Por Génesis Ibarra | El Nuevo Día

Durante ocho largos años, José A. Torruellas Iglesias luchó para incluir a su esposo, Thomas Robinson, en su plan médico; una batalla inconcebible para matrimonios de sexos opuestos. Protestó contra su patrono, envió cartas hasta al gobernador de turno y presentó una querella federal por discrimen en empleo. Nada funcionó, hasta la decisión histórica de 2015 que lo cambió todo.

El 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, más allá de los 37 estados y Washington D.C. donde, al momento, era legal. El fallo, que otorgó a las parejas del mismo sexo derechos y beneficios que, por mucho tiempo, se confirieron a las uniones heterosexuales, aplicó a Puerto Rico.

Ese viernes, Torruellas Iglesias estaba en un seminario cuando recibió la llamada de Robinson, quien le avisó que su matrimonio –celebrado en 2007 en Toronto, Canadá– sería reconocido finalmente. El hombre interrumpió el seminario para anunciar la noticia. “Tenía la bandera (de la comunidad LGBTQ+) en el baúl del carro, la saqué y me fui a la calle con un cartelón, a celebrar”, contó.

“Fuimos la primera pareja del mismo sexo en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica (donde laboraba) que le extendió el beneficio al otro”, recordó Torruellas Iglesias sobre el proceso, que encaminó el lunes luego del fallo. Dos días después, Robinson ya tenía un documento que lo titulaba como parte del plan médico de su esposo.

La insistencia de Torruellas Iglesias en incluir a su cónyuge en el plan médico podría ser difícil de entender para quienes desconocen lo que es que se les nieguen este y otros derechos solo por amar a quien aman. Para ellos –que se conocieron en 2001–, era mucho más que eso. Antes, tampoco podían tener acceso a la información médica de la pareja o tomar decisiones en emergencias, presentar una declaración de impuestos conjunta, adoptar si querían, entre muchas otras cosas.

“Piden igualdad de dignidad ante los ojos de la ley. La Constitución les concede ese derecho”, escribió, en ese entonces, el juez Anthony Kennedy, quien emitió la opinión del Tribunal.

Entre 2015 y 2024, en Puerto Rico se han registrado 3,434 matrimonios de parejas del mismo sexo, así como 461 divorcios, según datos compartidos por el Registro Demográfico. En 2024 –período que continúa en revisión–, se registraron, al menos, 455 matrimonios, la mayor cantidad en un año desde que se dio el fallo del Supremo federal en el caso Obergefell v. Hodges.

“Todavía me parece un número bajito, aun cuando es un número considerable, pero no me extraña. Primero, tenemos una baja poblacional y todavía el asunto de las parejas del mismo sexo es un asunto que tiene estigma en Puerto Rico, aun cuando ha habido cambios significativos, y el lenguaje ha cambiado, y en algunos espacios estos son temas que se hablan. Pero la realidad es que todavía en Puerto Rico se vive mucha homofobia”, opinó el licenciado Osvaldo Cruz Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE).

El décimo aniversario del fallo del Supremo federal se da en el contexto de una nueva ola de amenazas contra la comunidad LGBTQ+ por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos y, a nivel local, por el sector fundamentalista, la Legislatura y el gobierno de Jennifer González.

“La decisión en el 2015 de Obergefell v. Hodges es una de las decisiones más importantes que ha ocurrido para la comunidad LGBTQ+ en la historia”, destacó el licenciado Omar González Pagán. “Es importante que, al celebrar esa increíble victoria de 2015, no perdamos cuenta de que es solo un aspecto de la más grande batalla que tenemos que dar para encontrar y obtener reconocimiento completo de la igualdad y la dignidad de las personas LGBTQ+”.

Para la abogada Ada Conde, las acciones recientes del gobierno federal –particularmente en contra de la comunidad trans– suponen un “retroceso” y un “momento crítico de la historia”. En 2014, Conde presentó una demanda –junto a su esposa, Ivonne Álvarez– ante el Tribunal Federal para que se reconociera legalmente su matrimonio en Puerto Rico. Al pleito, se unieron Lambda Legal, Puerto Rico Para Todes y cuatro parejas, entre ellas, la de Torruellas Iglesias y Robinson.

Conde recordó que el Tribunal Federal en San Juan mantiene vigente la demanda de 2014 contra el gobierno de Puerto Rico en relación con la aplicabilidad de Obergefell v. Hodges. La retención de jurisdicción, mediante una orden emitida en 2021 por el juez federal Gustavo Gelpí, significa que el Tribunal Federal no encontró que los cambios en el Código Civil de 2020 subsanaron todos los reclamos sometidos en dicha demanda.

“A diferencia de la Constitución de Estados Unidos, nuestra Constitución, en su Artículo II, en la Sección 1, no solamente te habla de que la dignidad del ser humano es inviolable, reconoce el derecho a la intimidad. Y la de Puerto Rico, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, prohíbe la discriminación y te habla de la discriminación por sexo, y cuando hablamos de eso, estamos hablando de la orientación sexual de las personas”, argumentó Conde.

¿Derecho en riesgo?

A sus 68 y 67 años, respectivamente, Torruellas Iglesias y Robinson viven con el temor de que el Supremo federal revoque la decisión de Obergefell v. Hodges, como hizo, en junio de 2022, con la decisión de Roe v. Wade, eliminando la protección federal al derecho al aborto.

Los expertos consultados expresaron opiniones distintas sobre este punto. Mientras Conde y Cruz Burgos mostraron preocupación de que pueda perderse este derecho, González Pagán y el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano plantearon que ven poco probable este escenario.

“(Pudieran) dejarlo sin efecto o ponerlo como un asunto que sea manejado por los estados. Y eso me preocupa, porque sé que, si pasara, nuestro país va a ser uno de los primeros que va a cerrarles las puertas a las parejas del mismo sexo”, señaló Cruz Burgos.

Ante la incertidumbre actual, Cruz Burgos indicó que ha recomendado a parejas del mismo sexo que utilicen la figura del matrimonio “para un poco garantizar que, si hubiera un cambio en el estado de derecho, puedan reclamar, ‘a mí tú no me quitas un derecho que ya yo adquirí’”.

González Pagán –abogado de Lambda Legal, organización dedicada a defender los derechos de las personas LGBTQ+ y de quienes viven con VIH– reconoció que la composición del Supremo federal es “completamente distinta”. El fallo de 2015 –con cinco votos a favor y cuatro en contra– “contó con cuatro votos de personas que fueron nominadas por administraciones demócratas, y solamente quedan tres personas que fueron nominadas por dichas administraciones en la Corte corriente”.

“La Corte, creo que no es una sorpresa para cualquier persona, se ha movido significativamente a la derecha, y hemos visto eso en las decisiones de este mismo término, decisiones que han sido muy dañinas para los derechos civiles e, inclusive, las personas LGBTQ+”, mencionó.

Por su parte, Serrano –presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico– sostuvo que la decisión de 2015 –implantada inmediatamente en el archipiélago mediante una orden ejecutiva del entonces gobernador Alejandro García Padilla– marcó “un antes y un después” para la comunidad, y opinó que el matrimonio igualitario “ya no es tema de debate”.

Entre los retos principales a nivel local, enumeró los ataques por parte de la Legislatura –como el Proyecto del Senado 350, que prohíbe tratamientos de afirmación de género en menores y que se encuentra ante la consideración de la gobernadora– y el historial de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico contra el colectivo LGBTQ+.

En cuanto a las acciones de la administración de González contra la equidad, destacó la negativa a implantar la decisión federal que ordena al Registro Demográfico incluir la “X” como tercera opción en el marcador de género en el certificado de nacimiento. El Departamento de Justicia confirmó que apelará la decisión.

“Creo que es importante destacar que mucha gente también piensa que, con la consecución del derecho al matrimonio, la lucha LGBTQ+ se acabó y no hay que hacer mucho más porque se consiguió lo que era para mucha gente impensable. Y es todo lo contrario, ahora quieren ir por otras cosas que tal vez no hemos luchado con tanto ahínco, y por eso es necesario educar a nuestra propia comunidad sobre la importancia de defender los derechos y la dignidad y la humanidad de todo el colectivo LGBTQ+”, aseveró Serrano.