Por César Candelario Febles | Es Mental

Ante la probabilidad de que se apruebe el Proyecto del Senado 1, que establecería la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, activistas aseguran que se trata de una amenaza a los derechos humanos y la salud pública en el País.

“Es bien importante que las personas no limiten la conversación a que esto es un issue entre las personas LGBTT y personas conservadoras; y sepan que esto va a afectar a todo el mundo. Realmente la libertad religiosa en Puerto Rico existe, la libertad de culto existe, lo que pasa es que se ha usado y se ha tergiversado para que un solo sector religioso de la población le imponga a toda la población esa libertad de culto y sus dogmas religiosos”, aseguró Alondra Hernández Quiñones, abogada afrofeminista, en entrevista con Es Mental.

Los peligros del proyecto de Libertad Religiosa

La pieza legislativa establece que “es imperativo que el proceso de vacunación que el Estado interesa llevar a cabo tiene que velar por que las salvaguardas de las libertades y derechos de los individuos, en especial la libertad religiosa de los padres y estudiantes con toda la extensión de los parámetros constitucionales aplicables”.

A esto, Hernández Quiñones sostuvo que esta ley podría desembocar en una crisis de salud pública. “Les brindaría, entonces, toda la facultad a los padres de cuáles vacunas le va a poner y cuáles no, aunque sabemos que actualmente a través de affidávit y otros recursos los papás deciden ponerle o administrar las vacunas a los menores. Este proyecto de ley básicamente lo que dice es que no se le puede obligar a los padres a poner ningún tipo de vacuna”, explicó en cuanto a la vacunación de niños.

En el área de la salud, este proyecto de ley “podría facilitar la negación de servicios esenciales por parte de profesionales que invoquen objeciones religiosas, afectando de manera desproporcionada a personas LGBTQIA+”, según el licenciado Alberto J. Valentín.

Radicado el mismo día que juramentaron los cuerpos legislativos, el proyecto expone que tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental. No obstante, el presidente de la Federación LGBTQ+ en Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, y Hernández Quiñones apuntan a que se trata de un proyecto discriminatorio.

“Este proyecto le da una licencia para discriminar a cualquier empleado público que pueda levantar su libertad religiosa como una excusa para no atender a una persona, en el ejercicio de sus funciones, y esa creencia no puede ser cuestionada por nadie. Eso nos preocupa porque personas le pudieran negar servicios a miembros de la comunidad LGBTQ+ y de cualquier otra comunidad porque esa creencia religiosa no puede cuestionarse”, alertó Serrano.

El Proyecto del Senado 1 establece, además, que: «El derecho a la libertad religiosa comprende tanto el derecho de actuar, así como el de abstenerse de actuar, conforme a las creencias religiosas que se ostentan», lo que los activistas apuntan que se puede interpretar para discriminar.

Por otra parte, la medida dicta que: «Nada de lo dispuesto en la presente Ley podrá ser usado para que el Gobierno de Puerto Rico niegue o deje de proveer servicio alguno a toda persona que así lo solicite, requiera o necesite, sin discriminar por ningún motivo, incluyendo edad, raza, sexo, ideas políticas o religiosas, origen étnico, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra clasificación sospechosa dispuesta por ley». 

Hernández Quiñones añadió que la ley sería “redundante”, pues ya la Constitución de Puerto Rico establece que nadie puede discriminar a otro por motivos de religión.

“Sería legislar sobre un derecho constitucional que sabemos que no sufre ningún tipo de ataque o históricamente no ha sufrido ningún ataque. (…) Cuando tu legislas para un solo sector de la población, automáticamente hay una violación de derechos civiles y, por ende, de derechos humanos”, explicó.

“Con la primera administración de (Donald) Trump, y esto lo traemos a Puerto Rico, con una agenda conservadora como la que se está presentando desde el Senado, hemos visto un incremento en los crímenes de odio y eso pues nos preocupa porque la gente siente ese permiso por parte del gobierno para atentar en contra de nosotros. Así que, no tan solo nuestra salud mental se va a afectar, sino también nuestra seguridad donde individuos puedan verse con la licencia o el permiso de discriminarnos o de violentarnos”, señaló por su parte el presidente de la Federación LGBTQ+ en Puerto Rico.

Serrano aclaró que se ha notado un incremento en los crímenes contra la comunidad LGBTTQ+, pero no pudo precisar una cifra, porque alega que “la Policía incumple en parte de su mandato” de registrar los crímenes. Sin embargo, mencionó que en el 2020 se registraron 7 transfeminicidios.

Por otra parte, un estudio realizado por la organización Waves Ahead, titulado 2023 Assessment of Anxiety in a Sample of LGBTQ+ Older Adults in Puerto Rico, apuntó a que cerca del 76% de los adultos mayores de 45 años en el país padecen de altos niveles de ansiedad debido a la discriminación, inseguridad económica y falta de apoyo social.

El proyecto, de la autoría de los senadores Thomas Rivera Schatz, Joanne Rodríguez Veve y Brenda Pérez Soto, y con una mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) apoyándolo en el Senado; el presidente del cuerpo legislativo afirmó: “lo vamos a aprobar”.

“Ese proyecto no le quita ningún derecho a nadie, no va contra ningún sector de la población y bajo ninguna circunstancia promueve el discrimen o que se le excluya o que se le niegue el servicio a nadie el Gobierno de Puerto Rico”, alegó Rivera Schatz en un turno desde el hemiciclo del Senado.