Por José Maldonado | Ey Boricua

El escenario no podía ser más simbólico ni más provocador: el Domingo de Ramos, día en que el cristianismo conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén en un acto de resistencia contra el poder imperial, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 14-2025, legalizando —según activistas y juristas— el discrimen contra la comunidad LGBTTQ+ bajo el pretexto de la libertad religiosa.

La respuesta fue inmediata. Este lunes, desde San Juan, la Federación LGBTTQ+ de Puerto Rico rompió públicamente con la mandataria. “La gobernadora se ha declarado ella misma enemiga de la equidad”, afirmó Pedro Julio Serrano, presidente de la organización. “Legalizó el discrimen por primera vez en nuestra historia. La gobernadora tenía en sus manos el poder de proteger la vida de nuestra gente, y eligió todo lo contrario”.

Una reunión, una promesa, una traición

Cinco días antes de la firma, representantes de la Federación se sentaron en la oficina de la gobernadora en Fortaleza. Fue, según ellos, una reunión cordial pero crucial. Le llevaron una versión enmendada del Proyecto del Senado 1, marcando página por página las cláusulas más peligrosas: la de supremacía, la de reglamentación, la derogación tácita.

“La gobernadora admitió en ese momento que no había leído el proyecto”, denunció Ivana Fred, directora ejecutiva. “Nos dijo literalmente: ‘yo no he leído eso’. Y empezó a molestarse cuando vio lo que le estábamos enseñando”.

Según Serrano, discutieron tres opciones posibles: que la Cámara solicitara el retiro del proyecto para enmendarlo, que la propia gobernadora lo devolviera con cambios, o que lo vetara y trabajara para evitar que la legislatura pasara por encima del veto.

“Nada de eso ocurrió. Lo que sí pasó fue que nos llamó el secretario de la Gobernación para decirnos que lo firmarían. En ese momento le dije con claridad: la vamos a declarar enemiga de la equidad. Porque eso es lo que es”.

El poder de firmar, el poder de excluir

La Ley 14-2025 permite que empleados públicos y profesionales regulados por el Estado —como médicos, trabajadores sociales, psicólogos o abogados— puedan negarse a ofrecer servicios si consideran que hacerlo contradice sus creencias religiosas. Según la Federación, esto pone en riesgo directo el acceso a servicios esenciales, y le da permiso legal al discrimen.

“El país se ha convertido en un lugar donde tu vida depende de con quién te cruces en la ventanilla”, denunció Fred. “Es inaudito. Esto le puede costar la vida a personas que ya están en estado de vulnerabilidad”.

La religión usada como arma

Uno de los momentos más impactantes de la conferencia fue la intervención del profesor Juan Caraballo Resto, teólogo y miembro del Consejo Asesor de la Federación. “La libertad religiosa no ha sido un problema en Puerto Rico hasta hoy”, dijo con tono grave. “La religión a la fuerza no es fe, es violencia. Y esta ley la convierte en un arma”.

Caraballo advirtió que el silencio de las iglesias y sectores profesionales frente a esta legislación no los protegerá en el futuro. “Ya fueron contra nuestras comunidades, contra nuestras escuelas, contra nuestros hospitales, contra nuestras profesiones colegiadas. Los próximos, las próximas serán ustedes”, dijo, mirando directamente a la cámara.

“El momento de guardar silencio y meramente observar se nos acabó”, insistió. “Este es el momento de asumir con pecho y espalda, con cuello y tesitud, la coyuntura histórica que se nos sobreviene y, como personas de fe, vivirla y que retumbe por los confines de nuestra tierra”.

Un golpe simbólico y espiritual

Nina Torres, profesora y miembro de la pastoral de Mujeres de Justicia y Género, relató que se enteró de la firma justo al salir de un servicio religioso. “Fue un golpe cínico, disfrazado de moral. Ese día celebramos la esperanza, no el odio. Pero la gobernadora decidió firmar la exclusión a nombre del amor cristiano”, dijo.

Añadió que esta ley no obliga a discriminar, pero sí le da poder a quienes ya lo hacen. “Discriminará la gente que, con ley o sin ley, lo estaba haciendo y se sentirán fuertes para hacerlo. Pero a quienes hemos defendido los derechos humanos, ninguna ley nos va a obligar a discriminar”.

Hizo un llamado directo a iglesias, escuelas, universidades y hogares: “Levanten la voz y expliquen que somos todos hijos e hijas de una gran familia de Dios. La divinidad es diversa y eso es lo que hay que abrazar”.

Una base trans traicionada

Marielle de León, legisladora municipal de San Juan y primera persona trans en ocupar ese cargo en Puerto Rico, también tomó la palabra. Denunció que esta ley y otras medidas en curso, como el PS350, atacan directamente a personas trans.

“Se nos va a negar acceso a servicios médicos que sí recibirían personas cisgénero. Eso es discriminación explícita. Y no lo digo yo: está escrito”, afirmó.

De León añadió que dentro del mismo PNP hay personas LGBTTQ+ que hoy se sienten traicionadas. “Nos vendieron a los fundamentalistas. Nos usaron como moneda de cambio”.

Trump, Dignidad y la estrategia del miedo

Para la Federación, la firma de esta ley es una jugada política clara: complacer a la base conservadora y recuperar votos que se han movido hacia Proyecto Dignidad. Pero también es, aseguran, un gesto de alineamiento con la nueva agenda federal.