La presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, doctora Yesenia Delgado Castillo, solicitó a la gobernadora a vetar el Proyecto del Senado 350 por criminalizar a los profesionales de la salud mental por brindar terapias con el consentimiento de padres y madres de personas trans menores de 21 años.
En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón, la doctora Delgado Castillo aseveró que “la Asociación Americana de Psicología apoya estas terapias de afirmación de género. En su declaración sobre el particular, afirma que ‘apoya el acceso a la atención psicológica y al tratamiento basado en la evidencia para niños, adolescentes y adultos trans, de género diverso y no binarios. Las decisiones sobre el tratamiento deben tomarse conjuntamente entre los padres o tutores, los expertos médicos y psicológicos, y los propios jóvenes’”.
En estos pasados días, tanto el Colegio de Médicos Cirujanos como el Colegio de Profesionales del Trabajo Social como la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, pidieron que se vete la medida que establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional.
“Por ende, le exhortamos a que no firme esta medida que pone en peligro a jóvenes trans que necesitan atención médica y de salud mental que los profesionales de nuestra asociación están dispuestos a ofrecer”, añadió la doctora Delgado Castillo.
Durante ocho largos años, José A. Torruellas Iglesias luchó para incluir a su esposo, Thomas Robinson, en su plan médico; una batalla inconcebible para matrimonios de sexos opuestos. Protestó contra su patrono, envió cartas hasta al gobernador de turno y presentó una querella federal por discrimen en empleo. Nada funcionó, hasta la decisión histórica de 2015 que lo cambió todo.
El 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, más allá de los 37 estados y Washington D.C. donde, al momento, era legal. El fallo, que otorgó a las parejas del mismo sexo derechos y beneficios que, por mucho tiempo, se confirieron a las uniones heterosexuales, aplicó a Puerto Rico.
Ese viernes, Torruellas Iglesias estaba en un seminario cuando recibió la llamada de Robinson, quien le avisó que su matrimonio –celebrado en 2007 en Toronto, Canadá– sería reconocido finalmente. El hombre interrumpió el seminario para anunciar la noticia. “Tenía la bandera (de la comunidad LGBTQ+) en el baúl del carro, la saqué y me fui a la calle con un cartelón, a celebrar”, contó.
“Fuimos la primera pareja del mismo sexo en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica (donde laboraba) que le extendió el beneficio al otro”, recordó Torruellas Iglesias sobre el proceso, que encaminó el lunes luego del fallo. Dos días después, Robinson ya tenía un documento que lo titulaba como parte del plan médico de su esposo.
La insistencia de Torruellas Iglesias en incluir a su cónyuge en el plan médico podría ser difícil de entender para quienes desconocen lo que es que se les nieguen este y otros derechos solo por amar a quien aman. Para ellos –que se conocieron en 2001–, era mucho más que eso. Antes, tampoco podían tener acceso a la información médica de la pareja o tomar decisiones en emergencias, presentar una declaración de impuestos conjunta, adoptar si querían, entre muchas otras cosas.
“Piden igualdad de dignidad ante los ojos de la ley. La Constitución les concede ese derecho”, escribió, en ese entonces, el juez Anthony Kennedy, quien emitió la opinión del Tribunal.
Entre 2015 y 2024, en Puerto Rico se han registrado 3,434 matrimonios de parejas del mismo sexo, así como 461 divorcios, según datos compartidos por el Registro Demográfico. En 2024 –período que continúa en revisión–, se registraron, al menos, 455 matrimonios, la mayor cantidad en un año desde que se dio el fallo del Supremo federal en el caso Obergefell v. Hodges.
“Todavía me parece un número bajito, aun cuando es un número considerable, pero no me extraña. Primero, tenemos una baja poblacional y todavía el asunto de las parejas del mismo sexo es un asunto que tiene estigma en Puerto Rico, aun cuando ha habido cambios significativos, y el lenguaje ha cambiado, y en algunos espacios estos son temas que se hablan. Pero la realidad es que todavía en Puerto Rico se vive mucha homofobia”, opinó el licenciado Osvaldo Cruz Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE).
El décimo aniversario del fallo del Supremo federal se da en el contexto de una nueva ola de amenazas contra la comunidad LGBTQ+ por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos y, a nivel local, por el sector fundamentalista, la Legislatura y el gobierno de Jennifer González.
“La decisión en el 2015 de Obergefell v. Hodges es una de las decisiones más importantes que ha ocurrido para la comunidad LGBTQ+ en la historia”, destacó el licenciado Omar González Pagán. “Es importante que, al celebrar esa increíble victoria de 2015, no perdamos cuenta de que es solo un aspecto de la más grande batalla que tenemos que dar para encontrar y obtener reconocimiento completo de la igualdad y la dignidad de las personas LGBTQ+”.
Para la abogada Ada Conde, las acciones recientes del gobierno federal –particularmente en contra de la comunidad trans– suponen un “retroceso” y un “momento crítico de la historia”. En 2014, Conde presentó una demanda –junto a su esposa, Ivonne Álvarez– ante el Tribunal Federal para que se reconociera legalmente su matrimonio en Puerto Rico. Al pleito, se unieron Lambda Legal, Puerto Rico Para Todes y cuatro parejas, entre ellas, la de Torruellas Iglesias y Robinson.
Conde recordó que el Tribunal Federal en San Juan mantiene vigente la demanda de 2014 contra el gobierno de Puerto Rico en relación con la aplicabilidad de Obergefell v. Hodges. La retención de jurisdicción, mediante una orden emitida en 2021 por el juez federal Gustavo Gelpí, significa que el Tribunal Federal no encontró que los cambios en el Código Civil de 2020 subsanaron todos los reclamos sometidos en dicha demanda.
“A diferencia de la Constitución de Estados Unidos, nuestra Constitución, en su Artículo II, en la Sección 1, no solamente te habla de que la dignidad del ser humano es inviolable, reconoce el derecho a la intimidad. Y la de Puerto Rico, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, prohíbe la discriminación y te habla de la discriminación por sexo, y cuando hablamos de eso, estamos hablando de la orientación sexual de las personas”, argumentó Conde.
¿Derecho en riesgo?
A sus 68 y 67 años, respectivamente, Torruellas Iglesias y Robinson viven con el temor de que el Supremo federal revoque la decisión de Obergefell v. Hodges, como hizo, en junio de 2022, con la decisión de Roe v. Wade, eliminando la protección federal al derecho al aborto.
Los expertos consultados expresaron opiniones distintas sobre este punto. Mientras Conde y Cruz Burgos mostraron preocupación de que pueda perderse este derecho, González Pagán y el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano plantearon que ven poco probable este escenario.
“(Pudieran) dejarlo sin efecto o ponerlo como un asunto que sea manejado por los estados. Y eso me preocupa, porque sé que, si pasara, nuestro país va a ser uno de los primeros que va a cerrarles las puertas a las parejas del mismo sexo”, señaló Cruz Burgos.
Ante la incertidumbre actual, Cruz Burgos indicó que ha recomendado a parejas del mismo sexo que utilicen la figura del matrimonio “para un poco garantizar que, si hubiera un cambio en el estado de derecho, puedan reclamar, ‘a mí tú no me quitas un derecho que ya yo adquirí’”.
González Pagán –abogado de Lambda Legal, organización dedicada a defender los derechos de las personas LGBTQ+ y de quienes viven con VIH– reconoció que la composición del Supremo federal es “completamente distinta”. El fallo de 2015 –con cinco votos a favor y cuatro en contra– “contó con cuatro votos de personas que fueron nominadas por administraciones demócratas, y solamente quedan tres personas que fueron nominadas por dichas administraciones en la Corte corriente”.
“La Corte, creo que no es una sorpresa para cualquier persona, se ha movido significativamente a la derecha, y hemos visto eso en las decisiones de este mismo término, decisiones que han sido muy dañinas para los derechos civiles e, inclusive, las personas LGBTQ+”, mencionó.
Por su parte, Serrano –presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico– sostuvo que la decisión de 2015 –implantada inmediatamente en el archipiélago mediante una orden ejecutiva del entonces gobernador Alejandro García Padilla– marcó “un antes y un después” para la comunidad, y opinó que el matrimonio igualitario “ya no es tema de debate”.
Entre los retos principales a nivel local, enumeró los ataques por parte de la Legislatura –como el Proyecto del Senado 350, que prohíbe tratamientos de afirmación de género en menores y que se encuentra ante la consideración de la gobernadora– y el historial de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico contra el colectivo LGBTQ+.
En cuanto a las acciones de la administración de González contra la equidad, destacó la negativa a implantar la decisión federal que ordena al Registro Demográfico incluir la “X” como tercera opción en el marcador de género en el certificado de nacimiento. El Departamento de Justicia confirmó que apelará la decisión.
“Creo que es importante destacar que mucha gente también piensa que, con la consecución del derecho al matrimonio, la lucha LGBTQ+ se acabó y no hay que hacer mucho más porque se consiguió lo que era para mucha gente impensable. Y es todo lo contrario, ahora quieren ir por otras cosas que tal vez no hemos luchado con tanto ahínco, y por eso es necesario educar a nuestra propia comunidad sobre la importancia de defender los derechos y la dignidad y la humanidad de todo el colectivo LGBTQ+”, aseveró Serrano.
La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) pidió que no se convierta en ley el Proyecto del Senado 350 por criminalizar a los profesionales de la salud mental por brindar terapias con el consentimiento de padres y madres de personas trans menores de 21 años.
“Nos oponemos contundentemente al PS 350. Este proyecto representa un retroceso que aumenta el riesgo de marginación, violencia estructural y daño psicosocial a personas trans y no binarias. En la APCP rechazamos esta y cualquier otra medida legislativa que perpetúe la estigmatización y exclusión de poblaciones vulnerables”, reza la resolución de la APCP.
En estos pasados días, tanto el Colegio de Médicos Cirujanos como el Colegio de Profesionales del Trabajo Social exigieron un veto de la gobernadora a esta medida que establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional.
Finalmente, la Asociación de Consejería Profesional concluyó aseverando que «como profesionales de la salud mental, estamos llamados a promover políticas públicas salubristas, no punitivas ni discriminatorias. Reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, la justicia social y el respeto a la dignidad humana de todas las personas”.
Puerto Rico, long regarded as a leader on transgender rights in the Caribbean, is facing a potential rollback as lawmakers push forward legislation to ban gender-affirming care for youth. The measure could criminalize parents and doctors and cut off vital medical support for the island’s trans community.
The bill, approved by both chambers of Puerto Rico’s legislature, is now awaiting action by Republican Gov. Jenniffer González Colón. Although she had proposed amendments to protect access to puberty blockers and allow minors already undergoing treatment to continue care, lawmakers did not adopt those changes. The governor now faces a decision to sign or veto the bill. The U.S. Supreme Court recently ruled that the government can limit this kind of care.
Late last month, the Puerto Rican Senate advanced the legislation, which would bar gender-affirming health care for trans people under 21 and impose fines, prison time, and professional sanctions on parents and medical providers who facilitate such care. The House recently passed the bill as well, starting a 30-day clock for the governor to act.
Parents of trans youth have pleaded with the governor to veto the bill, but instead, she sent it back for changes that ultimately failed.
Pedro Julio Serrano, president of the Puerto Rico LGBTQ+ Federation, stated that the island has long been “at the forefront” of trans rights, citing milestones such as allowing trans people to change their birth certificates and a recent court ruling that enabled nonbinary individuals to have an “X” gender marker. However, he warned that the political climate has shifted dramatically.
He told The Advocate that conservative forces in Puerto Rico, particularly the fundamentalist party Proyecto Dignidad, are using anti-trans legislation as a calculated political strategy to attract voters. Serrano noted that the same types of bills now moving through the legislature were blocked in the previous term through activism and lobbying, but have resurfaced under a more conservative government.
The current bill follows the passage of a religious liberty measure and another effort restricting care for trans minors, both of which Serrano said the community is also preparing to challenge in court. “We are on that waiting stage,” he said.
Serrano stressed that while Puerto Rico’s political environment has become more hostile, the island’s broader culture remains deeply supportive of LGBTQ+ people. He described Puerto Rico as a place that is generally “accepting, welcoming, respectful,” and one of the world’s top LGBTQ+ travel destinations. Yet, he acknowledged that pockets of violence and bigotry persist, recalling how Puerto Rico was the epicenter of anti-trans violence in 2020 when seven trans people were murdered.
He noted that the federation formed shortly after the 2020 election, anticipating conservative political gains both locally and nationally. Since then, the coalition has grown to include over 100 organizations and numerous political and community leaders. Its work has included large-scale marches, legislative outreach, community assemblies, legal planning, and grassroots organizing.
Serrano said the island has experienced a groundswell of local activism, with Pride events expanding from one march in San Juan decades ago to more than 20 events across Puerto Rico today, including on smaller islands like Vieques. He said the community is determined to resist efforts to strip away hard-won rights, even if the fight is long and complex. “We know that we’re going to have some setbacks,” he said. “But if we don’t do the fight right now, it’s going to be even harder to win back those things that are taken away from us.”
Groups, including the Puerto Rico LGBTQ+ Federation and GLAAD, condemned the legislation, warning that it would impose unbearable burdens on families and cut off trans youth from lifesaving health care. “Lawmakers must vote to protect access to health care that saves lives, and allow families to make private health care decisions that help loved ones be themselves, be safe, and to thrive,” the groups said in a joint statement.
Advocates also stress that, unlike in the contiguous United States, trans Puerto Ricans cannot simply travel to a neighboring state for care if services are banned locally. Many would be left without options unless they could afford expensive travel to the mainland. Puerto Ricans are U.S. citizens but cannot vote for president in the general election unless they reside on the mainland.
Despite political divisions, President Donald Trump’s influence remains limited on the U.S. territory.
“People don’t forget when he threw paper towels at us,” Serrano said, referring to Trump’s widely criticized visit after Hurricane Maria, which many on the island saw as dismissive and insulting during a humanitarian crisis. Serrano added that even Republicans on the island often distance themselves from Trump, and that his policies do not hold the same sway in Puerto Rico as they might in some U.S. states.
The Advocate contacted the Puerto Rican governor’s office to ask whether she plans to sign or veto the bill, but did not receive a response.
La presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Lydael Vega Otero, solicitó a la gobernadora a no convertir en ley el Proyecto del Senado 350 por criminalizar a los profesionales de la salud mental por brindar terapias con el consentimiento de padres y madres de personas trans menores de 21 años.
“El trabajo social se centra en la identificación y atención de las necesidades como un imperativo de justicia social y derecho. Nuestra organización reconoce que la atención de afirmación de género desde un enfoque holístico que aborda las necesidades médicas, psicológicas y sociales de las personas trans, promueve su bienestar y protege sus derechos.”, aseveró Vega Otero.
En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón, Vega Otero aseveró que “los modelos de afirmación de género se centran en validar y apoyar la identidad de género de las personas, reconociendo que esta puede ser diferente a la asignada al nacer. Estos modelos buscan crear un entorno seguro y respetuoso, donde las personas trans y género diversos puedan expresar su identidad libremente y acceder a servicios que les permitan vivir de acuerdo con ella”.
Ayer, el Colegio de Médicos Cirujanos envió una carta similar pidiendo el veto a la medida que establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional.
Finalmente, Otero Vega pidió a la gobernadora “vetar esta medida que pone en peligro a jóvenes trans que necesitan atención médica y de salud mental que los profesionales de nuestro colegio estamos dispuestos a ofrecer”.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Carlos Díaz Vélez, exhortó a la gobernadora a vetar el Proyecto del Senado 350 porque criminaliza a los profesionales de la salud por tomar decisiones médicas junto a los padres y madres de personas trans menores de 21 años.
“Le solicitamos, respetuosamente a la gobernadora Jenniffer González Colón a que vete el Proyecto del Senado 350, pues no tan solo atenta contra la relación sagrada entre médico y paciente; sino que amenaza con enviar a la cárcel con 15 años en prisión a los profesionales de la salud que realicen terapias de afirmación de género que han sido validadas por todas las asociaciones médicas nacional e internacionalmente”.
La medida establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen terapias de afirmación de género a menores de 21 años.
En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón, el doctor Díaz Vélez aseveró que “las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, son esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans. Esta legislación no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas”.
En un contexto global de creciente polarización social, múltiples marcas han comenzado a retroceder en su respaldo público a la comunidad LGBTQ+, una tendencia que ya se refleja en Puerto Rico, donde activistas y economistas advierten sobre una disminución en auspicios, promociones y presencia simbólica durante el Mes del Orgullo. Aunque el fenómeno aún no representa un riesgo macroeconómico, plantea cambios estratégicos para las empresas y las respuestas de parte de los consumidores.
Un estudio realizado por la firma global de encuestas y análisis de mercadeo y opinión pública Ipsos reveló una disminución al respaldo de marcas que promuevan a la comunidad LGBTQ+. En el mundo, el apoyo a las empresas y marcas que promueven activamente a la comunidad LGBTQ+ ha caído del 49% en 2021 al 41% en 2025.
Asimismo, del informe se desprende que solo cuatro de cada 10 personas a nivel global respaldan abiertamente a marcas que promueven a la comunidad LGBTQ+. Ante números como estos, muchas empresas han optado por retroceder en el endoso al sector.
A juicio del economista José Caraballo Cueto el que un consumidor no apoye una marca porque respalda la comunidad LGBTQ+ no tendrá impacto negativo en la economía común pero sí en la compañía. Explicó que el consumidor siempre buscará en otra marca un producto sustituto parecido al que le gusta.
“En el agregado es cambiar un consumo por el otro, así que, la economía como tal no se afecta. Sí se pudiera afectar la compañía individual porque pierde el mercado, porque la competencia adquiere más mercado”, comentó Caraballo Cueto.
Para la vicepresidenta ejecutiva en Inteligencia Económica y economista, Chantal Benet, tampoco se afecta la economía, pero destacó que las compañías se han visto atrapadas en tener que mantenerse neutrales y eliminar cualquier retórica de a favor o en contra de la comunidad LGBTQ+ durante la administración del presidente Donald Trump.
“Esto tiene un impacto en que lamentablemente los que se ven afectados son los miembros de la comunidad LGBTQ+. Muchas de las actividades que se dan y que son utilizadas para el beneficio de ellos mismos se han visto con un impacto por el poco apoyo que le han dado durante este último año”, comentó Benet.
Dato relevante
En el mundo, el apoyo a las empresas que promueven activamente la igualdad de las personas LGBTQ+ ha caído del 49% en 2021 al 41% en 2025.
Reducido el apoyo de las marcas
El activista de la comunidad LGBTQ+, Pedro Julio Serrano confirmó que este año se ha observado en la Isla una merma en el apoyo y auspicio que algunas marcas brindaban a las actividades que se celebran en junio, como parte del Mes del Orgullo LGBTQ+.
“Puedo decir que en los eventos de orgullo los auspicios han mermado, las cantidades han bajado y algunos auspiciadores no han auspiciado como lo hacían en el pasado. El efecto que se ha observado internacionalmente sí se ha visto localmente y tampoco hemos visto tanta promoción como en otros años”, sostuvo Serrano.
Añadió, que otros años los comercios ofrecían más opciones de productos alegóricos a la comunidad LGBTQ+ con cambios en los logos de las marcas.
Si bien es importante el respaldo de sus actividades, Serrano explicó que la comunidad LGBTQ+ está pendiente al comercio que muestra su apoyo con símbolos como la bandera del arcoíris o algún gesto de aceptación para patrocinarlo.
“El trato para nosotros es importante porque si sentimos que nos respetan, que nos tratan bien, que les agrada que participemos, es indicio de que volvamos y apoyemos el negocio, comercio, entre otros locales”, comentó Serrano.
Merman las promociones
Serrano también mencionó que ha mermado la utilización de integrantes de la comunidad LGBTQ+ para la promoción de las marcas. “Algunas de ellas (las marcas) no se van a calentar con el gobierno por lo que representan, pero hay otras compañías que se mantienen firmes en sus principios y en su respeto a la equidad”, comentó el activista de la comunidad LGBTQ+.
Serrano advirtió que este comportamiento de las empresas también responde a las nuevas políticas del gobierno.
“Yo creo que las empresas que tienen realmente un compromiso social se mantienen en esas políticas de diversidad e inclusión porque valoran a sus empleados y clientes. Mi llamado es a que esas empresas revalúen qué es lo más conveniente para ellos, si tener una fuerza laboral contenta y una clientela que de igual forma se sienta validada”, puntualizó Serrano.
Los festivales del Mes del Orgullo LGBTQIA+ no solo celebraron la diversidad y la equidad, sino que también dejaron un significativo impacto económico en municipios costeros como Cabo Rojo e Isabela, donde la llegada de miles de visitantes disparó la actividad turística y comercial.
Uno de los eventos más concurridos fue Orgullo Boquerón 2025, celebrado del 6 al 8 de junio en el Poblado de Boquerón, que recibió cerca de 40,000 asistentes. Pedro Julio Serrano, portavoz del evento, destacó que se trata del “festival LGBTQ+ más grande de Puerto Rico y del Caribe”, y que representa el mayor impulso económico del año para la zona. “Economistas y funcionarios públicos han estimado un impacto millonario anualmente”, subrayó.
El efecto directo sobre las hospederías fue inmediato. Tomás Ramírez, propietario del parador Combate Beach Resort, aseguró que “el impacto económico en la zona es de múltiples millones de dólares, porque impacta entre 17 y 18 industrias”. Señaló que, durante el evento, hubo ocupación total, incluyendo su nuevo establecimiento “I Love Combate Room and Suites”, y que incluso se manejaron listas de espera para cubrir cancelaciones de última hora.
Por su parte, Ángel Rodríguez, propietario del parador Boquemar, indicó que la parada de Boquerón “es el empuje del verano” para la industria turística. Con sus 75 habitaciones completamente ocupadas, explicó que muchas personas reservan con un año de anticipación: “El movimiento económico es bien grande. […] La lista de espera comienza justo cuando se termina el evento”.
En la región norte, la celebración ¡Vive Tu Orgullo!, en Playa Jobos, Isabela, organizada por Waves Ahead Puerto Rico, reunió a más de 1,000 personas el pasado 14 de junio. Su director ejecutivo, Wilfred Labiosa, destacó que el evento generó un incremento de más del 70 % en ventas para comercios locales y llenó lugares de hospedaje en una fecha que tradicionalmente no atraía tantos visitantes. “Muchas personas de la comunidad LGBT+ visitaban por primera vez el área y tuvieron la experiencia de un espacio de equidad e igualdad”, comentó.
Labiosa también subrayó la necesidad de visibilizar y proteger estos espacios ante un contexto político conservador: “Nuestra inclusión es justa y necesaria, tal como la de otros grupos marginados. Estos festivales también educan y generan conciencia”.
Ambos eventos se suman a la ya tradicional marcha PRIDE, que se celebró el pasado fin de semana en San Juan.
Mientras que, este próximo fin de semana se celebran actividades por tres días en el área del Distrito T-Moble alrededor del 5K All Out. El viernes será el Kick-off Party; el sábado, la carrera con toda una programación de eventos; y el domingo, un pool party. Estas actividades son para recaudación de fondos de la organización sin fines de lucro True Self Foundation.
Un paquete de medidas radicadas ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico despertó rechazo entre sectores defensores de los derechos humanos.
El presidente de la Federación LGBTQ+, Pedro Julio Serrano, denunció que las medidas buscan “criminalizar a personas trans”, permitir el discrimen y despojar derechos adquiridos. Las propuestas provienen de los legisladores Lisie Burgos Muñiz, Jorge Navarro Suárez, Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve.
Reafirmación de género
El Proyecto de la Cámara 162, de Burgos Muñiz, prohibiría terapias hormonales en menores de 21 años. Serrano alertó que la medida interfiere en relaciones médico-paciente y puede afectar la salud mental de jóvenes transgénero.
El Proyecto del Senado 350 penalizaría a padres y médicos que faciliten estas terapias. Serrano lo calificó como un acto de intimidación estatal. La legisladora Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), criticó que se aprobara sin vistas públicas y cuestionó su falta de evidencia científica.
Exclusión en deportes, baños y cárceles
El Proyecto de la Cámara 164 busca prohibir la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos. Serrano lo consideró una medida “cruel e innecesaria”.
El Proyecto de la Cámara 165 impediría baños inclusivos. Gutiérrez y Serrano coincidieron en que no hay controversias que justifiquen la prohibición.
El Proyecto de la Cámara 166 impediría que mujeres trans estén en cárceles para la población femenina. Serrano recordó el caso de Penélope Díaz Ramírez, asesinada en una prisión para hombres, y alertó que la medida pondría vidas en peligro. El Departamento de Corrección y Rehabilitación mantiene una orden administrativa que permite ubicar a confinados trans según su identidad de género.
Adopciones
El Proyecto de la Cámara 1982, de Navarro Suárez, concedería inmunidad legal a agencias de fe que rechacen a parejas del mismo sexo. Serrano lo describió como una “legalización del discrimen” y una medida “cruel e innecesaria”.
También se cuestionó la llamada Ley de Libertad Religiosa, ya aprobada, por abrir la puerta a rechazos médicos con base en creencias religiosas.
Movilización
Serrano aseguró que estas propuestas responden a una agenda política alineada con sectores fundamentalistas. “Utilizan a la comunidad trans como chivo expiatorio”, dijo.
La Federación LGBTQ+ se mantiene activa en vistas públicas y legislativas, y no descarta acudir a los tribunales.
“El país enfrenta crisis reales: violencia de género, inflación, crisis energética. Estas leyes no resuelven nada, solo promueven odio y división”, advirtió.
Cientos de personas se reunieron en el Parque del Indio, en Condado, para dar inicio a la 35ta edición de la Marcha del Orgullo en San Juan. El aire olía a bloqueador solar y sonaba un house remixde I Will Survive, de Gloria Gaynor. Drag queens se preparaban con maletas de vestuario y maquillaje. En la acera, niños en patinetas, perros con bandanas arcoíris y jóvenes con gafas en forma de corazón esperaban bajo un sol que ardía. Algunas camisetas proclamaban: “Existimos, resistimos”. Abanicos y banderas llevaban otras palabras: “libre”, “iconic”, “no sudo, brillo”, “orgullo”.
“Buenos días, Puerto Rico. Aquí estamos y no nos vamos”, se escuchó desde el micrófono de Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+, cuando la caravana comenzó a moverse.
Aunque una porción significativa de la población puertorriqueña se identificacomo gay, lesbiana o bisexual, el orgullo convive con el estigma, la violencia y una religiosidad profundamente arraigada. Esa tensión se refleja en medidas como la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa, que permite negar servicios esenciales—incluida atención médica—a personas LGBTQ+ por razones religiosas.
Para muchas, el impacto ya se vive en lo cotidiano: nuevas barreras en espacios donde antes se buscaba protección.
Para el presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, la libertad religiosa ya está protegida por la Constitución —específicamente en la Sección 3 del Artículo II de la Carta de Derechos— y no requiere legislación adicional. “En las vistas públicas se le preguntaba al PNP [Partido Nuevo Progresista], que sostiene la mayoría legislativa, por instancias de discrimen religioso. Nos decían que no había estadísticas porque, ciertamente, eso no ocurre”, señala Pedro Julio Serrano.
Aunque la ley “da permiso para discriminar”, dice, la Federación, junto a la Comisión de Derechos Civiles, ya está recopilando datos preliminares para documentar posibles violaciones. “Se preparará un informe con esas instancias para que el país entienda el alcance peligroso de esta medida”, añade.
Desde la Comisión de Derechos Civiles (CDC), su director ejecutivo, Ever Padilla, confirma esta colaboración y subraya que ya han documentado múltiples querellas, especialmente de personas trans a quienes se les ha denegado servicios o documentos oficiales. Padilla advierte que ninguna agencia pública debe promover o auspiciar actos de carácter religioso, pues hacerlo viola las garantías constitucionales tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos.
Ecos de lo que sucede en EE UU
Estas advertencias no son aisladas. Se inscriben en un giro ideológico que también se observa en Estados Unidos —del que Puerto Rico es un Estado libre asociado—, donde nuevas leyes invocan la “libertad religiosa” para limitar derechos de la comunidad LGBTQ+.
Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, legislaciones recientes han reforzado restricciones hacia la comunidad LGBTQ+, especialmente hacia personas trans. En ambos contextos, se apela a la “libertad religiosa” y la protección de menores para justificar medidas que limitan el acceso a servicios esenciales y el reconocimiento de identidades de género diversas.
En la isla, este giro se concretó cuando la gobernadora Jenniffer González promulgó la Ley de Libertad Religiosa, respaldada por legisladores del Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad, una medida que fue criticada por su potencial efecto discriminatorio. La mandataria la justificó como parte de su compromiso de “promover la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano”.
Kari Claudio, persona no binaria que dirige La Tejedora —un colectivo juvenil que impulsa la participación cívica— advierte sobre los riesgos. “Vemos la Ley 14 como un peligro esencial. Si el único doctor en turno es homofóbico o transfóbico, podría negarnos el servicio. Y, en ese contexto, podríamos estar ante una situación de vida o muerte”.
En Estados Unidos, medidas similares han reforzado un clima hostil. Este panorama compartido ha encendido alertas entre las nuevas generaciones, que ven en estas leyes no solo una amenaza, sino un llamado a la resistencia.
Educación, apoyo y lucha legal
Frente al retroceso de derechos, las juventudes queer en Puerto Rico no solo resisten: también se organizan. En medio de una implementación ambigua de la Ley 14-2025, organizaciones como Amnistía Internacional han apostado por la formación, el acompañamiento y la acción directa.
“Mi prioridad número uno es defender los derechos de las juventudes trans y no binarias”, afirma Iván López, coordinador del Proyecto Diversxs. “Es una comunidad que está siendo singularizada, como si fuera la causante de los problemas políticos del país”.
Uno de los mayores vacíos es la falta de claridad sobre cómo aplicar el “acomodo razonable” que exige la ley cuando un empleado público alega conflicto religioso. “No se supone que se niegue un servicio, sino que se canalice por otro personal. Pero muchas agencias no tienen ese personal disponible”, explica López. Por su parte, Liza Gallardo, directora de Amnistía, advierte: “Nos preocupan los servicios de emergencia. Si en una sala hay un solo médico en turno y decide ampararse en la ley, ¿quién garantiza la atención?”
A principios de junio, el Tribunal Federal reconoció el derecho de las personas no binarias a que sus certificados de nacimiento reflejen su identidad de género. Aunque la sentencia marcó un avance, la implementación aún está pendiente. “Estamos esperando que el Departamento de Salud emita los formularios”, señala Gallardo. “La lucha no se detiene”.
Desde la Federación LGBTQ+, también se trabaja para informar a la comunidad sobre sus derechos. “Muchas personas ni siquiera saben que esta ley fue aprobada. Y al buscar un servicio, podrían estar desprotegidas”, dice Olga Chapman, directora de comunicaciones. Por eso han creado módulos educativos y planean lanzar una página web con recursos y un espacio para reportar casos de discrimen.
La dimensión educativa no se limita a lo legal. También plantea preguntas sobre cómo se interpreta la fe. “Si tu religión te impide atender a alguien en necesidad, desde la fe cristiana eso es una contradicción”, afirma Agustina Luvis, teóloga, asesora de la Federación y catedrática del Seminario Evangélico de Puerto Rico. “Tu religión no debe tener repercusiones sobre la vida de toda la sociedad”.
De vuelta al Parque del Tercer Milenio, cerca del Capitolio, ondeaban banderas del orgullo mientras suena Bidi Bidi Bom Bom, de Selena Quintanilla. “Es un símbolo de resistencia y de celebrar la autenticidad”, dice Ana Rullán, de 24 años.
Camila Torres, de 21 años, participaba por primera vez. “Estoy tratando de gozar lo más posible sin pensar en lo negativo que ha estado pasando últimamente”. Mientras los abanicos siguen marcando el ritmo y el sol se tapa con las nubes, una consigna toma fuerza como un latido colectivo: “¡No nos pararán!”
Pedro Julio Serrano 