La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, el empeño de la administración de Jenniffer González en no reconocer el derecho de las personas no binarias a atemperar su certificado de nacimiento tras decisión judicial federal que así lo ordena.
“En vez de instrumentar la equidad, como le fue ordenado. En vez de ‘gobernar para todos los puertorriqueños’ como prometió en su toma de posesión. En vez de atender la grave crisis de servicios básicos, la gobernadora decide gastar el dinero y los recursos del gobierno en negarle un derecho a las personas no binarias”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
En una determinación, de mayo pasado, la jueza María Antongiorgi Jordán ordenó al Registro Demográfico de Puerto Rico que enmiende el formulario de Solicitud de Cambio de Género para incluir la opción de “X” como tercera alternativa en el marcador de género. Sin embargo, el gobierno de Jenniffer González logró detener la implementación de la orden en lo que se atiende su apelación.
“Gobernadora, cumpla con la orden de la Jueza Antongiorgi, quien les advirtió que ‘no han demostrado contundentemente que es probable que prosperen en cuanto al fondo de su reclamación en apelación’. Basta de usar como chivos expiatorios a las comunidades no binarias y trans”, dijo, por su parte Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
Desafortunadamente, esta sería la primera vez que esto se lleva a un tribunal apelativo. Ahora mismo, se permite en: California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.
“Nos parece inaudito que esta administración continúe en su ataque a la dignidad de las personas no binarias y la comunidad trans. Es un ataque tras otro y todo por complacer a un sector fundamentalista en una descarada jugarreta politiquera para agenciarse unos pocos votos», concluyó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
Bajo un cielo estrellado, la comunidad LGBTQ+ de Puerto Rico se dio cita este domingo, en Meet Macarena, para una celebración que fue mucho más que fiesta: fue resistencia con brillo. Forever Fabulous, la primera actividad de recaudación de fondos de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, superó expectativas reuniendo a decenas de personas dispuestas a apoyar con su energía, sus aplausos y sus donativos.
La noche comenzó a las 6:00 p.m., con un ambiente eléctrico y colorido en la emblemática barra queer del sector Roosevelt. Drag queens, activistas, artistas y aliades se entrelazaron en un mar de abrazos y abanicos. El DJ Mano Santa marcó el ritmo desde temprano, mientras más tarde, figuras como Félix Chevremont y Desiré Cardoza encendían el escenario con glamour, fuerza y autenticidad.
La actividad se celebró en el área de la terraza del club de moda, lo que motivó a varios de los presentes a darse un chapuzón en la piscina. Mientras, otros aprovecharon que la cocina estaba abierta para deleitarse con la picadera caliente que ofrece el local. Esta noche no solo recaudaron fondos, recargaron esperanza. Con apenas siete meses de creada, la organización ya agrupa a más de 90 entidades, articulando esfuerzos por la equidad y los derechos humanos en todo el archipiélago. Eventos como este permiten financiar asesorías legales, módulos educativos y campañas contra la violencia y la discriminación.
Durante la actividad, a la que asistió un gran número de personas, su presidente Pedro Julio Serrano, anunció que se llevará a cabo una asamblea virtual el sábado, 2 de agosto. Para obtener el enlace para participar de la asamblea, debes unirte a la Federación y solicitar la entrada, esto lo puedes hacer en su página de Facebook. Además, anunciaron que se llevaran reuniones distritales en los 8 distritos de Puerto Rico. Pendientes a las redes para el anuncio de las fechas en tu área.
Forever Fabulous fue más que un nombre: fue una declaración. Una prueba de que, cuando se combina el arte con el activismo, la alegría se convierte en trinchera. Pendientes a próximas actividades en las que puedes compartir con amistades y colaborar con la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció, hoy, que impugnará en los tribunales la recién firmada ley que criminaliza a los profesionales de la salud por cuidar a los menores trans y les precariza aún más.
“La Legislatura y la Gobernadora nos obligaron a tener que recurrir a los tribunales para impugnar la Ley 63 del 2025 que atenta contra el bienestar de menores trans. No hicieron vistas públicas, ignoraron a las entidades médicas profesionales, a su propio Secretario de Salud para convertir en ley una medida que pone en peligro no tan sólo a menores trans, sus padres y madres, sino a los profesionales que cumplan con su deber y les atiendan”, aseveró Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación.
En estos días, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados, entre otras organizaciones, habían pedido que se vetara la medida.
“Con esta ley, están obligando a la clandestinidad a menores trans y sus familias. Les están negando una oportunidad de vida, una esperanza de poder ser atendidos por profesionales de la salud que velen por su bienestar. Es un día muy triste que, aunque duele, nos impulsa a seguir luchando para revertir el daño que hoy convierten en ley”, dijo, por su parte Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
La nueva ley establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional.
“La responsabilidad de esta nefasta ley recae no tan sólo en la gobernadora, sino en Rivera Schatz, Rodríguez Veve, toda la delegación novoprogresista, casi toda la delegación popular y Eliezer Molina. Les debe dar vergüenza de mirar a la cara a sus familiares, amigos, empleados y correligionarios que son LGBTQ+, pues con sus votos legalizaron el maltrato, el discrimen y el abandono en su contra”, concluyó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la recién firmada ley que precariza a los menores trans y sus familias, a la vez que criminaliza a profesionales de la salud que velan por su bienestar.
“Como persona no binaria que llevo más de tres años accediendo cuido médico de afirmación de género, puedo confirmar que este cuido me ha salvado la vida. Siento una tristeza profunda por la juventud trans y de género no conforme en Puerto Rico que no va a poder acceder este cuido y por les proveedores médicos que son aliados de nuestra comunidad, quienes serán penalizades por ejercer su profesión. Profesionales de la salud en Puerto Rico y alrededor del mundo han reafirmado el apoyo y el éxito científicamente probado de estos procedimientos. Lucharemos hasta las últimas consecuencias para que la ciencia y los derechos humanos prevalezcan y para que la niñez y juventud trans en Puerto Rico pueda vivir en paz en nuestro archipiélago”, aseveró Kari Claudio Betancourt (elle) , directore de la Tejedora y parte del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.
El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ estará coordinando la respuesta legal a las dos leyes que se han aprobado este año que laceran los derechos de las personas LGBTQ+ en Puerto Rico. Estas son la Ley 14 del 2025 que legaliza el discrimen con la excusa de la Libertad religiosa y la Ley 63 de 2025 que vulnera a menores trans y sus familias, así como criminaliza a profesionales de la salud por atenderlos.
“El Proyecto del Senado 350, que la gobernadora convirtió en ley, levanta grandes cuestionamientos de índole constitucional. Nuestra Constituctión es de factura más ancha que la Constitución de los Estados Unidos, es de decir, la nuestra garantiza mayores protecciones, el derecho a la intimidad y la prohibición a la discriminación por sexo surge explícitamente de su texto. Al convertir en ley el PS350 la gobernadora no tan solo le hizo caso omiso a nuestro Estado de Derecho, sino que ignoró a los profesionales de la salud, de la psicología y profesionales del derecho que alzaron su voz sobre lo perjudicial que sería esta medida no tan solo para la juventud trans, sino para los derechos de las personas menores de edad y los derechos parentales por interferir con decisiones médicas de los padres y madres que ostentan la patria potestad. Sin embargo la lucha no culmina aquí, nos veremos en los tribunals”, añadió, por su parte, la licenciada Claudia Fontanet-Rodríguez (ella), integrante del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.
En días recientes, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados, entre otras organizaciones, habían pedido que se vetara la medida.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció «la firma cruel e inhumana por parte de la gobernadora de una ley que criminaliza a los profesionales de la salud por cuidar a los menores trans y les precariza aún más».
«¡Qué vergüenza! Jenniffer González, con sus actos, se declara la gobernadora más enemiga de la equidad en la historia. Ignoró a su propio Secretario de Salud y a las asociaciones médicas que avalan tratamientos a menores trans. Al convertir en ley el Proyecto del Senado 350, acaba de de poner en peligro a menores trans y sus familias y de criminalizar a profesionales de la salud por cumplir con su deber», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
En estos días, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados, entre otras organizaciones, habían pedido que se vetara la medida.
«Es un momento muy triste en la historia de nuestro país, cuando una gobernadora que dijo que trabajaría para todos, abandona a la juventud trans y a sus familias. No importan las leyes que firmen, nunca podrán impedir nuestra existencia. Haremos lo que tengamos que hacer para defender nuestra dignidad», dijo, por su parte Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
La nueva ley establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional.
«Que no quepa duda: iremos a los tribunales para impugnar la constitucionalidad de la firma cruel e inhumana, por parte de la gobernadora, de una ley que criminaliza a los profesionales de la salud por cuidar a los menores trans y les precariza aún más. Ahora, más que nunca, vamos a luchar», concluyó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
Ante el rechazo de varias organizaciones salubristas y asociadas a la comunidad LGBTQ+ al Proyecto del Senado (PS) 350, que prohíbe los procedimientos quirúrgicos de cambio de género en menores de 21 años, la gobernadora Jenniffer González Colón, indicó que cuando la medida llegue a sus manos la evaluará, pero no anticipó si lo avalará o no.
Esta pieza legislativa ya había sido aprobada por la Legislatura, pero fue devuelta por la mandataria para que los legisladores realizaran unas enmiendas. El PS 350 fue aprobado por ambos cuerpos por segunda vez, ahora va en ruta a La Fortaleza.
“Estamos hablando de menores de edad, verdad, y una cosa es lo que usted quiere hacer con su vida como adulto y otra cosa es con menores de edad. Así que hay una política pública ahí. Sin embargo, todavía la medida no ha llegado a Fortaleza, cuando llegue mi equipo de trabajo la va a examinar. Nosotros la vamos a revisar, tomaremos una decisión y lo notificaremos al pueblo”, expresó la mandataria en rueda de prensa.
El PS 350 busca crear la Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico, que establece en su texto la prohibición de “intervenciones médicas y quirúrgicas que busquen modificar la biología de su sexo bajo el pretexto de una transición de género”. Además, penalizaría a las personas o profesionales de la salud que violen esta política pública.
“Toda persona que viole las disposiciones de esta Ley será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 15 años. De ser un profesional de la salud quien incurra en la violación de esta Ley, además de imponérsele la pena antes descrita, se le revocará su licencia profesional. Si la persona convicta es una persona jurídica, será sancionada con pena de multa de $50,000 por violación y se le revocarán todas las licencias y permisos de operación, impidiéndosele permanentemente llevar a cabo negocios en Puerto Rico”, lee el proyecto.
La jefa del Ejecutivo no adelantó si estampará su firma, porque primero quiere evaluar las enmiendas realizadas.
“Obviamente eran varias enmiendas, eran enmiendas técnicas y se sometieron. Vamos a esperar, cuando yo vea la medida, con mucho gusto la voy a atender. No es que la gente no se va a enterar, todo el mundo va a saber si yo apruebo o no apruebo una legislación”, recalcó.
Previamente, el presidente de la Federación Lgbtq+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, condenó la aprobación de la medida y sostuvo que representa un atentado contra los derechos humanos y la salud de la niñez y juventud trans en la Isla.
“Criminalizan a padres y médicos por brindarle atención médica que salva vidas a jóvenes trans”, expresó Serrano, mediante declaraciones escritas.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se unió, hoy, al llamado que han hecho importantes entidades profesionales para que la gobernadora vete el proyecto que criminaliza a los profesionales de la salud por ofrecer tratamientos de afirmación de género a menores trans.
«Agradecemos a todas las entidades profesionales que, en estos días, han pedido a la gobernadora que no convierta en ley esta medida que no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Gobernadora, por favor, escuche a las entidades que velan por la salud y el bienestar de nuestro pueblo: vete este proyecto», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
En estos días, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y el Colegio de Abogadas y Abogados, pidieron que se vete la medida que establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional.
«Gobernadora, vete esta medida que representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de los menores trans y sus familias. Los tratamientos de afirmación de género —cuando son supervisados por profesionales de la salud— son considerados esenciales para el bienestar de las personas trans. Convertir este proyecto en ley sería cruel e inhumano», concluyó Ivan Fred Millán, directora de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de un centenar de entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) exhortó hoy a la Gobernadora Jenniffer A. González Colón a no firmar el Proyecto del Senado 350, recientemente aprobado por la Legislatura, por considerar que la medida representa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de las personas menores de edad trans y sus familias.
A través de una carta formal enviada desde la presidencia del Colegio, se expone que el proyecto carece de fundamentos científicos y jurídicos, y que sus disposiciones podrían tener efectos irreparables en la salud física y emocional de jóvenes cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer.
“El Proyecto del Senado 350 plantea serias preocupaciones desde el punto de vista constitucional, médico y humano. Limita el acceso a cuidados de salud necesarios y deja desprovistos de protección a menores que ya enfrentan múltiples barreras en su desarrollo. Hacemos un llamado a la reflexión, al respeto por la evidencia científica y al compromiso con los derechos humanos de toda nuestra niñez y juventud,” expresó la Lcda. Vivian Godineaux Villaronga, Presidenta del Colegio.
El Colegio también señaló que la medida viola principios constitucionales como la unidad de propósito legislativo, e impone sanciones desproporcionadas a profesionales de la salud y a las familias que procuran acompañamiento médico responsable para sus hijas e hijos. “Nuestra Constitución establece que la dignidad del ser humano es inviolable. Las políticas públicas deben construirse desde esa premisa y atender la realidad concreta de quienes más necesitan apoyo y acompañamiento,” añadió Godineaux Villaronga.
El Colegio reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades y con todos los sectores interesados para desarrollar políticas públicas basadas en evidencia científica, sensibilidad humana y respeto por los derechos fundamentales de todas las personas, en especial de las poblaciones más vulnerables.
La presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, doctora Yesenia Delgado Castillo, solicitó a la gobernadora a vetar el Proyecto del Senado 350 por criminalizar a los profesionales de la salud mental por brindar terapias con el consentimiento de padres y madres de personas trans menores de 21 años.
En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón, la doctora Delgado Castillo aseveró que “la Asociación Americana de Psicología apoya estas terapias de afirmación de género. En su declaración sobre el particular, afirma que ‘apoya el acceso a la atención psicológica y al tratamiento basado en la evidencia para niños, adolescentes y adultos trans, de género diverso y no binarios. Las decisiones sobre el tratamiento deben tomarse conjuntamente entre los padres o tutores, los expertos médicos y psicológicos, y los propios jóvenes’”.
En estos pasados días, tanto el Colegio de Médicos Cirujanos como el Colegio de Profesionales del Trabajo Social como la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, pidieron que se vete la medida que establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de las licencias de los profesionales de la salud que realicen a menores de 21 años terapias de afirmación de género, las cuales están aprobadas por todas las asociaciones médicas a nivel nacional e internacional.
“Por ende, le exhortamos a que no firme esta medida que pone en peligro a jóvenes trans que necesitan atención médica y de salud mental que los profesionales de nuestra asociación están dispuestos a ofrecer”, añadió la doctora Delgado Castillo.
Durante ocho largos años, José A. Torruellas Iglesias luchó para incluir a su esposo, Thomas Robinson, en su plan médico; una batalla inconcebible para matrimonios de sexos opuestos. Protestó contra su patrono, envió cartas hasta al gobernador de turno y presentó una querella federal por discrimen en empleo. Nada funcionó, hasta la decisión histórica de 2015 que lo cambió todo.
El 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, más allá de los 37 estados y Washington D.C. donde, al momento, era legal. El fallo, que otorgó a las parejas del mismo sexo derechos y beneficios que, por mucho tiempo, se confirieron a las uniones heterosexuales, aplicó a Puerto Rico.
Ese viernes, Torruellas Iglesias estaba en un seminario cuando recibió la llamada de Robinson, quien le avisó que su matrimonio –celebrado en 2007 en Toronto, Canadá– sería reconocido finalmente. El hombre interrumpió el seminario para anunciar la noticia. “Tenía la bandera (de la comunidad LGBTQ+) en el baúl del carro, la saqué y me fui a la calle con un cartelón, a celebrar”, contó.
“Fuimos la primera pareja del mismo sexo en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica (donde laboraba) que le extendió el beneficio al otro”, recordó Torruellas Iglesias sobre el proceso, que encaminó el lunes luego del fallo. Dos días después, Robinson ya tenía un documento que lo titulaba como parte del plan médico de su esposo.
La insistencia de Torruellas Iglesias en incluir a su cónyuge en el plan médico podría ser difícil de entender para quienes desconocen lo que es que se les nieguen este y otros derechos solo por amar a quien aman. Para ellos –que se conocieron en 2001–, era mucho más que eso. Antes, tampoco podían tener acceso a la información médica de la pareja o tomar decisiones en emergencias, presentar una declaración de impuestos conjunta, adoptar si querían, entre muchas otras cosas.
“Piden igualdad de dignidad ante los ojos de la ley. La Constitución les concede ese derecho”, escribió, en ese entonces, el juez Anthony Kennedy, quien emitió la opinión del Tribunal.
Entre 2015 y 2024, en Puerto Rico se han registrado 3,434 matrimonios de parejas del mismo sexo, así como 461 divorcios, según datos compartidos por el Registro Demográfico. En 2024 –período que continúa en revisión–, se registraron, al menos, 455 matrimonios, la mayor cantidad en un año desde que se dio el fallo del Supremo federal en el caso Obergefell v. Hodges.
“Todavía me parece un número bajito, aun cuando es un número considerable, pero no me extraña. Primero, tenemos una baja poblacional y todavía el asunto de las parejas del mismo sexo es un asunto que tiene estigma en Puerto Rico, aun cuando ha habido cambios significativos, y el lenguaje ha cambiado, y en algunos espacios estos son temas que se hablan. Pero la realidad es que todavía en Puerto Rico se vive mucha homofobia”, opinó el licenciado Osvaldo Cruz Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE).
El décimo aniversario del fallo del Supremo federal se da en el contexto de una nueva ola de amenazas contra la comunidad LGBTQ+ por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos y, a nivel local, por el sector fundamentalista, la Legislatura y el gobierno de Jennifer González.
“La decisión en el 2015 de Obergefell v. Hodges es una de las decisiones más importantes que ha ocurrido para la comunidad LGBTQ+ en la historia”, destacó el licenciado Omar González Pagán. “Es importante que, al celebrar esa increíble victoria de 2015, no perdamos cuenta de que es solo un aspecto de la más grande batalla que tenemos que dar para encontrar y obtener reconocimiento completo de la igualdad y la dignidad de las personas LGBTQ+”.
Para la abogada Ada Conde, las acciones recientes del gobierno federal –particularmente en contra de la comunidad trans– suponen un “retroceso” y un “momento crítico de la historia”. En 2014, Conde presentó una demanda –junto a su esposa, Ivonne Álvarez– ante el Tribunal Federal para que se reconociera legalmente su matrimonio en Puerto Rico. Al pleito, se unieron Lambda Legal, Puerto Rico Para Todes y cuatro parejas, entre ellas, la de Torruellas Iglesias y Robinson.
Conde recordó que el Tribunal Federal en San Juan mantiene vigente la demanda de 2014 contra el gobierno de Puerto Rico en relación con la aplicabilidad de Obergefell v. Hodges. La retención de jurisdicción, mediante una orden emitida en 2021 por el juez federal Gustavo Gelpí, significa que el Tribunal Federal no encontró que los cambios en el Código Civil de 2020 subsanaron todos los reclamos sometidos en dicha demanda.
“A diferencia de la Constitución de Estados Unidos, nuestra Constitución, en su Artículo II, en la Sección 1, no solamente te habla de que la dignidad del ser humano es inviolable, reconoce el derecho a la intimidad. Y la de Puerto Rico, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, prohíbe la discriminación y te habla de la discriminación por sexo, y cuando hablamos de eso, estamos hablando de la orientación sexual de las personas”, argumentó Conde.
¿Derecho en riesgo?
A sus 68 y 67 años, respectivamente, Torruellas Iglesias y Robinson viven con el temor de que el Supremo federal revoque la decisión de Obergefell v. Hodges, como hizo, en junio de 2022, con la decisión de Roe v. Wade, eliminando la protección federal al derecho al aborto.
Los expertos consultados expresaron opiniones distintas sobre este punto. Mientras Conde y Cruz Burgos mostraron preocupación de que pueda perderse este derecho, González Pagán y el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano plantearon que ven poco probable este escenario.
“(Pudieran) dejarlo sin efecto o ponerlo como un asunto que sea manejado por los estados. Y eso me preocupa, porque sé que, si pasara, nuestro país va a ser uno de los primeros que va a cerrarles las puertas a las parejas del mismo sexo”, señaló Cruz Burgos.
Ante la incertidumbre actual, Cruz Burgos indicó que ha recomendado a parejas del mismo sexo que utilicen la figura del matrimonio “para un poco garantizar que, si hubiera un cambio en el estado de derecho, puedan reclamar, ‘a mí tú no me quitas un derecho que ya yo adquirí’”.
González Pagán –abogado de Lambda Legal, organización dedicada a defender los derechos de las personas LGBTQ+ y de quienes viven con VIH– reconoció que la composición del Supremo federal es “completamente distinta”. El fallo de 2015 –con cinco votos a favor y cuatro en contra– “contó con cuatro votos de personas que fueron nominadas por administraciones demócratas, y solamente quedan tres personas que fueron nominadas por dichas administraciones en la Corte corriente”.
“La Corte, creo que no es una sorpresa para cualquier persona, se ha movido significativamente a la derecha, y hemos visto eso en las decisiones de este mismo término, decisiones que han sido muy dañinas para los derechos civiles e, inclusive, las personas LGBTQ+”, mencionó.
Por su parte, Serrano –presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico– sostuvo que la decisión de 2015 –implantada inmediatamente en el archipiélago mediante una orden ejecutiva del entonces gobernador Alejandro García Padilla– marcó “un antes y un después” para la comunidad, y opinó que el matrimonio igualitario “ya no es tema de debate”.
Entre los retos principales a nivel local, enumeró los ataques por parte de la Legislatura –como el Proyecto del Senado 350, que prohíbe tratamientos de afirmación de género en menores y que se encuentra ante la consideración de la gobernadora– y el historial de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico contra el colectivo LGBTQ+.
En cuanto a las acciones de la administración de González contra la equidad, destacó la negativa a implantar la decisión federal que ordena al Registro Demográfico incluir la “X” como tercera opción en el marcador de género en el certificado de nacimiento. El Departamento de Justicia confirmó que apelará la decisión.
“Creo que es importante destacar que mucha gente también piensa que, con la consecución del derecho al matrimonio, la lucha LGBTQ+ se acabó y no hay que hacer mucho más porque se consiguió lo que era para mucha gente impensable. Y es todo lo contrario, ahora quieren ir por otras cosas que tal vez no hemos luchado con tanto ahínco, y por eso es necesario educar a nuestra propia comunidad sobre la importancia de defender los derechos y la dignidad y la humanidad de todo el colectivo LGBTQ+”, aseveró Serrano.
Pedro Julio Serrano 