Un grupo de organizaciones LGBTQ+ y aliadas, que conformaron el Frente Unido por la Equidad durante el pasado ciclo electoral, anunciaron hoy la creación de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico para mantener el espacio de trabajo colectivo con miras a defender la dignidad de las personas LGBTQ+ en el país.
«Es con un gran sentido de urgencia y de responsabilidad con nuestras comunidades LGBTQ+ y con el país, que anunciamos el nacimiento de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico como un instrumento de lucha permanente en favor de la equidad y nuestra común humanidad. Este ente, que aglutinará diversas organizaciones, buscará adelantar una agenda en común por la defensa de los derechos humanos y la justicia social», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la federación.
La federación surge tras el trabajo que realizara el Frente Unido por la Equidad que agrupó a más de 70 organizaciones LGBTQ+ y aliadas para registrar electores para que votaran en las pasadas elecciones, se educaran los candidatos y candidatas sobre los derechos de las comunidades LGBTQ+ y se realizara un cuestionario y análisis para determinar las posturas, de aspirantes a cargos electivos, en cuanto a la equidad.
«Ante el resultado de las elecciones, les toca ahora a las y los funcionarios electos demostrar su compromiso con la equidad. En lo sucesivo y ante los retos a los cuales nos enfrentamos su récord no será suficiente. Deben actuar, desde el período de transición, con un accionar inequívoco hacia la equidad. Más aún, nuestro rol es buscar el diálogo con dichas funcionarias y funcionarios para asegurarnos de que los derechos que han sido reconocidos se mantengan y se siga instrumentando la equidad», dijo Iván Andrés López, vicepresidente de la federación.
La Junta Directiva inicial de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico está compuesta por Pedro Julio Serrano como presidente, Iván Andrés López como vicepresidente, Jennifer Orellana como secretaria, Eduardo Cintrón como secretario alterno, Justin Jesús Santiago como tesorero, Güarix Agosto como tesorere alterne, Olga Chapman Rivera como directora de comunicaciones, así como Carmen Milagros Vélez Vega, Ivana Fred Millán, Irma Lugo Nazario y Luis Segarra como directora y director, respectivamente.
«Como parte del proceso de formación de la federación, los primeros tres pasos serán: sumar más organizaciones a la federación y solidificar su estructura; solicitar reuniones con las funcionarias y funcionarios electos a la gobernación, comisaría residente y la legislatura; y presentar un frente unido ante el país para declarar un estado de alerta ante el panorama incierto por los resultados de las elecciones que presentan una amenaza a los derechos humanos», aseguró Carmen Milagros Vélez Vega, una de las directoras de la junta directiva.
«Estamos ante un panorama difícil, donde ya se han lanzado amenazas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de que irán por nuestros derechos. Esta federación es nuestra respuesta inmediata y la progresión natural del Frente Unido hacia la organización para la acción. La Federación está organizada, fortalecida y dispuesta a defender nuestra dignidad, la equidad y la humanidad que nos une. No daremos ni un paso atrás en las conquistas alcanzadas y seguiremos luchando para que la equidad sea una realidad», concluyó Olga Chapman Rivera, directora de Comunicaciones de la federación.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano respondió, hoy, a la advertencia de Thomas Rivera Schatz de que cumplirá una «agenda conservadora y religiosa desde el Senado».
«Nuestra gente está lista para defender las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos para las personas LGBTQ+ en Puerto Rico y en donde sea. Los resultados de las elecciones no le dan permiso para violentar la dignidad y la igualdad que prometen las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos», aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Todes recordó que, durante el pasado cuatrienio, se pudieron detener 8 medidas anti-trans, radicadas por Proyecto Dignidad, gracias al activismo firme y decidido de la comunidad LGBTQ+ y aliados.
«En esta ocasión, estamos aún mejor preparados y organizados para responder a esta amenaza en contra de nuestros derechos. Nos vamos a defender, vamos a resistir y vamos a convocar a nuestro pueblo para que hagamos valer, juntos, nuestra común humanidad. No estamos solos y no vamos a dar ni un paso atrás», concluyó Serrano.
Yo soy quien soy porque me he esforzado en la vida. A mi nadie me ha regalado nada.
Vengo de un hogar de clase media. Tuve que trabajar desde mis 16 años de edad. Me independicé a los 18 años de edad.
No terminé mi bachillerato porque en 1994 recibí mi diagnóstico de vih y en aquel entonces, era una sentencia de muerte.
Me dediqué a vivir porque pensé que me iba a morir. Sobreviví.
Desde ese entonces, mi vida ha sido mi lucha y mi lucha ha sido mi vida.
No tengo que probarle nada a nadie. Mi hoja de vida cuenta la historia. Las posiciones que he tenido y tengo las he luchado con el sudor de mi frente.
He sido atacado de las formas más horribles, no tan solo por la sociedad muchas veces homofóbica, sino por mi propia gente.
No me he quitado. He batallado y he vencido. El vih, el cáncer, el corazón. Las amenazas, los atropellos, las calumnias, las difamaciones, las mentiras.
He llegado a donde he llegado porque me esfuerzo, día a día, en ser mejor persona. He aprendido de mis errores y los he reconocido con gallardía.
No soy un billete de 100 pa’ caerle bien a to’ el mundo, pero me he faja’o y todo lo he hecho de corazón.
Estamos ante la batalla más crucial de nuestras vidas. No estoy pa’ defender mi hoja de servicio. Estoy pa’ ponerme las tennis, tender puentes, llegarle a la gente.
Estoy pa’ continuar la transformación que merece Puerto Rico. Tengo el ojo puesto en la meta. Estoy aquí como soldado de fila, como he estado siempre.
De lo que estoy seguro es de que no vamos a dar ni un paso atrás. Estoy bien puesto pa’ eso. ¿Y tú?
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano responsabilizó, hoy, a Thomas Rivera Schatz por cualquier ataque que reciba tras sentirse amenazado al ser incluído en una lista de los «enemigos» que el senador colocó, ayer, en sus redes sociales.
«No es la primera vez que Thomas Rivera Schatz me ataca. Lo ha hecho por años, Ayer fui incluído en la lista de quien él considera sus ‘enemigos’. No me amilana, ni me intimida, ni me calla; pero lo responsabilizo por cualquier ataque o amenaza en mi contra. Diferir no te da permiso para violentar a nadie. Nunca», aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Todes recordó que, hace unos meses, tuvo que radicar querellas en la División de Crímenes Mayores de la Policía y en el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) tras recibir amenazas similares tanto del senador como de otros líderes fundamentalistas.
«Aunque no soy la única persona mencionada en esa lista de ‘enemigos’ de Rivera Schatz, no voy a quedarme callado ante lo que ha sido un contínuo intento de intimidar a quienes diferimos del senador. Todos los mencionados corremos peligro», añadió.
«En mi caso, he sido amenazado de muerte, acosado en persona y en las redes, han atentado contra mi vida. La lista de Rivera Schatz incita a la violencia, pues ya mis redes están llenas de ataques y amenazas. Esto tiene que parar ya antes de que ocurra una desgracia», concluyó Serrano.
Rivera Schatz no respeta llamado a dejar atrás discurso de odio
El 5 de noviembre, al agradecer su triunfo a Puerto Rico, Jenniffer González proclamó: «Las elecciones quedaron atrás y hoy empieza una nueva página de respeto a todos aquéllos que piensan distinto, porque voy a ser la gobernadora de todos».
«Sepan que yo ahora voy a trabajar para todos. Se acabó el discurso de odio, se acabó la intolerancia», agregó González, actual Comisionada Residente en Washington, puesto que ocupó por los pasados 8 años.
No bien la gobernadora electa terminó su mensaje, un periodista le preguntó a Thomas Rivera Schatz si había «pelado» al «conejo», refiriéndose a las amenazas que hizo contra Bad Bunny.
Con Jenniffer González a su diestra, el recién anunciado «nuevo presidente del Senado», replicó: «El pueblo de Puerto Rico lo derrotó a él y al medio millón de dólares que le metió en la campaña coordinada con la alianza (del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana). Ahí sí que fue vergüenza contra dinero y lo pelamos».
Evidenciando que, contrario a lo dicho por Jenniffer González, el discurso de odio e intolerancia no ha terminado, el senador Thomas Rivera Schatz publicó en Facebook un video de 49 segundos, con algunas de las peores imágenes de periodistas, políticos, exfuncionarios públicos y otras figuras reconocidas de la isla que no apoyaron el triunfo del PNP durante el proceso eleccionario.
Utilizando de fondo musical el tema ‘La Velita’ de Bad Bunny, les dedicó «el triunfo mío, del PNP y la estadidad a estas personas… ¡Los barrimos!».
A solo cuatro meses de estrenarse la Decimonovena Asamblea Legislativa, comenzó una nueva batalla por la defensa de los derechos, especialmente los sexuales y reproductivos. La ilusión de lograr mayores protecciones para mujeres y la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y de otras identidades (LGBT+) se transformó, durante el cuatrienio, en una urgencia por detener más de 20 proyectos de ley que amenazaban con eliminar o restringir derechos ya adquiridos.
La adversidad se convirtió en victoria porque se detuvieron todos los proyectos que amenazaban con limitar derechos para las mujeres y las comunidades LGBT+, coincidieron varias portavoces de organizaciones feministas y de defensa de la equidad a las que la Unidad Investigativa de Género – una alianza entre Todas y el Centro de Periodismo Investigativo – consultó para un recuento de algunos de los proyectos más importantes.
Entidades como Ayuda Legal, Taller Salud y La Sombrilla Cuir destacaron que ninguno de los proyectos restrictivos se convirtió en ley gracias al esfuerzo dedicado por las organizaciones pro derechos humanos.
“Este fue un cuatrienio difícil para las mujeres. Gran parte del trabajo tuvo que ver con defensa de derechos y mantener esa primera línea de resistencia con todo lo que tuvo que ver con los intentos de criminalizar el aborto en Puerto Rico”, expresó Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.
Para la abogada, el mayor logro fue que ninguna de las medidas que limitaban el aborto se convirtió en ley. No obstante, la restricción vino por la vía ejecutiva por medio de una reciente enmienda al reglamento del Departamento de Salud (DS) para regular las clínicas de aborto. La enmienda exige la autorización de alguno de los padres para que menores de 15 años aborten.
“Si bien no se pudo lograr espacio en la política pública a través de la Legislatura, se encontró espacio a través de este reglamento que literalmente lo que hace es que regula los abortos en menores de 15 años”, dijo Godreau Aubert al explicar que el reglamento que aprobó el Departamento de Salud fue presentado primero como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa por la senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad. Tras ser aprobado en el Senado, el proyecto de ley 495 no tuvo acciones posteriores en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
“Están queriendo colarlas por la cocina”, dijo la directora asociada de la organización comunitaria Taller Salud sobre las limitaciones de aborto que grupos que apoyaban la medida de Rodríguez Veve impulsaban en el reglamento del DS.
Según Taller Salud, en este cuatrienio hubo más de 14 intentos de restringir el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Lo saben porque, aparte de las tareas comunitarias que desarrollan cotidianamente, la organización también examinó cerca de 300 proyectos de ley sobre distintos temas. De esas evaluaciones, han publicado 72 en su página de orientación electoral Mira cómo votan.
Por su parte, la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez, señaló que, este cuatrienio, las organizaciones como la suya realizaron un esfuerzo mayor por resistir a medidas que reducían los derechos antes que “lograr la aprobación de buenas medidas”.
Entre la legislación presentada para limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, se encontró el Proyecto del Senado 693, que pretendía limitar a 22 semanas el tiempo que las mujeres tenían para abortar en Puerto Rico y exigía al DS llevar registro de los abortos realizados. Este proyecto fue propuesto por los senadores Joanne Rodríguez Veve (PD), José Luis Dalmau Santiago (PPD), Thomas Rivera Schatz (PNP), Albert Torres Berríos (PPD), Rubén Soto Rivera (PPD), Ramón Ruiz Nieves (PPD) y Keren Riquelme Cabrera (PNP).
Organizaciones feministas y de la comunidad LGBT+ también se enfrentaron al Proyecto de la Cámara 1157, que buscaba eliminar el currículo sobre perspectiva de género en las escuelas y que fue impulsado por la representante Lisie Burgos Muñiz (PD). Pero esta medida se quedó en la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara, donde no tuvo acciones posteriores.
Otro proyecto que limitaba el derecho a decidir fue el Proyecto del Senado 591 que, al igual que el de Rodríguez Veve, buscaba que menores de 18 años tuvieran que solicitar permiso de sus padres para realizarse un aborto y fue retirada por sus autores Keren Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz.
Entre los proyectos restrictivos presentados en la Cámara de Representantes, están el 1084, que proponía prohibir el aborto luego de detectar el “latido cardiaco”, llamado médicamente “frecuencia cardiaca fetal”; el 715, que buscaba convertir al no nacido en sujeto de Derecho y que se presentó a solo cuatro meses del inicio del cuatrienio; y el 1410, que proponía una consulta electoral, a un costo de $2.5 millones, para conocer si las personas en Puerto Rico reconocían el derecho al aborto.
Otras medidas que Taller Salud destacó como un riesgo para el derecho a decidir fueron el P del S 588, para que los profesionales de salud ejercieran el cuidado médico de grado más alto posible para preservar la vida de un neonato que sobrevive un aborto; el P del S 583, que catalogaba como delito acciones u omisiones que provocaran la muerte de neonatos sobrevivientes de abortos; y el P del S 595, que establecía una ley para el cuidado de las mujeres después de un aborto involuntario o voluntario y partía de la premisa de que tras un aborto voluntario había efectos psicológicos detrimentales. Todas fueron de la autoría de Rodríguez Veve. Tres medidas similares fueron presentadas por la representante Burgos Muñiz.
En la Cámara de Representantes, también se presentaron el P de la C 1450, que declaraba el 24 de junio como el “Día de la Defensa de la Vida”; el P de la C 1407, para que el aborto se castigara con una pena de reclusión de 99 años; y el P de la C 894, para requerir la intervención de al menos uno de los padres al momento de que una menor de 18 años aborte.
Todos estos proyectos tienen como denominador común a la representante del Proyecto Dignidad, Burgos Muñiz, mientras que Jorge Rivera Segarra y Deborah Soto Arroyo (PPD) fueron coautores del P de la C 1450.
Derechos de las comunidades LGBT+
Las medidas antiaborto no fueron las únicas que atentaron, en este cuatrienio, contra los derechos adquiridos. De acuerdo con el activista LGBT+ Pedro Julio Serrano, también hubo medidas antitrans, todas impulsadas por Burgos Muñiz.
“Es inhumano y cruel lo que Lisie Burgos y Proyecto Indignidad intentaron hacer con la comunidad trans con esas nueve medidas que presentaron. Afortunadamente y gracias al activismo de varias personas y entidades, se pudo detener el avance de esas medidas”, expresó Serrano, para luego destacar que todas fueron derrotadas en comisión o quedaron en suspenso.
Los proyectos legislativos presentados por los representantes Burgos Muñiz y Rivera Segarra fueron el P de la C 764, que buscaba prohibir la participación de las personas trans en los deportes; el P de la C 768, que intentaba prohibir las terapias o cirugías de afirmación en jóvenes trans; el P de la C 1740, para prohibir que las personas trans y no binarias tengan baños públicos inclusivos; el P de la C 1741, para negar a las personas trans ingresar en una institución correccional de acuerdo con su identidad de género; el P de la C 1821, para prohibir el transformismo en Puerto Rico; el P de la C 1852, para prohibir la participación de las mujeres trans en los deportes; y el P de la C 1889, para prohibir terapias, tratamientos hormonales y cirugías estéticas en personas trans menores de 21 años.
“Esto lo que nos abre los ojos es a que estemos pendientes al próximo cuatrienio para ver cuántas de esas medidas intentarán reintroducir en la Asamblea Legislativa”, señaló Serrano.
También se presentó el P de la C 1951, que se convirtió en la Ley 95 de 2024 y protege de discrimen a estudiantes y docentes por practicar su religión, aunque este tipo de discrimen ya está prohibido por la Constitución tanto a nivel estatal como federal.
“Ese proyecto es totalmente innecesario. Primero, porque hay una separación de Iglesia y Estado… y segundo, la libertad religiosa ya está protegida constitucionalmente. Así que ese proyecto no hace falta. Realmente, fue un intento burdo de los fundamentalistas de introducir su ideología fundamentalista en las escuelas”, opinó Serrano sobre la iniciativa presentada por los representantes Burgos Muñiz, Soto Arroyo, Rivera Segarra, Wilson Román López (PNP), Jorge Navarro Suárez (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló (PNP), Luis Raúl Torres Cruz (independiente), Edgardo Feliciano Sánchez (PPD), Luis Ortiz Lugo (PPD) y Jocelyne Rodríguez Negrón (PPD).
Para Ínaru Nadia de la Fuente Díaz, de la organización La Sombrilla Cuir, uno de los proyectos más restrictivos presentados fue el P de la C 1821, que buscaba prohibir el transformismo en Puerto Rico, pues su lenguaje era tan ambiguo que cualquier persona trans o no binaria podía terminar en la cárcel.
El P de la C 1821 prohibía, en su redacción inicial, “personificar al sexo masculino o femenino con vestimenta alusiva al sexo masculino o femenino, sin limitarse a la utilización de pelucas, máscaras o maquillaje grotesco en un establecimiento, facilidad abierta o cerrada, pública o privada, restaurante, teatro, vía pública o toda propiedad donde se realicen actividades artísticas o que brinden entretenimiento infantil o familiar”.
“Qué bueno que no pasó… La [propuesta de] ley estaba de una manera tan ambigua que realmente no definía las cosas. Por ejemplo, ¿a qué se refería con grotesco? ¿Qué era una peluca grotesca?… Eso iba a quedar a interpretación del juez… Por lo que exponía a cualquier persona trans, cuir o no binarie a ser llevada a la cárcel”, detalló sobre la medida presentada por Burgos Muñiz y Rivera Segarra.
No obstante, el proyecto se enmendó para eliminar todas las partes alusivas a personas trans y no binarias y se dejó únicamente el texto que prohibía exponer los genitales frente a un menor, lo que ya es un delito. Con esas enmiendas, se aprobó en la Cámara, pero en el Senado no pasó de la Comisión de Reglas y Calendario.
De la Fuente Díaz también denunció los proyectos que buscaban prohibir la presencia de personas trans en los deportes, y las narrativas prejuiciadas y desinformadas que surgieron al respecto. “A pesar de que el proyecto no pasó y a pesar de todo el odio que causó, también visibilizó ciertas cosas… Visibilizó conductas de feministas exclusivas o anti personas trans o feministas transfóbicas”, arremetió específicamente sobre el P de la C 1852, que prohibía la participación de mujeres trans en deportes femeninos.
Por otra parte, De la Fuente Díaz lamentó que no se aprobara el P del S 485, al que la mayoría del Senado le votó en contra a viva voz y lo colgó. La iniciativa de los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, ambos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), buscaba crear una carta de derechos LGBTTIQ+ y definir las responsabilidades de las agencias gubernamentales y privadas respecto a esta comunidad.
“Desafortunadamente, no pasó. Hubiera sido sumamente beneficioso porque como proyecto lo que buscaba era una guía que ofrecer sobre cuáles eran los derechos que ya nosotros tenemos como comunidades. Iba a tener unas definiciones mucho más sólidas sobre las identidades”, expresó.
Cuando se le preguntó por qué entendía que la mayoría de los legisladores le votaron en contra, respondió que algunos creyeron que se trataba de “privilegios” para la comunidad, cuando no era así.
Proyectos en favor de la equidad
Las organizaciones también destacaron aquellos proyectos aprobados este cuatrienio que adelantaron los derechos de las mujeres y personas LGBT+.
Entre ellos, está el P del S 130, ahora Ley 40 de 2021, que tipificó como delitos en primer grado los feminicidios y transfeminicidios.
“Yo pensé que esto iba a marcar el ritmo, el ambiente de legislación, porque como fue al principio, yo dije ‘pues este podría ser un cuatrienio bueno para las mujeres’. Pero lamentablemente no terminó así”, comentó Rosario Méndez, de Taller Salud, sobre las medidas iniciales del cuatrienio que le llenaron de esperanza.
Cuando aún no se declaraba el estado de emergencia que las organizaciones de mujeres exigían desde 2018, el 2020 culminó con 75 feminicidios, según el Observatorio de Equidad de Género. Habían protestado por tres años consecutivos frente a La Fortaleza para exigir un currículo con perspectiva de género, una campaña de concienciación masiva sobre violencia de género, adiestramiento a las agencias gubernamentales, entre otras reivindicaciones.
El 25 de enero de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi firmó el estado de emergencia. Después, se creó el comité asesor del gobernador para la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la violencia de género, conocido como PARE.
Al mirar atrás, la directora ejecutiva de Taller Salud describe el trabajo de las organizaciones participantes como un “esfuerzo titánico” que propició adiestramientos en temas de género a organizaciones gubernamentales que de otra manera no hubieran sido posibles.
No obstante, aseguró que el esfuerzo perdió su enfoque al convertirse únicamente en un ejercicio de “relaciones públicas” por parte del Gobierno. Aunque el comité PARE se desmanteló, Rosario Méndez está convencida de que ninguno de los proyectos positivos para las mujeres se hubiera aprobado sin un cambio de narrativa que propició esa declaración de estado de emergencia.
Otro de los proyectos aprobados fue una enmienda a la Ley de Prevención de Violencia Doméstica que añadió la violencia económica como modalidad. Según Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres, el P del S 865, presentado por petición de Ayuda Legal Puerto Rico, fue crucial para resaltar una problemática común observada por las organizaciones que atienden situaciones de violencia doméstica. Firmaron como autores de esta medida María de Lourdes Santiago Negrón (PIP), Migdalia González Arroyo (PPD), Rivera Lassén, Gretchen Hau (PPD), Bernabe Riefkohl y Juan Zaragoza Gómez (PPD).
“Legislar sobre eso yo creo que ha sido fundamental para darle fuerza a esa situación que veíamos que se repetía continuamente en cuanto a lo que es el control financiero como una forma de violencia doméstica”, explicó González Castro.
Aunque el trámite legislativo duró unos 15 meses, el P del S 865 fue aprobado por la Cámara y el Senado, y se convirtió en la Ley 74 de 2023.
El 26 de junio de 2024, la Cámara de Representantes aprobó una medida apoyada por más de 25 organizaciones de derechos humanos y antirracistas, que se manifestaron y realizaron visitas al Capitolio por cerca de un mes y medio para educar sobre el proyecto. Se trató del P del S 1282, presentado por petición de Alanis Ruiz Guevara, para prohibir el discrimen por estilos de cabello en los empleos y en las escuelas. Figuraron como autores de la medida los senadores Rivera Lassén, Bernabe Riefkohl, Santiago Negrón, Ruiz Nieves (PPD) y José Vargas Vidot (independiente).
“El discrimen por estilos de cabello es algo que todo el mundo vive, pero no necesariamente es algo que todo el mundo vive de la misma manera”, afirmó de la Fuente Díaz, de La Sombrilla Cuir, quien resaltó que las personas que tienen el pelo rizo, incluyendo personas LGBT+, pueden sufrir discrimen en ambientes laborales por razón de su cabello.
“Sentimos que hay una justicia racial que es hasta ancestral. Para todas las personas que hemos tenido experiencias de discrimen a través de nuestros cabellos, ayer fue un día victorioso y sobre todo de justicia”, expresó Gloriann Sacha Antonetty Lebrón, fundadora de Revista étnica en junio pasado, cuando la medida se aprobó en la Cámara.
El P del S 1282 se convirtió en la Ley 106 de 2024 con la firma del gobernador Pierluisi el 24 de julio de 2024. Votaron en contra del proyecto Javier Aponte Dalmau (PPD), Juan Oscar Morales (PNP), Carmelo Ríos Santiago (PNP), Rivera Schatz, José Aponte Hernández (PNP) y José Meléndez Ortiz (PNP).
Pero los esfuerzos a mediados de cuatrienio no siempre fueron fructíferos. Un proyecto de ley que buscaba extender las licencias por maternidad y paternidad y reconocer la licencia por maternidad subrogada se quedó estancado en un Comité de Conferencia en la Cámara de Representantes, de acuerdo con la Oficina de Servicios Legislativos. Aunque el P del S 155, de la autoría de Vargas Vidot, se aprobó en el Senado, la Cámara de Representantes hizo unas enmiendas con las que el Senado no concurrió.
Según Lourdes Inoa Montenegro, de Taller Salud, esta medida cambiaba las narrativas y las cargas “de las mujeres en el proceso de crianza”, en parte porque implicaba que los hombres estarían también involucrados al tener una licencia de paternidad. “Pero se quedó en el tintero”, lamentó Inoa Montenegro sobre la falta de acción por parte de la Legislatura para aprobar la medida.
De igual forma, hubo un intento de codificar como delito el acoso callejero en el P del S 326, presentado por Rivera Lassén y Bernabe Riefkohl. La medida se aprobó en el Senado. Sin embargo, una votación cerrada de 25 a 22 derrotó la medida en la Cámara de Representantes.
Cada una de las organizaciones entrevistadas por la Unidad Investigativa de Género ha desarrollado herramientas y proyectos para fomentar el voto educado en las próximas elecciones.
Taller Salud, por ejemplo, lanzó en septiembre la herramienta Mira cómo votan, que monitorea algunas de las medidas legislativas de mayor impacto durante el cuatrienio, basándose en asuntos de género como la justicia reproductiva, vivienda digna, acceso a la salud, entre otros. Asimismo, permite observar cómo votó cada legislador durante el cuatrienio.
“En la recta final, donde estamos tomando decisiones sobre cómo votar en las próximas elecciones, nuestro llamado es a que el voto de las mujeres sea un voto crítico, informado, que recuerde quiénes atentaron contra nuestros derechos y quiénes trabajaron para adelantarlos”, expresó Inoa Montenegro.
De igual forma, el Frente Unido por la Equidad, del cual Serrano es portavoz, elaboró una lista de candidatos a la Legislatura y gobernación en la cual dividieron a los aspirantes en tres categorías: aliados de la equidad, enemigos de la equidad y ambivalentes o indiferentes ante la equidad.
Por su parte, La Sombrilla Cuir está en proceso de desarrollar, de cara al próximo cuatrienio, talleres en colaboración con la fundación Agenda Ciudadana para promover decisiones informadas al momento de ejercer el derecho al voto.
“Al momento de votar o no votar, porque [no votar] también es un derecho, las personas deben estar pendientes a… aquellos partidos y candidatos que han tenido una trayectoria con las comunidades trans, queer y no binaries a través del tiempo”, subrayó De la Fuente Díaz. Añadió que esta trayectoria debe evaluarse distinguiendo a aquellos aspirantes que tomaron en cuenta a esta comunidad durante todo el cuatrienio versus aquellos que lo hicieron solamente de cara a las elecciones para ganar votos.
Asimismo, Ayuda Legal PR ha publicado varios vídeos en sus redes sociales que educan sobre los procesos electorales y los derechos de las personas trabajadoras en caso de que su empleador les indique que no pueden salir a votar.
La coalición Coordinadora Paz para las Mujeres tiene un pódcast llamado Voz de voces, en el que discute con la comunidad LGBT+ cuáles son las necesidades con las cuales la clase política del país debería comprometerse. “No votamos solo por nosotras, sino también por los derechos de las comunidades, de las próximas generaciones y el país que queremos que hereden”, reflexionó Inoa Montenegro.
Los organizadores de Orgullo Boquerón, el mejor y más grande festival LGBTQ+ de Puerto Rico y del Caribe, anunciaron que el tradicional evento y desfile se celebrará del viernes 6 al domingo 8 de junio de 2025.
«Quisimos anunciar, con mucha anticipación, la fecha del próximo año, pues este año rompimos récord de asistencia. Queremos darle tiempo a las personas para que puedan conseguir alojamiento y puedan hacer sus arreglos para participar del más grande festival LGBTQ+ en Puerto Rico y el Caribe. Les esperamos del 6 al 8 de junio de 2025», aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de Orgullo Boquerón.
Orgullo Boquerón es producido por Mújica Group. El evento cuenta con el endoso del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, así como los comerciantes de Boquerón.
«A principios del año que viene, estaremos anunciando a los animadores, artistas y eventos que se presentarán durante el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de junio de 2025, pero como siempre será un evento de altura, de lucha y de celebración de nuestra comunidad LGBTQ+ boricua. Les esperamos en Orgullo Boquerón”, concluyó Serrano.
Para más información, pueden seguir a Orgullo Boquerón a través de sus redes sociales . Nos consiguen como @BoqueronOrgullo en Facebook, Instagram, Threads, Twitter, TikTok y Snapchat.
El Frente Unido por la Equidad —compuesto por más de 70 organizaciones LGBTQ+ y aliadas— anunció, hoy, que logró acuerdos con las campañas de la mayoría de las candidaturas a la gobernación y comisaría residente para solucionar la crisis de provisión de medicamentos de VIH.
«Hoy podemos anunciar que logramos acuerdos con las campañas de los aspirantes a la gobernación y comisaría residente de la Alianza, el PNP y el PPD para restablecer el sistema de provisión de medicamentos de VIH que ha funcionado bien por los pasados 15 años. Ese compromiso garantiza que se den pasos en la dirección correcta para solucionar la crisis que lleva varios meses impactando a nuestra gente», indicó Ivette González, una de las portavoces del frente y de la Asamblea Permanente de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH.
El Frente Unido por la Equidad anunció, además, que tan pronto sean electas las personas a los cargos a la gobernación y comisaría residente, se reunirán nuevamente para establecer un plan de trabajo que logre la solución permanente a esta crisis.
«La solución es simple: pedir una exención de los tratamientos de VIH en el nuevo sistema de provisión de medicamentos y restaurar el sistema de ADAP administrado por el Departamento de Salud para las personas que viven con VIH que tienen la cubierta de VITAL. Estaremos vigilantes para garantizar que estos compromisos hechos por Dalmau, González, Ortiz, Rivera Lassén, Villafañe y Hernández sean cumplidos», concluyó Pedro Julio Serrano, otro de los portavoces del frente.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano expresó su más profunda solidaridad con Griselle Morales ante el grave episodio de salud que enfrenta, al igual que con su esposo Juan Dalmau y sus hijos Gabriel y Sofía.
«Es momento para unirnos en solidaridad y amor con Griselle, Juan, Gabriel y Sofía. No hay espacio para nada más en la campaña política. El debate pautado para esta noche en Teleonce tiene que suspenderse. El país puede hacer una pausa en la vorágine que nos ha consumido y hacer como hacemos cuando hay momentos como éste, crecernos en humanidad y empatía», aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Todes añadió que es momento de detener todo ataque malsano en la campaña política.
«Puerto Rico merece una campaña de altura, de ideas, de esperanza. No podemos permitir más ataques a las familias, ni a la privacidad de ninguna candidata o candidato. No podemos permitir más campañas de miedo que incitan al odio. No podemos permitir que un proyecto que no sabe defender la dignidad siga menospreciando la diversidad y la intimidad. Que esta pausa nos lleve a la reflexión y a la acción solidaria por un país para todas las personas y seres vivientes», concluyó Serrano.
El activista Pedro Julio Serrano expresó su preocupación ante la posibilidad de que miles de personas que viven con VIH en Puerto Rico pierdan acceso a sus medicamentos debido a cambios propuestos en el sistema de salud. Durante un foro histórico que reunió a candidatos a la gobernación y a la comisaría residente con la comunidad LGBTQ+, Serrano destacó la importancia de mantener las conquistas alcanzadas en materia de equidad y salud.
“Descubrimos que hay mucho trabajo por hacer para defender las conquistas que hemos tenido a través de estos años, que nos han costado mucho. Tenemos que continuar la batalla, formando nuevos líderes y dándoles las destrezas para que seamos más las personas que defendamos la equidad”, afirmó Serrano.
Aunque él mismo no se ve afectado directamente gracias al programa ADAP, que funciona correctamente, Serrano señaló que alrededor de 7,000 a 8,000 personas que viven con VIH podrían ver interrumpido su tratamiento. “No se les puede cortar el acceso a la provisión de medicamentos porque están buscando ganancias para el Estado en vez de la salud del pueblo. Lo que estamos pidiendo es que los candidatos a la comisaría residente, a la gobernación y a la legislatura se comprometan con mantener el sistema que nos ha funcionado bien por más de 15 años”, explicó.
Serrano enfatizó que los medicamentos antirretrovirales son de tratamiento continuo y de por vida para suprimir el virus. “Yo tengo que tomar una pastilla diaria para mantenerme. Ya llevo más de 30 años viviendo con VIH, y sin esos medicamentos no tendría vida”, compartió.
El activista también destacó que el acceso a la salud es un derecho humano y criticó cualquier intento de poner intereses económicos por encima del bienestar de las personas. “Aquí hay un interés pecuniario detrás de todo eso de hacer este cambio a un sistema que realmente no responde a las necesidades de las personas que vivimos con VIH. Que no jueguen con nuestras vidas y que mantengan el sistema de provisión de medicamentos como tiene que ser”, sentenció.
Finalmente, Serrano hizo un llamado a la comunidad a informarse y votar conscientemente en las próximas elecciones. “Hemos identificado quiénes son los amigos de la equidad, quiénes son los enemigos y quiénes están ambivalentes o indiferentes. Que miren esa lista antes de ir a votar, que por favor no voten rajando la papeleta sino que voten por candidaturas de aquellas personas que están a favor de nuestros derechos, porque se nos va la vida literalmente en estas elecciones”, concluyó.
El foro en el que participaron los candidatos es el primero en la historia de Puerto Rico que se realiza con la comunidad LGBTQ+ y aspirantes a puestos nacionales. “Ese debe ser Puerto Rico; nosotros no debemos estar excluidos del proceso electoral. Estamos contentos de que pudimos tener este espacio”, expresó Serrano, destacando la importancia de la inclusión y la representación en la política.
Los candidatos a la gobernación Juan Dalmau Ramírez, de la Alianza de País, y Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), acudieron a un foro convocado por miembros de la comunidad LGBTTIQ+ para ser cuestionados sobre sus propuestas y perspectivas en temas de diversidad de género, derechos humanos e inclusividad.
El evento organizado por Waves Ahead, una entidad sin fines de lucro enfocada particularmente en adultos mayores LGBT+ de 50 años, también contó con la participación de los aspirantes a la comisaría residente de la Alianza y el PPD, Ana Irma Rivera Lassén y Pablo José Hernández, respectivamente.
En su turno, Dalmau Ramírez señaló que, de surgir electo como mandatario el 5 de noviembre, impulsará la creación de un departamento de derechos humanos como en años pasados.
“Ese departamento estaría compuesto por unas defensorías. La idea es que se creen unas procuradurías, que pasarían a ser defensorías, de adultos mayores, niños, personas afrodescendientes, migrantes y una defensoría de personas LGBTTIQ+”, sostuvo.
El también secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) puntualizó, además, el discrimen hacia la comunidad por parte de las agencias de gobierno y propuso establecer créditos para que los profesionales de la salud se eduquen continuamente sobre cómo tratar a personas de la comunidad LGBTTIQ+.
“Una en la que hay que educar, enfatizar y que hayan consecuencias si hay incumplimiento, es en la Policía de Puerto Rico. Hay que llamar las cosas por su nombre (…) Solamente ha habido un grupo de médicos, de personas vinculadas a la salud, que son amistosos a lo que es los servicios de salud para personas de la comunidad LGBT+, pero no es así con todos, con todas y con todes”, abundó Dalmau Ramírez.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano confirmó a la prensa que el aspirante de la Alianza fue el único que, previo al foro, respondió en todas sus partes el cuestionario del Frente Unido por la Equidad, compuesto por más de 70 organizaciones comunitarias. Rivera Lassén y Hernández también completaron el formulario.
Por su parte, el candidato de la Pava subrayó que, fuera del estatus, el modelo actual de gobierno colapsó, pero que su administración implementaría una plataforma distinta.
“Hoy el modelo del gobierno es vertical. Usted tiene al gobernador arriba, dando instrucciones hacia abajo para que el servicio llegue a la gente. Eso funcionó en su momento. Hoy, con miles de millones de dólares que tenemos, los servicios no llegan. El problema no es el dinero, el problema es el modelo”, enfatizó Ortiz.
“Yo propongo un modelo más horizontal, donde el gobernador es el principal responsable que la gente elige, pero para atender cada uno de los asuntos sociales y de política pública, tiene que tener en la mesa a las organizaciones que trabajan todos los días con esos temas”, agregó el presidente del PPD.
A diferencia de Dalmau Ramírez, quien se comprometió a asistir a la comunidad en todas las áreas, Ortiz aclaró que escudriñará todo proyecto de ley desde una perspectiva “de centro” como gobernador.
Por ejemplo, al ser cuestionado sobre si apoyaría la financiación de cirugías para la transición de género, el legislador popular respondió que no podía adelantar una posición en contra o a favor.
“Hay preocupaciones en términos de qué edad podría ser, si es un niño o una niña. Todos esos temas se han traído a nuestra consideración y son elementos que uno tiene que ver. Yo creo que la responsabilidad que tiene un gobernante es que evalúa los temas cuando llegan ante uno. Yo no puedo prejuzgar el proyecto”, recalcó.
Sin endosar a ningún candidato, el director ejecutivo de Waves Ahead, Wilfred Labiosa, destacó que uno de ellos trató “de no divulgar” o expresar su posición acerca de ciertos temas concernientes a la comunidad.
“Cabe relucir que tenemos que educarnos sobre las legislaciones que ellos no han apoyado. Hay un candidato que pudo haber apoyado derechos de equidad para la vivienda del adulto mayor LGBT, y no lo hizo en su momento”, dijo Labiosa.
“Como organización sin fines de lucro, no podemos dar un endoso en particular, pero lo que sí quiero que la comunidad sepa es quiénes vinieron aquí a confrontar a la comunidad LGBT. Aquí hay personas que son de todas las ramas sociales, clases, razas y de todas nuestras interseccionalidades. Tenemos que pensar en quién viene aquí y quién da el frente para la diversidad en Puerto Rico”, concluyó.
Pedro Julio Serrano 