Por Génesis Ibarra Vázquez | El Nuevo Día
Una Legislatura menos diversa, inclinada hacia una “agenda conservadora y religiosa” y, en su mayoría, “indiferente” o “ambivalente” ante la equidad, fue el saldo de las elecciones de noviembre, según portavoces de la comunidad LGBTQ+, quienes, ante este panorama, anticipan una feroz lucha por sus derechos durante los próximos cuatro años, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
“No es la Legislatura del cuatrienio pasado, no la es”, sostuvo el activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico. “(La anterior) era una Legislatura más diversa, una Legislatura que no dio paso a medidas discriminatorias, aunque se intentó. Ahora, hay una abrumadora mayoría de un solo partido, eso obviamente preocupa, y los presidentes de ambos cuerpos han dicho que van a cumplir una agenda conservadora y religiosa. Así que eso, de antemano, nos pone una preocupación bastante alta”.
En octubre, el Frente Unido por la Equidad –formado a raíz de los comicios generales y disuelto más adelante– analizó más de 200 candidaturas para ofrecer a los electores detalles sobre las posturas de los aspirantes –incluidos a la gobernación y comisionado residente– en cuanto a la equidad.
Utilizando ese listado como base, El Nuevo Día encontró que la nueva Asamblea Legislativa quedó compuesta por 16 “amigos”, siete “enemigos” y 58 “indiferentes o ambivalentes”.
“Quisiera ver que haya un entendimiento en la Legislatura, no solamente por las personas que están sometiendo estos proyectos, sino por el pleno tanto en la Cámara (de Representantes) como en Senado, de reconocer que los ciudadanos de Puerto Rico somos todos, todas y todes, no es un grupo. Y que hacer política pública para un sector no funciona para un país, no funciona para el 2025″, planteó Olga Chapman Rivera, directora de Comunicaciones de la Federación LGBTQ+.
De los 16 legisladores “aliados” –que evidenciaron su apoyo al responder una encuesta del Frente Unido por la Equidad, han votado a favor de medidas pro-LGBTQ+ o han tenido una trayectoria a favor de la equidad–, nueve son del Partido Popular Democrático (PPD); cinco, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); y uno, del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como Eliezer Molina, independiente y electo por nominación directa.
Estos son Ada Álvarez (PPD), José Luis Dalmau (PPD), Luis Javier Hernández (PPD), María de Lourdes Santiago (PIP), Roxanna Soto (PNP), Adrián González (PIP), Héctor Ferrer (PPD), Denis Márquez (PIP), Ramón Torres (PPD), Swanny Enit Vargas (PPD), Adriana Gutiérrez (PIP), Ángel Fourquet (PPD), Domingo Torres (PPD), José “Conny” Varela (PPD) y Nelie Lebrón (PIP).
Mientras, los “enemigos” –que no respondieron la encuesta, han votado contra proyectos pro-LGBTQ+ o han tenido una trayectoria en contra de la equidad– son Gregorio Matías (PNP), Thomas Rivera Schatz (PNP), Joanne Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad), José Aponte (PNP), Lisie Burgos (Proyecto Dignidad), Carlos “Johnny” Méndez (PNP) y Roberto Rivera Ruiz de Porras (PPD).
Los restantes 58 legisladores electos en noviembre catalogados como “indiferentes o ambivalentes” no respondieron la encuesta, no tienen récord legislativo, tuvieron votaciones mixtas o se abstuvieron de votar sobre medidas referentes a la comunidad LGBTQ+, o no tienen trayectoria o expresiones relacionadas con la equidad. Este grupo se divide en 50 del PNP y ocho del PPD.
Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación LGBTQ+, mencionó que estas posiciones “no se les dan infinitamente”, pues dependerán de sus acciones en la Legislatura.
Mientras, Serrano indicó que ve en la cantidad de legisladores “indiferentes” o “ambivalentes” una oportunidad.
“Creo que tenemos una oportunidad, y la Federación la va a aprovechar, de poder dialogar con estos representantes y senadores, para hablarles de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones, de los derechos que hemos alcanzado, de lo importante de que se mantengan esos derechos y esas conquistas, y que no se le dé paso a ninguna medida que venga a menospreciar, aun cuando la tentación exista de querer emular lo que están haciendo (Donald) Trump y los republicanos en Estados Unidos para complacer sus deseos de alcanzar la estadidad. Así que creo que ese va a ser el llamado, que no necesariamente porque venga de Estados Unidos tiene que ser imitado en Puerto Rico”, añadió.
Los presidentes legislativos no respondieron una petición de comentarios de El Nuevo Día sobre las preocupaciones de la comunidad LGBTQ+.
Sin embargo, el historial político de ambos habla por ellos. En días recientes, Rivera Schatz afirmó que “lo vamos a aprobar”, en reacción a la oposición que ha causado su propuesta de libertad religiosa. A su vez, arremetió contra la comunidad y criticó que, “ahora, quieren dejarse ver como los portavoces de los derechos humanos”. Mientras, en 2017, Méndez fue uno de los autores de la medida –aprobada en la Legislatura y vetada por el entonces gobernador, Ricardo Rosselló– que buscaba establecer la “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.
Retos aquí y allá
Los tres portavoces entrevistados por El Nuevo Día coincidieron en que uno de los retos primordiales de este cuatrienio será defender los derechos adquiridos por la comunidad LGBTQ+, a raíz de las políticas que Trump implante en Estados Unidos.
“Otro de los retos que veo es el modelo que está usando Trump de dejar que los estados definan sus políticas en cuanto a diferentes temas. Y la falta de legislación y política pública que existe en Puerto Rico es bien lamentable, porque no tendríamos ninguna protección de tomarse una legislación a nivel federal sobre muchos de nuestros derechos, así que conocemos que, con esta Legislatura, estamos luchando por detener proyectos, pero también sabemos que es posible que vamos a necesitar que se creen proyectos para defender nuestros derechos, y eso es un reto grande que tenemos ahora mismo con la presidencia de Donald Trump y las políticas públicas que existen en Puerto Rico a nivel estatal”, esbozó López.
En esa línea, Serrano recordó que el Código Civil y el Código Penal vigentes “fueron escritos por la convicta (María Milagros) ‘Tata’ Charbonier con un sesgo fundamentalista y con una vaguedad en su lenguaje que permite que, en el momento que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le delegue a los estados atender situaciones como el matrimonio (igualitario), la adopción, los documentos para las personas trans y otras cosas, pues, les permita que se pueda fácilmente hacer una interpretación estricta limitada de estos derechos. (…) Así que ese es otro reto que tenemos, cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación cuando llegue el momento, porque sabemos que el momento muy posiblemente va a llegar”.
Aunque señaló que es muy prematuro determinar qué tipo de Legislatura será, Serrano llamó la atención al hecho de que las amenazas ya han empezado a cernirse sobre la comunidad LGBTQ+ y otros sectores vulnerables. A manera de ejemplo, recordó que el primer proyecto radicado este cuatrienio –por Rivera Schatz, presidente del Senado– intenta, una vez más, dar paso al controversial concepto de libertad religiosa, que, según activistas, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias.
En un principio, se creía que la medida se llevaría a votación por descargue, sin celebrar vistas públicas. Sin embargo, eso no pasó, acción que Serrano atribuyó a la presión pública.
Según el Sistema Único de Trámite Legislativo, la medida –Proyecto del Senado 1– fue referida a las comisiones de Innovación, Reforma y Nombramientos; y Educación, Arte y Cultura del Senado.
“Creo que tenemos la oportunidad, a través de las vistas públicas, a través de la presión pública y de estas voces de fe que no usualmente se escuchan, (de) nosotros poder tocar una fibra y levantar la inconstitucionalidad de esta medida y lo peligroso que es, porque volvemos a lo mismo, la intención es que nos discriminen a la comunidad LGBTQ+, pero cuando ellos se den cuenta de que esto les puede rebotar en la cara y discriminar en contra de cualquier persona, entonces creo que eso les va a hacer reconsiderar. Así que esa es nuestra esperanza”, manifestó Serrano, al plantear que otros sectores también se oponen a la propuesta.
Al desafío legislativo, se suma el que la organización anticipa en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que Serrano describió como “conservador”. “Conservadora”, dijo, también es la gobernadora Jenniffer González.
“El Tribunal Supremo de Puerto Rico, históricamente, le ha fallado a la comunidad LGBTQ+. No derogó el artículo 103 de sodomía (en el Código Penal), no le ofreció protección de la Ley 54 a parejas LGBTQ+, no le permitió el cambio en el encasillado de sexo a las personas trans en su certificado de nacimiento y no ha querido entrar en resolver asuntos medulares para la comunidad, así que ha sido un tribunal que no ha cumplido con esa obligación constitucional de hacer valer esa igualdad que promete la Constitución. Así que, en cuanto a eso, nosotros no tenemos ninguna esperanza de que vaya a cambiar en el futuro cercano”, acotó Serrano.
La Federación LGBTQ+ espera poder reunirse individualmente con cada legislador, pero antes, llevó a cabo este sábado su primera asamblea, en la que trazó un plan de acción para este primer año del cuatrienio.
Durante la actividad, celebrada en Río Piedras, anunciaron a los miembros de un consejo asesor compuesto por figuras de múltiples sectores que estarán asesorando a la Junta Directiva de la Federación, entre los que figuran el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo Martín, y el expresidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico Larry Emil Alicea Rodríguez.
“Eso va a visibilizar unos apoyos y unas solidaridades muy importantes, que van a dejarle saber al país que no estamos solos”, resaltó Serrano.
Pedro Julio Serrano 