La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la especulación —hecha por la senadora Karen Román— sobre la orientación sexual del alcalde de Aguada, Christian Cortés.
“Nadie tiene el derecho de especular sobre la orientación sexual de nadie. Es inaceptable que una funcionaria pública —en una burla homofóbica— se exprese públicamente de otro funcionario sobre algo que no tiene nada que ver con su función pública. Con su especulación, lo que hace es instigar un ambiente hostil contra las personas LGBTQ+, no solo para la persona atacada, sino para sus propios empleados, colaboradores y constituyentes”, aseveró Serrano.
El activista de derechos humanos añadió que “la orientación sexual es un asunto estrictamente personal y las personas tienen el derecho, bajo la protección a la intimidad que nos cobija a todos los seres humanos, a revelarla o no”.
“Exigimos que la senadora se disculpe públicamente y no vuelva a especular sobre la orientación sexual de nadie. Mucho menos cuando lo hace como si fuera un ataque burlón. Las personas, sobre todo los funcionarios públicos, se miden por su carácter, por sus ejecutorias y sobre todo, por su prudencia. En este caso, la senadora falla en todas las anteriores”, concluyó Serrano.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico rechazó, hoy, la medida que busca prohibir el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y materiales públicos del gobierno, radicada por Lisie Burgos.
“Esta medida no protege el idioma: censura, invisibiliza y trata de borrar nuestras identidades. El lenguaje inclusivo es una herramienta de reconocimiento, respeto y visibilidad particularmente hacia las personas trans, no binarias y cuir. Prohibirlo en documentos y espacios públicos es un acto de exclusión institucional que intenta imponer una sola forma de existir y hablar. ¡No hay una sola forma de existir!”, expresó Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.
“Desde la Federación LGBTQ+ afirmamos que la diversidad no amenaza al idioma: lo enriquece. Defendemos el derecho de todas las personas a ser nombradas, reconocidas y respetadas en la lengua que compartimos y de maneras que honren quienes son sin prejuicios”, añadió Olga Chapman Rivera, directora de comunicaciones de la Federación.
“Es increíble que se invierta tiempo y recursos en cacerías políticas para intentar ignorar e invisibilizar a una comunidad que se estima entre el 10 y 20 porciento de la población en lugar de invertir el tiempo en medidas de importancia para todes como la seguridad, la energía, la salud y la vivienda asequible. Nuestro mensaje a la clase política del país es simple. ¡Hagan su trabajo y gobiernen para todos, todas y todes!», culminaron les portavoces de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció este martes una “campaña sistemática” de parte de la administración de Jenniffer González contra las personas trans, intersex y no binarias, al tiempo que exigió la revocación de una nueva carta normativa de la Administración de Seguros de Salud (ASES) que eliminó la cubierta médica de tratamientos hormonales para este sector de la población en el Plan Vital del gobierno.
“Esto no es solo una cuestión política, sino un ataque directo al bienestar y la supervivencia de la comunidad trans y no binaria”, expresó la trabajadora social Shakira González Hernández, en conferencia de prensa, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
“Como gobierno, tiene el deber fiduciario de proteger a todos los ciudadanos sin discriminación. Pero esta acción (de la ASES) demuestra un abandono explícito de las personas más vulnerables. El mensaje que envían es devastador: nuestras vidas no importan”, añadió la mujer de experiencia trans. “Estoy harta de que nos traten como un debate político en lugar de seres humanos con derechos, harta de que se cuestionen tratamientos que salvan vidas, harta de que nuestra existencia sea constantemente puesta en tela de juicio. No estamos pidiendo privilegio ninguno, sino exigiendo el derecho fundamental a vivir con dignidad”.
La Carta Normativa 25-0929, emitida el 29 de septiembre por el licenciado Carlos Santiago Rosario, director ejecutivo de la ASES, entró en vigor el 6 de octubre. Según el documento, esta acción responde, a su vez, a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que dispone: “Es política de Estados Unidos reconocer dos sexos, masculino y femenino”. “Esto significa que los pacientes solo podrán acceder a dichos medicamentos (de afirmación de género) de acuerdo con las indicaciones autorizadas y conforme al sexo asignado al nacer”, establece la ASES en la carta.
“Los tratamientos hormonales salvan vidas. Son autorizados por profesionales de la salud y avalados por todas las asociaciones médicas nacionales e internacionales. Exigimos que el gobierno revierta esta orden, que literalmente nos está quitando opciones de vida. Nos quieren llevar al clandestinaje, a privarnos de nuestra salud, a la precariedad. No lo vamos a permitir. Próximamente, llevaremos a cabo acciones comunitarias para revertir esta orden”, expresó, por su parte, la activista Ivana Fred Millán, directora de la Federación LGBTQ+.
La Federación LGBTQ+ –compuesta por más de 100 organizaciones– enumeró otras instancias en las que el gobierno ha “declarado la guerra” a las comunidades trans, intersex y no binaria, entre ellas, la presunta legalización del discrimen por libertad religiosa –a través de la Ley 14-2025–, la prohibición de tratamientos de afirmación de género en menores de 21 años, la apelación del Departamento de Justicia a la decisión federal que permite corregir el encasillado de sexo en los certificados de nacimiento de las personas no binarias y el ataque contra los baños inclusivos, entre otras.
“Desde que comenzó este gobierno, ha habido un ataque sistemático en contra de las comunidades trans, intersex y no binaria. Es un ataque que ha sido concertado para tratar de deshumanizar, desproteger e invisibilizar a la comunidad trans, intersex y no binaria”, comentó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+, al criticar también las acciones de la Legislatura, dominada por el Partido Nuevo Progresista, y con el apoyo de Proyecto Dignidad y algunos miembros del Partido Popular Democrático.
El Nuevo Día solicitó una reacción al director ejecutivo de la ASES, la gobernadora y los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, pero no obtuvo respuesta.
La organización líder de la comunidad LGBTQ+ anticipó que evalúan acudir a los tribunales para impugnar algunos de los decretos del gobierno, entre ellos, la Ley 63 de 2025, que prohíbe los tratamientos de afirmación de género en menores de edad.
“En este momento, lo que hay son oídos sordos, crueldad y manipulación política. Si no nos van a escuchar en la Asamblea Legislativa, nosotros vamos a ir a los tribunales. Es en los tribunales donde la justicia se ha hecho en Puerto Rico, y una y otra vez se ha dejado atrás el discrimen que el gobierno ha querido intentar. El gobierno de Puerto Rico negó el matrimonio igualitario a los puertorriqueños y fue el tribunal de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos (los que lo aprobaron); negó que familias pudieran adoptar, parejas del mismo sexo, y fue por el tribunal que se logró. El gobierno de Puerto Rico negó los certificados de nacimiento para las personas trans y fue en los tribunales que personas como Ivana Fred y la comunidad trans lo lograron”, repasó Samy Nemir Olivares, miembre del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+.
Piden investigación
Serrano aprovechó el encuentro con los medios para solicitar a las autoridades una investigación responsable de los asesinatos de cinco hombres –tres en Carolina y dos en Santurce– en la madrugada del martes.
Según la Policía, los cuerpos en ambas escenas fueron encontrados desnudos. Al momento, se desconoce la identidad de las víctimas.
“En la historia de nuestra comunidad, hemos visto cuando asesinan a personas de nuestra comunidad LGBTQ+, en muchas ocasiones estas son las circunstancias en que aparecen nuestros cuerpos, así que le pedimos a la Policía y las autoridades que investiguen a la saciedad y no descarten ningún ángulo en esta investigación que apenas comienza y que no tenemos muchos detalles”, exhortó.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, una campaña sistemática del gobierno en contra de las personas trans, intersex y no binarias.
“Es inconcebible, cruel e inhumano que el gobierno de Puerto Rico le haya declarado la guerra a las comunidades trans, intersex y no binaria desde todos los frentes. Ya son más de siete ataques directos a la vida, la seguridad y la dignidad de nuestras comunidades. Empezaron por legalizar el discrimen y ya van por negarnos tratamientos de salud que salvan vidas. Esto es inaceptable y den por seguro que nos vamos a organizar para parar este abuso”, aseveró Kari Claudio Betancourt, directore de La Tejedora y miembre del Consejo Asesor de la Federación.
Por su parte, Justin Jesús Santiago, director de la Federación denunció que “el gobierno, liderado por el Partido Nuevo Progresista y en contubernio con el Proyecto Dignidad, algunos legisladores del Partido Popular Democrático y el senador independiente Eliezer Molina, han legislado y actuado en contra de los derechos de las personas trans, intersex y no binarias. Es una afrenta a nuestra dignidad como seres humanos de esta tierra”.
“Este gobierno se ha convertido en el enemigo principal de la comunidad trans. Exigimos al gobierno sentarse con nuestras comunidades trans, intersex y no binarias para detener su guerra campal en nuestra contra. Como quiera que sea, iremos a las calles, a las entidades que defiendan nuestros derechos a radicar querellas, a los tribunales y a donde tengamos que ir para defendernos”, añadió Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
Por último, Samy Nemir Olivares, miembre del Consejo Asesor de la Federación, exigió un “detente —un cese y desista— a los actos crueles, inhumanos y discriminatorios de este gobierno en contra de nuestras existencias. Las personas trans, intersex y no binarias somos tan seres humanos, tan ciudadanos y tan dignos de derechos como el resto de la población”.
Los ataques de este gobierno en contra de la comunidad trans, intersex y no binaria son:
– Legalizaron el discrimen que permite que funcionarios del gobierno y profesionales regulados por el Estado nieguen servicios y derechos a ciudadanos con la excusa de la libertad religiosa.
– Prohibieron el tratamiento médico a menores de 21 años que son trans, intersex y no binarios, criminalizando a los profesionales de la salud que los ofrezcan.
– Apelaron la decisión judicial federal que permite corregir el encasillado de sexo en los certificados de nacimiento de las personas no binarias.
– Aprobaron el proyecto para prohibir los baños inclusivos en las dependencias gubernamentales.
– Eliminaron la cubierta médica de tratamientos hormonales para personas trans, intersex y no binarias en Vital, el plan de salud del gobierno.
– Promulgaron la carta circular en la Universidad de Puerto Rico eliminando los baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras.
– Eliminaron la identidad de género en currículos, protocolos y documentos del Departamento de Salud.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
El Proyecto de la Cámara (PC) 165, para la eliminación de baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros en las instalaciones gubernamentales, aguarda por su aprobación en el Senado, luego del aval que recibió en la Cámara de Representantes la semana pasada.
De ser aprobado en el Senado, como espera la legisladora de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos, autora de la pieza legislativa, entonces pasaría para la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Los opositores al proyecto, que plantea que los baños inclusivos representan un riesgo para la seguridad de las mujeres y busca crear la Ley para la Protección y Seguridad de la Mujer en Baños Públicos Múltiples, se sostienen en que fue aprobado en la Cámara sin datos empíricos y con visiones discriminatorias.
El proyecto se aprobó con 37 votos a favor, 11 en contra, cuatro ausencias y una abstención.
El documento lee que “los baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros dan lugar al acceso de varones depredadores sexuales que buscan espuriamente acosar, abusar, espiar, tomar fotografías o exhibirse a personas que acceden a los baños públicos”.
La representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, precisó la falta de evidencia estadística que justifique la prohibición de baños inclusivos o datos que reflejen aumento en casos de agresiones sexuales en estos espacios.
“Esa falta de datos empíricos, esa visión que parte de unas visiones discriminatorias y prejuiciadas que violentan contra la dignidad, contra la privacidad, contra la intimidad de seres humanos, sobre todo para las personas no binarias o personas trans, es parte de lo que justifica nuestro voto en contra”, sostuvo Gutiérrez.
Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+, expuso que la medida no atiende “un problema real”.
“No hay querella alguna, no ha habido ninguna situación en los únicos baños inclusivos que había en las dependencias gubernamentales del país, que es en la Universidad de Puerto Rico. Están trayendo esto por los pelos, mientras que no atienden los casos de abuso sexual contra menores que en días recientes, hubo un padre que abusó sexualmente de su hija de dos años”, criticó el activista.
Gutiérrez hizo referencia a la portada del jueves de la semana pasada de EL VOCERO sobre el aumento de agresiones sexuales en San Juan, donde se han registrado hasta la fecha 77 casos de violaciones a la fuerza -según catalogadas por la Policía- con un alza de 21 más que el año pasado, cuando se reportaron 56 querellas en la jurisdicción.
“En vez de atender el problema de violencia de género, de agresiones sexuales, de violencia en general, de una manera responsable y seria, basada precisamente en datos, en estadísticas, en evidencia empírica, insiste en aprobar este tipo de medidas que, por supuesto no van a la médula del problema de violencia, sino todo lo contrario, reproducen más violencia contra otras comunidades como la comunidad LGBTTQ+, que han sido históricamente vulneradas”, expresó la representante del PIP.
La Coordinadora Paz para Las Mujeres también rechazó la medida, a la vez que sostuvo que la violencia contra las féminas no proviene de baños inclusivos “sino de la falta de políticas efectivas para atender el machismo y la impunidad”.
Entretanto, Burgos aseguró que existen querellas desatendidas sobre actividades ilícitas en baños inclusivos de la UPR, aunque no precisó cantidad.
Ejemplificó el caso de una estudiante que “en varias ocasiones ella entró a baños y había hombres masturbándose. Y entonces, obviamente, entrar a un baño y encontrarme a un hombre masturbándose no es algo agradable para nadie. Y entonces ella radicó la querella y otras jóvenes, pero no fueron atendidas. Siempre le ponían ‘un pero’”.
Wanda Del Valle, representante del Partido Nuevo Progresista, y quien favoreció el proyecto, mencionó que las agencias pueden identificar un baño único múltiple para las personas que no se sientan cómodas en los segregados por género.
Pero la representante del Partido Popular Democrático, Estrella Martínez, quien votó en contra, cuestionó la fiscalización que requerirá la medida debido a que “la mayoría de las agencias tienen dos baños, uno de hombres y uno de mujer. Tendrían que tener otro baño adicional que sea multifamiliar y poder cumplir con la misma ley que están atendiendo”.
Bajo carta circular, los baños inclusivos fueron eliminados de la UPR, única institución gubernamental en que estaban disponibles con el fin de proteger la seguridad de las personas no binarias, trans e intersex, según Serrano. El activista sostuvo que los baños familiares o asistidos no garantizan un verdadero acceso debido a que no existe guía o presupuesto para el establecimiento de esos baños.
“Cuando hay baños inclusivos, tienen que haber baños segregados por género. Eso es parte de la ley… Las personas pueden escoger a qué baño ir. No es que se sustituyan los baños segregados por género por los baños inclusivos”, explicó.
“Seguiremos exigiéndole a los senadores que no aprueben esta medida, que es innecesaria, no es una problemática real. Pero estamos conscientes de que esto va a ser aprobado y que la gobernadora va a firmar, lamentablemente. Es una muestra más de que este gobierno atenta contra los derechos de la comunidad LGBTQ”, afirmó Serrano.
Pedro Julio Serrano 