Por Alexandra Acosta | El Vocero

El Proyecto de la Cámara (PC) 165, para la eliminación de baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros en las instalaciones gubernamentales, aguarda por su aprobación en el Senado, luego del aval que recibió en la Cámara de Representantes la semana pasada.

De ser aprobado en el Senado, como espera la legisladora de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos, autora de la pieza legislativa, entonces pasaría para la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Los opositores al proyecto, que plantea que los baños inclusivos representan un riesgo para la seguridad de las mujeres y busca crear la Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples, se sostienen en que fue aprobado en la Cámara sin datos empíricos y con visiones discriminatorias.

El proyecto se aprobó con 37 votos a favor, 11 en contra, cuatro ausencias y una abstención.

El documento lee que “los baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros dan lugar al acceso de varones depredadores sexuales que buscan espuriamente acosar, abusar, espiar, tomar fotografías o exhibirse a personas que acceden a los baños públicos”.

La representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, precisó la falta de evidencia estadística que justifique la prohibición de baños inclusivos o datos que reflejen aumento en casos de agresiones sexuales en estos espacios.

“Esa falta de datos empíricos, esa visión que parte de unas visiones discriminatorias y prejuiciadas que violentan contra la dignidad, contra la privacidad, contra la intimidad de seres humanos, sobre todo para las personas no binarias o personas trans, es parte de lo que justifica nuestro voto en contra”, sostuvo Gutiérrez.

Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+, expuso que la medida no atiende “un problema real”.

“No hay querella alguna, no ha habido ninguna situación en los únicos baños inclusivos que había en las dependencias gubernamentales del país, que es en la Universidad de Puerto Rico. Están trayendo esto por los pelos, mientras que no atienden los casos de abuso sexual contra menores que en días recientes, hubo un padre que abusó sexualmente de su hija de dos años”, criticó el activista.

Gutiérrez hizo referencia a la portada del jueves de la semana pasada de EL VOCERO sobre el aumento de agresiones sexuales en San Juan, donde se han registrado hasta la fecha 77 casos de violaciones a la fuerza -según catalogadas por la Policía- con un alza de 21 más que el año pasado, cuando se reportaron 56 querellas en la jurisdicción.

“En vez de atender el problema de violencia de género, de agresiones sexuales, de violencia en general, de una manera responsable y seria, basada precisamente en datos, en estadísticas, en evidencia empírica, insiste en aprobar este tipo de medidas que, por supuesto no van a la médula del problema de violencia, sino todo lo contrario, reproducen más violencia contra otras comunidades como la comunidad LGBTTQ+, que han sido históricamente vulneradas”, expresó la representante del PIP.

La Coordinadora Paz para Las Mujeres también rechazó la medida, a la vez que sostuvo que la violencia contra las féminas no proviene de baños inclusivos “sino de la falta de políticas efectivas para atender el machismo y la impunidad”.

Entretanto, Burgos aseguró que existen querellas desatendidas sobre actividades ilícitas en baños inclusivos de la UPR, aunque no precisó cantidad.

Ejemplificó el caso de una estudiante que “en varias ocasiones ella entró a baños y había hombres masturbándose. Y entonces, obviamente, entrar a un baño y encontrarme a un hombre masturbándose no es algo agradable para nadie. Y entonces ella radicó la querella y otras jóvenes, pero no fueron atendidas. Siempre le ponían ‘un pero’”.

Wanda Del Valle, representante del Partido Nuevo Progresista, y quien favoreció el proyecto, mencionó que las agencias pueden identificar un baño único múltiple para las personas que no se sientan cómodas en los segregados por género.

Pero la representante del Partido Popular Democrático, Estrella Martínez, quien votó en contra, cuestionó la fiscalización que requerirá la medida debido a que “la mayoría de las agencias tienen dos baños, uno de hombres y uno de mujer. Tendrían que tener otro baño adicional que sea multifamiliar y poder cumplir con la misma ley que están atendiendo”.

Bajo carta circular, los baños inclusivos fueron eliminados de la UPR, única institución gubernamental en que estaban disponibles con el fin de proteger la seguridad de las personas no binarias, trans e intersex, según Serrano. El activista sostuvo que los baños familiares o asistidos no garantizan un verdadero acceso debido a que no existe guía o presupuesto para el establecimiento de esos baños.

“Cuando hay baños inclusivos, tienen que haber baños segregados por género. Eso es parte de la ley… Las personas pueden escoger a qué baño ir. No es que se sustituyan los baños segregados por género por los baños inclusivos”, explicó.

“Seguiremos exigiéndole a los senadores que no aprueben esta medida, que es innecesaria, no es una problemática real. Pero estamos conscientes de que esto va a ser aprobado y que la gobernadora va a firmar, lamentablemente. Es una muestra más de que este gobierno atenta contra los derechos de la comunidad LGBTQ”, afirmó Serrano.