Un grupo de 56 organizaciones –entre ellas, defensoras de los derechos humanos, grupos políticos, religiosos y feministas– se unieron este miércoles en un frente común para exigir a los aspirantes a puestos electivos en las elecciones de noviembre un “compromiso serio” con mantener los derechos alcanzados por las comunidades LGBTQ+.
“Hoy, nos convocamos para hacerle saber a nuestro pueblo que no vamos a dar ni un paso atrás, y que nos levantamos en defensa de nuestra dignidad y humanidad colectivas”, expresó el activista Pedro Julio Serrano, en conferencia de prensa, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
En esa línea, la doctora Ángeles Acosta, del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), informó que desarrollan una plataforma para orientar sobre cómo votar y a quién repaldar.
“Tenemos que denunciar, definitivamente, a las personas que están en los pasillos del Capitolio con su odio, haciendo legislación que afecta los derechos humanos de todas, de todos y de todes”, sostuvo Acosta. “Exigimos de la Legislatura que desistan de estar promulgando odio y desarrollando proyectos de ley que, en una sociedad verdaderamente democrática, debería estar protegiendo las minorías, en vez de estar atacándolas y restándoles derechos”.
“Y vamos a votar (por) aquellas personas que expresan abiertamente que apoyan los derechos humanos de todos nosotros”, subrayó.
Acosta agregó que realizarán una campaña educativa para invitar a las comunidades LGBTQ+ a votar en noviembre.Resaltó que el Censo de 2020 contó 70,000 parejas LGBTQ+ que conviven, “sin contar a las personas de la comunidad que son solteras”.
“Tenemos una fuerza política enorme, así que nosotros vamos a hacer los esfuerzos posibles para que nuestra comunidad salga a votar”, indicó.
Por otro lado, Acosta lamentó el “discurso en contra de la educación con perspectiva de género”, y señaló la necesidad de que se implante un currículo en el Departamento de Educación.
Al momento, los precandidatos a la gobernación Juan Zaragoza (Partido Popular Democrático) y Jenniffer González (Partido Nuevo Progresista) han rechazado utilizar este término si llegan a La Fortaleza. Mientras, el gobernador Pedro Pierluisi ha hablado de “equidad” y “respeto”, y ha pedido que “no se enfoquen en el término”.
“Nosotros hemos perdido demasiadas vidas de mujeres y personas LGBTQ+ porque no tenemos perspectiva de género en las escuelas”, lamentó Serrano. “Si hay candidatos que, en el 2024, están tibios sobre el tema, realmente están siendo cómplices de que sigan sucediendo estos asesinatos y estas violencias. No es aceptable que alguien que quiera dirigir los destinos de este país no vaya a implementar un currículo con perspectiva de género inmediatamente”.
Sobre los eventos de Orgullo LGBTQ+ que se llevarán a cabo en Puerto Rico en junio, Serrano señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta por amenazas terroristas en estas actividades, por lo que mañana, jueves, se reunirán con agencias estatales y federales para atender el tema.
“Tenemos 15 eventos de Orgullo, en Santurce, Caguas, Boquerón, San Juan, Vieques, Manatí, Cataño, Guayama, Rincón. Así que estamos en todo Puerto Rico, estamos llegando a nuestro archipiélago borincano con eventos de orgullo, porque estamos reclamando las calles, estamos reclamando los espacios, estamos reclamando que nosotros somos parte de esta patria. Y, si el gobierno no hace su parte, la vamos a hacer nosotras, nosotros y nosotres”, enfatizó Serrano.
“Hay grupos fundamentalistas, religiosos y políticos que nos han declarado la guerra”.
Con esta advertencia, el portavoz de la entidad Puerto Rico para Todes, Pedro Julio Serrano, acompañado de representantes de sobre 50 organizaciones activistas, denunció constantes violaciones de derechos contra personas de las comunidades LGBTTIQAP+, máxime desde políticos.
Es por esto que aunaron esfuerzos para alzar sus voces y exigir grupos de trabajo con el gobierno para eliminar discrímenes e identificar fallos en el sistema y amenazas contra la seguridad y bienestar de estas comunidades.
Sobre todo, el colectivo,en conferencia de prensa que se celebró en el Colegio de Abogados y Abogadas, en San Juan, rechazó la presentación de nueve proyectos radicados por la representante Lisie Burgos Muñiz durante su incumbencia como legisladora dirigidas a coartar derechos de la comunidad, específicamente de personas trans.
Según dictó la activista Ivana Fred Millán, se tratan de los Proyectos de la Cámara 764 (limitaría la participación de atletas transgénero en el género con la que se identificaban), 768 (prohibiría terapias de afirmación a jóvenes trans), 1157 (eliminaría la perspectiva de género de las escuelas), 1740 (prohibiría que personas trans y no binarias tengan públicos y baños inclusivos), 1741 (le negaría a que personas trans sean recluidos a instituciones correccionales de acuerdo a su identidad de género), 1821 (prohibiría el transformismo en Puerto Rico), 1852 (prohibía participación de mujeres trans en deportes), 1889 (prohibiría tratamientos hormonales y cambios estéticos en menores de edad para ayudarlos en sus proceso de transición) y el 1951 (para dar paso a que el Departamento de Educación no discrimine a un estudiante por expresiones religiosas en un plantel).
“Un ataque a la comunidad trans es un ataque a toda la comunidad LGBTTIQAP+ y a todo Puerto Rico”, señaló el también portavoz de Puerto Rico para Todes, Justin Jesús Santiago.
“La obsesión con pretender violar la dignidad e igualdad de las personas trans es temeraria y peligrosa. Estos proyectos son perversos, inhumanos y crueles que ponen en peligro la vida de las personas trans. Ya basta de intentar criminalizar a las personas trans y sus aliados con medidas que pretenden deshumanizar y atentar contra la vida humana. La obsesión de Lisie Burgos con intentar despojar de sus derechos civiles a las personas trans está incitando a la violencia en contra de las personas trans. Afortunadamente, todas esas medidas han sido derrotadas en las comisiones camerales o han sido engavetadas”, agregó al recordar que el fundador de Proyecto Dignidad- donde milita la legisladora-, César Vázquez, presuntamente incitó a la violencia contra personas trans previo al asesinato de la mujer trans Alexa.
También, se mencionó que, más allá de que se lograra tipificar feminicidios y transfeminicidios, medidas que podrían beneficiar a la comunidad han sido ignoradas, como los Proyectos del Senado 427 (que prohibiría discrimen en la vivienda a adultos mayores de las comunidades LGBTQ+), 485 (que establecería la Carta de Derechos LGBTQ+), 184 (que prohibiría terapias de conversión) y 136 (que prohibiría discrimen por orientación sexual e identidad de género en todas las agencias públicas y privadas).
De manera similar, el colectivo resaltó que, entre los asuntos que afectan a la comunidad, han detectado un incremento de asesinatos de personas LGBTTIQAP+ y la falta de acción de las autoridades para prevenirlos y esclarecerlos; un aumento de la “retórica” y “acciones fundamentalistas que promueven el odio e incitan a la violencia” contra la comunidad; la eliminación de cursos de sensibilidad LGBTTIQAP+ para profesionales de la salud; incertidumbre sobre la provisión de medicamentos para personas que viven con VIH; y violaciones de derechos civiles a confinadas trans por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), así como las presuntas fallas de los departamentos gubernamentales, como de Justicia y del Trabajo y Rehabilitación (DTR), en torno a asuntos de la comunidad.
Conferencia de prensa LGBTTIQAP+ (Sara R. Marrero Cabán)
“La secretaria de Corrección (Ana Escobar Pabón) ha sido temeraria también en los requerimientos de información que hemos pedido para proteger los derechos de la comunidad trans (en las cárceles), porque ella cree que tiene el poder sobre las vidas de las confinadas trans. Nosotros tenemos que recordar que las personas que están confinadas en los sistemas correccionales son seres humanos que también tienen derechos y no se pueden violar porque están privadas de su libertad. Así que, a la secretaria de Corrección, le enviamos un mensaje de que ya basta de abusar de las confinadas trans, de los confinados trans que están en nuestro sistema correccional, porque están atentando contra sus vidas y sus derechos constitucionales”, sostuvo Serrano.
Y fue más allá al decir que “agentes encubiertos”, supuestamente, han fabricado casos contra hombres gay y bisexuales.
Por su parte, Guarix Agosto -fundadora de la entidad Stop LGBTA+ Fobia- y la reina de belleza Daniela Victoria Arroyo resaltaron los hallazgos de una investigación del 2015 de la organización Gay, Lesbian and Straight Education Network, donde se evidenció -tras analizar a 215 estudiantes en Puerto Rico, entre 13 a 20 años- que un 79% dijo sentirse inseguros en la escuela por su orientación sexual y el 57% por su expresión de género. Asimismo, la mayoría fueron víctimas de comentarios homofóbicos, donde el 83.3% los escuchaba a menudo o con frecuencia, y el 21.4% sufrieron acoso físico y el 58% acoso sexual.
“Como comencé mi transición a los 13 años, conozco muy bien lo que se siente ser trans en Puerto Rico. Siendo menor de edad, sé lo difícil que es. (Por eso), esos datos para mí, además de impresionantes, son reales, porque yo, cuando comencé mi transición, me enfrenté a todas estas cosas y las viví en carne propia”, lamentó Arroyo, quien en el 2023 se convirtió en la primera mujer puertorriqueña trans en competir en Miss Universe Puerto Rico cuando representó el pueblo de Cabo Rojo.
También se denunció que son las personas sexo-género diversas las más afectadas por la crisis de vivienda, así como por el mismo cambio climático, pues son a las que se les dificulta encontrar refugio ante los embates desastres naturales.
Además, recabaron sobre la importancia de reforzar las estrategias para afrontar el estado de emergencia por violencia de género y crímenes de odio; el mal manejo de los protocolos por transfeminicidios al utilizar pronombres incorrectos y nombres muertos al identificar a personas trans y no binaries víctimas de crimen; y las fallas de la reforma policiaca en torno a la comunidad.
Con el fin de asegurar el bienestar de la comunidad durante el Mes de Orgullo, que se celebra en junio, el colectivo se reunirá con agentes federales y estatales mañana, jueves, en las oficinas del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).
De otro lado, las organizaciones dijeron estar trabajando una plataforma digital que orientará a la ciudadanía sobre candidatos que están en contra o a favor de los derechos humanos para que, una vez participen de los comicios generales de noviembre “sepan por quién votar y quién botar”.
“Hoy nos convocamos para hacerle saber a nuestro pueblo de que no vamos a dar ni un paso atrás y que nos levantamos en defensa de nuestra dignidad y humanidad colectivas. Nuestros derechos no son negociables. No vamos a dar ni un paso atrás en esos derechos adquiridos. Los defenderemos en todo momento”, reiteró Serrano.
Más de 50 organizaciones civiles, feministas y políticas se unieron en un frente común para exigir un compromiso genuino de la clase política en mantener los derechos alcanzados por las comunidades Lgbtq+ en Puerto Rico.
El activista Pedro Julio Serrano alertó sobre variados asuntos que afectan a la comunidad Lgbtq+, y dijo, en conferencia de prensa, que exigirán al gobierno crear grupos de trabajo para establecer planes de acción que atiendan los crímenes, las fallas en el sistema y amenazas a la seguridad.
“Ante el avance de los derechos de las personas sexo-género diversas en Puerto Rico y el respeto hacia estas poblaciones que se afianza en el país, hay grupos fundamentalistas, religiosos y políticos que nos han declarado la guerra”, manifestó Serrano.
“Hoy nos convocamos para hacerle saber a nuestro pueblo que no vamos a dar ni un paso atrás y que nos levantamos en defensa de nuestra dignidad. Nuestros derechos no son negociables… Los defenderemos en todo momento y en todo lugar”, agregó Serrano.
Aunque reconoció que en la Legislatura no prosperaron proyectos que atentan contra los derechos de la comunidad Lgbtq+, el activista denunció que tampoco se han aprobado medidas que reconocerían derechos a los ciudadanos de la comunidad.
“El único proyecto de ley que en esta Asamblea Legislativa fue aprobado y se convirtió en ley fue el que tipifica como delito los feminicidios y transfeminicidios. Es el único que tiene un alcance hacia las comunidades Lgbtq+”, señaló Serrano.
El portavoz del grupo añadió que el grupo también está atento a la investigación independiente que realiza la Comisión de Derechos Civiles sobre querellas que han recibido por violaciones a los derechos humanos de la comunidad Lgbtq+ por parte de agencias gubernamentales, incluyendo el Negociado de la Policía, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Salud, Administración de Seguros de Salud (ASES), Administración de Servicios Médicos (ASEM), el Departamento del Trabajo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
De acuerdo con la activista trans Ivana Fred Millán, nueve de las medidas presentadas en la Legislatura que atentan contra la comunidad trans fueron radicadas por la legisladora por Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos.
El grupo exigió, además, posicionamientos a favor de la equidad de todas las personas aspirando a puestos electivos en estas elecciones, por lo que también anunciaron que próximamente lanzarán una plataforma para orientar a los electores de la comunidad Lgbtq+ sobre cómo y por quiénes votar.
“Vamos a votar por aquellas personas que expresan abiertamente que apoyan los derechos humanos de todos nosotros. Así que, exigimos de la Legislatura que desistan de estar promulgando odio y desarrollando proyectos de ley que en una sociedad verdaderamente democrática debería estar protegiendo a las minorías en vez de estar atacándolas y restándole derechos”, explicó, por su parte, la portavoz Ángeles Acosta.
Entre los otros asuntos que los portavoces indicaron urge atender está el incremento de asesinatos de personas Lgbtq+ y la falta de acción de las autoridades para prevenirlos o esclarecerlos. También, el mal manejo de los protocolos para atender transfeminicidios y el uso incorrecto de pronombres para identificarles; la eliminación de cursos de sensibilidad para los profesionales de la salud; un incremento en la violencia hacia la niñez y adolescencia sexo-género diversa en los planteles escolares; la seguridad de vivienda y manejo de emergencias; y fallas en la reforma policiaca al estos continuar con entrampamientos de hombres gays y bisexuales.
Un grupo nutrido de más de cincuenta (50) organizaciones se unieron, hoy, en un frente en común para exigir un compromiso serio y genuino de la clase política del país con mantener los derechos alcanzados por las comunidades LGBTTIQAP+en Puerto Rico y continuar instrumentando la equidad en el país.
“Ante el avance de los derechos de las personas sexo-género diversas en Puerto Rico y el respeto hacia estas poblaciones que se afianza en el país, hay grupos fundamentalistas, religiosos y políticos, que nos han declarado la guerra. Hoy nos convocamos para hacerle saber a nuestro pueblo de que no vamos a dar ni un paso atrás y que nos levantamos en defensa de nuestra dignidad y humanidad colectivas”, indicaron Ivana Fred Millán y Justin Jesús Santiago, de la portavocía del grupo.
El junte levantó alertas sobre varios asuntos que atañen a las comunidades LGBTTIQAP+en Puerto Rico, entre los que se encuentran:
– un incremento de asesinatos de personas LGBTTIQAP+y la falta de acción de las autoridades para prevenirlos y esclarecerlos;
– un aumento en la retórica y las acciones fundamentalistas que promueven el odio e incitan a la violencia en contra de las comunidades LGBTTIQAP+;
– la eliminación de los cursos de sensibilidad LGBTTIQAP+para profesionales de la salud;
– la incertidumbre sobre la provisión de medicamentos para personas que viven con vih;
– las violaciones de derechos civiles a confinadas trans por parte del Departamento de Correción;
– las fallas del Departamento de Justicia y otras agencias, como el Departamento del Trabajo, en torno a casos y asuntos LGBTTIQAP+;
– las medidas anti-trans en la Legislatura presentadas por Proyecto Indignidad y respaldados por legisladores de los dos partidos de mayoría, el PNP y el PPD;
– las fallidas votaciones en la Legislatura de proyectos de ley que afirmarían derechos a las comunidades LGBTTIQAP+, incluyendo a uno sobre la adultez mayor que fue devuelto por el gobernador a la Legislatura;
– un incremento en la violencia hacia la niñez y adolescencia sexo-género diversa en los planteles escolares;
– la seguridad de la vivienda y manejo de emergencias, como en desastres naturales, siendo las personas sexo-género diversas de las más afectadas por el cambio climático;
– necesidad de reforzar las estrategias para afrontar el estado de emergencia por violencia de género y crímenes de odio;
– las fallas de la reforma policíaca en torno a la temática LGBTTIQAP+y los entrampamientos a hombres gays y bisexuales que siguen ocurriendo;
– el mal manejo de los protocolos por transfeminicidios y el utilizar pronombres incorrectos y nombres muertos al identificar a las personas trans y no binaries por parte de la Policía.
De hecho, este frente unido está vigilante al proceso —independiente e imparcial— de la Comisión de Derechos Civiles de querellas que han sido presentadas en contra de diversas entidades públicas y privadas por violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTTIQAP+ en Puerto Rico. Entre las agencias gubernamentales que han sido objeto de las querellas se encuentran: la Policía, Corrección, Salud, ASES, ASEM, Trabajo, Justicia y DTOP.
“Exijimos grupos de trabajos con el gobierno para establecer planes de acción para atender estos discrímenes, fallas el sistema, así como amenazas a la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades LGBTTIQAP+. Nuestro pueblo sabe que Puerto Rico somos todos, todas y todes. Las personas sexo-género diversas somos sus hermanos, sus hijos, sus vecinos, sus compañeros de estudio y de trabajo. Nuestra gente no va a abandonar a sus familiares y amigos que son LGBTTIQAP+, así que el llamado es a la clase política a unirse al pueblo y defender nuestros derechos”, dijeron Pedro Julio Serrano y Guarix Agosto, también de la portavocía del grupo.
Precisamente, el grupo exigió posicionamientos en pro de la equidad de todas las personas aspirando a puestos electivos en estas elecciones. De hecho, el frente unido anunció un esfuerzo para registrar votantes LGBTTIQAP+para estas próximas elecciones en los eventos de orgullo durante todo el verano.
“Estamos en pie de lucha para defender lo que con tanto sacrificio nos ha costado. No vamos a permitir que utilicen a las personas sexo-género diversas como chivos expiatorios o balones políticos. Aquí hay unas comunidades organizadas y listas para hacer que la equidad, el respeto y la inclusión sean las normas y no las excepciones en este país. No claudicaremos en nuestro esfuerzo hasta lograr la equidad en todo Puerto Rico”, concluyeron los doctores Miguel Vázquez y Angeles Acosta, del grupo portavoz.
Las organizaciones que se unen en este esfuerzo son:
Alpha Trans Corp.
Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico
Asamblea Permanente de Personas Infectadas y Afectadas con VIH (APPIA)
Asociación de Psicología de Puerto Rico
Barrioization
Caguas Pride
Caminata por la Equidad
Casa Juana Colón
Cataño Pride
Centro de la Mujer Dominicana
Clínica Translucent de Centro Ararat
Coaí, Inc.
Coalición de Coaliciones
Coalición de Familias Inclusivas
Coalición Orgullo Arcoiris (COA)
Colectivo Educar-T y Más
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Colegio de Profesionales del Trabajo Social
Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE)
Colectiva Feminista en Construcción
Comité Dominicano de Derechos Humanos
Coordinadora Paz Para Las Mujeres
Directorio de Servicios LGBTQ de Puerto Rico
El Hangar en Santurce
El TEAM Network – UPR RCM, Escuela Graduada de Salud Pública
Equality Clinic
Fundación de Mujeres de Puerto Rico
Fundación Ricky Martin
Hispanic Federation
Iglesia Catedral Adoración y Restauración de Manatí
Iglesia Comunitaria Metropolitana Cristo Sanador
Iglesia Cristo Para Todes
Iglesia Nueva Creación
Laboratoria Boricua de Vogue (La BoriVogue)
La Sombrilla Cuir
La Tejedora
Latino Commission on Aids
Migrant Health Center
Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico
Mujeres de Islas
NMAC
Nuestra Familia LGBTT
Oficial de Equidad de la Universidad de Puerto Rico
Orgullo Boquerón
Orgullo Brujo
Orgullo es Jayaera Combativa
Orgullo Manatí
Pride Puerto Rico
Proyecto Carib
Proyecto FQ
Puerto Rico Para Todes
Puerto Rico Queer Filmfest
Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV)
Gay rights activist Pedro Julio Serrano demanded that the government not parole a convicted serial killer Ángel Colón Maldonado, dubbed Ángel de los Solteros, who targeted homosexual men in a string of killings in the 1980s.
Colón Maldonado was sentenced to over 300 years in prison in 1987 for the murders of Luis Manuel González López, a dentist; renowned model and social-life writer Iván Frontera; and Cuban musician Gabriel Faxas de Miguel.
Colón Maldonado, who committed the crimes as a teenager, later confessed to having committed at least six murders. Of all the murders, Frontera’s killing was the most notorious because he was tied up and stabbed over 100 times.
“It is inconceivable that the release of one of the most despicable murderers in our history is even being considered,” Serrano asserted. “Even when the hearing on his case is held on May 31 by the Parole Board, Ángel Colón Maldonado must remain in prison. Getting him out of jail would send a wrong and dangerous message that the lives of LGBTQ+ people are worthless. Getting him out of jail would be a criminal act.”
The Puerto Rico Para Todes spokesman said that in a letter he wrote a few years ago, Colón Maldonado acknowledged having murdered seven gay men. Furthermore, he indicated that he was tried in court, but that he believed his murders were justified by his fundamentalist religious belief.
“Given the state of emergency due to gender violence and hate crimes that we are experiencing, we cannot, under any circumstances, allow this serial killer to be on the streets,” Serrano said. “If the government agrees to this request, we will not have learned anything from the terrible release of Hermes Ávila from prison that allowed him to murder Ivette Joan Meléndez Vega. This has to stop now.”
The Parole Board acknowledged that Colón Maldonado is on a list of prison inmates who would be evaluated for parole eligibility, but provided no additional comments.
La Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) citó a una vista este mes para determinar si evalúa el caso de Ángel Colón Maldonado, quien fue apodado como el “Ángel de los Solteros” por los prejuicios sociales de la década de 1980, debido a que las víctimas que asesinó fueron hombres gays.
El nombre del confinado – con todo y apodo – figura en la lista de reos que tendrán vistas ante la JLBP para este mes. Su caso está para el próximo 31 de mayo.
Aunque dijo que no está autorizada para hablar de un caso en específico, la presidenta de la JLBP, Aixa Pérez Mink, confirmó que la lista de casos publicada en la página de la entidad, en la que figura Colón Maldonado, está correcta.
Pero no es la primera vez que su caso es citado. También estuvo en calendario para el 15 de noviembre del año pasado, pero, de momento, se desconoce el desenlace de dicha vista.
En 1987, Colón Maldonado fue sentenciado a más de 300 años en prisión por los asesinatos del dentista Luis Manuel González López, el reconocido cronista social Iván Frontera y el músico Gabriel Faxas de Miguel. No obstante, en una carta confesó un total de seis asesinatos y un intento, aunque se le vincula a muchos otros. Más de una década después, un estudio académico lo catalogó como el primer asesino en serie documentado en Puerto Rico.
Pérez Mink explicó que ningún confinado puede solicitar que la JLBP comience a evaluar su caso, sino que se trata de un proceso compulsorio bajo la Ley 85 de 2022, que obliga al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a informar a la JLBP sobre los confinados que pueden ser evaluados.
Añadió que antes de esa ley, cada convicto tenía que esperar a extinguir 25 años de cada sentencia de asesinato en primer grado. Eso significaba que por los tres asesinatos, Colón Maldonado hubiera tenido que esperar a cumplir 75 años de condena para cualificar para el beneficio. Pero, con la Ley de 85 de 2022, ya es elegible para que la JLBP lo evalúe, pues ya ha completado 37 años del dictamen judicial.
Sin comentar sobre si Colón Maldonado interesa o no salir, Pérez Mink indicó que “no existe eso de que un miembro de la población correccional diga que quiere ir a la Junta”.
“Primero tiene que ser referido por el DCR, pero eso no significa que va a salir (libre) bajo palabra. Tienen que cumplir con las disposiciones de la ley”, señaló Pérez Mink a El Nuevo Día.
“Hay muchos casos que el DCR los refiere a la Junta y en la vista de consideración (los convictos) dicen que le den el papel para renunciar, porque no les interesa. Eso sucede con bastante frecuencia”, agregó.
Detalló que si el reo sí quiere ser considerado, entonces la JLPB determina, en primera instancia, si el referido del DCR cumple con los requisitos básicos para evaluar el caso.
“Si el expediente está completo, se comienza con un oficial examinador que recibe evidencias, como penal, social, médica, factores del técnico sociopenal… Se mira si hay querellas, si cumplió con los cursos de rehabilitación, las circunstancias de los delitos, las veces que ha sido sentenciado, plan de salida viable y las opiniones de las víctimas”, apuntó Pérez Mink.
“La JBLP, dentro de su discreción, ve si hay elementos de peligrosidad para conceder la libertad bajo palabra”, añadió la funcionaria. “En los casos de asesinato, robos, agresiones sexuales, violencia doméstica y secuestros, es mandatorio que presenten una evaluación sicológica. En algunos casos se pide evaluación psiquiátrica”.
En una entrevista en verano de 2022, el psiquiatra forense Raúl López, quien ha estudiado el caso por años, le dijo a El Nuevo Día que Colón Maldonado habría matado a más personas si hubiera quedado en la libre comunidad, pues “la sicopatía no es una enfermedad, es un perfil de personalidad”.
“Luego de terminar este caso se logró la intención principal, que es identificar y separar (a) estos individuos de nuestra sociedad de manera permanente”, manifestó López.
“Si la defensa de la imputabilidad hubiese tenido éxito, no era más que cuestión de tiempo que él matara a más gente. Los estudios indican que los antisociales y los sicópatas no cambian. No hay ningún tratamiento que los cambie, no hay ninguna terapia que los mejore”, afirmó.
Para que la JLBP considere un señalamiento como el de López, Pérez Mink dijo que “es importante que el siquiatra así lo ponga en su evaluación”.
En relación a las víctimas y sus familiares, la presidenta de la JLBP aseguró que tienen derecho a oponerse, a ser escuchadas durante el proceso, a estar presentes como colaboradores, a estar asistidos por abogados, a presentar evidencia y “a tener acceso a expedientes médicos para tener una opinión informada”.
En caso de que no estén de acuerdo con la determinación de la entidad, pueden pedir una reconsideración y luego también acudir al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.
“La opinión de las víctimas es uno de los criterios. Si hay peligrosidad, la Junta tiene que tener esa información. Es importante que la víctima responda a las notificaciones públicas”, indicó Pérez Mink.
Surgen voces en contra de su libertad
Una de las primeras voces que ha surgido en contra de la posibilidad de la libertad bajo palabra de Colón Maldonado es el de una mujer que asegura haberlo conocido en 1985.
El Nuevo Día conversó con la mujer este martes, durante el programa “Rayos X” de Telemundo, donde pidió que no se revelara su identidad por miedo a su seguridad.
Relató que trabajaba para un periódico local en aquella época y había conocido a Fronteras, por lo que pudo ver a Colón Maldonado. Tras el crimen del cronista, publicó referencias del entonces joven que ayudaron a las autoridades a identificarlo.
La mujer asegura que recibió una carta amenazante de su parte. Relató que también recibió una llamada telefónica en la que Colón Maldonado le dijo: “‘Sucia, puerca, tú eres la próxima’”. Contó que durante varios meses la Policía la movió de ubicación casi a diario mientras intentaban dar con el paradero de Colón Maldonado. Además, expuso que dos de las víctimas vivían en un edificio donde ella residía.
“A lo largo de los años, él sí le dijo a los trabajadores sociales que si salía, él me mata, por lo que estoy completamente segura que si le dan la libertad bajo palabra, soy cadáver”, expresó la mujer en el programa televisivo, donde también comentó que Colón Maldonado no actuó solo en 1985.
Por su parte, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió que no permita la salida de Colón Maldonado.
“Es inconcebible que, tan siquiera, se esté considerando soltar a uno de los asesinos más despreciables en nuestra historia. Aún cuando se celebre la vista del 31 de mayo sobre su caso en la Junta de Libertad Bajo Palabra, Angel Colón Maldonado tiene que permanecer en prisión. Sacarlo (de prisión) enviaría un mensaje equivocado y peligroso de que las vidas de las personas LGBTQ+ no valen nada. Sacarlo de prisión sería un acto criminal”, aseveró Serrano.
Asimismo, recordó la carta que Colón Maldonado envió a una jueza del Tribunal de Carolina en la que confesó los siete crímenes y que hacía alusiones de índole religioso para justificar sus actos. Pidió a la jueza que lo condenara a prisión porque era “culpable aquí y justificado allá”.
En el 2007, en una entrevista con Wapa Televisión, volvió a tratar de justificar sus crímenes con expresiones como: “Era algo que tenía que hacer” y que “arrepentirme de lo que sucedió, no”.
Para Serrano, “ante el estado de emergencia por violencia de género y crímenes de odio que vivimos, no se puede, bajo ningún concepto, permitir que este asesino en serie salga a la calle”.
“Si el gobierno accede a esta petición, no habremos aprendido nada con la abominable salida de Hermes Ávila de prisión que permitió que éste asesinara a Ivette Joan Meléndez Vega. Esto tiene que parar ya”, concluyó Serrano.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió rotundamente al gobierno que no permita la salida, en libertad bajo palabra, del Angel de los Solteros, quien es el único asesino en serie convicto en la historia de Puerto Rico.
«Es inconcebible que, tan siquiera, se esté considerando soltar a uno de los asesinos más despreciables en nuestra historia. Aún cuando se celebre la vista del 31 de mayo sobre su caso en la Junta de Libertad Bajo Palabra, Angel Colón Maldonado tiene que permanecer en prisión. Sacarlo de la cárcel enviaría un mensaje equivocado y peligroso de que las vidas de las personas LGBTQ+ no valen nada. Sacarlo de la cárcel sería un acto criminal», aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Todes recordó que en una carta escrita por él, hace unos años atrás, Colón Maldonado reconoció haber asesinado a siete hombres gays. Además, indicó que lo juzgaron en los tribunales, pero que, según él, sus asesinatos están justificados por su creencia religiosa fundamentalista.
«Ante el estado de emergencia por violencia de género y crímenes de odio que vivimos, no se puede, bajo ningún concepto, permitir que este asesino en serie salga a la calle. Si el gobierno accede a esta petición, no habremos aprendido nada con la abominable salida de Hermes Avila de prisión que permitió que éste asesinara a Ivette Joan Meléndez Vega. Esto tiene que parar ya», concluyó Serrano.
Este pasado fin de semana, se celebraron los diez años de la boda de ellas. Las periodistas Wilda Rodríguez y Graciela Rodríguez me honraron al pedirme que diera el brindis, el cual comparto a continuación.
De tanta gente que les ama, invitaron a dar el brindis al más pendejo: al que no bebe.
Estoy seguro de que cualquiera de ustedes, gente amada por Wilda y Graciela, pudiera dar un mejor brindis. Tal vez porque han compartido más vivencias, porque conocen más anécdotas, porque la amistad haya sido más longeva. Ya tendrán su turno en el micrófono abierto donde podrán cantar, recitar o deponer.
Sin embargo, creo que Wilda y Graciela me escogieron por algo muy particular y es esto…
Nunca se los he compartido a ellas y aprovecho que están, en público, junto a su gente más amada, para celebrarlas.
Quiero agradecerles porque por ustedes, muchas parejas LGBTQ+ se pueden casar.
Se sorprenderán que haga tal aseveración, pero es cierto.
Su activismo —muy diferente al frontal que llevamos algunos— abrió los corazones y las mentes de muchas personas que jamás impactaríamos con retórica, marchas o desobediencia civil.
El que tanta gente celebre el amor que se tienen Wilda y Graciela —rutinariamente, como lo que es: un suceso tan básico pero tan sublime— es activismo.
El abrirse paso en un gremio —muchas veces machista y homofóbico— es activismo.
El ser abiertas sobre su amor —en todo momento con la cotidianidad con que lo hacen— es activismo.
El criar a una hija juntas —con todo el amor del universo, y que saliera tan hermosa, solidaria y amorosa como lo es Gaby— es activismo.
El tener un restaurante juntas —tan famoso y tan concurrido por tanta gente diversa— es activismo. Estoy seguro de que mucha gente, que pudo albergar prejuicios, al ir a Las Tías cambiaron de opinión.
El publicar un libro de recetas juntas —donde comparten con la mayor naturalidad sobre su relación de pareja— es activismo.
El lograr que Yulín, la entonces Alcaldesa de San Juan, cambiara su oposición al matrimonio igualitario —con una sola aseveración que le dijera Graciela y parafraseo: “yo te quiero y te seguiré queriendo, pero no sé como dices que estás a favor de la equidad — pero me niegas a mi el derecho a casarme cuando tú te has casado un montón de veces”— es activismo.
Hasta la boda de ellas —cibernética e inesperada con todo el furor que causó— es activismo.
Esto es muestra de que han podido llegar a lugares que nadie podría llegar.
Su astucia, su elocuencia, su irreverencia, su amor genuino y desinteresado por la gente a la que aman, su lealtad, sus principios inquebrantables, su amor a la patria, su defensa férrea de sus ideales, su lucha por construir un mejor país, pero sobre todo ese amor que se tienen, les hace llegar a tanta gente que se convierte en amor transformador, en una fuerza avasalladora que rompe con los prejuicios escondidos y hace florecer nuestra común humanidad.
Ese amor que les une por más de tres décadas —incluyendo la década que celebramos hoy de casadas— ha tocado más corazones y ha abierto más mentes de las que ustedes mismas ni se imaginan.
Este salón está repleto de historias y de seres que somos mejores personas porque ustedes dos se aman.
Ese amor —que ha transformado un país— hay que celebrarlo, hay que protegerlo y hay que enaltecerlo.
Por el aniversario de la boda de ellas, brindamos —hoy y siempre— por las esposas Wilda y Graciela.
Que el amor, la felicidad y la esperanza siempre les acompañen.
El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano reaccionó a la sentencia a ocho años en prisión impuesta a María Milagros Charbonier por actos de corrupción.
«María Milagros Charbonier va a tener que pagar, con ocho años en prisión, por sus actos de corrupción. Esos actos contra el erario son, de por sí, un daño de marca mayor. Sin embargo, el peor daño que deja fue su activismo fundamentalista en la Asamblea Legislativa que persiste, a través de otros personajes, en intentos por despojar de sus derechos a las personas LGBTQ+ y a las mujeres», aseveró Serrano.
«Aunque su sentencia no es por ese fundamentalismo, la vulneración de los derechos humanos es, en realidad, el mayor daño que Charbonier le causó a este país, pues su efecto es más duradero y pernicioso que la sentencia impuesta contra ella», continuó el portavoz de Puerto Rico Para Todes.
«Como una gran casualidad, o tal vez hasta justicia poética, Charbonier es sentenciada en el Día Internacional Contra la Homofobia. Ojalá que, en prisión, pueda reflexionar sobre todo el daño que le hizo a una gran parte de la población que lucha por sus derechos. A pesar de su intento por invisibilizarnos y deshumanizarnos, lo que logró fue energizar el activismo LGBTQ+ y feminista que va ganando la batalla hacia la equidad», concluyó Serrano.
Puerto Rico Para Todes rechazó, hoy, enérgicamente dos proyectos de ley, presentados por Lisie Burgos, para legalizar el discrimen en contra de la comunidad trans.
«Estas medidas buscan prohibir que las personas trans y no binaries tengan baños públicos sin discrimen, al igual que tratar de negar que las personas trans vayan a una institución correccional de acuerdo a su identidad de género. Son medidas crueles e inhumanas», indicó Ivana Fred Millán, portavoz de la organización.
Por su parte, Pedro Julio Serrano aseveró que «la obsesión de Lisie Burgos con intentar despojar de sus derechos civiles a las personas trans es enfermiza, temeraria y peligrosa. Con sus acciones, está incitando a la violencia en contra de las personas trans. Esto tiene que parar ya».
Los portavoces de Puerto Rico Para Todes catalogaron de inconstitucionales los proyectos de la Cámara 1740 y 1741 por atentar contra la igualdad prometida en la Constitución, al igual que la máxima de la inviolabilidad de la dignidad humana.
«Ya basta de intentar legalizar el discrimen en contra de las personas trans con medidas que pretenden deshumanizar y atentar contra la dignidad humana. Urgimos a la Legislatura a enviar estas basuras de medidas a donde corresponden: al zafacón», concluyó Justin Jesús Santiago, también portavoz de Puerto Rico Para Todes.
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Pedro Julio Serrano 