el Proyecto del Senado 1 en la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa (Ley 14-2025).

La aprobación de la medida se da luego de que diversos sectores advirtieran cómo esta pieza “abriría la puerta al discrimen” para personas LGBTQ+ que acudan a recibir servicios regulados por el Estado, como una consulta en un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) o un trámite en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO).

“La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, decidió legalizar el discrimen por primera vez en nuestra historia. Se convirtió en la primera gobernadora que firmó una ley que permite que se puedan negar servicios básicos que puedan costarle vidas a seres humanos”, expresó el presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano.

Además, la colectividad —que recoge a más de 100 organizaciones comunitarias y aliadas— reseñó las distintas instancias del pasado en que González Colón, desempeñando otras funciones, se opuso o detuvo legislaciones parecidas a la nueva Ley 14-2025. Por ejemplo, Serrano mencionó que la actual gobernadora rechazó las resoluciones 99 y 107 de la Cámara de Representantes que buscaban elevar a rango constitucional la prohibición de matrimonios igualitarios.

“Sin embargo, decidió dividir a la población”, agregó el activista en rueda de prensa. Además, recordó que González Colón favoreció el Proyecto de la Cámara 1725, que condenaba el discrimen por orientación sexual e identidad de género y destacó el repudio de la entonces comisionada residente en Washington por las políticas discriminatorias de la administración de Ricardo Rosselló.

“Por eso y por sus votos a favor de los proyectos que favorecen a la comunidad LGBTQ+ mientras era representante y comisionada residente, entendimos que podía ser una aliada… No nos vuelve a engañar. En el día de ayer (domingo) demostró que es una enemiga de la equidad. De hecho, queremos hacer constar que hicimos todo lo posible para que esta no fuera la realidad en el día de hoy”, elaboró Serrano.

En esa línea, el presidente de la Federación reveló que tanto él como la directora de la Federación LGBTQ+, Ivana Fred Millán, se reunieron con la gobernadora y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, en La Fortaleza. En ese encuentro, contó Serrano, la colectividad discutió los peligros y amenazas que representa la ahora Ley 14, y aseguran que ambos funcionarios públicos asintieron a esos reclamos. Incluso, el portavoz de la Federación afirmó que González Colón le ofreció trabajo como asesor de asuntos LGBTQ+; oferta que él rechazó.

Del mismo modo, Serrano sostuvo que la gobernadora y Domenech resaltaron dos cláusulas del proyecto que entendían violentaban otras leyes. Por eso González Colón y el secretario se comprometieron, según Serrano, a considerar tres opciones:

1. Pedirle al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez Núñez, que devuelva el proyecto con algunas enmiendas.
2. Que la propia gobernadora devolviera la medida a través de la cámara baja.
3. Que Jenniffer González vetara la ley.

“Me dio a entender, en medio de esa conversación, que desconocía lo que estaba escrito en ese documento (el proyecto) y eso sí me preocupa. Porque hoy somos nosotros como colectivo los que hacemos este señalamiento, pero si la señora gobernadora va a firmar un documento y no lo ha leído… deja meridianamente claro que hay un problema grande”, manifestó, por su parte, Fred Millán.

Ambas figuras directivas de la Federación criticaron que, a pesar de sus pasadas posturas y ejecutorias, la gobernadora haya prestado su firma para aprobar este proyecto, recordando que hay “miles” de personas LGBTQ+ aliadas al Partido Nuevo Progresista (PNP). En respuesta a la nueva ley, la organización anunció que irá a los tribunales para declarar la medida inconstitucional.

Igualmente, Serrano fechó una manifestación en contra de la Ley 14-2025 para el 17 de mayo, a las 3:00 p.m., en el lado norte del Capitolio. La marcha denunciará la gestión de la legislatura y la gobernadora, coincidiendo con el Día Internacional en contra de la Homofobia y la Transfobia.

Por José Maldonado | Ey Boricua

El escenario no podía ser más simbólico ni más provocador: el Domingo de Ramos, día en que el cristianismo conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén en un acto de resistencia contra el poder imperial, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 14-2025, legalizando —según activistas y juristas— el discrimen contra la comunidad LGBTTQ+ bajo el pretexto de la libertad religiosa.

La respuesta fue inmediata. Este lunes, desde San Juan, la Federación LGBTTQ+ de Puerto Rico rompió públicamente con la mandataria. “La gobernadora se ha declarado ella misma enemiga de la equidad”, afirmó Pedro Julio Serrano, presidente de la organización. “Legalizó el discrimen por primera vez en nuestra historia. La gobernadora tenía en sus manos el poder de proteger la vida de nuestra gente, y eligió todo lo contrario”.

Una reunión, una promesa, una traición

Cinco días antes de la firma, representantes de la Federación se sentaron en la oficina de la gobernadora en Fortaleza. Fue, según ellos, una reunión cordial pero crucial. Le llevaron una versión enmendada del Proyecto del Senado 1, marcando página por página las cláusulas más peligrosas: la de supremacía, la de reglamentación, la derogación tácita.

“La gobernadora admitió en ese momento que no había leído el proyecto”, denunció Ivana Fred, directora ejecutiva. “Nos dijo literalmente: ‘yo no he leído eso’. Y empezó a molestarse cuando vio lo que le estábamos enseñando”.

Según Serrano, discutieron tres opciones posibles: que la Cámara solicitara el retiro del proyecto para enmendarlo, que la propia gobernadora lo devolviera con cambios, o que lo vetara y trabajara para evitar que la legislatura pasara por encima del veto.

“Nada de eso ocurrió. Lo que sí pasó fue que nos llamó el secretario de la Gobernación para decirnos que lo firmarían. En ese momento le dije con claridad: la vamos a declarar enemiga de la equidad. Porque eso es lo que es”.

El poder de firmar, el poder de excluir

La Ley 14-2025 permite que empleados públicos y profesionales regulados por el Estado —como médicos, trabajadores sociales, psicólogos o abogados— puedan negarse a ofrecer servicios si consideran que hacerlo contradice sus creencias religiosas. Según la Federación, esto pone en riesgo directo el acceso a servicios esenciales, y le da permiso legal al discrimen.

“El país se ha convertido en un lugar donde tu vida depende de con quién te cruces en la ventanilla”, denunció Fred. “Es inaudito. Esto le puede costar la vida a personas que ya están en estado de vulnerabilidad”.

La religión usada como arma

Uno de los momentos más impactantes de la conferencia fue la intervención del profesor Juan Caraballo Resto, teólogo y miembro del Consejo Asesor de la Federación. “La libertad religiosa no ha sido un problema en Puerto Rico hasta hoy”, dijo con tono grave. “La religión a la fuerza no es fe, es violencia. Y esta ley la convierte en un arma”.

Caraballo advirtió que el silencio de las iglesias y sectores profesionales frente a esta legislación no los protegerá en el futuro. “Ya fueron contra nuestras comunidades, contra nuestras escuelas, contra nuestros hospitales, contra nuestras profesiones colegiadas. Los próximos, las próximas serán ustedes”, dijo, mirando directamente a la cámara.

“El momento de guardar silencio y meramente observar se nos acabó”, insistió. “Este es el momento de asumir con pecho y espalda, con cuello y tesitud, la coyuntura histórica que se nos sobreviene y, como personas de fe, vivirla y que retumbe por los confines de nuestra tierra”.

Un golpe simbólico y espiritual

Nina Torres, profesora y miembro de la pastoral de Mujeres de Justicia y Género, relató que se enteró de la firma justo al salir de un servicio religioso. “Fue un golpe cínico, disfrazado de moral. Ese día celebramos la esperanza, no el odio. Pero la gobernadora decidió firmar la exclusión a nombre del amor cristiano”, dijo.

Añadió que esta ley no obliga a discriminar, pero sí le da poder a quienes ya lo hacen. “Discriminará la gente que, con ley o sin ley, lo estaba haciendo y se sentirán fuertes para hacerlo. Pero a quienes hemos defendido los derechos humanos, ninguna ley nos va a obligar a discriminar”.

Hizo un llamado directo a iglesias, escuelas, universidades y hogares: “Levanten la voz y expliquen que somos todos hijos e hijas de una gran familia de Dios. La divinidad es diversa y eso es lo que hay que abrazar”.

Una base trans traicionada

Marielle de León, legisladora municipal de San Juan y primera persona trans en ocupar ese cargo en Puerto Rico, también tomó la palabra. Denunció que esta ley y otras medidas en curso, como el PS350, atacan directamente a personas trans.

“Se nos va a negar acceso a servicios médicos que sí recibirían personas cisgénero. Eso es discriminación explícita. Y no lo digo yo: está escrito”, afirmó.

De León añadió que dentro del mismo PNP hay personas LGBTTQ+ que hoy se sienten traicionadas. “Nos vendieron a los fundamentalistas. Nos usaron como moneda de cambio”.

Trump, Dignidad y la estrategia del miedo

Para la Federación, la firma de esta ley es una jugada política clara: complacer a la base conservadora y recuperar votos que se han movido hacia Proyecto Dignidad. Pero también es, aseguran, un gesto de alineamiento con la nueva agenda federal.

Por Wilmarielys Agosto | El Vocero

Para la Federación LGBTQ+, la gobernadora Jenniffer González “no tiene palabra” por haber firmado el Proyecto del Senado 1 (PS 1), dando paso a la creación de la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico (Ley 14-2025).

Por tal motivo, anunciaron que se manifestarán en contra de la ley, el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en las afueras de la zona norte del Capitolio. Anticiparon además que irán a los tribunales si se violentan los derechos de miembros de la comunidad.

“No tiene palabra… Ella dijo en el pasado que no podía abrir las puertas al discrimen y en el día de ayer (domingo) abrió la puerta de par en par al discrimen en Puerto Rico. Así que no se puede confiar en la palabra de la gobernadora, porque ciertamente un día dice una cosa y otro día hace otra, que es peor”, manifestó el activista y presidente de la Federación, Pedro Julio Serrano, en conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas.

“Es la primera gobernadora en legalizar el discrimen en Puerto Rico”, abundó.

El domingo, la Fortaleza confirmó que la mandataria firmó la medida por “el compromiso inquebrantable del gobierno de promover la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano”.

El activista indicó en rueda de prensa que el pasado martes en la noche, él junto a la directora de la Federación, Ivana Fred Millán, se reunieron con la gobernadora y el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, para dialogar sobre el PS 1. Serrano dijo que la mandataria le dejó entrever que había parte del lenguaje de la medida que no era positiva para la comunidad y que se comprometió a evaluarlo antes de firmar el proyecto. Sin embargo, la gobernadora convirtió el PS1 en ley.

“No nos apoya…Si la señora gobernadora va a firmar un documento y no lo ha leído, como nos hizo saber a mí y al señor Pedro Julio Serrano, cuando empezó a leer uno en cada una de las páginas de este documento, en la cual ella señaló que estaba molesta con lo que allí estaba escrito, deja meridianamente claro que hay un problema entonces grande”, comentó Fred Millán.

De acuerdo con Serrano y Fred Millán, la gobernadora no estuvo de acuerdo con “la cláusula de supremacía y orden de reglamentación, (que) iba contraria a la ley y la cláusula de derogación tácita”.

Ante lo sucedido, ambos aseguraron que su comunidad está siendo “balón político” de este gobierno.

“Nos están utilizando a la comunidad LGBTQ+ como chivos expiatorios y de tontos útiles a los fundamentalistas”, consideró Serrano.

EL VOCERO solicitó expresiones de la Fortaleza, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.

Para la calle y tribunales

Los portavoces de la Federación advirtieron que si llegan denuncias de que se han violentado derechos o negado servicios en agencias gubernamentales y/o centros de salud acudirán a los tribunales. Sobre eso, la presidenta del Colegio de Abogados, Vivian Godineaux Villaronga, dijo cuándo es que podrán impugnar la Ley 14-2025.

“Debe existir un caso o controversia que pueda permitir que se vaya al tribunal a impugnar la ley y dependiendo de lo que se determine en el Tribunal de Primera Instancia, pues seguir recurriendo hasta que llegue al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en donde esperamos que sea atendido adecuadamente y se defienda la Constitución de Puerto Rico”, explicó.

Finalmente, convocaron a una manifestación el próximo 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en el lado norte del Capitolio a partir de las 3:00 p.m.

Por Julio V. Núñez | Pride Society Magazine

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció que acudirá a los tribunales para impugnar la recién aprobada Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico (Ley 14-2025), firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón. La organización sostiene que esta legislación abre la puerta al discrimen contra personas LGBTQ+ y otras poblaciones, bajo el pretexto de proteger la libertad religiosa.

En conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas, el colectivo de organizaciones catalogó a la gobernadora como “enemiga de la equidad”, tras convertirse en la primera mandataria en la historia de Puerto Rico en firmar una ley que, según la Federación, permite la marginación de personas por razones religiosas.

“Jenniffer González Colón se acaba de convertir en la primera gobernadora que legaliza el discrimen en la historia de nuestro país. Teniendo en sus manos el poder para ‘gobernar para todos los puertorriqueños’, como bien dijo en su mensaje inaugural, decidió usar la fuerza del Estado para marginar y discriminar”, expresó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

La ley fue firmada en La Fortaleza el domingo, desde donde se alegó que la firma responde a un “compromiso inquebrantable del gobierno de promover la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano”. La legislación, de autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fue coauspiciada por los legisladores Joanne Rodríguez Veve, Migdalia Padilla Alvelo, Karen Román Rodríguez, Gregorio Matías Rosario, Héctor González López y Jeison Rosa Ramos.

Entre las disposiciones de la nueva ley figura la modificación a la Ley 25 de 1983 (Ley de Inmunizaciones Compulsorias), para permitir excepciones religiosas a la vacunación de menores en escuelas y centros educativos. Además, establece que tanto empleados públicos como profesionales regulados por el Estado pueden solicitar un “acomodo razonable” para no ofrecer servicios si estos entran en conflicto con sus creencias religiosas.

Para Ivana Fred Millán, directora de la Federación, la medida “abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que buscan servicios del gobierno”. Añadió que esto también pone en riesgo a personas que dependen de profesionales licenciados por el Estado, como médicos, trabajadores sociales o educadores.

“Este proyecto no es para proteger la libertad religiosa. Ellos saben que lo que han pedido por años es la licencia para discriminar, y la consiguieron”, agregó Serrano.

Los portavoces del colectivo denunciaron también que, durante una reunión personal sostenida el pasado martes en La Fortaleza, incluyendo al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, se les indicó que la Gobernadora evaluaría posibles enmiendas antes de firmar la medida. Sin embargo, el domingo recibieron una llamada notificando que González Colón había decidido firmarla sin cambios.

Al momento, La Fortaleza no ha emitido declaraciones adicionales, salvo indicar que la primera ejecutiva estaría fuera de la isla hasta el 21 de abril por compromisos personales.

Serrano aseguró que la Federación acudirá a los tribunales “desde el primer momento en que se viole el derecho a no ser discriminado en este país”. Además, convocaron a una manifestación el próximo 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en el lado norte del Capitolio a partir de las 3:00 p.m.

“Queremos constar dónde está el foco del discrimen en este país. El foco de la exclusión está en la Legislatura. El foco del discrimen está en La Fortaleza”, sostuvo Serrano.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico agrupa a individuos y más de 100 entidades comunitarias y aliadas. Según la organización, esta ley es innecesaria, ya que la libertad religiosa ya está protegida por la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos.

Por Isabel Burgos Rossy | El Nuevo Día

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico afirmó este lunes estar lista para buscar que se declare inconstitucional, en los tribunales, la nueva Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico, según su presidente, Pedro Julio Serrano, desde “el primer momento en que se viole el derecho a no ser discriminado en este país”.

“Que lo sepa la gobernadora, que lo sepa la legislatura, que lo sepa el pueblo de Puerto Rico: iremos a los tribunales. Pero no nos quedaremos ahí. Vamos a la calle”, señaló Serrano, durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Serrano y otros miembros de la Federación cuestionaron la palabra de la gobernadora Jenniffer González, quien –aseguraron– en una reunión con representantes del colectivo, que incluyó al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, el pasado martes, indicó que evaluaría alternativas sobre posibles enmiendas al proyecto de ley de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, antes de firmarlo.

“Sin embargo, en el día de ayer (domingo), me llamó el secretario de la Gobernación para indicarme que la gobernadora firmaría el proyecto”, aseveró Serrano.

Al momento de esta publicación, La Fortaleza no había respondido a una petición de comentarios. La noche del domingo, se informó que la primera ejecutiva estaría “fuera de la isla por compromisos personales” hasta el lunes, 21 de abril, como parte del receso de Semana Santa.

A juicio de la directora de la Federación LGBTQ+, Ivana Fred Millán, el nuevo estatuto legaliza la discriminación, al permitir que empleados públicos y profesiones reguladas por el Estado se nieguen a atender ciudadanos con “la excusa de su libertad religiosa”.

Aunque la ley establece que los empleados del sector público deben buscar acomodos razonables previo a situaciones conflictivas para evitar que ciudadanos sufran trato discriminatorio durante la búsqueda de servicios públicos, “el hecho de que se dé un acomodo razonable es la aclaración de que hubo un discrimen”, según Serrano.

El colectivo, que agrupa a individuos y a más de 100 entidades comunitarias y aliadas, además, considera que la legislación es innecesaria por entender que la libertad religiosa es un derecho constitucional.

“Este proyecto no es para proteger su libertad religiosa. Ellos saben que lo que han pedido por años es la licencia para discriminar, y la consiguieron”, puntualizó Serrano, en referencia a los legisladores que favorecieron la ley.

De paso, convocó a una manifestación el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en el lado norte del Capitolio a partir de las 3:00 p.m.

“Queremos (hacer) constar dónde está el foco del discrimen en este país. El foco de la exclusión está en la Legislatura. El foco del discrimen está en La Fortaleza”, aseveró.

Por Roberto Ortiz López | Metro Puerto Rico

Utilizando pancartas con el mensaje: “Ni discrimen, ni prejuicio”, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico rechazó la firma del Proyecto del Senado 1, ahora Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico.

Tras esta acción el organismo en defensa de los derechos humanos catalogó a la primera mandataria como “enemiga de la equidad”.

Tras la firma el pasado domingo de la medida, conocida como “Ley de Libertad Religiosa”, el colectivo señaló que la misma avala la discriminación contra la comunidad LGBTQ+.

“Jennifer González Colón decidió legalizar el discriminación por primera vez en nuestra historia, se convirtió en la primera gobernadora que firmó una ley que permite que se puedan negar servicios básicos que pueden costarle la vida a seres humanos. El Proyecto del Senado 1, que ahora es la Ley 14 del 2025, es nefasto, pone en precariedad a millas de personas en Puerto Rico”, expresó el presidente de la Federación LGBTQ+, Pedro Julio Serrano, en conferencia de prensa.

El colectivo tuvo el pasado martes una reunión con la gobernadora y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, donde discutieron las preocupaciones sobre la medida. Como resultado de la reunión, la gobernadora les indicó que evaluaría vías para evitar la firma del proyecto, que comprendían la devolución del proyecto a la Cámara de Representantes con enmiendas o un veto por parte de la mandataria.

Al no surgir ninguna enmienda o veto y como consecuencia de la firma de la medida, el colectivo LGBTQ+ manifestó su intención de acudir a los tribunales y lanzarse a la calle convocando una marcha el próximo 17 de mayo, día internacional contra la transfobia y la homofobia, en el lado norte del Capitolio de Puerto Rico.

Por su parte, la directora de la Federación LGBTQ+, Ivana Fred Millán, señaló la falta de apoyo de la gobernadora.

“Es bien triste y bien decepcionante tener que pasar por esta situación, estar aquí frente a ustedes, dejándoles saber esto, ya que es la gobernadora de Puerto Rico donde nosotros estamos buscando un apoyo. Y esa no es la realidad”, declaró en conferencia de prensa.

Por otro lado, Serrano, a preguntas de Metro Puerto Rico, hizo referencia a las posturas conservadoras del Tribunal Supremo y señaló las ocasiones en que le ha fallado a la comunidad LGBTQ+.

“Nosotros esperamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico interprete la Constitución y la Constitución es clara. Sin embargo, sabemos que tiene un corte conservador. Así que un Tribunal Supremo que nos ha fallado en muchas ocasiones; cuando se trató de incluir a las personas LGBTQ+ en la protección de la Ley 54, el Tribunal Supremo nos falló; cuando se intentó que el certificado de nacimiento a las personas trans se atendiera para atemperarlo, el Tribunal Supremo nos falló; cuando se trató de derogar la ley de sodomía, el Tribunal Supremo de Puerto Rico nos falló. No tenemos muchas esperanzas en el Tribunal Supremo”, anticipó.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico declaró, hoy, a la gobernadora Jenniffer González Colón como «enemiga de la equidad» por convertir en ley una medida para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa.

«Jenniffer González Colón se acaba de convertir en la primera gobernadora que legaliza el discrimen en la historia de nuestro país. Teniendo en sus manos, el poder para ‘gobernar para todos los puertorriqueños’, como bien dijo en su mensaje inaugural, decidió usar la fuerza del estado para marginar y discriminar. La gobernadora demostró con su firma de esta ley discriminatoria que es una enemiga de la equidad. Creímos que su récord previo le haría hacer lo correcto, pero nos equivocamos. Sin embargo, la que se equivoca es ella. Este pueblo no tolera el discrimen», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«El Proyecto del Senado 1 abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que buscan servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales y del gobierno. Esto es inaudito», sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

«Gobernadora, esta ley le hace daño a Puerto Rico, pone en precariedad a miles de personas y hacen lo que nunca había pasado en nuestra patria: que para usted, su Legislatura y su gobierno, unas personas valemos menos que otras. Aunque usted haya escogido la ruta del discrimen y la exclusión, la comunidad LGBTQ+ siempre luchará por su equidad, su humanidad y su dignidad. No daremos ni un paso atrás», concluyeron los portavoces.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 100 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.

Para conocer más acerca de la Federación LGBTQ+, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.

Por Gloria Ruiz Kuilan | El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González estampó su firma este domingo en el Proyecto del Senado 1 que pasó a ser la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico (Ley 14-2025).

Mediante un comunicado de prensa, La Fortaleza anunció la firma de la medida, que tiene entre sus autores al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“En el marco del Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley la medida que establece como política pública el compromiso inquebrantable del gobierno de promover la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano y establece los Principios Generales de la Libertad Religiosa”, lee el parte de prensa.

También fueron autores de la medida la senadora por acumulación del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve; los senadores por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez y Héctor González; los senadores del Distrito de Aguadilla, Karen Román y Jeison Rosa; la senadora por el Distrito de Bayamón Migdalia Padilla y el senador por acumulación Gregorio Matías.

Rivera Schatz, a través de sus redes sociales, agradeció a la mandataria y a sus homólogos el convertir el proyecto en ley.

“Agradezco además a mi compañero Carlos”Johnny» Méndez, presidente de la Cámara y nuestra delegación en el cuerpo hermano por su apoyo. De igual forma a todos los compañeros del Senado que votaron a favor del mismo», expresó el presidente senatorial.

De inmediato, miembros de la Junta Directiva y del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, así como otras organizaciones federadas, convocaron a una conferencia de prensa, a celebrarse mañana lunes, “para declarar como enemiga de la equidad a la gobernadora Jenniffer González por firmar en ley el proyecto que da licencia para discriminar con la excusa de la libertad religiosa”. La conferencia será en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico a las 10:00 a.m.

“Mañana la Federación que compone a más de 100 organizaciones, y cientos de personas en su carácter individual, vamos a declarar como enemigos de la equidad a la gobernadora, a la Legislatura y al gobierno del Partido Nuevo Progresista por la firma de la primera ley en la historia de Puerto Rico que legaliza el discrimen”, dijo el presidente de la Federación, Pedro Julio Serrano.

Preguntado si acudirán al tribunal a retar la nueva ley, Serrano respondió: “Eso nosotros lo estamos contemplando y lo vamos a determinar en las próximas semanas. Pero sí es una de las opciones que lo hemos dicho desde el principio que esta sobre la mesa porque claramente es inconstitucional”.

De paso, recordó que desde que se comenzó a discutir el proyecto del Senado 1, hicieron llamamientos públicos a los legisladores y la gobernadora para que no le dieran paso.

Según algunos sectores, la ahora ley permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias religiosas. Además, los detractores del proyecto argumentaron que permitiría el discrimen al tiempo en que las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien.