La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, una campaña sistemática del gobierno en contra de las personas trans, intersex y no binarias.

“Es inconcebible, cruel e inhumano que el gobierno de Puerto Rico le haya declarado la guerra a las comunidades trans, intersex y no binaria desde todos los frentes. Ya son más de siete ataques directos a la vida, la seguridad y la dignidad de nuestras comunidades. Empezaron por legalizar el discrimen y ya van por negarnos tratamientos de salud que salvan vidas. Esto es inaceptable y den por seguro que nos vamos a organizar para parar este abuso”, aseveró Kari Claudio Betancourt, directore de La Tejedora y miembre del Consejo Asesor de la Federación.

Por su parte, Justin Jesús Santiago, director de la Federación denunció que “el gobierno, liderado por el Partido Nuevo Progresista y en contubernio con el Proyecto Dignidad, algunos legisladores del Partido Popular Democrático y el senador independiente Eliezer Molina, han legislado y actuado en contra de los derechos de las personas trans, intersex y no binarias. Es una afrenta a nuestra dignidad como seres humanos de esta tierra”.

“Este gobierno se ha convertido en el enemigo principal de la comunidad trans. Exigimos al gobierno sentarse con nuestras comunidades trans, intersex y no binarias para detener su guerra campal en nuestra contra. Como quiera que sea, iremos a las calles, a las entidades que defiendan nuestros derechos a radicar querellas, a los tribunales y a donde tengamos que ir para defendernos”, añadió Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

Por último, Samy Nemir Olivares, miembre del Consejo Asesor de la Federación, exigió un “detente —un cese y desista— a los actos crueles, inhumanos y discriminatorios de este gobierno en contra de nuestras existencias. Las personas trans, intersex y no binarias somos tan seres humanos, tan ciudadanos y tan dignos de derechos como el resto de la población”.

Los ataques de este gobierno en contra de la comunidad trans, intersex y no binaria son:

– Legalizaron el discrimen que permite que funcionarios del gobierno y profesionales regulados por el Estado nieguen servicios y derechos a ciudadanos con la excusa de la libertad religiosa.

– Prohibieron el tratamiento médico a menores de 21 años que son trans, intersex y no binarios, criminalizando a los profesionales de la salud que los ofrezcan. 

– Apelaron la decisión judicial federal que permite corregir el encasillado de sexo en los certificados de nacimiento de las personas no binarias.

– Aprobaron el proyecto para prohibir los baños inclusivos en las dependencias gubernamentales.

– Eliminaron la cubierta médica de tratamientos hormonales para personas trans, intersex y no binarias en Vital, el plan de salud del gobierno.

– Promulgaron la carta circular en la Universidad de Puerto Rico eliminando los baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras.

– Eliminaron la identidad de género en currículos, protocolos y documentos del Departamento de Salud.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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Por Alexandra Acosta | El Vocero

El Proyecto de la Cámara (PC) 165, para la eliminación de baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros en las instalaciones gubernamentales, aguarda por su aprobación en el Senado, luego del aval que recibió en la Cámara de Representantes la semana pasada.

De ser aprobado en el Senado, como espera la legisladora de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos, autora de la pieza legislativa, entonces pasaría para la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Los opositores al proyecto, que plantea que los baños inclusivos representan un riesgo para la seguridad de las mujeres y busca crear la Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples, se sostienen en que fue aprobado en la Cámara sin datos empíricos y con visiones discriminatorias.

El proyecto se aprobó con 37 votos a favor, 11 en contra, cuatro ausencias y una abstención.

El documento lee que “los baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros dan lugar al acceso de varones depredadores sexuales que buscan espuriamente acosar, abusar, espiar, tomar fotografías o exhibirse a personas que acceden a los baños públicos”.

La representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, precisó la falta de evidencia estadística que justifique la prohibición de baños inclusivos o datos que reflejen aumento en casos de agresiones sexuales en estos espacios.

“Esa falta de datos empíricos, esa visión que parte de unas visiones discriminatorias y prejuiciadas que violentan contra la dignidad, contra la privacidad, contra la intimidad de seres humanos, sobre todo para las personas no binarias o personas trans, es parte de lo que justifica nuestro voto en contra”, sostuvo Gutiérrez.

Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+, expuso que la medida no atiende “un problema real”.

“No hay querella alguna, no ha habido ninguna situación en los únicos baños inclusivos que había en las dependencias gubernamentales del país, que es en la Universidad de Puerto Rico. Están trayendo esto por los pelos, mientras que no atienden los casos de abuso sexual contra menores que en días recientes, hubo un padre que abusó sexualmente de su hija de dos años”, criticó el activista.

Gutiérrez hizo referencia a la portada del jueves de la semana pasada de EL VOCERO sobre el aumento de agresiones sexuales en San Juan, donde se han registrado hasta la fecha 77 casos de violaciones a la fuerza -según catalogadas por la Policía- con un alza de 21 más que el año pasado, cuando se reportaron 56 querellas en la jurisdicción.

“En vez de atender el problema de violencia de género, de agresiones sexuales, de violencia en general, de una manera responsable y seria, basada precisamente en datos, en estadísticas, en evidencia empírica, insiste en aprobar este tipo de medidas que, por supuesto no van a la médula del problema de violencia, sino todo lo contrario, reproducen más violencia contra otras comunidades como la comunidad LGBTTQ+, que han sido históricamente vulneradas”, expresó la representante del PIP.

La Coordinadora Paz para Las Mujeres también rechazó la medida, a la vez que sostuvo que la violencia contra las féminas no proviene de baños inclusivos “sino de la falta de políticas efectivas para atender el machismo y la impunidad”.

Entretanto, Burgos aseguró que existen querellas desatendidas sobre actividades ilícitas en baños inclusivos de la UPR, aunque no precisó cantidad.

Ejemplificó el caso de una estudiante que “en varias ocasiones ella entró a baños y había hombres masturbándose. Y entonces, obviamente, entrar a un baño y encontrarme a un hombre masturbándose no es algo agradable para nadie. Y entonces ella radicó la querella y otras jóvenes, pero no fueron atendidas. Siempre le ponían ‘un pero’”.

Wanda Del Valle, representante del Partido Nuevo Progresista, y quien favoreció el proyecto, mencionó que las agencias pueden identificar un baño único múltiple para las personas que no se sientan cómodas en los segregados por género.

Pero la representante del Partido Popular Democrático, Estrella Martínez, quien votó en contra, cuestionó la fiscalización que requerirá la medida debido a que “la mayoría de las agencias tienen dos baños, uno de hombres y uno de mujer. Tendrían que tener otro baño adicional que sea multifamiliar y poder cumplir con la misma ley que están atendiendo”.

Bajo carta circular, los baños inclusivos fueron eliminados de la UPR, única institución gubernamental en que estaban disponibles con el fin de proteger la seguridad de las personas no binarias, trans e intersex, según Serrano. El activista sostuvo que los baños familiares o asistidos no garantizan un verdadero acceso debido a que no existe guía o presupuesto para el establecimiento de esos baños.

“Cuando hay baños inclusivos, tienen que haber baños segregados por género. Eso es parte de la ley… Las personas pueden escoger a qué baño ir. No es que se sustituyan los baños segregados por género por los baños inclusivos”, explicó.

“Seguiremos exigiéndole a los senadores que no aprueben esta medida, que es innecesaria, no es una problemática real. Pero estamos conscientes de que esto va a ser aprobado y que la gobernadora va a firmar, lamentablemente. Es una muestra más de que este gobierno atenta contra los derechos de la comunidad LGBTQ”, afirmó Serrano.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la eliminación de la cubierta de tratamientos hormonales para personas trans en Vital, el plan de salud del gobierno.

“Es inconcebible, cruel e inhumano que el gobierno de Puerto Rico continúe en su ataque a la comunidad trans. Los tratamientos hormonales salvan vidas, son autorizados por profesionales de la salud y avalados por todas las asociaciones médicas nacional e internacionalmente. Esto es inaudito», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación. 

En la carta normativa 25-0929, el director de ASES, Carlos Santiago Rosario, ordenó que «a partir del 6 de octubre de 2025, se reinstauran las restricciones sobre el uso de medicamentos utilizados en tratamientos de reafirmación de género, a toda la población, sin distinción de edad. Esto significa que los pacientes solo podrán acceder a dichos medicamentos de acuerdo con las indicaciones autorizadas y conforme al sexo asignado al nacer».

«Este gobierno se ha convertido en el enemigo principal de la comunidad trans. Parece mentira que por complacer a un transfóbico, se nos nieguen tratamientos médicos que son legales, que salvan vidas y que son necesarios para asegurar nuestra existencia», añadió Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

Por último, Justin Jesús Santiago, director de la Federación urgió al gobierno a «revertir esta orden que literalmente nos está quitando opciones de vida. Nos quieren llevar al clandestinaje, a privarnos de nuestra salud, a la precariedad. Esto es un abuso de marca mayor, es prácticamente un acto criminal».

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la aprobación cameral del proyecto que prohíbe los baños inclusivos en las dependencias gubernamentales.

“El Proyecto de la Cámara 165 es un ataque a la comunidad trans, intersex y no binaria al no permitirle acceso a un servicio básico para cada ser humano que es poder ir a un baño sin temor a ser prejuiciado. Se les obliga a ir a un baño contrario a su identidad de género y eso viola su dignidad como seres humanos. La exposición de motivos es un ataque injusto hacia dichas comunidades y el texto de la medida mantiene las definiciones rígidas de sexo biológico, violando su intimidad», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación. 

«Sin embargo, aunque algunas de las enmiendas presentadas iban encaminadas a aparentar remediar el asunto, la realidad es que no son suficientes. No hay garantías para que las personas trans, intersex y no binarias tengan acceso a los baños familiares o asistidos. Esto debido a que no se asignan fondos para que dichos baños familiares sean construídos o habilitados. Todo se queda en una medida aspiracional», añadió Serrano.

Por último, el presidente de la Federación urgió al Senado a «corregir el enfoque que mantiene esta medida para que la dignidad de las mujeres, las personas trans, intersex y no binarias sea respetada por igual. El ir a un baño público es un derecho universal que no se puede menoscabar por los prejuicios de algunos. La medida tiene que garantizar la seguridad, tranquilidad y privacidad de todas las personas que usan baños públicos».

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la firma de la gobernadora de una medida que permite que los padres y madres se opongan a la educación sexual en las escuelas públicas.

“La educación en temas de salud sexual es de vital Importancia como lo son otras materias en el currículo. Esta instrucción debe ser desarrollada por expertos y expertas en la materia, al igual que ocurre con las matemáticas y las ciencias. Si se promueve la intervención de los padres en el currículo escolar debe ser por igual en todas las materias.  La educación en temas de salud sexual es fundamental en la prevención de infecciones, embarazos no deseados y violencia. Limitar esta educación es exponerles”, aseveró Carmen Milagros Vélez Vega, directora de la Federación.

El Proyecto del Senado 2, que fue convertido en la Ley 89 del 2025 por la gobernadora Jenniffer González, contó con los votos a favor de toda la delegación novoprogresista, los senadores populares José Luis Dalmau y Luis Javier Hernández, así como del senador independiente Eliezer Molina.

“Limitar la educación en temas de sexualidad en las escuelas públicas es perjudicial para el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. La evidencia demuestra que la educación sexual integral brinda herramientas para tomar decisiones informadas y salva vidas. Esta ley perpetúa la ignorancia, aumenta los riesgos de violencia, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Al igual que limita la labor de los educadores para enseñar, de acuerdo a la etapa de desarrollo de cada estudiante, vulnerando la dignidad de quienes más necesitan información para crecer libres y seguros”, dijo, por su parte, Eduardo Cintrón, secretario alterno de la Federación.

“Este peligroso proyecto no va de ‘libertad de pensamiento’ en el espacio escolar público, sino de favorecer la creación de enclaves ideológicos y religiosos desamarrados del resto de la sociedad. El resultado probado de una medida como ésta le ha representado a otras sociedades un aumento en embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual (ITS), mayor vulnerabilidad ante el abuso sexual, el reforzamiento del estigma hacia las personas LGBTQ+, el debilitamiento del currículo científico y profesional, y la desigualdad en el acceso a información crítica. Permitir que algunos estudiantes reciban educación sexual y otros no genera una brecha de conocimiento que puede afectar negativamente la toma de decisiones sobre la salud, las relaciones y el autocuidado. Peor aún, le abre la puerta a la censura de futuros temas, como derechos civiles, género, racismo o historia, entre otros”, concluyó Juan Caraballo Resto, director de la Federación.

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, el empeño de la administración de Jenniffer González en no reconocer el derecho de las personas no binarias a atemperar su certificado de nacimiento tras decisión judicial federal que así lo ordena.

“En vez de instrumentar la equidad, como le fue ordenado. En vez de ‘gobernar para todos los puertorriqueños’ como prometió en su toma de posesión. En vez de atender la grave crisis de servicios básicos, la gobernadora decide gastar el dinero y los recursos del gobierno en negarle un derecho a las personas no binarias”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

En una determinación, de mayo pasado, la jueza María Antongiorgi Jordán ordenó al Registro Demográfico de Puerto Rico que enmiende el formulario de Solicitud de Cambio de Género para incluir la opción de “X” como tercera alternativa en el marcador de género. Sin embargo, el gobierno de Jenniffer González logró detener la implementación de la orden en lo que se atiende su apelación.

“Gobernadora, cumpla con la orden de la Jueza Antongiorgi, quien les advirtió que ‘no han demostrado contundentemente que es probable que prosperen en cuanto al fondo de su reclamación en apelación’. Basta de usar como chivos expiatorios a las comunidades no binarias y trans”, dijo, por su parte Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

Desafortunadamente, esta sería la primera vez que esto se lleva a un tribunal apelativo. Ahora mismo, se permite en: California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

“Nos parece inaudito que esta administración continúe en su ataque a la dignidad de las personas no binarias y la comunidad trans. Es un ataque tras otro y todo por complacer a un sector fundamentalista en una descarada jugarreta politiquera para agenciarse unos pocos votos», concluyó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.

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Por Sirio Alvarez | Pride Society Magazine

Bajo un cielo estrellado, la comunidad LGBTQ+ de Puerto Rico se dio cita este domingo, en Meet Macarena, para una celebración que fue mucho más que fiesta: fue resistencia con brillo. Forever Fabulous, la primera actividad de recaudación de fondos de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, superó expectativas reuniendo a decenas de personas dispuestas a apoyar con su energía, sus aplausos y sus donativos.

La noche comenzó a las 6:00 p.m., con un ambiente eléctrico y colorido en la emblemática barra queer del sector Roosevelt. Drag queens, activistas, artistas y aliades se entrelazaron en un mar de abrazos y abanicos. El DJ Mano Santa marcó el ritmo desde temprano, mientras más tarde, figuras como Félix Chevremont y Desiré Cardoza encendían el escenario con glamour, fuerza y autenticidad.

La actividad se celebró en el área de la terraza del club de moda, lo que motivó a varios de los presentes a darse un chapuzón en la piscina. Mientras, otros aprovecharon que la cocina estaba abierta para deleitarse con la picadera caliente que ofrece el local. Esta noche no solo recaudaron fondos, recargaron esperanza. Con apenas siete meses de creada, la organización ya agrupa a más de 90 entidades, articulando esfuerzos por la equidad y los derechos humanos en todo el archipiélago. Eventos como este permiten financiar asesorías legales, módulos educativos y campañas contra la violencia y la discriminación.

Durante la actividad, a la que asistió un gran número de personas, su presidente Pedro Julio Serrano, anunció que se llevará a cabo una asamblea virtual el sábado, 2 de agosto. Para obtener el enlace para participar de la asamblea, debes unirte a la Federación y solicitar la entrada, esto lo puedes hacer en su página de Facebook. Además, anunciaron que se llevaran reuniones distritales en los 8 distritos de Puerto Rico. Pendientes a las redes para el anuncio de las fechas en tu área.

Forever Fabulous fue más que un nombre: fue una declaración. Una prueba de que, cuando se combina el arte con el activismo, la alegría se convierte en trinchera. Pendientes a próximas actividades en las que puedes compartir con amistades y colaborar con la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció, hoy, que impugnará en los tribunales la recién firmada ley que criminaliza a los profesionales de la salud por cuidar a los menores trans y les precariza aún más.

“La Legislatura y la Gobernadora nos obligaron a tener que recurrir a los tribunales para impugnar la Ley 63 del 2025 que atenta contra el bienestar de menores trans. No hicieron vistas públicas, ignoraron a las entidades médicas profesionales, a su propio Secretario de Salud para convertir en ley una medida que pone en peligro no tan sólo a menores trans, sus padres y madres, sino a los profesionales que cumplan con su deber y les atiendan”, aseveró Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación.

En estos días, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados, entre otras organizaciones, habían pedido que se vetara la medida.

“Con esta ley, están obligando a la clandestinidad a menores trans y sus familias. Les están negando una oportunidad de vida, una esperanza de poder ser atendidos por profesionales de la salud que velen por su bienestar. Es un día muy triste que, aunque duele, nos impulsa a seguir luchando para revertir el daño que hoy convierten en ley”, dijo, por su parte Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

La nueva ley establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional. 

“La responsabilidad de esta nefasta ley recae no tan sólo en la gobernadora, sino en Rivera Schatz, Rodríguez Veve, toda la delegación novoprogresista, casi toda la delegación popular y Eliezer Molina. Les debe dar vergüenza de mirar a la cara a sus familiares, amigos, empleados y correligionarios que son LGBTQ+, pues con sus votos legalizaron el maltrato, el discrimen y el abandono en su contra”, concluyó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la recién firmada ley que precariza a los menores trans y sus familias, a la vez que criminaliza a profesionales de la salud que velan por su bienestar.

“Como persona no binaria que llevo más de tres años accediendo cuido médico de afirmación de género, puedo confirmar que este cuido me ha salvado la vida. Siento una tristeza profunda por la juventud trans y de género no conforme en Puerto Rico que no va a poder acceder este cuido y por les proveedores médicos que son aliados de nuestra comunidad, quienes serán penalizades por ejercer su profesión. Profesionales de la salud en Puerto Rico y alrededor del mundo han reafirmado el apoyo y el éxito científicamente probado de estos procedimientos. Lucharemos hasta las últimas consecuencias para que la ciencia y los derechos humanos prevalezcan y para que la niñez y juventud trans en Puerto Rico pueda vivir en paz en nuestro archipiélago”, aseveró Kari Claudio Betancourt (elle) , directore de la Tejedora y parte del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.

El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ estará coordinando la respuesta legal a las dos leyes que se han aprobado este año que laceran los derechos de las personas LGBTQ+ en Puerto Rico. Estas son la Ley 14 del 2025 que legaliza el discrimen con la excusa de la Libertad religiosa y la Ley 63 de 2025 que vulnera a menores trans y sus familias, así como criminaliza a profesionales de la salud por atenderlos.

“El Proyecto del Senado 350, que la gobernadora convirtió en ley, levanta grandes cuestionamientos de índole constitucional. Nuestra Constituctión es de factura más ancha que la Constitución de los Estados Unidos, es de decir, la nuestra garantiza mayores protecciones, el derecho a la intimidad y la prohibición a la discriminación por sexo surge explícitamente de su texto. Al convertir en ley el PS350 la gobernadora no tan solo le hizo caso omiso a nuestro Estado de Derecho, sino que ignoró a los profesionales de la salud, de la psicología y profesionales del derecho que alzaron su voz sobre lo perjudicial que sería esta medida no tan solo para la juventud trans, sino para los derechos de las personas menores de edad y los derechos parentales por interferir con decisiones médicas de los padres y madres que ostentan la patria potestad. Sin embargo la lucha no culmina aquí, nos veremos en los tribunals”, añadió, por su parte, la licenciada Claudia Fontanet-Rodríguez (ella), integrante del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.

En días recientes, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados, entre otras organizaciones, habían pedido que se vetara la medida.

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció «la firma cruel e inhumana por parte de la gobernadora de una ley que criminaliza a los profesionales de la salud por cuidar a los menores trans y les precariza aún más».

«¡Qué vergüenza! Jenniffer González, con sus actos, se declara la gobernadora más enemiga de la equidad en la historia. Ignoró a su propio Secretario de Salud y a las asociaciones médicas que avalan tratamientos a menores trans. Al convertir en ley el Proyecto del Senado 350, acaba de de poner en peligro a menores trans y sus familias y de criminalizar a profesionales de la salud por cumplir con su deber», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

En estos días, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados, entre otras organizaciones, habían pedido que se vetara la medida.

«Es un momento muy triste en la historia de nuestro país, cuando una gobernadora que dijo que trabajaría para todos, abandona a la juventud trans y a sus familias. No importan las leyes que firmen, nunca podrán impedir nuestra existencia. Haremos lo que tengamos que hacer para defender nuestra dignidad», dijo, por su parte Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

La nueva ley establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional. 

«Que no quepa duda: iremos a los tribunales para impugnar la constitucionalidad de la firma cruel e inhumana, por parte de la gobernadora, de una ley que criminaliza a los profesionales de la salud por cuidar a los menores trans y les precariza aún más. Ahora, más que nunca, vamos a luchar», concluyó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.

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