Mes: abril 2025

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la aprobación en la Cámara de Representantes de la medida que daría licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa y de la medida que criminalizaría a padres y profesionales de la salud que ofrezcan terapias de afirmación de género a menores de 21 años.

«Parece mentira que la Cámara —bajo descargue y sin vistas públicas— aprobara una medida que abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«Como si fuera poco, aprobaron el PS 350 que representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans. Esto es cruel e inhumano», sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

«Exhortamos a la gobernadora Jenniffer González Colón a que no dé paso a estos proyectos que abren la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan. Vete estas medidas», concluyeron los portavoces.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la aprobación senatorial del proyecto de ley que criminaliza a padres, madres y médicos que decidan ofrecer terapias de afirmación de género a la niñez y juventud trans.

«El aprobar esta medida —por descargue y sin vistas públicas— constituye un ataque directo a los derechos de la niñez y juventud trans poniendo en riesgo su bienestar físico y emocional. El Proyecto del Senado 350 representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación. 

«Al no realizar vistas públicas, el Senado ignora la evidencia científica y las recomendaciones de organizaciones médicas y psicológicas, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Estas entidades han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans», indicó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

“El PS 350 también pretende imponer sanciones draconianas a los profesionales de la salud que brinden estos tratamientos, criminalizando el ejercicio médico basado en evidencia científica. Esto no solo viola el derecho de la niñez y juventud trans a recibir atención médica adecuada, sino que además interfiere en la relación médico-paciente y vulnera la autonomía de las familias para tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos, hijas e hijes”, sentenció Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación. 

“Esta legislación no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans. En lugar de proteger a la niñez y juventud trans, esta medida les expone a un mayor sufrimiento y vulnerabilidad”, dijo, por su parte, Güarix Agosto, tesorera alterna de la Federación. 

“Hacemos un llamado a la Cámara de Representantes a rechazar esta medida discriminatoria. Es su deber, garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o su identidad de género, tengan acceso a atención médica basada en evidencia y libre de prejuicios”, concluyeron los portavoces. 

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, la aprobación en el Senado de la medida que daría licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa.

«Parece mentira que el Senado aprobara una medida tan discriminatoria, cruel e inhumana. Esta medida abre la puerta para que los servidores públicos usen la excusa de su libertad religiosa para que se puedan negar a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Como si fuera poco, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«A los senadores y senadoras del PNP se les olvida que tienen personas LGBTQ+ que son miembros de su partido y de sus familias, que les dieron sus votos, que trabajaron para que ellos salieran electos. No sé con qué cara mirarán a sus familiares, correligionarios y amigos que son de la comunidad LGBTQ+», sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

Por su parte, Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación, sostuvo que «para echarle la sal a la herida, han eliminado a la identidad de género como una categoría protegida de discrimen de cualquier alcance de esta medida. Esto pone en un mayor estado de vulnerabilidad a las personas trans en Puerto Rico, abriendo —de par en par— las puertas al discrimen legalizado».

«Exhortamos a la Cámara de Representantes a que no dé paso a un proyecto que abre la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. Exigimos vistas públicas camerales para que los y las representantes puedan conocer los alcances peligrosos de esta medida. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan», concluyeron los portavoces.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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Por Pamela Hernández Cabiya | Noticel

Este próximo jueves, el Alto Cuerpo se dispone aprobar el proyecto de ley que busca que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico.

Esto a pesar de que organizaciones que representan a la comunidad LGBTT+, así como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, insistieran en que la medida legislativa solo le abría la puerta al discrimen.

«El jueves, vamos aprobarlo», contestó el autor de la medida y presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz a NotiCel.

En la vista que se celebró a finales de febrero, el Senado recibió insumo por parte del sector médico, eclesiástico y legal con opiniones encontradas.

El Proyecto del Senado 1, en síntesis, busca establecer la «Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico» enmendando el artículo cinco de la Ley 25 del 1983. Lo que implica esta enmienda es que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico.

Por tanto, la ley cobijaría a todo ciudadano, incluyendo empleados y funcionarios por el estado y estudiantes, padres, tutores o encargados en el sistema público de enseñanza, así como pacientes en cualquier institución médico- hospitalaria y para adultos mayores, público o privado.

La medida también incluye que se vele por la libertad y derechos de aquellos individuos en los procesos de vacunación por medio de creencias religiosas.

Se evitaría, además, que las iglesias u organizaciones con base de fe sean discriminadas por motivo religioso en servicios gubernamentales, concesión de permisos, acceso a fondos, materiales, propuestas y otros programas que estén disponibles a otras entidades no religiosas.

A los estudiantes del Departamento de Educación (DE) no se le podrá discriminar por motivos de brindar un punto de vista o expresión religiosa. Así también el estudiante puede expresar sus creencias religiosas en trabajos escolares, obras de arte y literarias, entre otras tareas.

Rivera Schatz, también adelantó que el proyecto estará bajando con algunas enmiendas recomendadas por varios sectores, pero que la esencia del proyecto está intacta.

«Hemos cogido todas las enmiendas que no han sugerido. Departamento de Justicia, Educación, personas que se comunicaron. Ese proyecto no le quita derechos a nadie. Hay 23 estados que tienen eso», puntualizó.

Reacciona la Federación LGBTQ+

El presidente de la Federación LGBTQ+, Pedro Julio Serrano, reaccionó a este diario digital, indignado de la decisión del presidente del Alto Cuerpo.

«Parece mentira que el Senado considere aprobar una medida tan discriminatoria, cruel e inhumana. Esta medida abre la puerta para que los servidores públicos usen la excusa de su libertad religiosa para que se puedan negar a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Esto es inaudito», dijo.

«Como si fuera poco, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien bajo la excusa de la libertad religiosa. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales», añadió.

Serrano agregó que dentro de las enmiendas incluidas, se eliminó la categoría de identidad de género dentro del marco del discrimen sobre libertad religiosa.

«De hecho, esta versión que irá a votación tiene el agravante que eliminaron a la identidad de género como una categoría protegida de discrimen, abriendo la puerta a que atenten contra los derechos de las personas trans. Esto es una afrenta directa a la dignidad de nuestros hermanos y hermanas trans», insistió.

«A los senadores y senadoras del PNP se les olvida que tienen personas LGBTQ+ que son miembros de su partido, que les dieron sus votos, que trabajaron para que ellos salieran electos. No se que con que cara mirarán a sus familiares, correligionarios y amigos que son de la comunidad LGBTQ+», concluyó.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció, hoy, que la medida que daría licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa no protegería a las personas trans de posible discrimen.

«Han eliminado a la identidad de género como una categoría protegida de discrimen de cualquier alcance de esta medida. Esto pone en un mayor estado de vulnerabilidad a las personas trans en Puerto Rico, abriendo —de par en par— las puertas al discrimen legalizado. El entirillado que será considerado en el hemiciclo del Senado es peor al proyecto inicialmente radicado», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«Los proponentes de la medida adujeron que no sería usada para discriminar y el tiempo demostró que sí. No tan solo podrán negarse a dar servicios a personas LGBTQ+, sino que la supuesta protección en contra del discrimen contenida en la medida, elimina a las personas trans», dijo, por su parte Jennifer Orellana, secretaria de la Federación.

«Ya basta de usar a la comunidad trans como balón político para complacer a un sector radical fundamentalista que quiere imponer su visión de vida a través de nuestras leyes. Esta medida abre la puerta al discrimen como ninguna otra lo había hecho en Puerto Rico. Las y los senadores tienen que votarle en contra», concluyeron los portavoces.

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Líderes religiosos del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se expresaron, hoy, en contra de la medida que da licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa.

«Como líderes de fe, nos oponemos al Proyecto del Senado 1, que pretende dar licencia para discriminar bajo la excusa de la libertad religiosa. Es un proyecto que privilegia a la creencia religiosa como excusa para negar servicios a ciudadanos. Al igual que permite que profesiones reguladas por el Estado puedan negarse a atender a personas, pues tendrían inmunidad», aseveró el doctor Juan F. Caraballo Resto, miembro del Consejo Asesor.

«La libertad religiosa no puede convertirse en una herramienta de odio, exclusión, desigualdad o discriminación. Como hombres y mujeres de fe, nos oponemos a esta medida y urgimos a cada líder religioso y a cada una de nuestras comunidades a levantar sus voces en contra de este proyecto tan peligroso. Nuestra fe nos llama al amor y la solidaridad, no al prejuicio ni al discrimen», indicó la reverenda Agustina Luvis Núñez, miembro del Consejo Asesor.

«Es menester que el Senado analice profundamente los peligros de una medida que vulnera a muchas poblaciones en Puerto Rico, no tan sólo la comunidad LGBTQ+. Le pedimos aquilatar los alcances de dicho proyecto que pretende abrir una puerta al discrimen», dijo, por su parte, el pastor Pedrito De Jesús, miembro del Consejo Asesor.

«Nos oponemos a una medida que, en vez de proteger algo que ya está protegido, abre la puerta para que se use una creencia religiosa como excusa para discriminar. Confiamos en que este Senado actúe en defensa de la dignidad de todo ser humano y en contra del discrimen», añadió Sumayah Soler, miembro del Consejo Asesor.

Por su parte, el reverendo George González Medrano, del Consejo Asesor, aseguró que «como cristiano, Jesús nos enseñó que quienes entran primero en su reino, son aquellas personas que la sociedad margina y vulnera. Jamás podemos utilizar nuestras creencias para negarle un servicio a una persona que no profese nuestra fe. Por eso, nos oponemos a este proyecto que es lo opuesto al amor, la empatía y la compasión a la que somos llamados las y los cristianos».

Además, la pastora Nixie Ramos, también del Consejo Asesor, expresó que «las y los senadores tienen ante sí cumplir con el juramento de defensa de la Constitución que protege a todos los seres humanos de discrimen. Hacemos un llamado a aquellos que son religiosos a que amen al prójimo y no voten a favor de un proyecto que vulnera los derechos humanos de sus ciudadanos».

«Hacemos una exhortación al país para que se comunique con las y los senadores para que voten en contra de una medida que atenta contra el valor humano y cristiano de hermandad, solidaridad y humanidad. Es hora de alzar nuestras voces en favor de todos los ciudadanos y en contra del discrimen», aseguró el reverendo Juan Angel Gutiérrez, del Consejo Asesor.

Por último, Ada Conde Vidal, del Consejo Asesor, concluyó con «un llamado a las senadoras y los senadores a que hagan lo correcto. Que no permitan que se legalice el discrimen. Hoy van por la comunidad LGBTQ+, mañana irán por otras creencias religiosas y por otras comunidades vulnerables. La Constitución se hizo para defender a las minorías del posible abuso de las mayorías».

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