La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico presentó, hoy, a su Consejo Asesor que le asistirá en la implementación de su plan estratégico con miras a enfrentar las medidas anti-derechos de la administración Trump y la Legislatura puertorriqueña.
«Es con una gratitud inmensa que nos honra presentarle al País a los extraordinarios recursos que han aceptado ser parte de nuestro Consejo Asesor. Sus destacadas trayectorias en sus diversas materias, al igual que su compromiso inquebrantable con la equidad, nutrirán nuestro trabajo de una manera inmensurable. Hoy visibilizamos estas solidaridades para demostrar que tenemos un Consejo Asesor de primera y un pueblo solidario y amoroso que nos apoyan», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
Por su parte, el Consejo Asesor, emitió la siguiente declaración: «los tiempos que vivimos nos urgen a la acción frontal y decidida a favor de los derechos humanos. Nuestras experiencias individuales y colectivas, así como nuestros saberes y recursos, están a su disposición. Nuestro compromiso inalienable con la equidad nos convoca a mantenernos firmes en la lucha que nos une, para que nuestro País sea cada vez más justo y equitativo. La Federación, la comunidad LGBTQ+ y el País cuentan con este Consejo para las luchas que hay que dar».
El Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ está compuesto por:
1. Anibal Acevedo Vilá
2. Angeles Acosta
3. Larry E. Alicea Rodríguez
4. Victor Alicea
5. Christie Capetta Suro
6. Juan F. Caraballo Resto
7. Karla Cardona Cortés
8. Gabriel Casal Nazario
9. Joanna Cifredo
10. Arnaldo Claudio
11. Kari Claudio Betancourt
12. Giancarlo Colberg Ferrer
13. Ineabelle Colón
14. Ada Conde Vidal
15. Carmen Yulín Cruz Soto
16. Liza Gallardo Martín
17. José Enrique García Oquendo
18. Omar González Pagán
19. Nirvana González Rosa
20. Wilfred Labiosa
21. Zoé Laboy
22. Agustina Luvis Núñez
23. Melissa Mark Viverito
24. Nabila Graniela Marty
25. Nicolás Eugene Matías
26. Nilda Morales
27. Pedro Muñiz
28. Samy Nemir Olivares
29. Ever Padilla Ruiz
30. Susanne Ramírez de Arellano
31. Palmira Ríos González
32. Luis Rivera Pagán
33. Verónica Rivera Torres
34. Graciela Rodríguez Martinó
35. José Rodríguez
36. Wilda Rodríguez
37. María Román Taylorson
38. Johanna Rosaly
39. Idel Santiago
40. Rosa Seguí Cordero
41. Eric Sevilla De los Ríos
42. Julián Silva Reteguis
43. Sumayah Soler
44. Karina Torres
45. Alberto Valentín
46. Vanessa Valiente Vilella
47. Miguel Vázquez Rivera
48. Bruny Velázquez
49. Esther Vicente
50. Carmen Villanueva Castro
El Consejo Asesor estará brindando consejería, estableciendo planes de trabajo, participando de los medios de comunicación y ayudando en la formulación de la dirección estratégica de la Federación.
La mayoría de los miembros del Consejo Asesor participó, el fin de semana pasado, de la primera asamblea de miembros de la Federación que se llevó a cabo en Casa Ruth en Río Piedras. Próximamente se anunciarán las asambleas regionales en los ocho distritos senatoriales de Puerto Rico.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, compuesta por más de 80 entidades que representan a la comunidad y aliados, busca instrumentar la equidad en nuestra patria. Para conocer más acerca de la federación, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.
Ante la probabilidad de que se apruebe el Proyecto del Senado 1, que establecería la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, activistas aseguran que se trata de una amenaza a los derechos humanos y la salud pública en el País.
“Es bien importante que las personas no limiten la conversación a que esto es un issue entre las personas LGBTT y personas conservadoras; y sepan que esto va a afectar a todo el mundo. Realmente la libertad religiosa en Puerto Rico existe, la libertad de culto existe, lo que pasa es que se ha usado y se ha tergiversado para que un solo sector religioso de la población le imponga a toda la población esa libertad de culto y sus dogmas religiosos”, aseguró Alondra Hernández Quiñones, abogada afrofeminista, en entrevista con Es Mental.
Los peligros del proyecto de Libertad Religiosa
La pieza legislativa establece que “es imperativo que el proceso de vacunación que el Estado interesa llevar a cabo tiene que velar por que las salvaguardas de las libertades y derechos de los individuos, en especial la libertad religiosa de los padres y estudiantes con toda la extensión de los parámetros constitucionales aplicables”.
A esto, Hernández Quiñones sostuvo que esta ley podría desembocar en una crisis de salud pública. “Les brindaría, entonces, toda la facultad a los padres de cuáles vacunas le va a poner y cuáles no, aunque sabemos que actualmente a través de affidávit y otros recursos los papás deciden ponerle o administrar las vacunas a los menores. Este proyecto de ley básicamente lo que dice es que no se le puede obligar a los padres a poner ningún tipo de vacuna”, explicó en cuanto a la vacunación de niños.
En el área de la salud, este proyecto de ley “podría facilitar la negación de servicios esenciales por parte de profesionales que invoquen objeciones religiosas, afectando de manera desproporcionada a personas LGBTQIA+”, según el licenciado Alberto J. Valentín.
Radicado el mismo día que juramentaron los cuerpos legislativos, el proyecto expone que tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental. No obstante, el presidente de la Federación LGBTQ+ en Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, y Hernández Quiñones apuntan a que se trata de un proyecto discriminatorio.
“Este proyecto le da una licencia para discriminar a cualquier empleado público que pueda levantar su libertad religiosa como una excusa para no atender a una persona, en el ejercicio de sus funciones, y esa creencia no puede ser cuestionada por nadie. Eso nos preocupa porque personas le pudieran negar servicios a miembros de la comunidad LGBTQ+ y de cualquier otra comunidad porque esa creencia religiosa no puede cuestionarse”, alertó Serrano.
El Proyecto del Senado 1 establece, además, que: «El derecho a la libertad religiosa comprende tanto el derecho de actuar, así como el de abstenerse de actuar, conforme a las creencias religiosas que se ostentan», lo que los activistas apuntan que se puede interpretar para discriminar.
Por otra parte, la medida dicta que: «Nada de lo dispuesto en la presente Ley podrá ser usado para que el Gobierno de Puerto Rico niegue o deje de proveer servicio alguno a toda persona que así lo solicite, requiera o necesite, sin discriminar por ningún motivo, incluyendo edad, raza, sexo, ideas políticas o religiosas, origen étnico, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra clasificación sospechosa dispuesta por ley».
Hernández Quiñones añadió que la ley sería “redundante”, pues ya la Constitución de Puerto Rico establece que nadie puede discriminar a otro por motivos de religión.
“Sería legislar sobre un derecho constitucional que sabemos que no sufre ningún tipo de ataque o históricamente no ha sufrido ningún ataque. (…) Cuando tu legislas para un solo sector de la población, automáticamente hay una violación de derechos civiles y, por ende, de derechos humanos”, explicó.
“Con la primera administración de (Donald) Trump, y esto lo traemos a Puerto Rico, con una agenda conservadora como la que se está presentando desde el Senado, hemos visto un incremento en los crímenes de odio y eso pues nos preocupa porque la gente siente ese permiso por parte del gobierno para atentar en contra de nosotros. Así que, no tan solo nuestra salud mental se va a afectar, sino también nuestra seguridad donde individuos puedan verse con la licencia o el permiso de discriminarnos o de violentarnos”, señaló por su parte el presidente de la Federación LGBTQ+ en Puerto Rico.
Serrano aclaró que se ha notado un incremento en los crímenes contra la comunidad LGBTTQ+, pero no pudo precisar una cifra, porque alega que “la Policía incumple en parte de su mandato” de registrar los crímenes. Sin embargo, mencionó que en el 2020 se registraron 7 transfeminicidios.
Por otra parte, un estudio realizado por la organización Waves Ahead, titulado 2023 Assessment of Anxiety in a Sample of LGBTQ+ Older Adults in Puerto Rico, apuntó a que cerca del 76% de los adultos mayores de 45 años en el país padecen de altos niveles de ansiedad debido a la discriminación, inseguridad económica y falta de apoyo social.
El proyecto, de la autoría de los senadores Thomas Rivera Schatz, Joanne Rodríguez Veve y Brenda Pérez Soto, y con una mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) apoyándolo en el Senado; el presidente del cuerpo legislativo afirmó: “lo vamos a aprobar”.
“Ese proyecto no le quita ningún derecho a nadie, no va contra ningún sector de la población y bajo ninguna circunstancia promueve el discrimen o que se le excluya o que se le niegue el servicio a nadie el Gobierno de Puerto Rico”, alegó Rivera Schatz en un turno desde el hemiciclo del Senado.
Una Legislatura menos diversa, inclinada hacia una “agenda conservadora y religiosa” y, en su mayoría, “indiferente” o “ambivalente” ante la equidad, fue el saldo de las elecciones de noviembre, según portavoces de la comunidad LGBTQ+, quienes, ante este panorama, anticipan una feroz lucha por sus derechos durante los próximos cuatro años, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
“No es la Legislatura del cuatrienio pasado, no la es”, sostuvo el activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico. “(La anterior) era una Legislatura más diversa, una Legislatura que no dio paso a medidas discriminatorias, aunque se intentó. Ahora, hay una abrumadora mayoría de un solo partido, eso obviamente preocupa, y los presidentes de ambos cuerpos han dicho que van a cumplir una agenda conservadora y religiosa. Así que eso, de antemano, nos pone una preocupación bastante alta”.
En octubre, el Frente Unido por la Equidad –formado a raíz de los comicios generales y disuelto más adelante– analizó más de 200 candidaturas para ofrecer a los electores detalles sobre las posturas de los aspirantes –incluidos a la gobernación y comisionado residente– en cuanto a la equidad.
Utilizando ese listado como base, El Nuevo Día encontró que la nueva Asamblea Legislativa quedó compuesta por 16 “amigos”, siete “enemigos” y 58 “indiferentes o ambivalentes”.
“Quisiera ver que haya un entendimiento en la Legislatura, no solamente por las personas que están sometiendo estos proyectos, sino por el pleno tanto en la Cámara (de Representantes) como en Senado, de reconocer que los ciudadanos de Puerto Rico somos todos, todas y todes, no es un grupo. Y que hacer política pública para un sector no funciona para un país, no funciona para el 2025″, planteó Olga Chapman Rivera, directora de Comunicaciones de la Federación LGBTQ+.
De los 16 legisladores “aliados” –que evidenciaron su apoyo al responder una encuesta del Frente Unido por la Equidad, han votado a favor de medidas pro-LGBTQ+ o han tenido una trayectoria a favor de la equidad–, nueve son del Partido Popular Democrático (PPD); cinco, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); y uno, del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como Eliezer Molina, independiente y electo por nominación directa.
Estos son Ada Álvarez (PPD), José Luis Dalmau (PPD), Luis Javier Hernández (PPD), María de Lourdes Santiago (PIP), Roxanna Soto (PNP), Adrián González (PIP), Héctor Ferrer (PPD), Denis Márquez (PIP), Ramón Torres (PPD), Swanny Enit Vargas (PPD), Adriana Gutiérrez (PIP), Ángel Fourquet (PPD), Domingo Torres (PPD), José “Conny” Varela (PPD) y Nelie Lebrón (PIP).
Mientras, los “enemigos” –que no respondieron la encuesta, han votado contra proyectos pro-LGBTQ+ o han tenido una trayectoria en contra de la equidad– son Gregorio Matías (PNP), Thomas Rivera Schatz (PNP), Joanne Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad), José Aponte (PNP), Lisie Burgos (Proyecto Dignidad), Carlos “Johnny” Méndez (PNP) y Roberto Rivera Ruiz de Porras (PPD).
Los restantes 58 legisladores electos en noviembre catalogados como “indiferentes o ambivalentes” no respondieron la encuesta, no tienen récord legislativo, tuvieron votaciones mixtas o se abstuvieron de votar sobre medidas referentes a la comunidad LGBTQ+, o no tienen trayectoria o expresiones relacionadas con la equidad. Este grupo se divide en 50 del PNP y ocho del PPD.
Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación LGBTQ+, mencionó que estas posiciones “no se les dan infinitamente”, pues dependerán de sus acciones en la Legislatura.
Mientras, Serrano indicó que ve en la cantidad de legisladores “indiferentes” o “ambivalentes” una oportunidad.
“Creo que tenemos una oportunidad, y la Federación la va a aprovechar, de poder dialogar con estos representantes y senadores, para hablarles de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones, de los derechos que hemos alcanzado, de lo importante de que se mantengan esos derechos y esas conquistas, y que no se le dé paso a ninguna medida que venga a menospreciar, aun cuando la tentación exista de querer emular lo que están haciendo (Donald) Trump y los republicanos en Estados Unidos para complacer sus deseos de alcanzar la estadidad. Así que creo que ese va a ser el llamado, que no necesariamente porque venga de Estados Unidos tiene que ser imitado en Puerto Rico”, añadió.
Los presidentes legislativos no respondieron una petición de comentarios de El Nuevo Día sobre las preocupaciones de la comunidad LGBTQ+.
Sin embargo, el historial político de ambos habla por ellos. En días recientes, Rivera Schatz afirmó que “lo vamos a aprobar”, en reacción a la oposición que ha causado su propuesta de libertad religiosa. A su vez, arremetió contra la comunidad y criticó que, “ahora, quieren dejarse ver como los portavoces de los derechos humanos”. Mientras, en 2017, Méndez fue uno de los autores de la medida –aprobada en la Legislatura y vetada por el entonces gobernador, Ricardo Rosselló– que buscaba establecer la “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.
Retos aquí y allá
Los tres portavoces entrevistados por El Nuevo Día coincidieron en que uno de los retos primordiales de este cuatrienio será defender los derechos adquiridos por la comunidad LGBTQ+, a raíz de las políticas que Trump implante en Estados Unidos.
“Otro de los retos que veo es el modelo que está usando Trump de dejar que los estados definan sus políticas en cuanto a diferentes temas. Y la falta de legislación y política pública que existe en Puerto Rico es bien lamentable, porque no tendríamos ninguna protección de tomarse una legislación a nivel federal sobre muchos de nuestros derechos, así que conocemos que, con esta Legislatura, estamos luchando por detener proyectos, pero también sabemos que es posible que vamos a necesitar que se creen proyectos para defender nuestros derechos, y eso es un reto grande que tenemos ahora mismo con la presidencia de Donald Trump y las políticas públicas que existen en Puerto Rico a nivel estatal”, esbozó López.
En esa línea, Serrano recordó que el Código Civil y el Código Penal vigentes “fueron escritos por la convicta (María Milagros) ‘Tata’ Charbonier con un sesgo fundamentalista y con una vaguedad en su lenguaje que permite que, en el momento que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le delegue a los estados atender situaciones como el matrimonio (igualitario), la adopción, los documentos para las personas trans y otras cosas, pues, les permita que se pueda fácilmente hacer una interpretación estricta limitada de estos derechos. (…) Así que ese es otro reto que tenemos, cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación cuando llegue el momento, porque sabemos que el momento muy posiblemente va a llegar”.
Aunque señaló que es muy prematuro determinar qué tipo de Legislatura será, Serrano llamó la atención al hecho de que las amenazas ya han empezado a cernirse sobre la comunidad LGBTQ+ y otros sectores vulnerables. A manera de ejemplo, recordó que el primer proyecto radicado este cuatrienio –por Rivera Schatz, presidente del Senado– intenta, una vez más, dar paso al controversial concepto de libertad religiosa, que, según activistas, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias.
En un principio, se creía que la medida se llevaría a votación por descargue, sin celebrar vistas públicas. Sin embargo, eso no pasó, acción que Serrano atribuyó a la presión pública.
Según el Sistema Único de Trámite Legislativo, la medida –Proyecto del Senado 1– fue referida a las comisiones de Innovación, Reforma y Nombramientos; y Educación, Arte y Cultura del Senado.
“Creo que tenemos la oportunidad, a través de las vistas públicas, a través de la presión pública y de estas voces de fe que no usualmente se escuchan, (de) nosotros poder tocar una fibra y levantar la inconstitucionalidad de esta medida y lo peligroso que es, porque volvemos a lo mismo, la intención es que nos discriminen a la comunidad LGBTQ+, pero cuando ellos se den cuenta de que esto les puede rebotar en la cara y discriminar en contra de cualquier persona, entonces creo que eso les va a hacer reconsiderar. Así que esa es nuestra esperanza”, manifestó Serrano, al plantear que otros sectores también se oponen a la propuesta.
Al desafío legislativo, se suma el que la organización anticipa en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que Serrano describió como “conservador”. “Conservadora”, dijo, también es la gobernadora Jenniffer González.
“El Tribunal Supremo de Puerto Rico, históricamente, le ha fallado a la comunidad LGBTQ+. No derogó el artículo 103 de sodomía (en el Código Penal), no le ofreció protección de la Ley 54 a parejas LGBTQ+, no le permitió el cambio en el encasillado de sexo a las personas trans en su certificado de nacimiento y no ha querido entrar en resolver asuntos medulares para la comunidad, así que ha sido un tribunal que no ha cumplido con esa obligación constitucional de hacer valer esa igualdad que promete la Constitución. Así que, en cuanto a eso, nosotros no tenemos ninguna esperanza de que vaya a cambiar en el futuro cercano”, acotó Serrano.
La Federación LGBTQ+ espera poder reunirse individualmente con cada legislador, pero antes, llevó a cabo este sábado su primera asamblea, en la que trazó un plan de acción para este primer año del cuatrienio.
Durante la actividad, celebrada en Río Piedras, anunciaron a los miembros de un consejo asesor compuesto por figuras de múltiples sectores que estarán asesorando a la Junta Directiva de la Federación, entre los que figuran el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, Liza Gallardo Martín, y el expresidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico Larry Emil Alicea Rodríguez.
“Eso va a visibilizar unos apoyos y unas solidaridades muy importantes, que van a dejarle saber al país que no estamos solos”, resaltó Serrano.
En un evento histórico, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico celebró su primera asamblea anual en la Casa de Cultura Prof. Ruth Hernández Torres en Río Piedras, con la participación de más de 200 personas, tanto presencialmente como de manera virtual desde la diáspora.
La reunión sirvió como punto de partida para la consolidación de estrategias que fortalecerán la lucha por la equidad y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación, destacó la importancia del evento como un reflejo del compromiso de la comunidad con la organización y la resistencia ante los ataques a sus derechos.
“Hoy nos reunimos no solo las más de 80 organizaciones que ya forman parte de la Federación, sino también personas en su carácter individual que, por primera vez, se unen con membresías individuales. Esto demuestra que nuestra comunidad está más unida y organizada que nunca. Nos vamos de aquí con un plan claro: no permitir que nos arrebaten los derechos que tanto nos ha costado alcanzar”, afirmó Serrano.
Uno de los principales acuerdos de la asamblea fue exigir a los políticos de Puerto Rico que adopten posturas claras y contundentes en favor de la comunidad LGBTQ+, además de rechazar cualquier medida discriminatoria. Serrano fue enfático en recalcar que, aunque el Gobierno Federal intente revocar derechos, en Puerto Rico existe un estado de derecho que debe protegerse.
“No tenemos por qué seguir órdenes ejecutivas de Trump que no tienen peso de ley y que ya han sido impugnadas en tribunales. En Puerto Rico podemos y vamos a mantener los derechos que hemos conquistado. No vamos a dar ni un paso atrás”, sostuvo.
La Federación también anunció la creación de 20 secretarías permanentes, encargadas de atender diversas áreas como asuntos legislativos, salud mental y pública, seguridad, educación, derechos trans y la diáspora. Asimismo, se consolidó un Consejo Asesor de 50 miembros, compuesto por expertos en diversas áreas, incluyendo activistas, académicos, abogados y figuras públicas comprometidas con la equidad.
Un frente unido contra la legislación anti-LGBTQ+
Durante la asamblea, se abordó la amenaza que representan varios proyectos de ley presentados en la Legislatura de Puerto Rico. Serrano denunció que, además del proyecto impulsado por el senador Tomás Rivera Schatz, que busca otorgar licencias para discriminar bajo el pretexto de creencias religiosas, el partido Proyecto Dignidad ha radicado cinco proyectos adicionales con el propósito de restringir derechos, especialmente de la comunidad trans.
“Estos proyectos son refritos de propuestas discriminatorias que ya fueron derrotadas en la pasada sesión legislativa. Nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas y esperamos que ninguno de ellos avance. Pero sabemos que el ambiente es hostil y que hay sectores empeñados en eliminar nuestros derechos. Por eso, nuestra respuesta será contundente: visitaremos legisladores, movilizaremos a la comunidad, educaremos y organizaremos acciones en todos los rincones del país”, advirtió Serrano.
También se denunció que estos ataques no solo provienen de la Legislatura local, sino que el gobierno de Donald Trump ha reactivado órdenes ejecutivas que buscan eliminar términos como «diversidad», «equidad» e «inclusión» (DEI) en agencias federales. Serrano advirtió que estas medidas, aunque preocupantes, no tienen fuerza de ley y serán impugnadas en los tribunales.
“La comunidad trans es la más afectada por estos ataques. Nos han contactado decenas de personas preocupadas, con miedo, sin saber qué va a pasar con sus derechos. Desde la Federación, ya estamos brindando orientación, consejería y apoyo a través de clínicas legales y servicios de salud mental para atender esta crisis”, informó.
Voces clave en la lucha por los derechos LGBTQ+
Además de Serrano, la asamblea contó con la participación de diversas figuras del activismo y la política en Puerto Rico. Irma Lugo Nazario, Ivana Fred Millán y Carmen Milagros Vélez Vega encabezaron un panel en el que se discutieron estrategias para responder a la legislación anti-LGBTQ+ y fortalecer la presencia del movimiento en la legislatura y en la sociedad.
Asimismo, el evento contó con la participación de líderes como Olga Chapman Rivera, Guarix Agosto, Justin Jesús Santiago, Jennifer Orellana y Eduardo Cintrón, quienes forman parte de la Junta Directiva y las distintas secretarías de la Federación. También se sumaron a la discusión activistas como Samy Nemir Olivares, quien propuso la creación de la Secretaría de la Diáspora para integrar a los puertorriqueños LGBTQ+ residentes en el extranjero en las acciones de la Federación.
“Este no es momento de solidaridad en voz baja”
Entre las figuras presentes en la asamblea estuvo la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien es parte del Consejo Asesor de la Federación. En su intervención, Cruz lanzó una advertencia a los políticos que intenten aprovechar el clima anti-LGBTQ+ para avanzar sus agendas.
“Este no es momento de solidaridad en voz baja. No es momento de frases huecas. Si usted dice que está con la comunidad LGBTQ+, sepa que esta comunidad le va a exigir no solo palabras, sino acciones concretas”, enfatizó Cruz.
También cuestionó a los alcaldes y funcionarios públicos sobre cómo responderán ante la amenaza de recortes de fondos federales. “¿Van a eliminar sus programas de inclusión por miedo a perder dinero? Aquí todo el mundo tiene que estar claro sobre dónde está parado”, sentenció.
Cruz también abordó las políticas migratorias y económicas del gobierno de Trump, señalando que tendrán un impacto negativo en Puerto Rico.
“Puerto Rico sigue sin avanzar en su reconstrucción, en parte por corrupción, pero también porque no hay suficiente mano de obra. ¿Quién va a construir los edificios y recoger los frutos en Estados Unidos si atacan a los migrantes? Además, cada vez que los precios suban un 25%, recuerden a dos personas responsables: Donald Trump y Jennifer González”, declaró Cruz.
Próximos pasos: acción y organización
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico reafirmó su compromiso con la descentralización del movimiento y la expansión de sus esfuerzos a nivel regional. Se anunciaron encuentros en los ocho distritos senatoriales de la isla y la creación de capítulos municipales para fortalecer la lucha en todos los pueblos de Puerto Rico.
Además, se aprobó la creación de una Secretaría de la Diáspora para integrar a los puertorriqueños residentes en el extranjero en las iniciativas de la Federación. También se fortalecerán los esfuerzos de cabildeo en la Legislatura y se ofrecerán entrenamientos para la comunidad sobre cómo presentar ponencias y participar activamente en el proceso legislativo.
El evento concluyó con un llamado a la acción, reiterando la importancia de la organización y la resistencia ante los desafíos actuales.
“Este es el momento de luchar. Nuestra existencia ha sido resistencia, y estamos listos para dar la batalla cueste lo que cueste”, concluyó Yulín Cruz.
Con una comunidad unida y en pie de lucha, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se posiciona como un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos en la isla.
Priorizar la defensa de la comunidad trans, exigir posturas “claras y contundentes” de la clase política, celebrar encuentros regionales y, eventualmente, crear un capítulo por municipio son algunas de las decisiones que la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico tomó en su primera asamblea, celebrada este sábado en el contexto de los ataques anticipados a nivel local y en Estados Unidos.
“Estamos ante un panorama incierto, peligroso. No es algo que no hayamos vivido antes porque creo que las personas que estamos aquí, toda nuestra vida hemos estado luchando. Así que lo único es que ahora tenemos una guerra declarada, abierta, de parte del gobierno”, expresó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación, al inicio de la reunión.
A la asamblea, celebrada en Casa Ruth, en Río Piedras, asistieron alrededor de 125 personas de manera presencial y otras 88 de manera virtual, lo que Serrano describió como “un logro extraordinario”.
Como parte del plan de acción para el primer año del cuatrienio recién iniciado, la Federación estableció alrededor de 20 secretarías permanentes que se encargarán de nutrir las labores e iniciativas futuras. Las secretarías tocarán temas como asuntos jurídicos, asuntos legislativos, gestiones de género y sexualidad, adultos mayores, niñez y juventud, entre otros.
En entrevista con El Nuevo Día luego de la asamblea, Serrano explicó que la intención es que las secretarías se conformen esta próxima semana. Añadió que no habrá un límite en las personas que podrán unirse a cada una.
“El trabajo de la Federación se va a hacer desde ahí (secretarías), porque somos un conjunto de entidades y personas en su carácter individual que podemos aportar desde nuestros espacios y nuestros saberes para adelantar la lucha y, hasta cierto punto, federalizar y maximizar nuestros recursos para que podamos hacer un trabajo efectivo. Nosotros no tenemos los recursos económicos ni el acceso a las estructuras de poder que tienen los fundamentalistas, por lo tanto, nosotros tenemos que crear nuestras propias estructuras”, precisó el activista.
Por otro lado, entre las mociones presentadas y aprobadas –todas de manera unánime–, destacó una para exigir a la gobernadora Jenniffer González y sus secretarios de gabinete que expresen sus posturas sobre los ataques del presidente estadounidense Donald Trump en contra de la equidad.
“No se puede estar a medias, estos tiempos requieren de personas que sean tan valientes como lo somos en la comunidad LGBTQ+ que vivimos fuera del clóset, pues, esos apoyos tienen que salir del clóset y tienen que públicamente decir dónde están parados y paradas”, sentenció.
Otras mociones se aprobaron en solidaridad de la comunidad de migrantes ante las políticas antiinmigrantes de Trump, en defensa de la comunidad trans –ante un ataque más severo por el sector fundamentalista, particularmente Proyecto Dignidad desde la Legislatura–, para crear encuentros regionales –inicialmente en los ocho distritos senatoriales– y, más adelante, crear un capítulo por municipio.
Además, decidieron que ofrecerán capacitaciones en diversos temas, incluidos los de cuidado y seguridad personal. Esto, anticipando que los crímenes de odio aumentarán este cuatrienio, tal como ocurrió durante la primera administración del republicano Trump.
La Federación –fundada luego de las elecciones generales de noviembre– también anunció que abrió una serie de membresías para individuos y organizaciones interesadas. Algunas de las membresías que ofrecerán son individuales, para organizaciones religiosas o con fines de lucro que estén adheridas a los postulados de la organización. Para información, Serrano invitó a las personas y entidades interesadas a comunicarse con la Federación a través de sus redes sociales.
“La Federación LGBTQ+ y las organizaciones estamos en pie de lucha y no vamos a permitir que se aprueben medidas en contra de nuestra comunidad”, acotó Serrano en la asamblea, al reiterar su llamado a que se realicen vistas públicas para discutir los “peligros” del proyecto del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que revive el concepto de “libertad religiosa”.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico celebró, hoy, una exitosa y concurrida asamblea de miembros en la cual estableció su plan de acción ante los ataques a los derechos humanos de dicha comunidad por parte de la administración Trump y la Legislatura boricua.
«Cientos de personas, de manera presencial y virtual, nos convocamos para organizarnos para enfrentar a una agenda anti-derechos, tanto aquí como allá. El mensaje de la asamblea fue claro: resistiremos, combatiremos y lucharemos en contra de cualquier medida que atente en contra de nuestra existencia. La Casa Ruth en Río Piedras se quedó pequeña ante la respuesta de nuestra gente», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
En la asamblea, se aprobaron varias mociones, incluyendo el poner como prioridad a las mujeres trans en la lucha, solidaridad con la comunidad migrante y condenar las redadas federales, convocar un frente amplio en contra de las políticas discriminatorias de Trump, exigirle al gobierno estatal a que busque fondos locales para mantener cualquier programa que sea eliminado por orden federal, pedir claridad y contundencia a favor de la equidad de los políticos en Puerto Rico, entre otras.
«Esta asamblea se ha convertido en la punta de lanza de una estrategia contundente para defender los derechos conquistados y hacer valer nuestra común humanidad. Que lo sepan los gobiernos conservadores, no daremos ni un paso atrás», dijo Carmen Milagros Vélez Vega, directora de la Federación.
Además, se crearon 20 secretarías que harán el trabajo de la Federación de ahora en adelante, entre las que se encuentran política pública, adultos mayores, niñez y juventud, comunicaciones, interseccionalidad, seguridad, empresarial y bases de fe. De igual forma, se celebrarán asambleas regionales en los ocho distritos senatoriales y se crearán capítulos en cada municipio.
«Con esta primera asamblea, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico ha demostrado que el movimiento LGBTQ+ boricua está más organizado y listo para enfrentar los retos actuales. Tenemos el compromiso firme de seguir avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva. Aquí no vamos a dar marcha atrás. Otro Puerto Rico es posible», concluyó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, compuesta por más de 70 entidades que representan a la comunidad y aliados, busca instrumentar la equidad en nuestra patria. Para conocer más acerca de la federación, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.
El activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, celebró a través de sus redes sociales el fin del programa “La Comay” de TeleOnce cuyo último programa fue el viernes.
A través de sus redes sociales, Serrano, realizó una publicación justo después que se anunciara el retiro de Antulio “Kobbo” Santarrosa y el final del programa de chismes.
“Se acabó el régimen de odio de Kobbo Santarrosa”, escribió Serrano a través de su cuenta de X (antes Twitter).
El activista ha sido una de las voces más críticas del programa producido por Santarrosa, desde que este último se encontraba en Wapa TV, con el desaparecido espacio “SúperXClusivo”. Incluso, Serrano fue uno de los principales portavoces del “Boicot a La Comay” en el 2013, cuando en el programa se realizaron comentarios en contra del publicista José Gómez Saladín, quien fue asesinado en Caguas.
Tras el anuncio del nuevo retiro de Santarrosa, muchos usuarios a través de las redes sociales han celebrado la noticia, aunque otros piensan que podría regresar como ha ocurrido en otras ocasiones.
El viernes, tras días sobre rumores de su salida, Kobbo Santarrosa, anunció que a partir del lunes no estará en el espacio de 5:55pm a 7:00pm.
“Hoy es el último programa de nosotros porque Kobbo Santarrosa se retira, Kobbo ha decidido ponerle fin a estar produciendo este programa”, expresó el propio productor a través de su personaje.
Kobbo Santarrosa y La Comay se retiran “temporeramente”
En un giro inesperado para la mayoría de los televidentes que sintonizaron el programa “La Comay” de TeleOnce el viernes en la noche, se anunció que ese sería el último episodio que transmitirían. Según explicó la muñeca controlada por Antulio “Kobbo” Santarrosa, las razones para la salida del aire se debían a que el propio titiritero se acogería a un “retiro temporero”.
“Hoy es el último programa de nosotros, porque Kobbo Santarosa se retira. Lamentablemente Kobbo Santarrosa ha decidido ponerle fin, por el momento, a estar produciendo este programa”, indicó el personaje de La Comay, mientras era acompañada por el presentador Rocky The Kid. “Pueblo de Puerto Rico, mi ‘manager’ Kobbo Santarrosa tiene que coger un break, un retiro temporero. Gracias pueblo, a ustedes que siempre han estado con nosotros. El lunes no vamos a estar aquí y nos vamos a coger (un break)”.
Esta no es la primera vez que Santarrosa deja de producir el programa “La Comay” en TeleOnce, ya que luego de que fuera al aire en 2022, concluyó a finales del 2023. Más recientemente, regresó el 5 de agosto de 2024, en plena temporada electoral, y continuó hasta el 31 de enero de 2025.
Antes de eso, tras su salida en 2013, después de más de una década en Wapa TV con el programa “SúperXclusivo”, el programa de Santarrosa regresó a la televisión en 2019 a través del canal Mega TV, parte de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS).
Reacciones al anuncio
De los primeros en expresarse ante este anuncio, fue Pedro Julio Serrano, activista de derechos humanos, quien celebró la noticia a través de las redes sociales. “¡Se acabó el regimen de odio de Kobbo Santarrosa!”, escribió Serrano, quien ha sido crítico del trabajo de Santarrosa y fue uno de los principales portavoces del “Boicot a La Comay” en el 2013, cuando el programa “SúperXClusivo” se transmitía por Wapa TV.
A sus 26 años, y tras 12 de luchas por sus derechos como mujer trans, Daniela Arroyo, está decidida a formar parte de los esfuerzos que se lleven a cabo para impugnar la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump, llamada Defendiendo a las Mujeres de la Ideología de Género Extremista y Restaurando la Verdad Biológica en el Gobierno Federal.
Esta orden ejecutiva, entre otros aspectos, establece que los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, y el director de la Oficina de Gestión de Personal, implementarán cambios para exigir que los documentos de identificación emitidos por el gobierno, incluidos pasaportes, visas y tarjetas Global Entry, reflejen con precisión el sexo del titular, como mujer o hombre.
La orden exige que cada formulario de agencia de gobierno elimine toda declaración o texto relacionado a la ideología de género.
Para Arroyo, la orden significa perder años de luchas y de los derechos que sostiene le asisten.
En 2017 y con 17 años, Daniela se unió a la demanda que buscaba que personas transgénero pudieran corregir la designación de género en sus certificados de nacimiento. Entonces, existía una orden ejecutiva del exgobernador Alejandro García Padilla de 2015 que solo permitía el cambio de género en las licencias de conducir. Por lo que había una incongruencia con los demás documentos de identificación.
“Esto era conflictivo, no solo porque no nos reconocía por quien realmente somos, sino porque nos expone a violencia al ponernos en cuestionamiento ante otras personas. Con la demanda -en 2019- se hizo posible que se pudiera cambiar el género en el certificado de nacimiento, y en base a eso, en otros documentos oficiales”, sostuvo Arroyo.
Ahora, y según la nueva política de Trump, en menos de 30 días, el asistente del presidente para Asuntos Legislativos presentará el texto del proyecto de ley propuesto para codificar las definiciones de su orden ejecutiva. Asimismo, las agencias federales tienen 120 días para que cada jefe de agencia presente una actualización sobre la implementación de la orden.
“Esa orden va a ser impugnada en los tribunales por organizaciones nacionales estadounidenses LGBTQ+ y personas transgénero que van a pedir que esta orden se deje sin efecto porque es inconstitucional e ilegal. Esto se va a dejar sin efecto porque hay un estado de derecho que reconoce esos cambios en los documentos oficiales de las personas”, afirmó el activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.
Serrano explicó a EL VOCERO que, recientemente participó en la Conferencia Creando Cambio en Las Vegas, “donde más de 3,000 activistas nos congregamos y esa es parte de las conversaciones que estamos teniendo, las impugnaciones en los tribunales que se van a llevar a cabo, no solo de esta política sino de otras que (Trump) va a tratar de implementar”.
Tanto Arroyo como Serrano -y la comunidad que defiende- entienden que deben tomar acción para evitar un retroceso en los derechos de las personas LGBTQ+.
No revoca órdenes locales
Manuel Quilichini, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, explicó que esta orden de Trump no revoca las órdenes ejecutivas locales. No obstante, admitió que podría tener efectos en Puerto Rico.
El licenciado indicó que al momento se desconoce cómo las agencias implementarán la orden porque primero se deben redactar los reglamentos que establecerán los cambios.
“El problema es que no sabemos qué va a pasar cuando el gobierno federal reciba en la oficina de pasaportes un certificado de nacimiento que sea por identidad de género y no por nacimiento. Así que tenemos que esperar a ver qué pasa, cómo viabilizan esto a través de los reglamentos. Lo que sí sabemos es que la intención del gobierno federal es eliminar cualquier referencia al género que no sea el biológico”, aclaró Quilichini.
Sobre los efectos que podría tener en la Isla, el abogado, a modo de ejemplo, mencionó que agencias que reciben fondos federales, como la Universidad de Puerto Rico, podrían recibir la instrucción de que “no pueden tener baños no binarios”. En ese caso la UPR tendría que cambiar sus baños. “Todo es en el aspecto federal. Pero pueden decir ‘me cambias los baños o no te doy dinero’. Como nosotros dependemos tanto de fondos federales, puede que le pongan la coletilla de tener que cumplir con esto”, añadió.
Lo mismo podría ocurrir con los baños y los servicios de las oficinas federales en Puerto Rico.
“Cuando vas a recibir un servicio, digamos que eres veterano, no te puedes identificar con tu identidad de género, tienes que identificarte con tu género de nacimiento. Si yo soy médico en el hospital de veterano, yo voy a tener una orden del jefe, que es el presidente, que dice esto tiene que ser así, y no puedo ir en contra de eso porque me puede costar el empleo. En las oficinas federales en Puerto Rico esto tiene fuerza y vigor”, expuso el expresidente del colegio de abogados.
Defiende orden
Al igual que Quilichini, la posible pérdida de fondos federales fue lo que utilizó Alfredo Ocasio, director de campaña de Trump en Puerto Rico, para defender la orden en caso de que los estados no cumplan con la misma.
“Aquellos que las quieran impugnar para eso están los tribunales. Los estados que no quieren implementar esta orden se exponen a la posibilidad de no recibir fondos federales porque esta es la política pública establecida y los estados están obligados a cumplir con ella”, señaló Ocasio.
«Es un retroceso»
Quilichini, como experto en derecho, señaló que esta orden es un retroceso significativo.
“Creo que echar para atrás es peligroso porque esto da base a una serie de discrimen por orientación sexual que se va a seguir extendiendo a otras áreas de la sociedad. Creo que es peligroso el empezar a quitar derechos, cuando se empieza por un área, terminas por todas las áreas”, sostuvo el licenciado.
De manera similar se expresó Arroyo, quien enfatizó que la lucha por sus derechos no ha sido fácil.
“Me preocupa mucho el hecho de que van muchas décadas de que nuestras comunidades llevan luchando por tener las libertades que tenemos hoy día, que nos corresponden desde siempre y que nos ha costado mucha sangre, y que en 2025 veamos que todo eso está en peligro me preocupa. No ha sido fácil. En comparación con toda la población somos una minoría, y preocupa la influencia que esto pueda tener y que normalice el discrimen”, expresó Arroyo.
Asamblea
La Federación LGBTQ celebrará hoy su primera asamblea en la Casa Ruth en Río Piedras para establecer su plan de acción ante lo que entienden son ataques a los derechos humanos de dicha comunidad, por parte de las nuevas políticas del presidente Trump.
En un comunicado se informó que las personas que viven en la diáspora que quieran participar virtualmente, se pueden registrar en el enlace: bit.ly/asamblealgbtqpr.
“Próximamente, comunicaremos al país los acuerdos alcanzados y los planes de acción de nuestra gente. Que lo sepan los gobiernos conservadores, no daremos ni un paso atrás”, concluyó Serrano.
La Federación está compuesta por más de 70 entidades que representan a la comunidad LGBTQ+ y aliados.
Pedro Julio Serrano 