
El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la recién firmada ley que precariza a los menores trans y sus familias, a la vez que criminaliza a profesionales de la salud que velan por su bienestar.
“Como persona no binaria que llevo más de tres años accediendo cuido médico de afirmación de género, puedo confirmar que este cuido me ha salvado la vida. Siento una tristeza profunda por la juventud trans y de género no conforme en Puerto Rico que no va a poder acceder este cuido y por les proveedores médicos que son aliados de nuestra comunidad, quienes serán penalizades por ejercer su profesión. Profesionales de la salud en Puerto Rico y alrededor del mundo han reafirmado el apoyo y el éxito científicamente probado de estos procedimientos. Lucharemos hasta las últimas consecuencias para que la ciencia y los derechos humanos prevalezcan y para que la niñez y juventud trans en Puerto Rico pueda vivir en paz en nuestro archipiélago”, aseveró Kari Claudio Betancourt (elle) , directore de la Tejedora y parte del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.
El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ estará coordinando la respuesta legal a las dos leyes que se han aprobado este año que laceran los derechos de las personas LGBTQ+ en Puerto Rico. Estas son la Ley 14 del 2025 que legaliza el discrimen con la excusa de la Libertad religiosa y la Ley 63 de 2025 que vulnera a menores trans y sus familias, así como criminaliza a profesionales de la salud por atenderlos.
“El Proyecto del Senado 350, que la gobernadora convirtió en ley, levanta grandes cuestionamientos de índole constitucional. Nuestra Constituctión es de factura más ancha que la Constitución de los Estados Unidos, es de decir, la nuestra garantiza mayores protecciones, el derecho a la intimidad y la prohibición a la discriminación por sexo surge explícitamente de su texto. Al convertir en ley el PS350 la gobernadora no tan solo le hizo caso omiso a nuestro Estado de Derecho, sino que ignoró a los profesionales de la salud, de la psicología y profesionales del derecho que alzaron su voz sobre lo perjudicial que sería esta medida no tan solo para la juventud trans, sino para los derechos de las personas menores de edad y los derechos parentales por interferir con decisiones médicas de los padres y madres que ostentan la patria potestad. Sin embargo la lucha no culmina aquí, nos veremos en los tribunals”, añadió, por su parte, la licenciada Claudia Fontanet-Rodríguez (ella), integrante del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.
En días recientes, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados, entre otras organizaciones, habían pedido que se vetara la medida.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
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